Mientras aguarda el tratamiento en el Congreso de la nueva ley de Glaciares, el presidente Javier Milei ya tiene pensado hacer un nuevo viaje a los Estados Unidos para hablar frente a cientos de empresarios en busca de inversiones, igual que harán los principales referentes del Gobierno en otros eventos similares.

Tal como anticipó Infobae, el mandatario nacional tiene previsto disertar en el Council the las Americas, un foro de debate con muchísimo prestigio en norteamérica, que reúne a algunos de los más importantes directivos de compañías internacionales.

Será el próximo 10 de febrero, en la ciudad de Miami y en la previa de la Gala Prosperidad Hispana, a la que también fue invitado y que se realizará en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump.

Al menos 150 empresarios locales han adelantado su interés en escuchar a Milei, después de lo que fue su exposición sobre la economía moderna en el Foro de Davos hace algunas semanas.

“Dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres, estos últimos nos hacen mejores personas. Ya que gracias a los mercados dinámicamente eficientes podemos al mismo tiempo progresar económicamente, defender la propiedad privada, mantener la paz, alcanzar la armonía social y fortalecer aquellas virtudes sociales que son indispensables para una sociedad próspera”, sostuvo en aquella oportunidad.

En paralelo, el canciller, Pablo Quirno, llegó este martes a Washington para asistir a una cumbre sobre minerales críticos convocada por la administración de Trump, en el marco de la cual se reunirá con varios funcionarios republicanos.

Como primera actividad en la capital estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores visitó el Atlantic Council, donde mantuvo un encuentro a puertas cerradas con autoridades de este think tank y con directivos de diferentes empresas que manifestaron interés en invertir en la Argentina.

Este miércoles será el acto central, en el que estarán el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, además de representantes de los países invitados.

La convocatoria fue hecha también a las naciones del G7 (EEUU, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Canadá y Japón), a los que se sumaron, además de la comitiva proveniente de Buenos Aires, Corea del Sur, Australia, México, Nueva Zelanda.

El objetivo de la jornada es debatir sobre los minerales críticos, como son las tierras raras, el litio, el cobre y el níquel, que el gobierno norteamericano considera fundamentales para no perder lugar en medio de la pelea comercial con China.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá en un evento en Arabia Saudita sobre países en vías de desarrollo, donde coincidirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

El enviado argentino será uno de los oradores principales de la AlUla Conferencia sobre Mercados de las Economías Emergentes (ACEME, por sus siglas en inglés), que se realizará entre el 8 y 9 de febrero próximos.

El encuentron está dirigido a responsables de políticas, incluidos ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, así como a académicos, líderes del sector público y privado, instituciones internacionales y regionales, académicos y expertos en economías de mercados emergentes.

Una vez que finalice el evento, Sturzenegger viajará a Miami para acompañar a Milei en la cumbre del Council of the Americas, donde también podría estar Quirno, aunque todavia no se definió esto último.

Asimismo, el Presidente también estará en Nueva York a mediados de marzo para encabezar el “Argentina week”, una feria en la que se promoverán las posibilidades de negocio en el país.

El debate en el Congreso

Todos estos viajes en busca de inversiones se llevan a cabo mientras en el Senado está pendiente el tratamiento de la nueva ley de Glaciares, que beneficia las explotaciones mineras y es parte del temario para estas sesiones extraordinarias.

La iniciativa del Gobierno para modificar la actual normativa plantea transferir facultades clave a las provincias, otorgándoles mayor control sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en su territorio.

El proyecto establece limitar el alcance de la protección nacional sobre los glaciares y los ambientes periglaciares, focalizando la potestad en manos provinciales, bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.

Esta medida es respaldada principalmente por los distritos que componen la denominada Mesa de Litio (Catamarca, Jujuy y Salta), así como también los de la Mesa de Cobre (Mendoza y San Juan).

En una nota que enviaron a la Nación, estas jurisdicciones sostuvieron que “la Ley de Glaciares, en su redacción actual, ha provocado controversias sobre su alcance e interpretación, lo que termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible de nuestras Provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”.

El punto central del proyecto reside en la relectura del artículo 6 de la legislación sancionada en 2010, que hasta ahora prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en ambientes protegidos al considerarlos reservas de agua dulce.

La ley también define de manera precisa qué se considera “glaciar” y “ambiente periglaciar”: en el primer caso, es “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente… cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”, mientras que la segunda caracterización abarca áreas con suelos congelados que regulan los recursos hídricos.

En la nueva propuesta, el Gobierno sostiene que las restricciones actuales “han conspirado gravemente contra el pleno ejercicio de las legítimas prerrogativas provinciales referidas a la explotación racional de sus recursos naturales”.

