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Yo coparticipo, tú coparticipas, ¿nosotros?

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*Por Cecilia Schneider

La pasada “medida cautelar” adoptada por la Corte Suprema de Justicia, una vez más, lejos de generar acuerdo, ha provocado posiciones contrapuestas sobre una pregunta fundamental para la convivencia política en un país de estructura federal: ¿quién pone qué (para qué) y cuánto recibe a cambio? Definir un régimen de solidaridad de recursos a respetar por los actores del pacto federal es clave, pues de ese modo se busca morigerar las fuertes asimetrías entre los diversos territorios que conforman la Nación y asegurar ciertos niveles de igualdad en la distribución de bienes y servicios estatales. Sí, otra vez hablamos de solidaridad.

Un breve recorrido sobre el largo y sinuoso derrotero que ha seguido el tema de la coparticipación puede dar cuenta del terreno fangoso en el que estamos situados. Son dos las leyes –y un sinnúmero de modificaciones y leyes conexas–, junto con la Carta Magna, las que estructuran el marco de lo que, hoy por hoy, se aplica en nuestro país. Primero la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos que estableció un régimen transitorio, aunque de una larga duración imprevista; y segundo, la Ley 25.570 que ratifica el acuerdo Nación-provincias-CABA. La primera es sancionada durante el gobierno de Alfonsín en 1988, con la vocación de dar respuesta a las demandas provinciales de pronto iluminadas por la transición democrática. Fue reformulada en ocasiones, aunque nunca a fondo, porque para poder hacerlo, la Constitución del 94 estableció en el artículo 75 (varios incisos) la necesidad de conformar una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara y el aval de todas las provincias. También, la Constitución establecía la aprobación de una ley convenio, con altas exigencias de mayorías y avales, en un lapso de dos años, tarea que nunca se consumó y que dibuja el laberinto resultante. Sí, otra vez hablamos de acuerdos básicos.

En segundo lugar, en mayo de 2002, en plena crisis posconvertibilidad y durante el gobierno de Duhalde, se promulga la Ley 25.570 que ratifica el acuerdo Nación-provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos, recoge el esquema de distribución de la ley anterior, establece ciertos porcentajes de impuestos que el Estado nacional retiene para pagos previsionales y, en algunos impuestos, establece otros mecanismos de distribución específica.

Estas leyes tienen la triple función de definir una masa coparticipable, establecer la distribución primaria de impuestos (cuánto se destina al Tesoro nacional, cuánto a las provincias, y cuál es el resto para el Ministerio a cargo), y por último, una distribución secundaria, vale decir, de la torta provincial nomina a partir de ciertos criterios los porcentajes de distribución adjudicados a cada una. Estos criterios resultan claves para establecer una base de igualdad y equidad (siendo que estos conceptos no significan lo mismo) entre Nación, provincias y CABA; y estos criterios no son la Biblia propiamente dicha, probablemente puedan y deban ser rediscutidos a medida que se alcance un grado equivalente de desarrollo.

En el 2016, esta distribución se reformula y reduce lo destinado al Tesoro Nacional, estableciendo un 38,1% (antes 42,3%); aumenta lo destinado a las provincias más CABA, llegando al 61% (antes, 56,6%) y un 1% para ATN (el Fondo de Aportes del TN a las provincias). Cabe destacar que CABA, que no es un Municipio, pero que tampoco es una provincia (aunque tenga algunas facultades que la asemejan) ya fue incluida en el Acuerdo citado del 2002; pero que luego, en el 2016, al calor de los favores de un gobierno amigo, consigue que éste modifique por decreto su porcentaje de distribución estableciendo un incremento nada desdeñable: se pasó del 1,4% al 3,7%. En el 2020, y ya en actual gobierno, primero por decreto (735/20) y luego por ley, se vuelve a cambiar este monto estableciéndolo en un 2,3%, y llevándolo así a sus niveles históricos de participación.

