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El Gobierno delegó en Manuel Adorni la facultad para transferir la Justicia Laboral a CABA

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A través del Decreto 95/2026, el Gobierno dispuso que desde este lunes el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta medida se da a poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral y que la discusión en el Senado ingresara en una semana definitoria, con una sesión convocada para el miércoles próximo, a partir de las 11.

Este lunes, Patricia Bullrich se reunió en la Cámara alta con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota. Asimismo, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes para terminar de decidir qué hacer con el capítulo fiscal del proyecto, que es cuestionado por algunos gobernadores y sectores de la oposición.

Allí, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibirá en sus oficinas a Patricia BullrichDiego Santilli; el titular de la Cámara de DiputadosMartín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según supo este medio, la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con actividades durante la jornada, está en duda.

El Gobierno es optimista con que el proyecto salga y, por eso, facultaron a Adorni para transferir la Justicia Laboral a CABA.

Con esto, a partir de ahora será tarea de Manuel Adorni negociar y cerrar el traspaso de competencias laborales con las autoridades de CABA. El decreto establece además la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.

El conflicto trasciende la letra de este decreto. Se trata de quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en la Ciudad. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.

Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.

Al respecto la Corte, alegó que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.

La disputa tomó impulso en años recientes, cuando se sancionaron en la Legislatura porteña la Ley 6.789, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, la ciudad creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia. Todo el sistema quedaba listo para comenzar a funcionar, pero surgieron obstáculos.

En respuesta, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.

La sentencia de la Cámara sostiene que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.

Desde la Presidencia de la Nación justificaron el decreto de hoy citando esas mismas sentencias. Sostienen que falta un acuerdo concreto con la Ciudad y que el paso indispensable es habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. Cuando finalmente se logre el entendimiento, ese texto deberá pasar por el Congreso de la Nación para su aprobación final.

En la fundamentación, el Poder Ejecutivo afirma que la medida está dentro de sus atribuciones constitucionales y recuerda que el presidente tiene la facultad de delegar tareas en el jefe de Gabinete.

El documento publicado hoy no implica que la Justicia Laboral pase bajo control porteño en forma automática. Fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.

El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.

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Pilar Ramírez cruzó a Jorge Macri por el cambio en la gestión porteña: “No somos celosos, pero tiene que ser por convicción”

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A poco más de un año para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y con las negociaciones iniciadas entre La Libertad Avanza y el PRO, la legisladora libertaria Pilar Ramírez apuntó contra el cambio en las políticas que llevó a cabo Jorge Macri.

En diálogo por Splendid 990, la titular de LLA en la Ciudad respondió ante la pregunta sobre si el jefe de Gobierno porteño copia las políticas de la administración nacional y dijo: “A veces le falta reconocernos el copyright. Pero el orden para este gobierno es una prioridad, pero por convicción”

Este presidente fue el que terminó con los piquetes, el que terminó con los acampes. El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace veinte años. Y si no hubiera sido porque este presidente o porque este espacio político, que es La Libertad Avanza, decidió terminar con esos desórdenes, nada de eso hubiera pasado”, agregó.

Y siguió: “Jorge Macri no sé si tiene el orden como prioridad, no sé si es una convicción o es un focus groups o es una foto, porque el orden tiene que primar en todos los aspectos de la ciudad de Buenos Aires. Pero si él entiende que las políticas de La Libertad Avanza que nosotros impulsamos son el camino correcto y que así lo expresaron los porteños el año pasado, bienvenido sea, porque va a mejorarle la vida a los porteños. Nosotros en ese sentido no somos celosos, pero tiene que ser por convicción”.

Las declaraciones de Ramírez se producen en el marco de una estrategia territorial que LLA viene desplegando en el distrito gobernado por sus aliados del PRO. Esta semana, la legisladora recorrió junto a Karina Milei la fábrica de muebles Fontenla, en Villa Lugano, donde conversaron con sus dueños sobre producción industrial, empleo y obstáculos para invertir. La semana anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, la había acompañado en una visita a la cadena de heladerías Lucciano’s en Las Cañitas, donde el cofundador y CEO, Christian Otero, ponderó el avance económico de los últimos años: la compañía casi duplicó sus tickets, de 3,5 a 6,5 millones, durante el año pasado.