Así, la iniciativa recoge —en el artículo 1— un nuevo criterio de interpretación: “La protección de los glaciares y del ambiente periglaciar deberá interpretarse de un modo compatible” con el texto constitucional, al mismo tiempo que otorga peso decisorio a las autoridades “que determine cada jurisdicción”.

El cambio sustancial radica en el procedimiento de autorización de actividades en estas zonas, ya que serían ahora las autoridades provinciales las encargadas de identificar, tras una evaluación de impacto ambiental, “qué actividades proyectadas implican una alteración relevante”, así como determinar “cuáles glaciares y qué ambiente periglaciar cumplen con alguna de las funciones hídricas previstas”.

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.

La medida, firmada por Javier Milei, responde a la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y le puso al Gobierno como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa se implemente plenamente.

El conflicto surgió cuando el Ejecutivo intentó impedir la aplicación de la ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, mediante un veto fundamentado en la falta de fondos para costear las nuevas prestaciones. La Cámara de Diputados insistió en la promulgación, que se concretó pese a la resistencia del Gobierno. Aunque la ley fue promulgada formalmente, suspendieron su aplicación hasta que la Cámara Baja determinara la fuente de financiamiento.

La disputa judicial se activó tras el amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez de Campana falló a favor de los reclamantes y anuló la suspensión. En su resolución, ordenó la inmediata aplicación de la Ley N.° 27.793. El Ministerio de Salud y otras áreas oficiales presentaron recursos en contra, alegando la imposibilidad de implementar la norma sin antes resolver el presupuesto. Aunque estos interrogantes aún no han sido resueltos, el juez fijo un plazo máximo de 30 días para que el Gobierno reglamente la ley.

Finalmente, la reglamentación llegó sobre la fecha límite del plazo, mediante la publicación del decreto 84/2026. Así, el Gobierno establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, definiendo los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar las condiciones socioeconómicas y las incompatibilidades con otras prestaciones. Sostiene que la implementación de la ley necesita una reglamentación formal para definir procedimientos y controles, tarea que queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.

La normativa obliga a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. También establece la articulación entre organismos oficiales y de la sociedad civil, incluyendo al Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, para garantizar la participación federal y de las organizaciones vinculadas al sector.

El decreto admite la preocupación fiscal y presupuestaria, por lo que establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias asignadas.

Entre los puntos más complejos figura la conversión automática de las pensiones no contributivas previas al nuevo sistema, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para llevar adelante esa transición, con el objetivo de asegurar una aplicación coherente del sistema.

En cuanto a la estructura institucional, el decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el apoyo permanente del Consejo Federal de Discapacidad en la evaluación, implementación y control de la ley. Este consejo, creado en 1996, integra funcionarios nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, la norma dispone que es necesario prevenir lasuperposición con otros beneficios previsionales, la coordinación con políticas de inclusión laboral y la realización de auditorías periódicas. Tanto la Secretaría como el Consejo Federal serán responsables de la fiscalización.

El decreto, rubricado por Javier Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni ceder en la disputa legal. El texto sostiene: “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario”. La norma entró en vigencia con su publicación.

Designaron a tres nuevos funcionarios en el área de discapacidad

Tras la reglamentación de la ley, el Gobierno formalizó la designación de tres nuevos funcionarios clave en el área de discapacidad, estructura central del Ministerio de Salud. La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El cargo más alto recayó en el doctor Alejandro Alberto Vilches, quien asumirá como secretario Nacional de Discapacidad. Esta secretaría funciona dentro del Ministerio de Salud y tiene a su cargo la coordinación de políticas públicas sobre personas con discapacidad, desde la regulación de certificados hasta el diseño de apoyos específicos.

Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos fue nombrado el licenciado Gianfranco Scigliano. Su área se ocupa de la implementación de normativas, validación de certificaciones y puesta en marcha de proyectos relacionados con el sector. Esto implica supervisar cómo se otorgan los certificados de discapacidad y garantizar que los procesos tengan respaldo legal y técnico.

El abogado Esteban Rafael Giler será el responsable de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos. En esta posición, tendrá como principal función facilitar el acceso a herramientas de apoyo social, laboral y educativo para personas con discapacidad. La subsecretaría articula con organismos públicos y privados, y se dedica a eliminar barreras en ámbitos esenciales como la salud, la educación y el transporte.

Alejandro Vilches, el flamante secretario Nacional de Discapacidad, había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025. El Gobierno designó tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por los sobreprecios.

La tarea inicial de Vilches fue la realización de una auditoría profunda del área, con el propósito de depurar el sistema y garantizar que los beneficios se otorguen con criterios estrictos de Justicia.

