Impredecibles y terminales a la hora de sostener o despedir a un funcionario, los hermanos Milei atraviesan días de alta intensidad en la reconfiguración del equipo para avanzar en el tercer año (la segunda mitad) del mandato. Si bien Karina Milei configuró un plan para avanzar en casilleros que eran propiedad de Santiago Caputo, nunca esperó tener que decidir sobre el jefe de gabinete Manuel Adorni, su funcionario más leal y, quizás, quien mejor entendió dónde estaba el verdadero poder. A pesar de los rumores y nombres propios para reemplazarlo, el funcionario sigue al frente del cargo. Por la tarde del 24 de marzo se comunicó su agenda en lo que apunta a ser una estrategia de salir a atacar nuevamente. Conferencia de prensa —con preguntas incluidas— actos con ministros (Juan Bautista Mahiques y Federico Sturzenegger el miércoles y Luis Caputo y Alejandra Monteoliva el viernes) y el cierre de semana junto al Presidente y su hermana. ¿Significa que el capítulo está cerrado? Aunque quisiera escribir “Fin”, Adorni sabe que puede suceder cualquier cosa. Sobre todo si aparecen más cuestiones de su vida privada que no pueda justificar.

El Gobierno buscará retomar la agenda. El video publicado por los 50 años del golpe de Estado no llamó la atención como el año pasado. Un planteo negacionista financiado con recursos del Estado debe haber sido lo que más unió a la vicepresidenta Victoria Villarruel con su compañero de fórmula. Durante la tarde el Presidente volvió a X para hablar de uno de los temas que más preocupa a esta administración: La inflación. Milei apuntó un gráfico sobre inflación recibida y entregada por las últimas administraciones y señaló: “El gráfico muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida. Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino”. ¿Será que el arco se corrió y ahora se venderá como objetivo cumplido si se mantiene una inflación menor a la que dejó el Frente de Todos? Si bien los datos oficiales marcan una caída en el consumo y una suba del desempleo, el Gobierno vende su propio relato. “Bajamos inflación y aumentando el nivel de actividad, el cual se encuentra en pico histórico…”, respondió Milei a un usuario que reclamaba por la actividad económica. El Presidente respondió decenas de mensajes y uno de ellos no dejó dudas sobre la idea que hay en la mesa chica de Casa Rosada sobre lo que puede y lo que no puede hacer la gestión económica en lo que se refiere a actividad: “Sabías que pretender meter al Estado en la ‘micro’ es pedir corrupción y desigualdad ante la ley?”, dijo.

La última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de marzo de 2026, realizada por la Universidad de San Andrés, mostró un deterioro de la satisfacción general: Sólo el 33% de los argentinos se muestra satisfecho con la marcha general de las cosas, una caída de 7 puntos porcentuales respecto a la medición de noviembre de 2025. Por el contrario, la insatisfacción escaló al 65%. La gestión de Milei, por otra parte, registra un 38% de aprobación frente a un 59% de desaprobación. La agenda de problemas muestra, además, la preocupación que escaló hasta el primer lugar: los bajos salarios (37%) y la falta de trabajo (36%) se consolidaron como las principales preocupaciones del país, superando incluso a la corrupción (33%). Otro dato preocupante es la expectativa del futuro inmediato. El sentimiento negativo creció y el 46% de los encuestados cree que la situación del país empeorará en el próximo año, mientras que solo un 30% aún mantiene la esperanza de una mejora. Ese tipo de estudio de San Andrés se condice con el dato más duro de los últimos días que señaló que el desempleo también subió el año pasado de 6,6% a 7,5%, el valor más alto tras la pandemia.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que realiza la Universidad Torcuato Di Tella registró en marzo de este año una caída por cuarto mes consecutivo, alcanzando la cifra más baja desde que asumió su mandato en diciembre de 2023 con 2,30 puntos. El bajo nivel de confianza en el Gobierno de Milei “se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri”, que en marzo de 2018 tenía un ICG de 2,32 pese a haber ganado las elecciones legislativas de 2017. El informe, que fue destacado por la gestión libertaria durante 2024 cuando los números le daban por encima de toda gestión anterior, agregó un dato que inquieta aún más a la administración nacional: “El promedio de la gestión Milei desciende a 2,43 puntos, su registro más bajo desde el inicio del mandato, ubicándose en una posición intermedia entre el promedio que Macri (2,55) y Fernández (1,99) registraron en el mismo tramo de sus respectivas gestiones”.

Con el objetivo de terminar de definir los detalles del proyecto para un nuevo Código Penal que se enviará al Congreso, el presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión clave con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la Quinta de Olivos.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el encuentro se realizó esta tarde y contó también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Después del mismo, se informó que finalmente se decidió avanzar en la redacción de un nuevo texto que esté “a la altura de los desafíos actuales”.

“A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó Mahiques.

Entre las figuras que se van a incorporar, y tal como había anticipado este medio, están temas “migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”.

Si bien era uno de los proyectos a tratar en estas sesiones ordinarias, antes de remitirlo para su tratamiento legislativo, el funcionario se propuso revisar el texto que había dejado preparado su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y optó por hacer varios cambios.

