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Paro en las escuelas: De Leo aseguró que la falta de clases se tiene que terminar en Bahía

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El precandidato a intendente de Juntos, Andrés De Leo, aseguró en las últimas horas que “la falta de clases se tiene que terminar en Bahía”, tras los reiterados paros que se realizaron en lo que va del año por parte de distintos gremios y ante el reclamo de un grupo de padres autonconvoados, quienes se manifestaron en el Consejo Escolar la semana pasada y realizaron una marcha el pasado sábado en la Plaza Rivadavia.

El actual senador bonaerense aseveró que “cuando sea jefe comunal la educación dejará de ser un tema exclusivo de la provincia, para ser defendida y considerada prioridad por el municipio local”.

En un video que compartió en sus redes sociales, expresó: “Esto se tiene que terminar. Sepan los padres que cuando sea intendente los voy a acompañar por los derechos educativos de sus hijos, por lo que pelean todos los días. Para que los 192 días de clase por año, sean una realidad”.

 

También aseguró que el dinero del Fondo Educativo que recibe el Municipio todos meses, se destinará íntegramente a la educación local y a reparar las escuelas.

Adermás, subrayó que “el futuro sólo se construye con la educación que recibe una sociedad, y que por esa razón, también es una prioridad para Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli”,  precandidatos a presidente y gobernador en la misma lista que integra De Leo, de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto.

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Qué pasó con la plata de los subsidios para Bahía Blanca, una de las preguntas que incomodó a Adorni

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Manuel Adorni

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, aseguró esta tarde que en Bahía Blanca ya no quedan subsidios sin pagar por la trágica inundación ocurrida el 7 de marzo del año pasado. Además, aseguró que de los 200 mil millones de pesos que se habían destinado a los vecinos de nuestra ciudad, solo se entregaron poco más de $82.600 millones.

El funcionario respondió de esta manera a un cuestionamiento realizado por la diputada nacional bahiense Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien le había solicitado que informara sobre lo ocurrido con el Suplemento Único para la Reconstrucción.

“El Ministerio de Seguridad Nacional informa que el proceso administrativo correspondiente ha concluido, por lo cual no existen solicitudes pendientes de pago a la fecha —aseguró Adorni—. En este sentido, se comunica que se han efectivizado un total de 36.981 pagos, representando una erogación total de $82.604.000.000”.

Además, aclaró que otras 4.655 solicitudes han sido rechazadas porque no cumplían con los requisitos mínimos.

Asimismo, recordó que “ante la denegatoria de una solicitud de subsidio se encuentran disponibles los mecanismos de impugnación previstos en la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario 1759/72”.

La respuesta de Adorni se ciñó específicamente a lo informado por escrito en forma previa, y no se explayó más sobre el tema.

Tampoco explicó qué destino se dio al resto de los fondos que habían sido destinados a Bahía Blanca en el marco del SUR, que ascenderían a $117.396.000.000. En ese sentido, Banfi había señalado que el 63% del dinero no se había ejecutado.

De qué se trata

El Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) fue un subsidio destinado a los afectados por la inundación del 7 de marzo de 2025 por parte del Gobierno nacional. La ayuda económica variaba entre 2 y 3 millones de pesos por beneficiario.

Más allá de la ayuda económica, la recepción del dinero por parte de los vecinos atravesó momentos complicados, debido a la validación y la constatación de los datos, además del modo de inscripción.

Desde un principio, el Gobierno nacional había planteado que cada inscripción debería contar con el número de NIS, que figura en las boletas del servicio eléctrico; quienes no tuvieran, podían presentar la boleta de un servicio, mientras que quienes no pudieran acceder a ninguna de estas opciones, deberían inscribirse a través de un 0-800.

Todo esto terminó complicando la recepción del dinero, sobre todo por aquellos que estaban contemplados en el último caso.

Además, hubo muchas denuncias porque -como se terminó comprobando después- de los 200 mil millones que deberían recibir los bahienses, solo terminaron llegando poco más de 80 mil millones.

Fuente: Frente al cano.

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Javier Milei decidió no arbitrar y los libertarios se acostumbran a gestionar con dos bandos

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Con la evidencia empírica de que el presidente Javier Milei no tomará un rol de árbitro en las disputas de poder que tenga su hermana Karina con Santiago Caputo, los hombres y mujeres que gestionan el gobierno libertario aceptaron que la situación difícilmente cambiará y se resignan a llevar adelante las tareas con ese problema ya internalizado. Esa disputa se observa en la cúpula de poder, pero también -en demasía- en las segundas líneas que toman decisiones con temor a quedar presos de la interna en alguna operación cruzada. “Hay mucho cagazo. Es lamentable pero es la verdad porque en todos lados hay funcionarios de ambos sectores. Y nadie confía”, reconoció un cuadro técnico al frente de un organismo ante Infobae. Para peor, toda noticia que golpee al entorno de la secretaría general de la Presidencia es visto por ese bando como un mensaje interno y viceversa.

