El Senado pasó una semana de tranquilidad y sin actividad que sumaría movimientos mínimos en los próximos días, debido a viajes varios de legisladores y sumatoria de millas. No obstante, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se prepara para el último tramo de sesiones ordinarias, con iniciativas aún trabadas y otras que se esperan desde Diputados, como el Presupuesto 2027. Todo esto, en medio de una pre campaña electoral que regala curiosos capítulos, una oposición enojada tras lo ocurrido con la Corte Suprema y la ley de tierras -mega DNU 70/23-, y un Ejecutivo que no frena en su accionar pese al inevitable desgaste de la gestión vía motosierra, que acomodó un trozo importante de una macro que no devuelve gentilezas.

La semana estuvo atravesada por la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto, un soldado de Martín y “Lule” Menem y, por ende, hombre de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. El ex legislador presidía nada menos que la estratégica comisión de Acuerdos, que analiza los pliegos judiciales -Corte Suprema incluida-, más ascensos diplomáticos y militares. Si bien no estaría confirmado hasta que la bancada realice una cumbre, las fichas apuntan hacia otra leal de la hermana del jefe de Estado, la neuquina Nadia Márquez.

Para concretar el enroque y, debido a que la senadora ya integra la comisión, el lugar de Pagotto sería ocupado por el rionegrino Enzo Fullone, quien se encuentra bien referenciado dentro del bloque y por la propia Casa Rosada. Luego habrá que proponer a Márquez como líder de Acuerdos, cuyo vice es el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).

Como Márquez es, en la actualidad, quien maneja la comisión -también importante- de Legislación General, dicho lugar sería cedido al oficialista Juan Cruz Godoy (Chaco). Acuerdos es, por ahora, la única con trabajo confirmado para el martes próximo, cuando se realice una nueva audiencia para analizar propuestas judiciales.

De nuevo en la agenda de la Cámara alta, una de las iniciativas que quedó en stand by es la ley de Sociedades que fomenta el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En agosto fue la propia Bullrich quien anunció, durante un plenario de comisiones, modificaciones para que quedara explícita la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

Cuando disertó en el Senado, Sturzenegger se refirió a ello y a la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. En ese sentido, señaló que “tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que están sujetas a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas”, no habría “ningún problema”.

En tanto, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, aseguró: “Se incorporan personas humanas como representantes de estas DAO, en el artículo 260. Hoy las DAO existen, están operando sin ningún tipo de regulación concreta. Podemos mirar para otro lado y no regularlas, pero, justamente, lo que estamos haciendo es regularlas”. La porteña fue clara y habrá modificaciones que propuso ella y otras que acercaron aliados. Todo esto, si se llegara a convencer a su bancada: según confiaron desde dos despachos mileístas a Infobae, hay legisladores para nada contentos con el proyecto en cuestión.

Por otra parte, desde comienzos del mes pasado que se dejó de hablar de los textos sobre Súper RIGI -inversiones a partir de USD 1.000 millones- y otro de radicales, para planes desde USD 12 millones. Un puñado de aliados exige ampliar el término “precio/calidad”, para no favorecer siempre la importación de insumos, algo que activó las alarmas en varios despachos a la hora de ver el desarrollo del sistema RIGI.

Para evitar el efecto contrario, piden que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones. El Gobierno no descarta quedarse sólo con el RIGI vigente, aunque hará un intento para saldar el asunto. “Por ahora no aparece una diagonal que facilite su llegada al recinto”, reconoció un experimentado senador a este medio.

Con más esperanza ven algunos la viabilidad de darle luz verde a una nueva ley de salud mental. Y ya hay un dictamen para ir al recinto sobre huella de carbono, aunque -cuándo no- los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut -sobre todo, la segunda-, empiojaron el articulado consensuado y el mismo está en revisión.

A todo esto debe añadirse la tensión en Diputados por lo ocurrido con la Corte Suprema y la ley de tierras del mega DNU 70/23, aunque también miran de rejo las eventuales discusiones en el recinto de la Cámara baja por morosidad y endeudamiento. La prioridad es que venga de allá el Presupuesto 2027 y que, en el Senado, tenga un guiño la suspensión de las PASO de la amplia reforma electoral. Volvieron a llover fotos y anuncios de asunto blindado para lo electoral. Sin embargo, en el Congreso nadie lo valida ni se llama a comisión.