“El envío del proyecto se mantiene pero, conscientes de que es un proceso y que el nuevo código requiere revisiones, el Presidente considera que hay temas que no pueden seguir demorándose porque son delitos que están afectando el día a día”, explicaron fuentes calificadas.

Así las cosas, si bien la intención del Gobierno es presentar un texto integral en un futuro cercano, por el momento será un paquete más reducido.

“Van a debatir con el Presidente todos los puntos de la iniciativa, con la visión del ministro, pero la idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, señaló una persona al tanto de las conversaciones, momentos antes de la reunión.

Desde que asumió en el cargo, Mahiques se interiorizó en el tema y comenzó a pensar algunas mejoras para hacerle al texto original, que era bastante extenso y, a su entender, contenía algunas cuestiones que se podían simplificar.

“Es lógico que lo revise, porque él no firma nada sin antes mirarlo”, habían anticipado desde el entorno del ministro, que durante los últimos días conversó con varios expertos en la materia para recopilar recomendaciones.

De hecho, incluso cuando se reunió el martes pasado con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia les comentó esto y les pidió que lean la propuesta que tenía en mente Cúneo Libarona para que opinaran al respecto.

Asimismo, se comunicó con los integrantes de la comisión especializada a la que convocó el Gobierno para elaborar el texto, la cual ya venía trabajando sobre esta iniciativa desde la administración de Mauricio Macri.

El grupo está encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre, acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

“Nos comentó que estaba revisando el proyecto, pero en línea con lo que ya fuimos haciendo. Tal vez va a ser un poco más corto de lo que había planificado Cúneo Libarona”, explicó a este medio uno de los miembros de ese cuerpo.

La junta entregó una primera versión en febrero del 2025 que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.

Al respecto, Mahiques le explicó al equipo de expertos que su idea era avanzar “con otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual” y que, de esa forma, no sea tan pesado el contenido.

En este marco, el funcionario fue convocado por el Presidente a la Quinta de Olivos para repasar en persona toda la información que recopiló hasta el momento y definir cómo quedará redactado el proyecto final.

Recientemente, Manuel Adorni, confirmó que el nuevo Código Penal va a ser una de las propuestas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en esta primera etapa de sesiones ordinarias.

Así lo decidió hace algunas semanas la mesa política del oficialismo, encabezada por el propio jefe de Gabinete, durante una reunión que mantuvo en la Casa Rosada para planificar la próxima estrategia legislativa.

Según pudo saber este medio, a pesar de los cambios, se insistirá con una serie de nuevas figuras delictivas y endurecimiento de penas para delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y áreas emergentes como delitos informáticos.

Entre los puntos centrales se mantiene la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.

Este miércoles 25 de marzo el Congreso de la Nación vuelve a la actividad. La Cámara de Diputados recibirá a los primeros 100 oradores para la primera de las dos jornadas de audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares.

La actividad parlamentaria está envuelta en una controversia respecto de las restricciones que impusieron las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, que se vieron desbordadas por la avalancha de inscriptos que ya supera los 100.000. En ese contexto, los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, respectivamente, establecieron que solo se recibirán 200 ponencias en vivo y online y que el resto deberá enviar un video. Asimismo, que solo se permitirá el ingreso a los diputados que forman parte de la comisión —todos los diputados pueden acceder a las comisiones por reglamento— y solo dos asesores por bloque.

Luego de que la justicia rechazara el recurso de amparo que presentaron varias organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y que todos puedan exponer en el Congreso, esas mismas organizaciones con el apoyo de los bloques de la oposición organizan para mañana una manifestación “para que nos dejen exponer”.

“Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”, señaló la diputada de Unión por la Patria, Teresa García. “Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, agregó el diputado Juan Grabois. Los representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular entienden que la norma atenta contra la protección de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.

La comitiva estará integrada por autoridades de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto a referentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural, quienes expondrán los impactos ambientales, sociales y culturales que podría generar una flexibilización de la normativa.

La marcha a la que hacen referencia está citada para mañana a las 17 horas en el Congreso por las organizaciones ambientalistas y diferentes bloques de la oposición y tiene como consigna “trae tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”.

“La idea es simple, traes tu silla y nos sentamos y exigimos que nos dejen exponer. La restricción es la contracara de una audiencia pública”, dijo la diputada García.

En el oficialismo están apurados en pasar el trámite de la Audiencia pública que exige la ley para ir rápidamente a un dictamen y de ahí al recinto. Aunque en el escenario actual, en medio de las críticas al presidente Javier Milei por $Libra y al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su estilo de vida que no concuerda con sus ingresos, La Libertad Avanza busca planchar cualquier tipo de debate en este caso avanzará.

“El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, explica un diputado libertario a la hora de explicar el proceso que empuja el bloque de La Libertad Avanza.

Buena parte de los anuncios y de las conversaciones que viene teniendo el Gobierno con empresas del exterior apuntan a inversiones para el sector de la minería que está esperando el cambio de la norma, ya que podrían habilitarse zonas que hoy están prohibidas por ser denominadas “periglaciares”. Además, hay una redefinición técnica: se propone cambiar “ambiente periglacial” por “geoforma periglacial”, lo que reduciría el área protegida. Además, establece una revisión del inventario de glaciares porque busca permitir actividades si la provincia demuestra que no se afecta el recurso hídrico.