El último ejemplo sucedió con el envío de pliegos por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elegido personalmente por Karina. El archivo de los elegidos por el ministro sumado a algunos artículos periodísticos que hablaban de “incomodidad” interna por “lazos K” hicieron desatar la bronca hacia adentro de Casa Rosada por creer que hay piedras en el camino de la gestión.

Las filas no se cerraron ni siquiera sobre Manuel Adorni. Más allá de la sobreactuación en redes sociales (el terreno más importante para el gobierno libertario), en “Las Fuerzas del Cielo” hay bronca contenida por el daño que le realiza el jefe de gabinete al Presidente. Pero, una vez más, quedó en el medio quien lo eligió, Karina Milei. Por eso la orden fue contundente. Desde el Presidente hacia abajo estarán todos. “Es como si nos tomaran falta”, reconoció entre risas y algo de nerviosismo un ministro que hoy buscará sentarse en primera fila.

Las más de cuatro mil preguntas fueron respondidas por escrito. Cuando fueron enviadas aún no se conocían todos los viajes del matrimonio Adorni-Angeletti. En las últimas horas se conocieron dos destinos más. El primero a Río de Janeiro a mediados del 2024. El efectivo fue la forma predilecta para pagar los costos. Lo mismo para el último conocido. Su esposa gastó cerca de 6.000 dólares en efectivo en un viaje a España, en septiembre de 2025, entre pasaje y estadía, según reconstruyó la Justicia. Con un sueldo que estuvo entre los 3 y los 7 millones de pesos, los malabares para justificar esos ingresos serán materia de estudio en cualquier universidad de Economía.

Más allá de las investigación judiciales, la discusión política que termina siempre en la Corte Suprema es un tema de debate. Así lo planteó el martes Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal. Dijo que mientras la Corte Federal de Estados Unidos dicta entre 80 y 100 sentencias por año, en Argentina fueron 15.000. “¿Por qué esa diferencia? En primer lugar porque hay una judicialización creciente de todos los temas. Los debates no se clausuran en el circuito político, sino que hay judicialización y, en la Justicia, siempre se busca llegar a la palabra de la Corte”, aseguró.

Este panorama está lejos de frenar. El ejemplo más concreto es la reforma laboral. Otros proyectos que tensan al poder real podrían terminar igual, más allá de lo que diga el Congreso. El debate para aprobar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) podría seguir ese camino. Allí se da algo curioso. Fue el canciller Pablo Quirno quien mandó a frenar el avance. La pregunta que se hizo al respecto el área de Federico Sturzenegger es en base a qué. “Ahí es una pelea de laboratorios nacionales que buscan frenar a toda costa el cambio. El lobby es enorme”, reconoció un empresario al tanto de la disputa. La Cámara que nuclea a estas empresas, CILFA, apuesta a estirar los tiempos. La creencia es que si a Donald Trump le va mal en noviembre como las encuestas preven, todo lo negociado entre su administración y la de Milei entrará en debate.

Esa previa en el país más poderoso del mundo es seguido con detenimiento por la política argentina, sin importar el oficialismo y la oposición. Desde el PJ creen que el comienzo del fin de Trump puede adelantar el ruido económico para Milei. Sobre todo el financiero. Si bien la creencia es generalizada, el método para enfrentar a Milei tiene tantos caminos como líneas internas existen hoy en el universo peronista. Axel Kicillof no tiene otra salida que hacia adelante y es el único candidato firme. Pero encuentra rivales de peso. El sector de Cristina Fernández de Kirchner amenaza con una ruptura total y apoyar a otro candidato. A esa idea se le suman otras. Algunas muy conocidas y otras que son imposibles de obviar. El banquero Jorge Brito dejó correr la idea de presentarse el próximo año. Apareció y se fue Dante Gebel, apoyado por un círculo que rodea peronistas, ex libertarios y sindicalistas. Y detrás de todos, siempre presente Sergio Massa.

“Hay un error. En ese momento no solo estaba Perón proscripto, sino que estaba el peronismo en proscripción. Cuando se llamó a votar en blanco. Hoy Cristina no puede ser candidata, pero no es que está el peronismo proscripto. Está Cristina proscripta, como lo dijimos mil veces. Entonces, son situaciones que no se pueden comparar. Tampoco me parece inteligente que el peronismo no tenga un candidato, independientemente de la situación de Cristina”, dijo la mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, a FutuRock. La respuesta vino por parte de Teresa García, diputada nacional que responde directamente a la ex presidenta: “La quieren fuera de la cancha. No hay diálogo con el sector de Kicillof”. Suenan los tambores.

En la Ciudad de Buenos Aires la campaña nunca se detuvo. El fin de semana el jefe de Gobierno, Jorge Macri, aprovechó la mirada mundial sobre Franco Colapinto para anunciar que irá por la reelección en 2027. El hombre del PRO sueña con traer a la Fórmula 1 para el 2028 (confirmarlo, obviamente, durante la campaña).

