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Alerta en el Gobierno por un artículo sobre fondos educativos que podría complicar la aprobación del Presupuesto

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A la espera de una sesión ya convocada para el mediodía de este viernes, en el oficialismo senatorial se encendieron las alarmas ante la negativa que habría en un sector dialoguista -en particular, la Unión Cívica Radical- para votar el artículo 30 del Presupuesto 2026, que apunta a la poda relacionada con fondos educativos, entre otras cuestiones.

El tema no es menor, ya que la ley de gastos pasó de ser una norma no tan compleja de sancionar para el Gobierno a un dolor de cabeza en el Congreso, tras el traspié que tuvieron los diputados libertarios para sostener un capítulo que, mezclado con ciertos “guiños” de la Casa Rosada, dinamitaba la emergencia en discapacidad y el blindaje de presupuestos universitarios.

Tras ello, desde Balcarce 50 primero partieron versiones disparatadas sobre el futuro de la iniciativa. Una cierta calma se obtuvo cuando se definió dictaminar la reforma laboral y dejarla en siesta, de mínima, hasta febrero próximo, siempre y cuando el Ejecutivo convoque de nuevo a sesiones extraordinarias. Eso sí: la oposición dialoguista le dejó en claro a la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que los proyectos de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal tienen que ser sancionados tal como vinieron de Diputados. Anteayer, la ex ministra de Seguridad volvió a sondear opciones en un Zoom. Recibió idéntica respuesta.

Lo que pasó desapercibido, para quien haya escrito ese artículo es que, en el Senado, hay legisladores radicales como Maximiliano Abad (Buenos Aires) o Flavio Fama, por poner dos ejemplos. El primero militó, como titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a favor de una norma educativa que ahora busca reventar La Libertad Avanza. En tanto, el segundo fue rector de la Universidad Nacional de Catamarca durante largos años.

El artículo 30 también habla de derogar ítems sobre Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. Este medio contó, semanas atrás, las quejas que aterrizaban al Congreso desde el interior del país.

Desglosemos ahora cada punto de lo que quiere el Gobierno eliminar. El primero es el más importante e impone: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.

El segundo es similar, aunque con menor intensidad, para las partidas hacia ciencia y tecnología. En tanto, el tercero crea “el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.

Por último, el cuarto involucra a la constitución e integración del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF): “0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020”; 0,5%, en 2021; 0,65%, en 2022; “hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios”. Un desafío para el flamante ministro de dicha área, el militar Carlos Presti.

La cuenta de la que parte el oficialismo implica: 21 legisladores de La Libertad Avanza -tiene que jurar el rionegrino Enzo Fullone cuando comience la sesión del viernes-; 10, de la UCR; tres del PRO, y el resto de silvestres provinciales. En total, 44. Y no todos dispuestos a acompañar. Entonces, a priori, algunas bajas no frenarían el plan del Gobierno. Lo que nadie descifra aún es si, sobre el artículo 30, hay más objetores. Y ya se espera, como ocurrió en otras ocasiones, pensamientos y reclamos de último momento para enturbiar el clima. Bullrich deberá estar atenta.

El kirchnerismo no perdió tiempo y, de la mano del chaqueño Jorge Capitanich -sería el miembro informante de la bancada para rechazar el Presupuesto 2026- recibió ayer a estudiantes de escuelas técnicas. Si cae este artículo en una eventual votación en particular del proyecto, a la Casa Rosada no le quedará otra que levantar campamento. Las idas y vueltas continúan. También, los llamados a dialoguistas desde Balcarce 50.

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Bahía Blanca será cabecera regional de Defensa Civil

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Se desarrolló en la localidad de Pigüé un encuentro de trabajo que reunió a los representantes de las direcciones de Defensa Civil de todos los distritos que integran la Sexta Sección Electoral.

En ese marco, Sebastián Sepúlveda (Director de Defensa Civil de Bahía Blanca) asumió como nuevo jefe regional.

“Con este nombramiento, el Municipio de Bahía Blanca asume formalmente el rol de cabecera seccional, consolidando su posición como nodo estratégico en la coordinación de emergencias”, destacaron desde el Ejecutivo.

Como subjefe regional, en tanto, fue electo Rodrigo Fuhr, titular de Defensa Civil del distrito de Tornquist.

Según explicaron, la iniciativa surgió como respuesta directa a la necesidad de implementar un esquema de trabajo articulado, preventivo y solidario entre las distintas localidades frente a la complejidad de las diversas emergencias que afectan al Sudoeste Bonaerense.

“Con esta nueva estructura, nuestra ciudad y la Sexta Sección, optimizarán los tiempos de respuesta y potenciará la capacitación continua de sus cuerpos operativos, consolidando un bloque regional fuertemente preparado ante cualquier contingencia”, agregaron.

Fuente: Frente al cano.

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El Gobierno deja de actualizar la cobertura de la tarifa social en la SUBE ante los aumentos de boleto

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El Gobierno cambió la forma en que el Estado Nacional financia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social en todo el país y dejará de actualizar constantemente la cobertura en la SUBE ante los aumentos de boleto.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia” que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.

La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.

El fundamento principal de esta decisión radica en la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado Nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

Al resaltar el nuevo esquema implementado, el Ejecutivo sostuvo que “la incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”.

La decisión no modifica el universo de beneficiarios de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

La implementación técnica de estos cambios estará a cargo de Nación Servicios S.A., que deberá adecuar los sistemas centrales de la red SUBE para procesar los nuevos mecanismos de cálculo. La medida ya se encuentra plenamente vigente desde este miércoles. (N/A)

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El Municipio avanza con la limpieza de un importante pluvial clave de la zona norte

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El Municipio de Bahía Blanca realiza tareas de limpieza en un pluvial necesario para el desagote del sector de la obra hidráulica principal, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio.

Se trata de un recorrido de 295 metros de una cañería de hormigón de 100 mm que se encontraba totalmente obstruida por la acumulación de sedimento, lo que provocaba inundaciones frecuentes en el sector.

“Este trabajo es una continuación de la obra hidráulica principal en este sector, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio”, explicó el intendente Federico Susbielles durante una recorrida por el lugar donde se desarrollan las tareas.

“Cuando finalizamos esa obra y se dispuso conectarla con el pluvial que corre por Rizzo advertimos que éste estaba completamente obstruido, por lo que el agua que llegara del nuevo colector no tenía donde derivar e iba a generar más anegamientos”, agregó.

“Es por eso que se licitó y adjudicó esta obra complementaria que ya está avanzando y que es tan importante para los vecinos de esta zona. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y con planificación, porque es lo que los bahienses se merecen. Vivir con la tranquilidad de sentirse protegidos”, manifestó Susbielles.

Los trabajos, a cargo de la empresa GEOMAC S.A. , también incluyen la limpieza de sumideros y de los caños de empalme que estaban totalmente obstruidos, e implican una inversión de  93.9 millones de pesos y un  plazo de ejecución de 60 días.

Fuente: La Nueva.

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