El Senado se apresta a terminar esta semana las sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo hasta finales del corriente mes, con dos encuentros en el recinto y un objetivo central dentro del combo de iniciativas a tratar: sancionar la reforma laboral, que volvió en segunda revisión de Diputados.
Los convites en cuestión ya fueron solicitados para jueves y viernes. Esto tiene una explicación. A diferencia de la Cámara baja, la alta tiene un freno reglamentario que apunta a que, si desde la firma de un dictamen no se consiguen dos tercios para habilitarlo al día siguiente sobre tablas -por citar un ejemplo-, el despacho debe aguardar siete días. Es lo que ocurre con la ley de trabajo, que se discutió el viernes último en plenario de comisiones.
Como hay varios proyectos en danza, el oficialismo senatorial, que comanda la porteña Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), avanzó junto a fuerzas dialoguistas con el pedido de dos sesiones extraordinarias que aún no fueron convocadas de manera oficial, lo que ocurrirá en las próximas horas.
La primera, para las 11 de jueves, incluye el pliego del ex diputado mileísta Fernando Iglesias como embajador -político- en Bélgica y la Unión Europea y el Régimen Penal Juvenil, que entre sus puntos principales baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ambos se dictaminaron días atrás.
En cuanto al Régimen Penal Juvenil, si bien se estima un consenso generalizado entre libertarios y aliados, persisten dudas en ciertos bloques -como la Unión Cívica Radical- que amagaron con firmar en disidencia el despacho y, sin embargo, se sumaron sin chistar al oficialismo.
Con volteretas más delicadas se hallan los cambios a la ley de glaciares, que también aparece en la nota presentada para sesionar el jueves. La lupa vuelve a dirigirse hacia un legislador de la UCR muy interesado en el tema y que, a esta altura, no se sabe bien a qué juega, aunque arrastra al resto.
Para el viernes, los legisladores buscan el mismo horario para iniciar la actividad en el recinto y, junto a lo laboral, se intentará sancionar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, texto que supone una nueva división entre kirchneristas y peronistas.
Uno de esos bloques es el de Convicción Federal, que preside el puntano Fernando Salino. Son cinco votos –Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Fernando Rejal y Sandra Mendoza completan dicho “team”- que dicen ser justicialistas según la época y amenazan, desde hace larguísimos e interminables meses, con despegarse del cristinismo. El año pasado, algunos de ellos salieron con mensajes emotivos en defensa de la ex mandataria, quien continúa con el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Hoy, es su peor enemiga. Mientras la novela suma capítulos y “feroces” peleas con cebita en redes sociales -que cada vez interesan menos a sus militantes-, estos senadores juegan gratis, sin importar consecuencias y, por momentos, creen ser los más rápidos del condado. No lo son.
Más allá de esto, ya es un secreto a voces que, en caso de ruptura, un par de legisladores se quedaría bajo el techo con goteras -más sopa fría- que ofrece el kirchnerismo, lo que derivaría en un nuevo papelón para el arco justicialista. El líder del cristinismo en la Cámara alta es el formoseño José Mayans. Hasta la noche del jueves, no se había mostrado por el Congreso y dejó a sus soldados sin instrucciones y preocupados. El desconcierto fue total.
Hay un convite más para esta semana que no será extraordinario, sino que forma parte de lo que ocurre los 24 de febrero: la sesión preparatoria de mañana, donde se prevé la confirmación de varias autoridades -secretarías estratégicas, como la parlamentaria y administrativa- y al titular provisional del Cuerpo -segundo escalafón en sucesión presidencial-, hoy en manos del libertario puntano Bartolomé Abdala. No obstante, siempre está el temor de un teléfono rojo desde la Casa Rosada que dé vuelta todo.
Seguido a la preparatoria -por ahora, lo más probable- o entre jueves y viernes se agregaría, a la intensa actividad, la votación de los representantes del Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo -y posterior- de los gastos del Estado.
Infobae contó, el 25 de enero pasado, la búsqueda de una resolución sobre la AGN para esta época. Luego, quedó en “stand by” y volvió a tomar forma durante el fin de semana. Son tres butacas en pugna: una quedará para LLA, mientras que las otras dos irán a parar al kirchnerismo y la Unión Cívica Radical (UCR).
Destacado3 años hace
Destacado3 años hace