En tanto, para la ley de gastos ya se vislumbran extraordinarias para sancionarla, aunque se hará el intento antes que finalice noviembre. La Cámara alta aguarda el trámite con cuentas ordenadas, ahorro generado y, más allá de números desactualizados desde el Ejecutivo, con una planta que empezó en 4885 agentes el 10 de diciembre de 2023 y hoy se encuentra en 3641, según averiguó Infobae.

Mientras los distintos referentes del peronismo con peso en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, transitan de manera autónoma un camino hacia la negociación electoral de 2027, las segundas y terceras líneas intervienen en distintas negociaciones políticas, con la Legislatura bonaerense como teatro de operaciones.

La semana que inicia, el peronismo podría mostrar una foto de cohesión en el Senado bonaerense. Al menos esa es la expectativa, con el antecedente reciente de que en Diputados legisladores de Kicillof acompañaron un proyecto del presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, después de mostrar sus disidencias al texto durante el debate en comisión.

La tensión sigue latente, pero podría haber un breve momento de convivencia interna. El próximo martes, el peronismo buscará aprobar en la Cámara alta dos proyectos de ley que el gobernador giró tiempo atrás y son la creación de una empresa de medicamentos y la unificación del sistema de salud.

Las iniciativas no son nuevas. De hecho, por la interna del peronismo, el año pasado perdieron el estado parlamentario. A fines del 2025, en repetidas oportunidades, los senadores que responden a Cristina Kirchner y a Sergio Massa le solicitaron por nota a la vicegobernadora, Verónica Magario, que convocase a una sesión para tratar los expedientes. El requerimiento llegaba en medio de lo que fue la negociación por las autoridades de la mesa. Entonces, aquellos pedidos nunca avanzaron porque no se sesionó y los proyectos -que ya habían sido aprobados en Diputados- perdieron estado parlamentario. Este año, el Ejecutivo volvió a presentarlos. “Se perdieron diez meses; si hubieran convocado a sesionar a fin de año, ya sería ley. Lo importante es que ahora parece que avanzan y nosotros vamos a acompañar, como acompañábamos también el año pasado”, aseguró un referente K ante este medio.

A fines de agosto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, volvió a defender las iniciativas ante los integrantes de la comisión de Salud. El kirchnerismo había asegurado que respaldaría los proyectos, aunque —en principio— el senador Mario Ishii mostró su distancia. El último jueves, la comisión de Salud de la Cámara alta se reunió y sacó despacho de mayoría de los dos proyectos para que lleguen al recinto. Fuerza Patria acompañó, aunque con modificaciones. Mientras que los representantes de La Libertad Avanza –Diego Valenzuela y Betina Rivas-, el PRO –Alex Campbell– y el bloque Hechos de los hermanos Passaglia –Marina Subiza– rechazaron el dictamen y harán lo propio en el recinto. El argumento es que el Estado “no está en condiciones” de sumergirse en un proyecto que “genera un gasto de grandes magnitudes” y además busca “regular” el funcionamiento del sector privado de salud. Para la oposición, el espíritu de los proyectos va a contramano de la baja del déficit y el superávit que promueve la gestión nacional.

“Esto es un ir cerrando un círculo: que la salud es una sola en realidad, pero el Estado tiene que tener una injerencia importante y no como está haciendo hoy el Estado nacional, que se corre de todos lados y para él es todo privado”, consideró el senador Pedro Borgini, que es el presidente de la comisión de Salud y forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que comanda Kicillof. El proyecto pasará este lunes por la comisión de Legislación General —que preside el senador del MDF, Germán Lago— para así, con dos dictámenes, llegar a la sesión de este martes.

Para que el kirchnerismo acompañe las iniciativas, hubo que hacerle modificaciones al proyecto original. Detrás de esa jugada estuvo el intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii. En el proyecto de ley de creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), las modificaciones apuntan a delimitar con mayor precisión las atribuciones estatales y reforzar las garantías para los actores del sistema. Se eliminan las facultades del Poder Ejecutivo para definir la localización de establecimientos sanitarios y determinar previamente la necesidad de incorporar nuevas instituciones, servicios o tecnologías, manteniéndose únicamente las habilitaciones correspondientes. Asimismo, se restringe la posibilidad de exigir prestaciones extraordinarias al sector privado a situaciones excepcionales de emergencia sanitaria formalmente declarada, con carácter temporal y sin afectación permanente de bienes o personal. También se aclara que la adhesión de municipios y establecimientos privados a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud es voluntaria, y que la falta de incorporación no afectará su habilitación, funcionamiento ni acceso a programas generales. Además, se reorganizan disposiciones sobre gobernanza de datos, se limitan sanciones graves y se precisan las competencias de los órganos de coordinación del sistema.

