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Círculo rojo: el día después del 1M, la atención puesta en la gira por Nueva York y las múltiples franquicias del peronismo, LLA y los gobernadores
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7 meses haceen
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Mayra PastorComo Mauricio Macri en su primera participación como presidente en el Foro Económico de Davos, en enero del 2016, cuando se paseó junto a Sergio Massa por la ciudad suiza para mostrarle al mundo que esa sociedad política -después se quebraría- con uno de los principales referentes peronistas le permitiría apuntalar la gobernabilidad de su administración, Javier Milei aspira a presentarse la otra semana en Manhattan frente a decenas de CEOs, ejecutivos e inversores del establishment global con un grupo de gobernadores a los que invitó especialmente para exhibir que el paquete de leyes que acaba de obtener en el Congreso está blindado por aliados dispuestos a colaborar con La Libertad Avanza. Había sido uno de los pedidos de la administración republicana antes del fenomenal salvataje del Tesoro norteamericano que rescató a Milei de una debacle política y económica tras el traspié de las elecciones bonaerenses del último septiembre. El Presidente incluyó ahora a los jefes provinciales, pero excluyó a referentes del círculo rojo empresario, una lista a la que se sumaron en la última semana más integrantes del establishment: ninguno de ellos estará en la comitiva oficial de la que prevén participar decenas de hombres de negocios.
Gobernadores como el de San Juan o el de Santa Cruz prevén viajar a Nueva York desde Toronto, que desde hoy y por 96 horas será sede del congreso minero más importante del planeta. Un destino relevante para esos jefes provinciales y para los representantes del Ejecutivo que estarán en Canadá horas después de que el Senado le diera media sanción a las modificaciones a la ley 26.639 de glaciares del 2010, que propicia inversiones en el sector y que recibió fuertes objeciones por parte de organizaciones medioambientales. El jueves, el Gobierno tuvo que redoblar los esfuerzos para conseguir los 40 votos que le dieron luz verde al proyecto. La semana pasada, en una reunión a puertas cerradas con representantes de la industria, Patricia Bullrich confirmó que tenían las adhesiones garantizadas: “Si no, no nos sentamos”, ratificó. A primera hora del jueves, las negociaciones entraron en un terreno resbaladizo, con un condimento extra: entre los senadores se repartió un documento del Consejo Federal de Medio Ambiente, en el que participan los ministros del área de las provincias, en el que, por mayoría, se alertó por el impacto en los recursos naturales.
El resultado fue festejado por el Gobierno, pero el análisis de la votación prendió una luz de alerta de cara a la discusión en Diputados, por la heterogeneidad en la composición de esa cámara y la dispersión de la conducción a la que responden los legisladores. Un ejemplo fue la senadora Edith Terenzi, de Chubut, que se referencia en Ignacio Torres, un gobernador aliado que ayudó con otros votos pero que ni siquiera intentó con ella por su marcada posición ambiental. Alejandra Vigo, de Córdoba, votó en contra. ¿Qué prevén hacer los tres diputados del sector de Juan Schiaretti? El voto de esos legisladores despertó un creciente interrogante porque buena parte de los proveedores de la industria minera tienen su asiento en Córdoba y Santa Fe. La senadora Julieta Corroza, de Neuquén, del riñón de Rolando Figueroa, “Rolo”, se abstuvo. Dos senadores de la UCR también votaron en contra. Esa atomización abre un escenario incierto en la Cámara baja. Para Milei, cada proyecto es una negociación a cielo abierto. No cuenta con el Massa de Macri que le garantizó al ex presidente, y en especial a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, gobernabilidad en el primer tramo de su mandato, hasta que la relación explotó por los aires.
El Presidente cerró una semana de éxitos parlamentarios, ratificó el plan que se trazó para llegar a la apertura de sesiones de hoy con la reforma laboral y el resto de los proyectos sancionados o encaminados en el derrotero legislativo, y empezó a amalgamar a un grupo de gobernadores que tratan de exprimir al máximo el vínculo con la Casa Rosada, conscientes de que es Milei quien se lleva la marca. En ese contexto, Diego Santilli se posicionó como un interlocutor habitual, e inauguró un canal de diálogo poco explorado anteriormente, más allá del conocido modus operandi del ministro. “‘El Colo’ hace gestiones internas. Puede ser que te prometa un vivero y después te da una planta, pero al menos atiende”, sintetizó una fuente provincial.
“Ningún gobernador aliado quiere ser agorero. La gente hoy solo mira al presidente, pero también sienten que la bomba estalla cada vez más cerca”, analizó un operador que trabaja para varias provincias. “El hilo está finito”, agregó.
Es que, más allá del notable éxito parlamentario de Milei de esta semana, coronado con la sanción de una reforma laboral que exaltará en su discurso de hoy, y que pretende exhibir en Manhattan la otra semana, hay indicadores de la economía que preocupan cada vez más puertas adentro. El jefe de Estado mostró euforia por los últimos datos del INDEC de crecimiento, del 1,8% en diciembre -el mayor incremento mensual desde julio del 2024-, que llevó al 4,4% anual del 2025. El dato de diciembre se apalancó principalmente por la buena cosecha del trigo, aunque también hubo buenas señales en la intermediación financiera, la energía y la minería. Sin embargo, la industria y el comercio, dos de los sectores más relevantes de la actividad económica, se contrajeron en el último mes del año en 3,9% y 1,3%, respectivamente.