En cuanto a la trayectoria de Vilches, su perfil combina experiencia en gestión sanitaria, docencia y dirección dentro del sistema solidario de salud. Se desempeñó como secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y fue responsable de la supervisión del reciente examen unificado para el ingreso a residencias médicas. Aquella instancia le valió visibilidad pública tras detectar irregularidades en los puntajes, con un inusual aumento de calificaciones altas, lo que dio lugar a una convocatoria extraordinaria para más de 200 postulantes y la implementación de procedimientos de control más rigurosos.

Egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cursó estudios de especialización tanto en gestión de sistemas de salud públicos como privados. En el ámbito estatal, fue asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, subgerente en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.), y ocupó jefaturas en áreas técnicas de la Armada Argentina. Sumó experiencia como director general de evaluación de calidad en la Ciudad de Buenos Aires y como asesor en comisiones de salud de la Legislatura porteña y la Cámara de Diputados de la Nación.

En el sistema solidario, dirigió equipos médicos en obras sociales tan diversas como las del personal de las industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y la de la Industria del Cuero. También cumplió funciones de intervención federal en la obra social del sector de las comunicaciones. A nivel académico, desarrolló actividad docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), dictando cursos de auditoría médica y participando en la maestría en gestión de salud, así como en la especialización en estudios sociales de la discapacidad.

En medio de la paz, al Gobierno le estalló un problema que no esperaba. Y nada tiene que ver con la reforma laboral. En Casa Rosada nadie anticipó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. Ni el ministro de Economía, Luis Caputo, quien pensó que el ahora ex titular se quedaría en el cargo a pesar de la injerencia del Poder Ejecutivo en la independencia del organismo. En Nueva York, grupos de inversores referenciados en asesores argentinos, además de no esperarlo, no lo podían entender. Por estas horas sigue la sorpresa, a lo que uno de ellos definió ante un lobbysta con sede en Manhattan como una “arrogancia innecesaria”, porque “el mercado ahora te la deja pasar y luego te la cobra”.

Las consecuencias en la credibilidad del instituto son impredecibles, sobre todo por los motivos de la salida de Lavagna a raíz de la fuerte discusión para publicar el nuevo método. Quien estuvo al tanto de esta discusión se sinceró ante Infobae: “No era cuestión de si daba más o menos, porque eso hace un año que iba arriba y abajo. Lo que se rompió fue la completa independencia del INDEC, sus planes de trabajo y la credibilidad”.

La frase se condice con el informe de diciembre del Banco Central. En su página 58, la entidad señalaba: “En febrero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comenzará a publicar la inflación nacional correspondiente al mes de enero utilizando un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización del índice busca reflejar las modificaciones de los patrones de consumo de los hogares en respuesta a las fluctuaciones de los precios relativos, así como los cambios de hábitos y la aparición o desaparición de bienes y/o servicios del mercado”.

En otro apartado, llegaba a este punto: “La primera conclusión que surge de estas estimaciones es que los servicios ganarán peso en forma significativa en detrimento de los bienes (aproximadamente 12 puntos porcentuales)”. El Gobierno, en consecuencia, le prohibió al INDEC reflejar los datos estadísticos. Por eso renunció Lavagna.

Ese tropezón evitable apareció en una semana intensa para el Gobierno en el Congreso. Por ahora, más allá de las declaraciones que buscan calma en el poroteo, los votos no están para aprobarlo en el Senado. Patricia Bullrich asegura que irán al recinto sí o sí el 11 de febrero. La discusión central con los gobernadores afines —tanto del PJ como radicales y del PRO— es por el ya trillado Impuesto a las Ganancias. El proyecto, en esta parte impositiva, busca reducir la alícuota máxima para sociedades del 35% al 31,5%, con escalas intermedias que bajan del 30% al 27%. Significan 1,7 billones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026. Los gobernadores estiman en 144 mil millones de pesos por mes lo que dejarían de percibir en concepto de coparticipación. Los mandatarios provinciales, como Gustavo Sáenz en Salta, no dudaron en sacarse la foto con Diego Santilli, ministro del Interior, pero por lo bajo aseguran que es imposible votar eso sin que haya una recomposición por otro carril. El presidente Javier Milei, por ahora, ordenó no cambiar de idea.

En ese sentido, el jueves habrá una reunión de todo el bloque de Fuerza Patria. Contará con presencia perfecta, salvo algún caso de viaje personal que pueda tener un senador. Allí se tocarán varios temas. El primero será la reforma laboral. Quienes responden a gobernadores “dialoguistas” plantearán la necesidad de acercar posiciones. Pero, como está pasando en la mayor parte de las estructuras políticas opositoras, el gran problema vendrá por planteos internos. El último pasó bajo el radar mediático, pero por estas horas es clave para evitar una ruptura que puede ser total.

