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La CGT apuesta a movilizar unas 150 mil personas a la Plaza de Mayo y refuerza su operativo de seguridad

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La CGT ajusta los detalles organizativos de la movilización de este jueves contra la reforma laboral del Gobierno: los sindicalistas creen que podrán llevar a unas 150 mil personas a la Plaza de Mayo como una demostración de fuerza, pero el desafío que se plantean además es cómo evitar que haya infiltrados que ocasionen disturbios.

Aunque se terminará de resolver este miércoles, lo más probable es que se lea un documento muy crítico de la administración libertaria ante los manifestantes y que cada cotitular de la CGT hable unos 5 minutos.

La dirigencia cegetista quedó muy preocupada luego de que la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), ubicada en la ciudad de Buenos Aires, fue vandalizada este lunes, en un episodio al que la central obrera vinculó con una supuesta señal intimidatoria dirigida a todo el sindicalismo, en un contexto de creciente tensión por la reforma laboral.

El líder del SEIVARA es Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT junto con Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), por lo que el ataque contra las oficinas del sindicato, en la avenida Juan de Garay 371, en CABA, puso en alerta a todos los dirigentes ante la posibilidad de que se produzca una escalada de episodios similares contra otros gremios.

En el sindicato de Jerónimo, los atacantes rompieron muebles y documentación, en particular de su oficina, y se llevaron 3 discos rígidos de computadoras.

Ese episodio hizo que los sindicalistas decidieran reforzar el dispositivo de seguridad en la zona de Plaza de Mayo para minimizar la posibilidad de incidentes y tratar de detectar a tiempo si hay infiltrados que causen disturbios para dejar asociada a la CGT con la violencia.

También existe temor de que haya enfrentamientos de las columnas de los sindicatos con las agrupaciones de izquierda, que se movilizarán a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral y reclamar a la CGT que defina un paro nacional en contra del proyecto del Gobierno.

En la CGT creen que podría haber funcionarios detrás del ataque contra el sindicato de Jerónimo, aunque no están seguros de que hayan estado involucrados agentes de la SIDE porque está bajo el control del asesor presidencial Santiago Caputo, de buena relación con los sindicalistas.

Los mismos recaudos de seguridad se tomarán en el interior del país ya que habrá movilizaciones de la CGT contra la reforma laboral en todas las provincias.

En los últimos días, el triunvirato de la CGT mantuvo reuniones con diputados nacionales de Unión por la Patria y con intendentes bonaerenses del PJ para coordinar acciones en contra de la reforma laboral y su presencia en la movilización hacia la Plaza de Mayo.

En el primer caso, las autoridades cegetistas recibieron en la sede de Azopardo 802 a los diputados de Primero la Patria que integran el bloque de Unión por la Patria: Guillermo Snopek, Nicolás Trotta, José Glinsky, Santiago Roberto, Pablo Todero, Cristiano Andino, Jorge Chica y Raúl Hadad. Allí hablaron sobre una estrategia común contra una reforma laboral que “profundiza la precarización y consolida un modelo de ajuste regresivo”.

Los diputados, según trascendió, advirtieron que la iniciativa oficial no sólo no generará empleo genuino, sino que implica “un retroceso deliberado en derechos laborales y debilita la negociación colectiva”. A su vez, los dirigentes gremiales destacaron que el proyecto impulsado por el Gobierno “apunta al corazón mismo del modelo de relaciones laborales argentino”.

Allí se acordó avanzar en una articulación política y parlamentaria con la CGT para frenar la reforma laboral y defender “un modelo de desarrollo basado en trabajo digno, producción nacional y derechos plenos”.

Este lunes, por otra parte, el triunvirato de la CGT y su secretario adjunto, Andrés Rodríguez (UPCN), también estuvieron con intendentes del PJ para coordinar acciones vinculadas con la movilización a Plaza de Mayo.

