El Concejo Deliberante volverá a sesionar mañana al mediodía para declarar el estado de emergencia en Bahía Blanca y aprobar las medidas de alivio fiscal anunciadas días atrás por el intendente Federico Susbielles.

Ambas iniciativas cuenta con el consenso general de todos los bloques, tras un sondeo realizado por La Nueva ante los jefes de cada uno de los espacios político.

En el caso de la emergencia, la misma se extenderá hasta finales de junio y faculta a la comuna a reutilizar partidas presupuestarias para atender las necesidades puntuales de la inundación.

En tanto, las medidas de alivio fiscal también cuentan con un acuerdo generalizado, por lo que no se espera oposición a las mismas.

En las últimas horas varios concejales participaron de un encuentro con el intendente Federico Susbielles en el que habló del tema, de la situación actual de la ciudad y de algunos proyectos que serán enviados al legislativo para la reconstrucción bahiense.

La sesión de mañana tendrá además varios proyectos de concejales de Juntos y La Libertad Avanza dirigidos al gobierno bonaerense y nacional para que sigan asistiendo con medidas de ayuda. “Esperamos algún anuncio del ARCA –ex AFIP– para que brinde algún beneficio para los contribuyentes”, explicaron.

Días atrás en conferencia de prensa, Susbielles dio a conocer la iniciativa para que los contribuyentes y responsables cuya facturación mensual correspondiente al mes de enero de 2025 no supere los 20 millones de pesos quedarán exentos de la Tasa de Seguridad e Higiene por 180 días. Aquellos que facturen más de 20 millones, pero no superen los 50 millones de pesos, tendrán una exención de 90 días.

Por otro lado, se determinó una exención del 100% en la primera cuota del impuesto automotor para todos los autos radicados en Bahía Blanca, que se extenderá durante todo el año fiscal, siempre y cuando se pueda demostrar que los vehículos fueron afectados por la inundación.

Además, se dispuso la suspensión del cobro de la tasa de ocupación del espacio público y la tasa de publicidad y propaganda durante 180 días corridos. Estas decisiones apuntan a aliviar la carga económica de aquellos que vieron sus negocios y propiedades gravemente perjudicados por las aguas.

La tasa por derechos de construcción y demolición también fue modificada. En el caso de inmuebles que necesiten ser demolidos total o parcialmente a causa de los daños, se elimina el gravamen por un plazo de 180 días. Esta medida busca facilitar la reconstrucción de los hogares y comercios afectados.

Fuente: La Nueva.