Para entenderlo hay que repasar lo sucedido en Jujuy. Allí el PJ está intervenido y quienes llevan adelante la tarea son Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, ambos cercanos a Cristina Kirchner. En febrero habrá elecciones internas en esa provincia. Allí, la senadora Carolina Moisés planea enfrentar a La Cámpora. Pero ahora la legisladora fue suspendida por “inconducta partidaria” —la acusan de votar y favorecer al Gobierno—. Además, dieron de baja a 300 afiliados que le responden. “Los kirchneristas creen que fue la cabecilla de la rebelión y por eso saltaron así. Ella no quiere saber nada y está dispuesta a terminar de romper”, relató un compañero de banca. Desde San José 1111 negaron una interna partidaria y apuntaron a sus votos “como si fuera libertaria”.

El temor es que lo sucedido en Jujuy pueda reproducirse en otros ámbitos. “Es cierto que los sellos no le importan a nadie salvo a nosotros. Pero ahí se juega el armado para lo que viene”, explicaron. Puede dar fe de eso el gobernador Axel Kicillof, que tiene las horas contadas para aceptar o declinar la oferta que lanzaron desde La Cámpora para ser el presidente del PJ bonaerense. El mandatario quería imponer a Verónica Magario, pero no generó consenso. Máximo Kirchner contraatacó y dijo que debería ser él quien se ponga al frente. El armado de las listas vence el 8 de febrero. Por ahora, todos —por las dudas— juntan avales, aunque nadie quiere llegar a la instancia de votación.

“No van a financiar una interna. Es una discusión sin sentido para los que están en el territorio”, se animó a plantear un dirigente del PJ que busca acercar posiciones. Por las dudas, hubo paz en un punto clave: los veedores partidarios. En la práctica, son quienes aceptan o desestiman las listas. A los cuatro que ya estaban confirmados —Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises “Coco” Giménez— se sumaron dos más para el “axelismo”. De fondo quedó otra discusión latente: las reelecciones indefinidas de los intendentes.

Más allá de la alternativa legislativa, hay quienes insisten en una definición judicial que les permita seguir de la misma manera. Por fuera de la rosca partidaria, la preocupación en las filas del gobernador pasa por el déficit fiscal, que no baja de 1,5 billones de pesos. Proveedores del Estado bonaerense repiten por estas horas una pregunta clave: “¿Está el dinero para pagar las deudas con las empresas que le prestan servicios a la administración de Kicillof?”. Solo en alimentos, para citar un ejemplo, el gobierno bonaerense gasta más de 60 mil millones de pesos por mes. “Estamos financiando todo lo que Nación cortó”, explicó uno de sus funcionarios.

Sin déficit pero con movimientos sin freno, en la Ciudad de Buenos Aires hay que poner la lupa. Quizás el cambio más importante, en términos de poder y relaciones con empresarios clave, fue el que se produjo en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Desde esa silla se habilitan los permisos para proyectos inmobiliarios. El ganador, como de costumbre en los últimos meses, fue Daniel “Tano” Angelici. El empresario del juego y hombre fuerte del radicalismo porteño se quedó con el área.

Allí estaba Karina Burijson, funcionaria de confianza del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Había ocupado ese cargo en Vicente López y asumió cuando el primo del expresidente ganó la elección en 2023. Ahora al frente estará Agustina Olivero Majdalani. “Fue un movimiento del ‘Tano’, que ahora va a manejar un área clave para la Ciudad”, relató a Infobae un dirigente del PRO.

Angelici ya había obtenido un premio a fines del año pasado cuando se aprobó el Presupuesto. Como parte del acuerdo con Macri, puso a Christian Gribaudo, ex senador bonaerense del PRO, como secretario administrativo de la Cámara. Desde allí maneja los gastos y contrataciones del Parlamento, con una billetera que envidia cualquier distrito por el volumen y la opacidad de los manejos. En ese puesto estaba Ignacio Pérez Lorgueilleux, que responde a Santilli. Pocas semanas después saltó a Nación para ser titular del RENAPER. Quienes siguen de cerca estos movimientos creen que Macri está entregando parte de su poder para no tener mayores problemas con una Legislatura que puede jugarle en contra —tiene menos de siete legisladores que le responden—. Algunos piensan que demasiado.

Días atrás, otro que encontró trabajo rápido fue el exlegislador Yamil Santoro. En diciembre dejó la Legislatura y hasta posteó en LinkedIn que buscaba empleo. La Ciudad lo volvió a cobijar: asumió como CEO del Parque de la Innovación. “Se animan varios cuando parece una estructura endeble. Y la Ciudad tiene lugares infinitos”, sentenciaron.