Los intendentes que asistieron fueron Waldemar Giordano (Colón), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Fernando Raitelli (Brandsen), Juan Mancini (Suipacha), Federico Achával(Pilar), Julián Álvarez (Lanús), Mayra Mendoza (Quilmes) y Damián Selci (Hurlingham).

“Estaremos acompañando al movimiento obrero organizado en las calles el próximo jueves 18 para impedir que avance la reforma laboral precarizadora que el oficialismo nacional pretende imponer en el Congreso“, dijo Mayra Mendoza al finalizar la reunión.

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Bahía Blanca será cabecera regional de Defensa Civil

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Se desarrolló en la localidad de Pigüé un encuentro de trabajo que reunió a los representantes de las direcciones de Defensa Civil de todos los distritos que integran la Sexta Sección Electoral.

En ese marco, Sebastián Sepúlveda (Director de Defensa Civil de Bahía Blanca) asumió como nuevo jefe regional.

“Con este nombramiento, el Municipio de Bahía Blanca asume formalmente el rol de cabecera seccional, consolidando su posición como nodo estratégico en la coordinación de emergencias”, destacaron desde el Ejecutivo.

Como subjefe regional, en tanto, fue electo Rodrigo Fuhr, titular de Defensa Civil del distrito de Tornquist.

Según explicaron, la iniciativa surgió como respuesta directa a la necesidad de implementar un esquema de trabajo articulado, preventivo y solidario entre las distintas localidades frente a la complejidad de las diversas emergencias que afectan al Sudoeste Bonaerense.

“Con esta nueva estructura, nuestra ciudad y la Sexta Sección, optimizarán los tiempos de respuesta y potenciará la capacitación continua de sus cuerpos operativos, consolidando un bloque regional fuertemente preparado ante cualquier contingencia”, agregaron.

Fuente: Frente al cano.

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El Gobierno deja de actualizar la cobertura de la tarifa social en la SUBE ante los aumentos de boleto

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El Gobierno cambió la forma en que el Estado Nacional financia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social en todo el país y dejará de actualizar constantemente la cobertura en la SUBE ante los aumentos de boleto.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia” que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.

La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.

El fundamento principal de esta decisión radica en la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado Nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

Al resaltar el nuevo esquema implementado, el Ejecutivo sostuvo que “la incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”.

La decisión no modifica el universo de beneficiarios de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

La implementación técnica de estos cambios estará a cargo de Nación Servicios S.A., que deberá adecuar los sistemas centrales de la red SUBE para procesar los nuevos mecanismos de cálculo. La medida ya se encuentra plenamente vigente desde este miércoles. (N/A)

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El Municipio avanza con la limpieza de un importante pluvial clave de la zona norte

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El Municipio de Bahía Blanca realiza tareas de limpieza en un pluvial necesario para el desagote del sector de la obra hidráulica principal, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio.

Se trata de un recorrido de 295 metros de una cañería de hormigón de 100 mm que se encontraba totalmente obstruida por la acumulación de sedimento, lo que provocaba inundaciones frecuentes en el sector.

“Este trabajo es una continuación de la obra hidráulica principal en este sector, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio”, explicó el intendente Federico Susbielles durante una recorrida por el lugar donde se desarrollan las tareas.

“Cuando finalizamos esa obra y se dispuso conectarla con el pluvial que corre por Rizzo advertimos que éste estaba completamente obstruido, por lo que el agua que llegara del nuevo colector no tenía donde derivar e iba a generar más anegamientos”, agregó.

“Es por eso que se licitó y adjudicó esta obra complementaria que ya está avanzando y que es tan importante para los vecinos de esta zona. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y con planificación, porque es lo que los bahienses se merecen. Vivir con la tranquilidad de sentirse protegidos”, manifestó Susbielles.

Los trabajos, a cargo de la empresa GEOMAC S.A. , también incluyen la limpieza de sumideros y de los caños de empalme que estaban totalmente obstruidos, e implican una inversión de  93.9 millones de pesos y un  plazo de ejecución de 60 días.

Fuente: La Nueva.

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