Suele decirse poco que estas transferencias tienen un peso significativo dentro del presupuesto de muchas provincias: alcanzan en promedio el 71% del total presupuestario provincial, aunque varía por caso, por ej., en Formosa o La Rioja representan más del 90%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires sólo alcanzan un 26,68% aproximadamente.

Ya puestos en el 2023, donde cumpliremos cuarenta años de vida democrática, el resolver esta insuficiencia histórica del sistema de reparto de competencias y recursos pueda y deba ser una tarea insoslayable.

*Investigadora Undav/UNQ/Unpaz.

(Perfil)

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Cuando gestionar vale más que gritar

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En tiempos donde la política argentina se volvió un concurso de consignas, hay gestos que marcan la diferencia entre gobernar y comentar la realidad. La decisión del intendente Federico Susbielles de avanzar para que el Municipio y el Puerto arreglen la traza del Paso Urbano en la zona de El Cholo es uno de esos gestos.

Porque lo que está sobre la mesa no es sólo una obra vial. Es una definición de modelo. Un modelo que involucra la mejor participacion PUBLICA PRIVADA que es el puerto de Bahía con Santiago Mandolesi Burgos hoy a la cabeza.

La obra, iniciada hace años y abandonada desde entonces, hoy se encuentra en un estado crítico que afecta la seguridad, la logística y la calidad de vida de miles de vecinos, además del movimiento del transporte pesado hacia el puerto. Frente a la parálisis nacional, la ciudad decidió no esperar más y propuso algo tan simple como disruptivo: si Nación no la hace, que permita hacerla con inversión local y privada.

Eso, en la práctica, es un esquema de participación público-privada. Es decir, exactamente lo que el discurso liberal reclama desde hace décadas.

Susbielles, peronista, terminó proponiendo una solución más libertaria que los propios libertarios.

Mientras algunos dirigentes locales se concentran en denunciar problemas o explicar por qué las cosas no pueden hacerse, el intendente puso sobre la mesa una alternativa concreta: gestionar capital privado, coordinar con el Puerto y resolver un cuello de botella histórico de la ciudad. No es ideología. Es gestión.

Y no es una obra menor.

El Paso Urbano y la conexión hacia Cerri constituyen uno de los accesos más importantes de Bahía Blanca, clave para el tránsito de camiones, la actividad portuaria y la circulación cotidiana de miles de personas. Su deterioro no sólo genera riesgos viales, sino también sobrecostos logísticos que impactan directamente en la competitividad regional.

En otras palabras: estamos hablando del sistema circulatorio de la economía local.

Si esta iniciativa prospera, el impacto puede ser estructural. No se trata de tapar baches; se trata de redefinir cómo entra y sale la producción, cómo se articula la ciudad con su puerto y cómo se proyecta el crecimiento urbano. Son decisiones con horizonte de décadas, no de mandato.

De hecho, el propio Municipio planteó que, si Nación no reactiva la obra, debería ceder su concesión para permitir que el Puerto y la ciudad consigan financiamiento privado y la finalicen.

Eso es pragmatismo puro.

No hay épica partidaria, no hay relato. Hay una pregunta sencilla: ¿cómo resolvemos esto ahora?

La política argentina suele quedar atrapada entre dos extremos igualmente improductivos: el Estado que promete todo y no cumple, y el anti-Estado que se limita a explicar por qué nada debe hacerse. En el medio queda la gestión real, la que combina recursos públicos, privados y decisión política.

Eso es exactamente lo que está intentando Bahía Blanca.

Por eso, más allá de simpatías o diferencias, la iniciativa merece ser reconocida. Porque rompe con la lógica de la excusa permanente y apuesta a una solución concreta para un problema concreto.

Si se concreta, podría convertirse en el mayor cambio logístico y de transporte de la ciudad en los próximos 20 años. Y también en un precedente: demostrar que, incluso en un contexto nacional adverso, una ciudad puede tomar la iniciativa y empujar su propio desarrollo.

En definitiva, la diferencia entre administrar y liderar suele reducirse a una sola cosa: quién se anima a hacerse cargo.

