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La CGT busca una demostración de fuerza en la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral de Milei

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Jugada a todo o nada contra la reforma laboral del Gobierno, la CGT realizará este jueves una movilización hacia la Plaza de Mayo que busca ser una demostración de fuerza para bloquear el proyecto en el Congreso.

La concentración, que será la cuarta impulsada por la central obrera desde que Javier Milei asumió la Presidencia y se hará en todas las provincias, contará con la participación de las dos CTA, los movimientos sociales, sectores políticos como La Cámpora y agrupaciones de izquierda. Además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Aceiteros harán un paro de 24 horas en apoyo del reclamo de la CGT.

El Gobierno hizo algunas concesiones a la CGT al eliminar varios artículos de la versión definitiva de la reforma laboral, pero la CGT mantiene su rechazo al proyecto oficial, elaborado durante semanas en el Consejo de Mayo, porque incluye una regulación muy estricta del derecho de huelga, la prelación de los convenios por empresa y restricciones a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, entre otros puntos.

Las columnas de los distintos sindicatos se concentrarán al mediodía en varios puntos de la zona céntrica porteña y luego marcharán hacia la Plaza de Mayo, donde a las 15 se leerá un documento muy crítico del Gobierno y habrá breves discursos de los 3 cotitulares de la CGT, Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Los integrantes del triunvirato cegetista concurrieron este miércoles a la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Patricia Bullrich, para brindar su opinión sobre el proyecto oficial: lo calificaron de “regresivo” y de “inconstitucional”.

Los líderes cegetistas, además, reforzaron su operativo de seguridad ante el temor de que haya incidentes generados por infiltrados para perjudicar a la CGT.

Por eso la CGT difundió un comunicado de prensa en el que expresa su “preocupación” por declaraciones de funcionarios libertarios a las que calificó como “provocaciones innecesarias hacia los trabajadores”.

Al mismo tiempo, exigió al Gobierno que “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización” en rechazo del proyecto oficial, mientras reclamó que “se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, ya que profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social”.

Además del rechazo a la reforma laboral, la CGT también protestará contra el “desfinanciamiento” propuesto en el Presupuesto 2026, que “elimina garantías legales de inversión en educación, ciencia y tecnología”.

“Como central sindical sostenemos que la inversión en estos sectores es fundamental para el desarrollo nacional, la justicia social y el futuro de la Argentina”, dijo la CGT en sintonía con su secretario de Políticas Educativas, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Según la CGT, el artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 propone derogar la Ley Nº 26.206, que establece un piso del 6% del presupuesto para educación e ignora la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que organiza la inversión y define el rol de los estados nacional y provinciales. Además, deroga los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614, que fijan un incremento progresivo de la inversión en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Y elimina el artículo 52 de la Ley Nº 26.058, que garantiza un fondo no inferior al 0,2% de los ingresos corrientes para educación técnico profesional.

Por eso la CGT reclamó a los legisladores el retiro inmediato del artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 y advirtió que el alejamiento del Estado de su obligación constitucional “sólo puede resultar en la destrucción del sistema educativo”.

De todas formas, los vínculos entre el Gobierno y la CGT no se rompieron y se mantienen vigentes algunos canales informales de diálogo a través del asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem (Martín y Lule).

En la vereda de enfrente, el ala dura de la Casa Rosada, integrada por el ministro Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, flamante senadora nacional, apunta a una reforma laboral que ponga en jaque al poder sindical.

Desde que asumió Milei, la CGT hizo el 27 de diciembre de 2023 una movilización hacia Tribunales contra el DNU 70; dos paros generales de 24 horas, el 24 de enero de 2024 y el 9 de marzo de ese año; un paro de 24 horas con movilización el 9 y 10 de abril de 2025; una movilización callejera por el Día del Trabajador, el 30 de abril de este año, y una marcha por San Cayetano, el 7 de julio.

¿Qué efecto concreto tendrá la nueva protesta de la CGT? El Gobierno está seguro de contar con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso, pero el sindicalismo comenzó un “plan de resistencia”, como lo llama, para que no se sancione la ley. Las próximas semanas serán decisivas para saber quién se quedará con el rédito de haber impuesto fuertes cambios laborales o de haberlos frenado.

