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Kicillof prepara la apertura de sesiones: evalúa mostrar gestión, confrontar con Milei y proyectar hacia 2027

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Axel Kicillof se prepara para inaugurar el período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense el próximo 2 de marzo, en un escenario condicionado y ya conocido por la tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional, la reconfiguración del peronismo y el ida y vuelta con los sindicatos, que vienen considerando insuficiente los aumentos dispuestos en la negociación paritaria. El acto tendrá lugar en la ciudad de La Plata, coincidiendo con el inicio formal del ciclo lectivo; que podría ser una jornada algo compleja tras el anuncio de medidas de fuerza de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); uno de los gremios docentes que rechazó el aumento del 3% para el mes de febrero y ya anunció una medida de fuerza.

El gobernador bonaerense llegará a la Asamblea con la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense encaminada. A partir del 15 de marzo, Kicillof asumirá la presidencia del partido, desplazando a Máximo Kirchner, quien quedará a cargo del Congreso del PJ provincial. Este movimiento político destrabó la disputa interna y le permitirá al mandatario avanzar en la consolidación de su liderazgo partidario en territorio bonaerense y usar esa estructura para proyectar su construcción o la construcción de una alternativa hacia la elección presidencial del 2027. “A no desanimarse, a no bajar los brazos, que quedan dos años de esto nada más”, dijo la semana pasada desde Necochea tras hacer un diagnóstico del rumbo económico y político del Gobierno nacional, luego de la aprobación en el Senado al proyecto de reforma laboral.

Por lo pronto, el mensaje que brindará ante diputados y senadores estará marcado por la compleja situación financiera de la provincia que se empieza a evidenciar en lo que es la negociación paritaria con los gremios. La semana pasada hubo reuniones con los distintos gremios de la administración pública con resultado dispar. La FEB anunció una medida de fuerza para el mismo día de la apertura de sesiones, en rechazo al incremento salarial del 3% ofrecido por la administración provincial. Por su parte, el gremio Suteba también consideró insuficiente la propuesta, aunque no convocó a un paro. El lunes 2 de marzo está pautado que inicien las clases en las escuelas públicas. De sostenerse lo anunciado por la FEB sería la primera vez en seis años que el mandatario hablará ante la asamblea legisaltiva con un conflicto sindical activo.

Pese a esta situación -que es una instancia que todavía puede desarticularse- se espera que uno de los ejes centrales del discurso del gobernador sea la denuncia por el recorte de fondos nacionales, como ya ocurrió en anteriores oportunidades. A fin del año pasado, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmaba que el gobierno de Javier Milei mantiene una deuda de 14,7 billones de pesos con la provincia, cifra que el Ejecutivo provincial difundió de manera oficial. La disputa por los recursos federales será un tema recurrente durante la exposición de Kicillof ante la Legislatura; algo que viene haciendo y que en las últimas intervenciones también lo expande a lo que sucede en otras provincias.

Desde el entorno del mandatario anticiparon que tras la apertura de sesiones, Kicillof profundizará su instalación en el plano nacional con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. Según fuentes cercanas consultadas por Infobae, el gobernador prevé intensificar su agenda federal y visitar distintas provincias, principalmente las gobernadas por el peronismo. Meses atrás, el propio Kicillof fue recibido por el gobernador de FormosaGildo Insfrán. Además, sostendrá el vínculo con líderes regionales como Lula (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia) o Claudia Sheinbaum (México).

El año legislativo que comienza presenta un mapa político complejo. El peronismo retendrá el quórum propio en el Senado bonaerense y la primera minoría en Diputados, mientras los bloques de La Libertad Avanza incrementaron su representación en la Legislatura, convirtiendose en primera minoría en el Senado y segunda minoría en Diputados. A esta foto hay que agregarle, las cuestiones no resultas a la fecha en la discusión del peronismo y con impacto directo en el Senado: designación de jefe o jefa de bloque y a qué sector le corresponderá la vicepresiencia Primera y el resto de las mismas que aún no fueron ocupadas ante el desacuerdo interno del oficialsmo bonaerense.

Entre los temas que podrían dominar la agenda parlamentaria figuran la designación de jueces para la Suprema Corte de Justicia —que actualmente funciona con tres de sus siete miembros—. Es una demanda de varios sectores y que Kicillof podría habilitar. Además, La Libertad Avanza ya avisó que buscará instalar la discusión por la implementación de la boleta única en papel para las elecciones provinciales y locales. En este punto podría conseguir aliados de las bancadas del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

En este marco, los intendentes -sobre todos los del Movimiento Derecho al Futuro- esperan señales por la posible modificación de la ley que limita a dos los mandatos consecutivos de intendentes, legisladores y concejales; sin posibilidad de poder presentarse a un tercer período. Las releeciones indefinidas fueron tema de agenda en las reuniones políticas que el mandatario mantuvo durante el mes de enero con sus intendentes. Bianco también había planteado a fin de año que iban a “insistir” con el tema.

La gestión provincial pondrá énfasis en las inversiones realizadas en Educación y Seguridad, dos áreas que el Ejecutivo busca destacar pese a las restricciones presupuestarias. A los distintos ministerios ya llegó la orden de hacer un informe con lo realizado durante el año pasado para luego plasmarlo en lo que será el discurso del mandatario.

La apertura de sesiones que protagonizará Kicillof funcionará como plataforma para relanzar su perfil nacional. Ya hay contactos subterráneos y no tanto con otras referentes de otras provinicas; pero por el momento el gobernador aguarda y mide los tiempos. Tiene, además, una situación interna a resolver: un acuerdo macro con el kirchnerismo. Por el momento solo se redujo a la conducción del PJ. Para quiénes participaron de esa negociación “no fue un tema más”, poder haber llegado a un entendimiento. En una reciente entrevista con Infobae al senador nacional peronista y referente de La Cámpora, Mariano Recalde se le consultó si Kicillof era su candidato a presidente. “Todavía no definimos un candidato a presidente”, contestó y ante la repregunta de si podría serlo sentenció: “tranquilamente”. Recalde tiene un vínculo personal con Kicillof y fue quien lo llevó a trabajar en su momento a Aerolíneas Argentinas en 2011.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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