Esta vez, Bahía Blanca parece haber encontrado a alguien dispuesto a hacerlo.

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Mediática y viral: la responsabilidad que nos toca a todos

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Partamos de la siguiente base. El caso Loan, además de figurar en el rubro policiales también pertenece a la categoría política. Teniendo en cuenta ese punto, es correcto que estas líneas figuren en este espacio. Y es que más allá de la aclaración, la mayoría de los ciudadanos entiende que en casi todos los casos policiales (de gran impacto) la política mete la cola.

También está claro que, en esta historia, todos tenemos diferentes responsabilidades a la hora de confeccionar el cuadro de situación que hoy nos deja este flagelo. No es lo mismo un legislador que un juez. Tampoco un policía que un periodista. Aunque todos aportamos algo. Para mal o para bien. “Cuando todos seamos superheroes, ya nadie lo será”, dice Mr. Increíble en la (gran) película “Los Increíbles”. Y algo de eso hay. Sobre todo para los nuestros. Los colegas. Los comunicadores.

Hace unos cuantos años, siempre se les pedía máxima responsabilidad a los periodistas en su trabajo cotidiano. Y es que eran (éramos) los encargados de darle a difusión a las noticias. De ahí la idea de chequear fuentes y revisar datos antes de publicarlos. Hoy el mundo cambió. El de la comunicación puntualmente. Pero el otro también. Por eso, en el auge de las redes sociales y la viralización, también algo de eso se le debería pedir a los ciudadanos.

Un reciente caso en nuestra ciudad, con escrache digital entre familiares de alumnos de una escuela local, llego hasta denuncias (en el aire) de intento de secuestro. Justamente apuntando a ese ejercicio de responsabilidad (periodística), se pudo chequear tanto en la órbita educativa como la policial que no había nada que hiciera sospechar que los hechos ocurrieron tal cual se deslizó livianamente.

¿Y entonces? ¿Qué hacemos? Con las víctimas, sobre todo. Y no me refiero al pobre infeliz del que muchos ya se saben la patente de su auto de memoria. Apunto al resto de la ciudadanía. Esa que, casi en un brote psicótico, se encargó de replicar lo más que pudo una denuncia que, evidentemente, no tenía la rigurosidad necesaria.

Sin embargo, releyendo el último párrafo, casi que se confunde el lugar que le toca a cada uno. ¿Víctima o victimario? Por qué los mismos que se alarmaron con un mensaje que tenía más ruido que nueces, estoy convencido que son los mismos que irresponsablemente (aunque sin advertirlo) contribuyeron a ese círculo vicioso ¿En que quedamos?

Casi que en nada, a decir verdad. Como en este episodio que es como tirar una trompada al vacío. La pregunta es si alguna vez la paja se separará del trigo. O al menos querrá hacerlo.

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Bahia Blanca y las alertas: ¿Le damos bola?

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Hay un antes y un después del 16 de diciembre de 2023. El temporal que azotó la ciudad y dejó el saldo luctoso de 13 personas marcó a cada uno de los bahienses.

Es importante destacar que las alertas se emiten para permitir a los vecinos tomar cuidados que nos permitan un resguardo de los acontecimientos climáticos.

Es que cada vez que sopla viento fuerte y en la ciudad es bastante normal, ahora nos tomamos la cabeza con suma precaución ¿Pero antes?

Según informes meteorológicos Bahía Blanca tuvo 15 alertas amarillas y dos alertas naranjas en 2023. Una de estas, la última fue la catástrofe.

Según el informe de PYP solo 2 personas de cada 10 toman recaudos en el pais con las alertas amarillas y los medios tienen mucho que ver.

“Es que muchas veces dicen que pasa y no pasa nada” fue una de las frases más escuchadas post temporal y de varios que tenían fiesta de egresados o encuentros que justificaron con esta frase para “No faltar”.

Los medios de información debemos de sostener que “cuando exista alerta la población deberá de resguardarse” y entender que 13 familias no volverán nunca más a ser las mismas.

 

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