En ese marco, sobre la posibilidad de un acuerdo electoral más amplio con el PRO de cara a 2027, Ramírez fue clara en sus condiciones. Señaló que todavía hay temas en los que ambos espacios no coinciden, como la reforma política, la suspensión de las PASO y la ley de bases porteña, sobre las que el jefe de Gobierno no se pronunció. “Yo lo que sostengo es para qué un acuerdo, porque todavía hay cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo”, planteó, y añadió que cualquier entendimiento deberá esperar al año electoral.

También identificó los principales problemas que observa en la gestión de la Ciudad: el contrato de recolección de residuos sin relicitar desde hace veinte años, basado en un modelo que Barcelona utilizó en los años 2000 y que hoy considera superado, y la demora de más de ocho meses para abrir un comercio. Como alternativa, propuso avanzar hacia la termovalorización y señaló que el Estado porteño presenta estructuras duplicadas, como el caso del Ministerio de Espacio Público y las mismas facultades replicadas bajo la Jefatura de Gabinete.

Consultada sobre una eventual candidatura a jefa de Gobierno, Ramírez descartó estar pensando en eso. Definió a Karina Milei como “el corazón de La Libertad Avanza” y la describió como una persona que “llega a las ocho de la mañana y son las once de la noche y sigue trabajando”. Sobre las perspectivas electorales nacionales, fue categórica: “Obviamente que va a ganar el presidente Milei y va a seguir profundizando este modelo que va a llevar a la Argentina a ser grande otra vez”.

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Senado: qué propone el régimen de incentivos a inversiones que la UCR le pide al Gobierno

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La Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado empezó a ajustar algunas tuercas en su relación legislativa con el oficialismo libertario y consiguió, por ahora, que un plenario de tres comisiones comience a debatir la propuesta de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a proyectos desde los USD 12 millones para grandes empresas. La discusión se dará durante una jornada que continuará -horas de diferencia- con el Súper RIGI que quiere la Casa Rosada y que habla de beneficios para emprendimientos desde los USD 1.000 millones destinados a “industrias del futuro”.

El texto en cuestión fue presentado por el jefe de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes), y acompañado por Mariana Juri (Mendoza) y Daniel Kroneberger (La Pampa), entre otros. El primer desafío será obtener un dictamen en las tres comisiones a las que fue girado el articulado: Presupuesto y Hacienda; Legislación General, y Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se estiman un par de encuentros, de mínima.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

En cuanto a los beneficios, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”. Sobre obras, será “como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida, al sesenta por ciento (60%) de la estimada”; y en “equipos de riego agrícola y/o equipos de alta eficiencia energética, una cuota”, al igual que en “bienes semovientes amortizables” y “mallas anti granizo”. También se contempla la devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Vischi fundamentó en la iniciativa que la misma “complementa lo dispuesto en el RIMI -que se disparó con la reglamentación de la ley de reforma laboral-, ofreciendo beneficios de inversión diferenciados según el tamaño de la unidad económica”, y que “desde esta perspectiva, los beneficios a las inversiones irán desde micro empresas (con un piso de USD 150.000) hasta grandes firmas (más de USD 12.000.000). Esto garantiza una democratización del incentivo, adaptándose a la realidad financiera de cada sector productivo”.

El convite para analizar este tema está programado para las 16. Una hora más tarde otro plenario, el de las comisiones de Presupuesto; Economía Nacional; y Legislación General tiene agendado seguir con el Súper RIGI, que la oposición dialoguista -e incluso algún oficialista- le frenan al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La semana pasada amagó con exponer -horas antes, avisó sobre su ausencia- el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Lo reclamaba mucho la oposición, aunque ninguno de los que lo pedían protestó después por el faltazo.

La puja que se da está relacionada con la resistencia de la Casa Rosada a abrir el juego en el articulado, debido a que el texto ya fue aprobado por Diputados y la Cámara alta podría sancionar. Una de las ideas de la jefa libertaria, la porteña Patricia Bullrich, es avanzar con el RIIR de los radicales para blindar, con los diez votos de dicha bancada, el Súper RIGI. No obstante, nadie asegura que todo esto se acelere en el corto plazo, aunque la convivencia en el Senado varía según la semana y ya nadie anticipa resultados legislativos.

