El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo esta mañana en conferencia de prensa que en las próximas horas enviará al Congreso un proyecto de ley para restaurar la sostenibilidad de la deuda externa que incluirá las condiciones para que puedan ejecutarse las operaciones necesarias de cara a este objetivo.

Sin dar demasiadas precisiones, Guzmán señaló que la iniciativa se inscribe dentro del marco de la Ley de Administración Financiera, “que pide que el país mejore plazos, tasas de interés y monto de capital”. Ante la consulta de Infobae sobre los principales lineamientos del proyecto, se refirió a la “prórroga de jurisdicción” para la emisión de los futuros títulos.

El proyecto de ley al que accedió Infobae, que técnicamente enviará la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, consta de nueve artículos y tiene como principal objetivo obtener la aprobación parlamentaria del proceso de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera que se hará en el corto plazo, antes del 31 de marzo.

Los primeros artículos autorizan al Poder Ejecutivo a realizar el canje, con lo que este proceso conlleva, como la contratación del estudio de abogados, que ya es un hecho y es Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y del grupo de bancos que tendrá el mandato de la reestructuración de la deuda soberana, así como la definición de los respectivos prospectos de los nuevos títulos.

Respecto de la prórroga de jurisdicción a la que se refirió Guzmán, lo concreto es que el proyecto de ley reafirmará que los nuevos bonos se emitirán bajo legislación extranjera. En su artículo 3°, el proyecto establece que la autorización para la autoridad de aplicación de la ley, es decir, el ministerio de Economía, a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros”.

En etapas anteriores, ello se hizo por decreto, pero ahora el Gobierno busca que todo salga por ley. De hecho, la propuesta será “discutida en el marco del Congreso”, anticipó el ministro. “No se presenta hoy, sino que para ello hay un proceso; será comunicada en forma oportuna”, afirmó el titular de la cartera económica.

El proyecto enviado por el ministro Guzmán dispone que se deberán abonar comisiones en condiciones de mercado a entidades financieras y asesores que presten los servicios enumerados en el texto y aclara que las mismas no podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto de deuda canjeado y o restructurado. Y añade que “en forma previa a la suscripción de los contratos se deberá dar intervención a la Sindicatura General de La Nación”.

El proyecto de ley se enmarca dentro de la Ley de Administración Financiera, que establece en su artículo 65 que el “Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida en que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.

“El proyecto de ley se inscribe en el marco de la ley de administración financiera que pide que el país mejore al menos dos de tres condiciones que son plazos, tasas de interés y monto de capital. Nosotros necesitamos una solución sostenible. Hoy la situación es crítica, la carga de la deuda no se puede sostener”, aseguró Guzmán en la conferencia de prensa.

Según pudo averiguar este medio de fuentes de bancos que están negociando ingresar al negocio del canje, el ministro les dio los lineamientos generales de lo que pretenden sea una reestructuración sostenible de la deuda. La intención es que haya un recorte de los intereses del 50% y que no haya quita de capital. Con respecto a los plazos, el objetivo de Guzmán es que haya dos años de gracia en los que no haya pagos ni de capital ni de intereses, tal como publicó este medio la semana pasada.

Fuente: Infobae