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Milei sostiene a Adorni, busca retomar el control de la agenda política y enfrenta la ofensiva de la oposición

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Marzo no suele ser un mes benigno para el poder. La advertencia atraviesa siglos y geografías. Desde la Roma de Julio César hasta la Argentina contemporánea, los terceros meses del calendario concentran crisis, quiebres políticos y puntos de inflexión. No es una categoría científica, pero sí una regularidad histórica que la política —siempre atenta a los símbolos— incorpora como marco interpretativo. En ese registro, Javier Milei transita su propio “idus de marzo”, en el tercer mes de su tercer año de Gobierno, con un combo que combina presión política, ruido judicial y señales económicas ambiguas.

El paralelo no es meramente retórico. La política argentina tiene una relación recurrente con marzo como punto de inflexión. Cristina Kirchner lo experimentó en 2008, cuando el 11 de ese mes firmó la resolución 125 que detonó el conflicto con el campo. Aquella decisión no solo abrió una crisis sectorial: terminó con el “voto no positivo” de Julio Cobos, selló la ruptura con amplios sectores del interior y coincidió con el inicio de la crisis subprime internacional, que tuvo en la caída de Bear Stearns su primer síntoma estructural antes del colapso de Lehman Brothers. Líos afuera, que encontraron a la Argentina con líos adentro.

Mauricio Macri, a su vez, tuvo su propio marzo crítico en 2018. Fue cuando pronunció aquella frase —“lo peor ya pasó”— que quedó desmentida por los hechos semanas después, cuando anunció el regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, marcando el inicio del tramo final de su gobierno. Alberto Fernández también enfrentó su momento de inflexión en marzo de 2022, con el impacto global de la invasión rusa a Ucrania y la ruptura interna del Frente de Todos, cristalizada en el voto en contra de La Cámpora al acuerdo con el FMI y la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista.

El presente no desentona. Milei llega a este marzo con un frente externo complejo —marcado por una nueva escalada bélica en Medio Oriente, con impacto directo en los precios internacionales del petróleo— y con tensiones internas que combinan variables económicas, judiciales y políticas. A ese cuadro se suma la crisis en desarrollo por el caso $Libra y las acusaciones que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de la revelación de su viaje a Nueva York y Punta del Este.

En ese contexto, el Presidente regresó de Hungría y tomó una decisión política inmediata: sostener a Adorni y ordenar la gestión. La conversación que mantuvo con su jefe de Gabinete fue, en ese sentido, un gesto de respaldo explícito. No habrá cambios en el equipo. La lectura en la Casa Rosada es que ceder en este punto implicaría validar el eje de ataque que impulsa la oposición.

Milei está particularmente fastidiado por lo que considera una ofensiva coordinada. En los últimos días, intensificó su actividad en redes sociales, donde cuestionó con dureza las coberturas que describen un clima de deterioro económico y social. Su diagnóstico es que existe una intencionalidad política en la construcción de esa narrativa, que no se condice —según su visión— con los datos duros de la economía.

En ese plano, el Gobierno exhibe cifras que considera contundentes. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sintetizó esa mirada en un mensaje público: la economía creció 4,4% interanual en 2025, con un incremento del 16,4% en la inversión, del 7,9% en el consumo privado y del 7,6% en las exportaciones. En el cuarto trimestre del año pasado, el PBI se expandió 0,6% en términos desestacionalizados y 2,1% en comparación interanual. A precios constantes, el producto alcanzó un máximo histórico, ubicándose 1,1% por encima del pico previo de 2022. Doce de los dieciséis sectores de actividad mostraron subas, con destaque para hoteles y restaurantes (+7,4%), el agro (+6,2%) y la construcción (+4,3%).

Sin embargo, esos datos conviven con señales más complejas en la microeconomía y en los ingresos que vienen corriendo de atrás la inflación. Ya no existe el desquicio de las remarcaciones cotidianas del último gobierno kirchnerista, pero las correcciones en las góndolas encuentran a la mayoría de los asalariados con sus ingresos casi estancados. Ese contraste entre los indicadores macro y la percepción cotidiana alimenta la disputa por el relato. Para el oficialismo, los datos estructurales validan el rumbo. Para la oposición, la experiencia diaria de los ciudadanos desmiente ese optimismo. En ese terreno, se inscribe la ofensiva política que el Gobierno identifica como un intento de erosionar su capital simbólico.