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Javier Milei vuelve a colocarse al frente de la pelea legislativa, antes de poner a prueba el nuevo vínculo con el PRO

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En la antesala de las sesiones en las que el oficialismo intentará salir del letargo parlamentario y empezar a aprobar las próximas reformas, el presidente Javier Milei se volverá a poner al frente de la reunión con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, mientras que su equipo se prepara para la primera prueba de lealtad, en el marco de la nueva relación con el PRO de cara a las elecciones del año que viene.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del espacio, el encuentro se realizará este martes a partir de las 17:30 en el Salón Héroes de Malvinas, como ocurrió a mediados de julio pasado, cuando el mandatario nacional presentó el proyecto para la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Será un único acto en el que estarán tanto los integrantes del bloque de diputados como el de senadores, que esta semana buscarán avanzar con varias de las iniciativas que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta.

El encuentro se realizará tan solo unas horas después de que, a pocos metros, en las oficinas del extinto Ministerio del Interior, se junte la mesa política para definir los pormenores de la estrategia en el Congreso.

Allí estarán, además, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En el entorno de los funcionarios que asistirán a la cita celebran que este tipo de convocatorias con la presencia del propio jefe de Estado y remarcan que “son charlas profundas sobre ideas”, en las que “se marca un poco el norte” de lo que la cúpula libertaria busca en el Congreso.

En Diputados, la bancada liderada por Gabriel Bornoroni tiene la meta de conseguir este miércoles la media sanción para la mencionada medida del BCRA e Inocencia Fiscal II, que aparecen hoy como las normas que más obsesionan al Presidente.

Quienes están detrás de esta tarea confían en que, “a priori, están los votos” para que estos proyectos salgan, aunque hay expectativa sobre cómo acompañará el PRO, con el que están iniciando una etapa de fuerte acercamiento.

Aunque se había acordado una mesa de diálogo cada 15 días, en esta oportunidad no se adelantó para que se diera antes de la sesión y, según reconocieron algunos de los involucrados, “lo más probable es que se haga el jueves por la tarde”.

Así lo terminará de definir en estos días Santilli, que es quien se encarga de estas negociaciones, junto con un viejo conocido del macrismo, Cristian Ritondo, con quien todavía no se comunicó para coordinar.

Con una posible alianza en la mayor parte del país en el horizonte, las partes decidieron juntarse periódicamente para ir creando una “confianza mutua”, basada no solo en reglas de juego claras para el armado de las listas, sino también en una sintonía a nivel legislativo.

A diferencia de noviembre del 2025, cuando se estaba por producir el recambio parlamentario luego del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios de medio término, a esta reunión en Casa Rosada no fueron invitados los miembros del PRO.

Uno de los puntos en conflicto entre los dos partidos sigue siendo la Ciudad de Buenos Aires, donde el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, piensa ir por la reelección, pero todavía no tiene el respaldo de los libertarios.

De hecho, recientemente la titular de LLA porteña, Pilar Ramírez, puso en duda el cambio de postura en la gestión del alcalde, que se muestra más “mano dura”, y se preguntó si ese cambio fue por “convicción o es solo un focus group y la foto”.

“¿Para qué un acuerdo? Hay cosas que nosotros queremos ir a fondo como la reforma política y el jefe de Gobierno todavía no se ha pronunciado, como la ley de libertad comercial, la ley bases…”, señaló la legisladora en una entrevista radial.

Por su parte, además de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal, Bonoroni también quiere convertir en ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque este último debería volver al Senado, porque sufrió cambios.

En ese rencinto, Patricia Bullrich espera convocar a una sesión para el jueves con la intención de debatir Hojarasca, 60 pliegos judiciales que continúan pendientes y proyectos sobre “zonas frías” y “zonas cálidas”, entre otras cuestiones.

Todavía no hay fecha para la discusión de la reforma electoral, que continúa generando cierta tensión interna en el Gobierno, debido a que no hay un consenso claro entre los miembros del oficialismo sobre la viabilidad de aprobar algunos de sus puntos, principalmente la eliminaión de las PASO.

Tal como anticipó este medio, en el entorno de la ex ministra de Seguridad observa con pesimismo el avance de la medida y considera que no reúne los votos necesarios para su aprobación en la Cámara alta. Desde la Casa Rosada, en cambio, sectores cercanos a Karina Milei sostienen que siguen trabajando en la búsqueda de apoyo.

Ambas facciones coinciden en que el debate sobre las primarias podría celebrarse entre septiembre y octubre, aunque es probable que este tema termine discutiéndose en el marco de la mesa política, donde están tanto la secretaria general como Bullrich.

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