Desde el kirchnerismo, este martes salieron a refutar una investigación encargada a Gendarmería Nacional cuyo resultado afirmó que el día en el que atentó contra la vida de Cristina Kirchner, el teléfono de Fernando Sabag Montiel estuvo activo en el Shopping Abasto cuando el agresor ya estaba detenido. Desde el entorno de la ex presidenta de la Nación, se apuntó nuevamente contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo de la causa.

En un duro texto difundido a través de sus redes sociales, titulado “Comodoro Py… la misma historia de siempre”, Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, acusó: “La jueza parece más preocupada por encubrir las irregularidades que cometió que por buscar la verdad”.

Además, el funcionario de Axel Kicillof lamentó que Gendarmería fue “usada por la política para peritajes que dan vergüenza“.

Tal como indicó Infobae este lunes, del análisis técnico de la Gendarmería, realizado a partir del material forense recabado y remitido por el Tribunal Oral Federal, surgió un informe de extracción sobre el teléfono de Sabag Montiel confeccionado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal de la DATIP del Ministerio Público Fiscal el 27 de septiembre de 2022.

En este informe constan registros que comprometen el manejo y custodia de la prueba: por ejemplo, a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022, mientras Sabag Montiel ya había sido aprehendido (desde las 21), el teléfono intentó conectarse a la red wifi del Abasto Shopping, lo que dificulta establecer con certeza la cadena de custodia y el estado original del dispositivo. También se detectó un “evento que tuvo lugar a las 00:11:32″ del día 2 de septiembre del año 2022.

El dato indica que, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los registros identificados en el informe son diferentes a los anteriormente conocidos. Esos registros previos habían permitido ubicar el teléfono en la zona del Abasto antes de que Sabag Montiel fuera hasta el domicilio de Cristina Kirchner en la noche del 1 de septiembre.

“Desde los primeros días, se supo que los atacantes de CFK habían estado alrededor de las 19:30 en el centro comercial del Abasto. Ahora, no sabemos con qué fines, se difunde esta operación con nulo rigor científico”, comienza la respuesta de Mena, quien considera que “a nadie importa la gravedad del hecho del que se habla.

Según el ministro bonaerense, “lo que supuestamente GNA indica como intento de conexión en el Abasto a las 22:30, es la actividad generada por la recepción de un mail automático de opinión sobre la calidad de la conexión al wifi público del shopping”.

Detalla que esa “especie de encuesta automática de satisfacción que recibió el atacante por su paso por el Abasto” a veces les llega a los usuarios en tiempo real, y en otras ocasiones “con minutos u horas de delay”.

“No indica absolutamente nada respecto de la presencia de una persona o teléfono en ese lugar en ese momento. Geolocalizar es más complejo y se utilizan otros datos más precisos (registros de antenas, historial de aplicaciones de mapas, logs de conexión, etc.)”, advierte Mena.

También cree que “no sería la primera vez en esta causa” en la que “no toman en cuenta el huso horario argentino”.

“El tiempo universal coordinado (UTC) para la Argentina, es -3 (UTC -3). Por lo que probablemente la encuesta de satisfacción del shopping fue inmediata (alrededor de las 19:30)… solo que la justicia argentina no sabe ni siquiera contar las horas del día“, ironiza el texto.

Mena recuerda que “a las 22:30, el atacante estaba detenido, incomunicado y con todas sus pertenencias en el lugar del hecho, dentro de un patrullero de la Policía Federal, fuertemente custodiado”.

“Dra. Capuchetti, deje de inventar y obstaculizar y concentre las energías en saber cómo destruyeron el celular del atacante mientras se encontraba bajo su custodia en la caja fuerte del juzgado. La forma de evitar la vergüenza es trabajando seriamente sin condicionamientos políticos. Yo también soy solo abogado, pero cuando no sé algo, pregunto”, concluye el ministro su publicación.

Por el intento de magnicidio contra CFK, en octubre pasado, el TOF N° 6 condenó a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quienes recibieron penas de 10 y 8 años respectivamente. El Tribunal Oral N° 6 absolvió a Nicolás Carrizo, el tercer acusado.

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó este martes que el oficialismo convocará a sesión el 11 de febrero para tratar la reforma laboral. La principal espada legislativa de Milei en la Cámara alta aseguró que la negociación está “95% cerrada” pero reconoció que aún hay puntos pendientes que “tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, y los ministros de Economía e Interior”.