El caso $Libra funciona como catalizador de esa disputa. La revelación de información vinculada al celular de Mauricio Novelli —el empresario detrás de la fallida memecoin— y las denuncias que alcanzan a Adorni son leídas en la Casa Rosada como parte de una secuencia que excede lo estrictamente judicial. Sin pruebas concluyentes, en el oficialismo hablan de una “confabulación” que combina elementos verosímiles con otros que consideran operaciones.

La idea de una ofensiva más o menos concertada recorre los despachos oficiales. El objetivo, según esa interpretación, sería condicionar al Gobierno o forzarlo a modificar su rumbo. Milei, que durante la campaña se definía como un “fundamentalista de la verdad”, sostiene ahora que su gestión tiene en la moralidad uno de sus pilares centrales. En ese marco, todo lo que apareció en las últimas semanas es encuadrado como parte de una estrategia para atacar ese eje.

Esa convicción explica también la decisión de sostener a Adorni y de reposicionarlo en la gestión. El jefe de Gabinete tendrá en los próximos días una agenda intensa de reuniones con ministros y figuras clave del oficialismo, entre ellas la ministra de Seguridad y presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. El objetivo es claro: ponerlo al frente de la coordinación política en un momento de alta exposición.

La agenda parlamentaria será uno de los frentes a reactivar. La Casa Rosada había lanzado una serie de iniciativas la semana pasada, pero el ritmo quedó alterado por los viajes presidenciales y por la irrupción de las controversias judiciales. Ahora, la intención es retomar ese impulso, en paralelo con una señal institucional relevante: el envío al Senado de pliegos para cubrir vacantes judiciales.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene previsto iniciar ese proceso en los próximos días. Se trata de más de 300 cargos sin cubrir en todo el país, una situación que afecta el funcionamiento del Poder Judicial. La iniciativa no solo apunta a mejorar la operatividad del sistema, sino también a recuperar iniciativa política en un terreno —el judicial— donde el Gobierno quedó a la defensiva.

En paralelo, el oficialismo buscará disputar el sentido de la agenda pública en torno a los 50 años del golpe militar. Esta noche se difundirá un anticipo del video institucional elaborado por el equipo audiovisual de Santiago Oría. Mañana, por la mañana, se conocerá la versión completa: una pieza de cerca de una hora que incluye testimonios de hijos de militares y de desaparecidos y que retoma la idea de la “historia completa”.

El concepto ya genera rechazo en organismos de derechos humanos, que advierten una reedición de la teoría de los dos demonios. Pero en el Gobierno lo consideran una herramienta central para dar la batalla cultural en un terreno que históricamente fue dominado por el kirchnerismo.

Ese contrapunto tendrá su correlato en la calle. La marcha convocada para mañana a Plaza de Mayo, con acto central a las 16.30, será una demostración de fuerza de la oposición. Participarán todas las vertientes del peronismo —desde La Cámpora hasta el PJ tradicional y el Frente Renovador de Sergio Massa—, además de la CGT, que movilizará de manera institucional, y distintos movimientos sociales. También estará el radicalismo y todas las expresiones de izquierda y de organismos de derechos humanos.

Estará presente el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que impulsa su espacio Movimiento Derecho al Futuro con proyección presidencial, con el respaldo de sectores como Madres de Plaza de Mayo. La Cámpora, por su parte, marchará desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo, con una parada simbólica frente a San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario.

La escena condensa la grieta en su máxima expresión. No se trata solo de una disputa política, sino de una confrontación de narrativas sobre el pasado reciente y sobre el presente. Para el Gobierno, es una oportunidad de diferenciarse y de recuperar iniciativa. Para la oposición, un escenario para mostrar volumen y cuestionar al oficialismo en un terreno sensible.

