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Política Nacional

El titular de YPF defendió el regimen de promoción del gas natural licuado

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Un plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda recibió esta tarde al presidente de YPF S.A., Pablo González, en el marco del debate por el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) en nuestro país.

Acompañado del staff de la empresa energética, González realizó una presentación para graficar “la importancia que tiene Argentina en el mundo en cuanto a sus reservas de petróleo y gas”.

A modo de introducción, el presidente de YPF explicó que “Neuquén es un horizonte de reservas de 16 billones de barriles de petróleo y actualmente YPF ha vuelto a exportar crudo a Chile, en una operación que no se realizaba desde el año 2007”.

“Si nosotros dividimos el horizonte de reservas que tiene nuestro país, a este nivel de consumo, tendríamos reservas para unos 170 años, en un horizonte de transición energético”, argumentó. “El desafío es monetizar esa reserva de gas, ver la forma de abastecer el mercado interno y exportar los saldos exportables a través del Gas Natural Licuado”, añadió.

González también dio números en materia de inversiones. Sostuvo que, entre el año 2013 y la actualidad, se calcula en Vaca Muerta en unos 40 mil millones de dólares y, en el caso de YPF, unos 16 mil millones de dólares.

“El mundo tiene reservas de gas, con lo cual entendemos que hay que establecer un Régimen de Promoción que nos permite a nosotros llegar a niveles competitivos en el mercado. El problema que tiene Argentina es logístico por la mayor distancia a los principales mercados”, explicó.

Según un documento que presentó a los legisladores, las motivaciones de la norma implican valorizar el potencial de Vaca Muerta y aumentar la inversión extranjera, que traerían como beneficios un crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y el ingreso de divisas.

“Estamos en condiciones de ponernos de acuerdo en una política de Estado. Se trata de un proyecto que va a determinar que Argentina pase de importar gas a exportar gas”, argumentó.

A modo de cierre, González consideró que “si no aprovechamos esta ventana de oportunidad que tenemos, en un periodo de transición, nuestro país no lo va a poder monetizar”.

Por su parte, Pablo Iuliano, CEO de YPF. S.A., explicó que “hoy Vaca Muerta produce el 45% del petróleo y el gas que se produce en Argentina” y que “YPF creció en casi un 40% su producción en Vaca Muerta durante el año pasado”. “Estamos en la antesala de una oportunidad que podemos capturar en el corto plazo”, agregó.

“Tenemos que ponernos a la altura de nuestro principal competidor, que es la Costa del Golfo, pensando en el shale americano. Somos lo suficientemente competitivos para hacer lo que ellos hacen, de igual manera y aquí. Sin embargo, estamos, en términos logísticos, a contramano de los mercados”, dijo Iuliano.

Según explicó el CEO, el marco general del proyecto propone una estabilidad fiscal de 30 años, la devolución del IVA, derechos de exportación variables, exención de tributos a la importación y la adhesión provincial y municipal.

También establece un marco cambiario, que supone la libre aplicación de exportaciones 50%, el acceso a divisas para importaciones y una estabilidad cambiaria por 30 años para normas de endeudamiento financiero.

“Estoy convencido de que la industria de la energía, sobre todo basada en gas y petróleo de baja emisión de carbono, va a ser un driver de nuestra economía fundamental para los próximos años”, fundamentó el CEO de la empresa energética.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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