Bullrich se refería al capítulo fiscal del proyecto, en particular a los artículos 190 y 191 que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (una merma de aproximadamente $1 billón).

Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

Ante esta situación, varios gobernadores dejaron trascender que apoyarían la reforma laboral al momento de votar el proyecto en general, pero adelantaron que rechazarían el capítulo fiscal en la votación en particular. Algo similar a lo que ocurrió cuando se aprobó el Presupuesto 2026: en esa oportunidad salió rechazado el capítulo que derogaba la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.

Sin embargo, desde una de las principales provincias productivas explicaron que no tienen ninguna intención de confrontar con el Gobierno por este tema. “Que Zdero o Frigerio vayan a pelear por Ganancias, porque después nosotros nos peleamos con el Gobierno y ellos terminan siendo aliados”, explicaron.

La referencia a los gobernadores de Chaco y Entre Ríos no es casual, ya que ocupan el cuatro y el quinto lugar de las provincias más afectadas por la caída de la masa coparticipable (Buenos Aires dejará de recaudar $397 mil millones; Santa Fe, $161 mil millones; Córdoba, $160 mil millones; Chaco, $90 mil millones; Entre Ríos, $88 mil millones). Pero además en ambos casos conformaron alianzas electorales con La Libertad Avanza para las elecciones provinciales y nacionales.

Según su visión, las provincias grandes serán las más afectadas pero tienen espalda financiera para hacer frente a la caída de recursos, que además se aplicará a partir de 2027. “No tiene sentido que nosotros pongamos la cabeza en la guillotina por las provincias chicas”, insistieron.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya tiene una postura muy clara de confrontación total contra el gobierno de Milei. Pero los gobernadores de Córdoba y Santa Fe son conscientes de que comparten electorado con LLA y no quieren quedar expuestos como los que rechazan una baja de impuestos. Además, sondeos de opinión locales indican que la reforma laboral tiene apoyo mayoritario entre sus votantes.

Hasta el momento, desde la Casa Rosada dejan trascender que el ministro de Economía, Luis Caputo, no está dispuesto a ceder sobre el capítulo fiscal. No habrá ninguna compensación adicional para las provincias incluso si esto significa que el artículo salga rechazado al momento de la votación en particular.

Por su parte, un reducido grupo de gobernadores -los más críticos de la gestión libertaria- convocó para este miércoles, al mediodía, a una reunión de urgencia en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Pero el encuentro permanecía en duda porque muchos de los invitados tenían prácticamente decidido no asistir. En ese grupo se destacaban los aliados del oficialismo, como Leandro Zdero, de Chaco; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Marcelo Orrego, de San Juan, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

El oficialismo y la oposición dialoguista dan por hecho que habrá sanción de la reforma laboral en el Senado, la semana que viene. El acuerdo, se sabe, incluye modificaciones al texto original. Expone los alcances de las tratativas con buena parte de los gobernadores -radicales, del PRO, peronistas aliados, líberos- y por eso mismo se destaca el capítulo sin cerrar: una baja puntual del impuesto a las Ganancias que impactaría negativamente en los fondos para las provincias por coparticipación. Hay dudas incluso sobre la posición final del Gobierno. Y en cualquier caso, las miradas apuntan a Luis Caputo. El foco político se corrió hacia el ministro, en un clima tensionado además por el sacudón de la marcha atrás con el índice de precios que elabora el INDEC.

Patricia Bullrich le puso un número al nivel de entendimiento con los socios y dialoguistas del Senado. “Un 95%”, dijo después de reunirse con jefes de bancadas y legisladores de espacios de menor peso y hasta unipersonales. La jefa política de los violetas en la Cámara alta fue precisa además al señalar que la resolución del tema Ganancias está en manos de Diego Santilli y del ministro de Economía, es decir, el que negocia con los jefes provinciales y el que maneja la lapicera de los números.

El artículo impositivo alimenta todo tipo de especulaciones y una de ellas, con origen en provincias, hasta pone en duda la decisión oficial de sostener la rebaja de Ganancias –sin distinción del porte de las empresas y con aplicación inmediata-, porque tampoco las cuentas nacionales estarían en el mejor momento para esa poda. Sería algo así como una combinación de necesidades. “No hay síntomas de mejora de la recaudación. Viene mal desde los últimos meses del año pasado y se repitió la baja en enero. El discurso del Gobierno si cambia de decisión podría descargar las culpas sobre las provincias”, resume una fuente atenta a las últimas señales de la larga negociación.