En ese contexto, la referencia a los “idus de marzo” adquiere un valor más que literario. En “Julio César”, Shakespeare construye una advertencia que el protagonista escucha pero desestima. “Cuídate de los idus de marzo”, le dice el adivino. César oye, pero no actúa. Cuando llega el día señalado, la amenaza ya está en curso.

La política argentina no replica tragedias clásicas, pero sí reproduce lógicas de acumulación y ruptura que encuentran en marzo un momento de condensación. Milei enfrenta ese escenario con una estrategia definida: sostener a su equipo, confrontar con la oposición y retomar el control de la agenda.

No habrá repliegue ni concesiones. La apuesta es avanzar en medio de la tormenta, confiando en que su base electoral se mantiene sólida y en que los datos económicos terminarán imponiéndose sobre las percepciones negativas. Es una jugada de alto riesgo. Porque, como en la obra de Shakespeare, la advertencia puede ser escuchada, pero la clave está en cómo se la interpreta. Y, sobre todo, en si se actúa a tiempo.

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El Senado fomenta un curso de coaching ontológico para conocer “cuerpo, lenguaje y emociones”

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La Dirección General de Recursos Humanos del Senado, que comanda Alejandra Figini -responde a la vicepresidenta, Victoria Villarruel-, fomenta un curso de tres clases que está por llegar a su fin y que apunta a “herramientas de coaching” ontológico “para el entorno laboral”, que es realizado por una planta permanente que trabaja hace largos años en despachos de extracción radical. Entre los “objetivos específicos” aparece el de “adquirir conocimiento sobre las tres dimensiones del ser humano”: cuerpo, lenguaje y emociones.

Según la documentación en la página web del Senado -escandalosa diferencia con Diputados, que parece un monumento a la oscuridad desde que nació internet y no le interesa a nadie-, Figini se apoyó en un decreto que firmó Villarruel en 2025 sobre las funciones de la Dirección que lidera, “entre las cuales se le encomendó la tarea de proyectar” la “capacitación y perfeccionamiento de los agentes”.

En la Cámara alta ahora existe un “Registro de Prestadores de Actividades de Capacitación” (RePAC). Una persona ya inscripta es una planta permanente (categoría A-3) que desde hace años reporta a diversos despachos de extracción radical y recibió el visto bueno para dictar “seis horas cátedra” que serán pagadas, una vez que finalice el mismo, a través de los famosos “módulos” que siempre se comentan cuando suben las dietas de los senadores.

Como argumentos del “programa” relacionado con el “coaching ontológico” se señaló que “nos aporta conocimiento sobre nosotros mismos, sobre nuestra forma de vincularnos, de vivirnos la vida”. Seguido a ello, se dejó en claro que dichos conocimientos, “aplicados al entorno laboral, nos permiten conocer y mejorar nuestra forma de ser en el trabajo, la manera en que nos vinculamos y formamos equipo”.

“Esta capacitación está diseñada para incorporar conceptos y herramientas de coaching que permitan hacer un autoexamen de cómo somos en el trabajo y cómo podemos mejorar para aportar en la construcción de mejores equipos y ambientes de trabajo en el HSN”, reza el texto. Las últimas siglas se refieren al Honorable Senado de la Nación.

Son dos los módulos. El primero está atado a las “bases del coaching”, el “modelo del observador”. Allí, se encuentran además los conceptos de “capacidad recursiva del lenguaje”, “interpretación”, “escucha”, “actos del habla”, “qué es un juicio y cómo se fundamenta”. En tanto, el segundo abarca “emociones básicas”, “gestión emocional”, “el cuerpo en la sociedad moderna”, y “cuerpo y conversaciones”. Se detalla que la “bibliografía” está conformada por “documentos elaborados por el equipo docente de la Dirección de Capacitación Técnico-Profesional”.

En la resolución de Figini, del 6 de marzo pasado, se especifican los “tres encuentros presenciales para profundizar sobre los temas más relevantes y despejar dudas”, y una evaluación “mediante dos cuestionarios auto administrados de respuestas múltiples”. Los requisitos involucran “concurrir a dos de tres de las clases presenciales” e “igualar o superar el 60% de cada uno de los cuestionarios auto administrados en la plataforma de capacitación”. Se pedirá, sobre el final, “completar la encuesta anónima al finalizar el curso”.

