Con el presidente Javier Milei ya en Davos para participar del Foro Económico Mundial, el Gobierno continúa con las negociaciones para tratar de conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma laboral y trata de resistir los cambios en Ganancias, a pesar del reclamo de varias provincias que señalan que el artículo en cuestión perjudica a las arcas locales.

Debido a que se trata de un gravamen que es coparticipable, los mandatarios subnacionales entienden que una baja de las alícuotas que pagan las empresas impactaría directamente en sus recaudaciones, por lo que piden rever la medida o algún tipo de compensación.

Así se lo hizo saber, por ejemplo, el mendocino Alfredo Cornejo al ministro del Interior, Diego Santilli, cuando ambos se reunieron la semana pasada para conversar sobre las medidas que se van a tratar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.

El “Colo” volvió a encabezar una gira por el interior del país para mantener encuentros con los gobernadores -algunos más cercanos a la Casa Rosada y otros, más críticos- en la previa de los debates parlamentarios.

El conflicto surgió porque el proyecto que envió el oficialismo al Senado propone modificar la escala para el pago de Ganancias de las sociedades. Para los Tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5%, respectivamente.

“Hay un pack de aliados que están a favor de la reforma, pero que plantean que no van a votar nada que tenga un costo fiscal para ellos, y hay otro grupo que directamente pide que morigere la curva de impacto de los cambios en el impuesto y que, en vez de que sea en un año, se haga en dos”, explicó a Infobae una fuente cercana a los actores involucrados.

Según establece el dictamen de mayoría que consiguió el texto antes del cierre del 2025, la baja de impuestos que se incluye en esta norma no se hará efectiva con la sanción, sino cuando lo disponga el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo.

En el primer caso, quienes tienen esa posición son los representantes de Provincias Unidas, espacio integrado por Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy, mientras que la segunda postura responde más a algunos peronistas.

En este sentido, los gobernadores coinciden en su mayoría en que “ya pusieron demasiado en estos tres años” de gestión de Milei y remarcan que “es importante que se tome alguna medida”, teniendo en cuenta que “está cayendo la coparticipación y la recaudación en general”.

Este miércoles, Santilli seguirá sus recorridas visitando en Neuquén a Rolando Figueroa, para luego verse en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, uno de los dirigentes que apoya la baja impositiva.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, sostuvo el ministro el lunes, después de una reunión con el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz.

Al respecto, fuentes cercanas al funcionario nacional destacaron que la conversación con el dirigente norteño, que tiene influencia tanto en Diputados como en el Senado, fue “muy positiva”.

En la Casa Rosada resaltaron que Sáenz se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral y que, de hecho, “lo dejó en claro con una declaración pública en sus redes sociales, donde anticipó su apoyo”.

“Con esta postura, ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político relevante para avanzar con la iniciativa”, señalaron.

No obstante, si bien aseguran que se van a escuchar “todas las voces” durante estos días para intentar llegar a la votación del proyecto con el mayor consenso posible, por el momento no hay intenciones de modificar el artículo vinculado a las Ganancias.

“No se está hablando sobre eso”, aseguró una de las partes que participan de las negociaciones que ya comenzaron en el Senado, donde este lunes se inauguró la comisión técnica a cargo de la abogada Josefina Tajes.

Este grupo fue impulsado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que tiempo atrás aseguró que el Gobierno estaba dispuesto a tomar en cuenta todas las opiniones antes del tratamiento de la reforma.

“Diego arrancó con las conversaciones y encuentros con gobernadores, con diputados, con senadores y con los más de 2000 pedidos de audiencia que contó Patricia que hay en el Senado. Ahora es tiempo de encuentros y conversaciones con todos los dirigentes”, resumió una fuente cercana al Ministerio del Interior.

En paralelo, el sindicalismo volvió a cuestionar la medida y, aunque no tiene el aval de la CGT, el titular de la UOM, Abel Furlán, convocó a varios gremios para este miércoles con el fin de decidir un paro con movilización contra la ley que propone el oficialismo, pero la propuesta no tendrá el apoyo de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).