Por lo pronto, durante mayo tendrá su primer test legislativo con un recinto segmentado como nunca antes. Buscará ampliar el Presupuesto producto de la inflación. ¿La razón? Lo aprobado para este año contemplaba, como marcó el Estado nacional, una inflación del 10 por ciento. Ahora buscará ampliarlo un 15,5 más (total de 25,5%). Tiene lógica, ya que en el primer trimestre los aumentos de precios registrados por el INDEC rozaron el 10%. Para esa ampliación necesita el aval legislativo. El bloque más importante lo lidera Pilar Ramírez, los ojos de Karina Milei en la Ciudad. Los votos no llegarían por esa vía ya que sería admitir una inflación muy por encima de lo anunciado por el Presidente. ¿Entonces? La pecera que sigue es la peronista. Allí están dispuestos a acordar a cambio de avanzar con iniciativas propias.

Falta un tercero en el juego: Horacio Rodríguez Larreta. El ahora legislador que ya dijo que buscará ser jefe de gobierno tendrá votos clave para el futuro presupuestario del PRO. Además de este tema, será interesante escuchar si Larreta tiene algo para decir acerca de la salida de Carlos Frugoni del ministerio de Economía de la Nación. Es que el ahora ex funcionario no declaró siete (si, siete) propiedades en Miami. ¿Cuándo hizo semejante patrimonio? Quizás su pasado al frente de AUSA y de la polémica obra del Paseo del Bajo tengan algo que ver.

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El Gobierno apura la reglamentación de la reforma laboral, pero un artículo clave podría quedar afuera del decreto

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Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revocó la cautelar que frenaba la reforma laboral y restableció la validez de 83 artículos de la norma, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.

Con ese impulso brindado por un sector de la Justicia, el Gobierno consideró que la Ley 28.702 de Modernización Laboral está plenamente vigente y decidió no perder el tiempo: es inminente la firma del decreto reglamentario de la norma con el fin de no dilatar más la instrumentación de los cambios previstos en la norma.

“Hay algunos aspectos que ya se pueden aplicar de manera directa, como los vinculados con la Ley de Contrato de Trabajo, que no necesitan reglamentación en particular, pero sí la requieren otros artículos como el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el de las rebajas en las cargas para las nuevas contrataciones”, dijo a Infobae una fuente oficial.

La misma fuente reconoció que el envión del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo hizo que se decidiera acelerar el dictado del decreto reglamentario, pero advirtió que todas las áreas del Gobierno involucradas en esa tarea no tienen el mismo ritmo porque hay artículos complejos en materia legal. “Fue una tarea en conjunto ya que hay borradores de la reglamentación que fueron elaborados por los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, el Banco Central y ARCA”, agregó el funcionario.

El FAL fue, según trascendió, lo que implicó más análisis y consultas técnicas y jurídicas. Y es, al mismo tiempo, una de las principales apuestas del Gobierno en la Ley 28.702 de Modernización Laboral: se trata de una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.

Aun así, en la Casa Rosada advirtieron que, ante la complejidad del tema, existe una posibilidad de que la reglamentación del FAL no sea incluida en el decreto que se conocerá en las próximas horas y que sea el eje de otro decreto que sería dictado más adelante.

Según la ley 27.802, el FAL debía empezar a funcionar a partir del 1° de junio próximo, pero en el mercado ya temían que hubiera una prórroga sobre este punto por la demora en reglamentar la reforma laboral. Y ahora Economía no descarta dejar ese artículo para más adelante y que sea reglamentado con otro decreto.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, insiste en la necesidad de que los empresarios aprovechen las herramientas de la nueva ley para aumentar los sueldos por encima del piso paritario, como el salario dinámico, que ayudaría a descomprimir las fuertes presiones de los sindicatos para lograr acuerdos salariales que compensen la inflación.

Ese punto, de todas formas, ya tiene vigencia y no requiere de reglamentación. En cambio, sí necesita ser reglamentado uno de los artículos de la reforma laboral que más expectativa genera en la administración libertaria, como es el que promueve la creación de sindicatos de empresa, que la normativa del trabajo ya contemplaba, pero la Ley de Modernización Laboral facilitará el otorgamiento de la personería.

Hasta ahora, la ley vigente decía que “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión”. En la reforma laboral, el artículo 136 establece que podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando, durante un período continuo de al menos seis meses, esa organización cuente con más afiliados cotizantes que el sindicato de actividad con personería previamente reconocida. Será un golpe al gremialismo tradicional, cuyo poder se basa en los derechos exclusivos que brinda la personería sindical.

En el Gobierno admiten que tampoco depende de ninguna reglamentación la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y, al mismo tiempo, prevén un aumento de la conflictividad en los próximos meses. Los funcionarios libertarios incluso imaginan una complicación adicional: creen que muchos sindicatos desobedecerán la exigencia de mantener servicios mínimos del 75% o del 50% en caso de huelga, como figura en la reforma laboral, y que será muy difícil constatar los porcentajes exactos de acatamiento y exigir que se cumpla lo establecido en la Ley 27.802.

Otros artículos que son considerados válidos y que no hace falta reglamentar son, entre otros, la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y el tope del 2% para la cuotas solidarias, que limita el financiamiento de los sindicatos.

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