El Gobierno celebró que se fuera desarmando la posibilidad de una cita del conjunto de los gobernadores en el CFI. El impulso de los jefes provinciales del peronismo duro la había alentado como un rechazo global a la reforma, aunque en rigor el punto en común es la reacción por Ganancias y su efecto negativo en la coparticipación federal. El grueso del proyecto cosecha apoyo, aunque con matices y cambios. Un caso notorio de reclamo de algunos mandatarios fue la fijación de diferencias entre grandes empresas y pymes para la aplicación de artículos como el fondo para atender indemnizaciones, bajo la poco feliz sigla de FAL.

Fuentes cercanas a gobernadores vienen señalando que existe una baja de recaudación que afecta a sus distritos –por coparticipación federal e impuestos propios-, como resultado de diversos factores, empezando por la caída o freno del consumo. Y ya antes de la convocatoria formal a sesiones extraordinarias circulaba una versión -con origen en gobernadores cercanos a Olivos- sobre la alternativa de escalonar entre este año y el próximo la aplicación de la baja en Ganancias para empresas. Otros hablan directamente de dejar el tema para el 2027. Y esperar que para entonces se note el crecimiento del empleo formal que pronostica el Gobierno.

Caputo, con aval presidencial, se convirtió en la pieza más gravitante de la negociación. Lo fue también en las tratativas por el Presupuesto 2026, que debió dejar en el camino un capítulo de peso para garantizar la sanción en el Senado. Curioso, pero ahora hay quienes comparan los fondos logrados por las provincias (ATN, compensaciones variadas, alguna obra, según el caso) con el “costo” que tendría el renglón impositivo de la reforma laboral, capaz de desdibujar o revertir lo logrado a fines de diciembre.

El ministro convive y trata de evitar las internas en el círculo más estrecho de Olivos, es decir, con Karina Milei y Santiago Caputo, aunque a veces se producen roces, incluso con los dos al mismo tiempo. Pero está claro el respaldo de Javier Milei, esgrimido en estas horas frente al oleaje generado por la decisión de frenar el cambio de IPC. Esa modificación era explicada hasta hace apenas días como un avance en sintonía con el FMI y con los cambios reales en materia de consumo. No sólo lo difundía así el INDEC, para el debut en la medición de enero, sino también el Banco Central y comunicadores formales e informales del oficialismo.

La precipitada renuncia de Marco Lavagna, más allá del rápido movimiento para reemplazarlo, provocó un fuerte impacto público, aunque no es el primer caso de un funcionario que deja el cargo como consecuencia de tensiones con Economía. El antecedente más reciente fue la salida, hace dos semanas, de Paul Starc. El entonces titular de la UIF emigró hacia otro cargo por sus diferencias sobre la implementación de la ley de “inocencia fiscal”.

El problema para el Gobierno con el caso del INDEC es más amplio. Incluye y supera la lectura sobre las internas, porque golpea sobre la credibilidad del principal organismo de estadísticas, con interrogantes hacia el frente externo, y porque alimenta sospechas en un terreno especialmente significativo como es la contención de la inflación. Un capital político central para la gestión violeta.

El Gobierno buscó bajarle el volumen al tema, con dos líneas discursivas. La primera dice que, en rigor, la decisión presidencial siempre fue modificar el IPC una vez que estuviera afirmado el “proceso de deflación”. Y la segunda agrega que el registro de enero con la nueva medición no hubiera sido muy diferente al número del índice ratificado: algo por encima de los 2 puntos porcentuales. Más aún: que podría estar incluso una décima por debajo.

Por supuesto, esa comparación entra ahora en el terreno de las especulaciones y de las operaciones, al punto de que la versión oficial sobre el frustrado estreno del “nuevo” IPC se enfrenta con versiones que lo colocan por encima de los tres puntos. No falta algún señalamiento sobre la alternativa de publicar las dos mediciones para cerrar el tema. En cualquier caso, de mínima, resulta llamativo el nuevo capítulo de costos autoprovocados. En este caso, con Economía en el foco político.