“Win-win”

El reciente 13 de febrero, la propia Villarruel firmó un decreto presidencial en la Cámara alta para actualizar el máximo de módulos para la celebración de contratos “de servicios” -senadores- e “institucionales”. Hasta dicha resolución, los mínimos eran de 138 y 845 para el primer caso, y de 138 y 716 para el segundo.

Dichos valores han quedado desactualizados frente a la realidad del mercado y a la situación económica vigente -del gobierno libertario del cual forma parte-, y en pos de responder a las necesidades profesionales de contratación, se propone modificar los límites vigentes estableciendo para ambos supuestos un mínimo de 138 y un máximo de 1.267 módulos”. A valores de marzo, estar en lo más arriba implicaría poco menos de $3,5 millones. Este sistema ha permitido, en el pasado, que situaciones -como, por ejemplo, algún ex legislador, amigos o familiares- hayan buceado sin sobresaltos en diferentes gestiones.

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El Gobierno prepara un nuevo mensaje para el 24 de marzo en el que se va a insistir con la idea de “memoria completa”

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Javier Milei

Como para cada 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el último golpe de Estado, el presidente Javier Milei ya tiene listo un nuevo video que el Gobierno va a difundir a través de la redes sociales y con el que insistirá con la idea de recordar tanto a las víctimas de la dictadura como los ataques de las organizaciones guerrilleras que operaron durante esa época.

El próximo martes, al cumplirse 50 años del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, las autoridades nacionales publicarán un mensaje por el “Día de la memoria por la verdad y la justicia”, a la que le agregan la palabra “completa”.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, para esta ocasión volverán a sacar una grabación, pero esta vez no estará encabezado por el filósofo Agustín Laje, que también encabeza la Fundación Faro, principal think tank del oficialismo.

Aunque en el Poder Ejecutivo insisten con que el mensaje “será una sorpresa”, una versión que circuló es que estará protagonizado por familiares de desaparecidos durante la dictadura.
La “teoría de los dos demonios”, como se la conoce a esta posición sobre la violencia que sacudió al país entre 1976 y 1983, es la que fomenta desde un inicio el Gobierno y plantea reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Junta Militar, como así también recordar a las víctimas de las organizaciones guerrilleras.

Por caso, el propio Milei remarcó en varias oportunidades que no hay registros fehacientes que de que hayan sido 30 mil los desaparecidos y, en su lugar, sostiene que la cifra real es de 8.753, como indica el informe de denuncias recogidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984.

“Yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije: quiero la memoria completa; o sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, explicó el mandatario durante un acto que encabezó por esta fecha el año pasado.

El año pasado, Laje siguió este lineamiento al sostener, en el video que se publicó esa vez, que “los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70″.

“Han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel período de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas”, manifestó.

Por otra parte, en las vísperas de este 24 de marzo, la administración libertaria desclasificó un conjunto de documentos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) correspondientes al período de la dictadura.

Tal como reveló este medio, algunos de esos archivos muestran los métodos utilizados por el gobierno de facto para censurar los libros y películas que se comercializaban en el país.

Según salió a la luz, el trabajo era llevado a cabo por la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social, inmersa a su vez en el Departamento Medios de Comunicación Social.

No obstante, tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense, el bloque de La Libertad Avanza se expresó en contra de distintos pedidos de condena al último golpe de Estado, al entender que se trataban de medidas sesgadas.

En el Senado, la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, se retiró junto a sus compañeros de espacio cuando se votó un proyecto de declaración impulsado por Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los referentes del kirchnerismo.

En tanto, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el vicepresidente del recinto, Juanes Osaba, cuestionó la convocatoria a una sesión especial y cuestionó “las verdades parciales”.

Durante una entrevista con Infobae, la referente de los derechos humanos, Graciela Fernández Meijide, expresó su preocupación por la postura del oficialismo en el Congreso: “Si siguen creciendo ese tipo de idea, van a terminar queriendo un pensamiento único. ¿Para obtener un pensamiento único, qué tenés que imponer? ¿Qué hace Daniel Ortega hoy en Nicaragua? El pensamiento único va en contra de la democracia siempre”.

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