Respecto del proyecto de creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense SAPEM, las modificaciones se orientan a asegurar la sostenibilidad financiera, preservar el control estatal y fortalecer la supervisión legislativa. Se establece que el endeudamiento y la emisión de títulos deberán estar vinculados al objeto social, contemplados en el presupuesto aprobado y sujetos a los límites previstos en el Estatuto y la Ley de Administración Financiera provincial. El Estatuto deberá incluir una política de financiamiento y endeudamiento con límites prudenciales. A su vez, se fija que la Provincia conservará el 99% del capital social mediante acciones clase A, mientras que cualquier transferencia de esas acciones requerirá autorización legislativa con mayoría de dos tercios. Finalmente, se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, integrada por cinco diputados y cinco senadores, con facultades para requerir informes, formular recomendaciones e intervenir previamente en operaciones de endeudamiento extraordinario. Este último punto fue el que destrabó la votación en Diputados cuando se votó la misma iniciativa que luego perdió estado parlamentario en el Senado.

En Diputados, el juego en línea

La Cámpora descuenta que los diputados de Fuerza Patria acompañarán el último proyecto de ley potente que presentó Tignanelli junto a la diputada Micaela Olivetto. El mismo propone un marco integral de prevención y regulación de apuestas on line. La misma es con verificación facial, límites de acceso, prohibición de bonos y publicidad dirigida a menores. La iniciativa también impide presentar la actividad como un “juego”, crea una fiscalía especializada para bloquear plataformas ilegales y establece que, si apuesta un menor, se podrá revocar la licencia del operador. “Llamarlas juego es una trampa, son lugares donde se realizan apuestas”, afirmó el autor que ostenta la jefatura política de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires.

La propuesta, además, obliga a las empresas a destinar a salud mental el equivalente a todo su gasto publicitario y a aportar el 3% de los premios para clubes, centros culturales, jubilados y becas deportivas. “Estas empresas todos los meses sustraen de la economía de la provincia una suma exorbitante”, sostuvo Tignanelli, quien planteó que los fondos permitirán fortalecer organizaciones comunitarias y financiar tratamientos por ludopatía. Hace un mes, el gobierno bonaerense definió aplicar un cobro del 2% sobre los premios de las apuestas online en las siete plataformas de juego que tienen concesión para operar en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había dicho que se recaudaría “entre 35.000 y 40.000 millones de pesos adicionales todos los meses”. Fue a través de una resolución del Instituto de Loterías y Casinos que preside Gonzalo Atanasof.

Jueces, a la espera

Mientras se aguardan definiciones de corte electoral que también dependen de la intervención de la Legislatura como posible eliminación de las PASO en Buenos Aires, la chance de ir hacia un sistema de Boleta Única en PBA como reclama la oposición, hay un tema más cercano y es la prestación de acuerdos para cargos judiciales, en el cual no solo deberá haber un acuerdo interno entre las distintas facciones del peronismo, sino también con la oposición.

El Ejecutivo tiene 280 pliegos en su poder, que ya “salieron” desde el Consejo de la Magistratura provincial en sus respectivas ternas y aún no se han girado al Senado para su aprobación definitiva luego de las entrevistas que debe hacer la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado. “Nosotros estamos relativamente al día”, cuenta un integrante del Consejo de la Magistratura. Es decir, se avanzó en el proceso de selección. Las miradas apuntan al Ejecutivo, que debe resolver nombres y elevar los pliegos. La demanda del Consejo de la Magistratura es compartida por el Poder Judicial sobre todo para suplir las subrogancias en distintos tribunales. Durante la gestión de Juan Martín Mena en el Ministerio de Justicia bonaerense se avanzó con 412 designaciones. Esta semana que inicia, dejan correr en distintas terminales; podría haber novedades al respecto y un gesto de avanzar en dicha agenda.

La relación entre el Gobierno y la CGT es mala, pero no tanto como para que se concrete el quinto paro general contra Javier Milei. El último se hizo el 19 de febrero pasado y el plan de lucha que la cúpula cegetista realiza con las dos CTA desde el 22 de julio no contempló ninguna huelga e incluyó hasta ahora 4 movilizaciones con participación testimonial, a las que ahora se sumó otra concentración el jueves próximo en defensa de la industria y un acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria que se hará el 15 de este mes.