“El gobierno está haciendo todos los deberes, pero no hay crédito, el consumo no levanta, no llegan las inversiones. El equipo económico creía que a esta altura habría un boom de inversiones”, aseguró un economista de primera línea que tiene relación fluida y directa con el Palacio de Hacienda: “Es como un enfermo con fiebre que no saben muy bien qué remedio darle”. Hay un buen número de economistas que escribieron en las últimas semanas en los informes que distribuyen en la city que se avizora un posible proceso de estanflación. Se reconoce, de todos modos, que la marcada volatilidad del escenario internacional no ayuda al plan delineado por Milei y Luis Caputo, “Toto”. El conflicto en Medio Oriente y el ataque aéreo conjunto de Israel y Estados Unidos sobre Tehenán, que confirmó este sábado la muerte de Ali Khamenei, líder supremo del régimen iraní, agrega aún más zozobra a esa inestabilidad global. Es una incógnita, por ejemplo, qué pasará con el precio del petróleo y el impacto en nuestro país. En ese contexto, el Presidente pretende llevar certidumbres a Manhattan, un viaje que, además de gobernadores, incluirá a medio gabinete.
Orfandad sindical, confesiones de CFK y Kicillof. El miércoles, mientras el Gobierno negociaba votos con los aliados, la CGT se reunió en la sede de UPCN para confirmar que el viernes no marcharían frente al Congreso y que, por el contrario, sí se presentarán este lunes en los tribunales para judicializar la reforma laboral. “La ley es legítima, no tenemos la fuerza política para parar esto”, confesó el jueves un sindicalista que participó de la reunión en UPCN.
En la central obrera hay un moderado optimismo en torno al fuero contencioso administrativo, donde reina Sergio Fernández, hermano del auditor general, que deberá definir, una vez que se presente de manera formal, por la constitucionalidad de algunos artículos de la ley sancionada este viernes. Es el último recurso, la vía judicial, de un sindicalismo que negoció con la Casa Rosada, que obtuvo concesiones vinculadas con la administración de los gremios, que impactan directamente en la atención a los afiliados, pero que, en términos políticos, está huérfano de liderazgos.
A esa orfandad se le suman las propias resistencias internas. “No hay ánimo de movilizar entre los laburantes”, señaló el jefe de un gremio. En la previa del paro general de hace dos semanas, en la asamblea de uno de los sindicatos del transporte, al jefe gremial le costó convalidar las medidas de fuerza. “No queremos perder el día de laburo”, le planteó un sector de los trabajadores. Incluso dentro de la CGT reconocen que la polémica alrededor del polémico artículo 44 de licencias médicas, finalmente eliminado, ayudó a que cambiara el clima para impulsar la huelga general.
No existe, de todos modos, ningún dirigente capaz por ahora de canalizar el descontento de un sector de la sociedad con el Gobierno. Es lo que intenta, tímidamente, Axel Kicillof, en plena disputa con La Cámpora, distanciado desde hace tiempo de Cristina Kirchner. “No lo vemos a Axel conduciendo por ahora este proceso político”, sentenció un sindicalista.
El gobernador medita sus próximos pasos. La pelea con Máximo Kirchner y el cristinismo en la provincia de Buenos Aires no cede. El jueves, ese sector logró imponer al legislador Mario Ishii en la vicepresidencia primera del Senado provincial. La definición se dio después de meses de una puja a cielo abierto despiadada que incluyó una presentación de Sergio Berni al pedido de licencia de Verónica Magario, candidata en septiembre pasado. Kicillof tomó ese pedido como una afrenta personal. “Me siento con todos menos con los que quieren voltear a mi vicegobernadora”, le mandó a decir al jefe de La Cámpora a través de un intermediario. El gobernador ya había sentido el rigor de la disputa en junio del 2025, en la sede del PJ, en un encuentro partidario encabezado por Cristina Kirchner días antes de que cayera presa: entró a la sede de la calle Matheu en un clima de creciente hostilidad, física y verbal.
Todavía recuerda ese episodio, aseguran en su entorno. Desde ese momento, intendentes y dirigentes de su gabinete empezaron a propiciar una ruptura pública con la expresidenta. En especial, una decena de intendentes bonaerenses. Diego Nanni, diputado provincial y en licencia en Exaltación de la Cruz, es uno de los más insistentes: referente del kicillofismo en la segunda sección, muy enemistado con La Cámpora, impulsa el quiebre definitivo. Otros dirigentes son más equilibrados. Gabriel Katopodis es uno de ellos: fue quien negoció en nombre del gobernador en la Cámara de Diputados provincial, y es uno de los nexos principales con Massa y la cúpula camporista. El armisticio que ensayaron meses atrás para la renovación del PJ bonaerense no alcanzó para que cese la hostilidad y los pases de factura, transversales a todo el peronismo. En los próximos meses, por caso, habrá novedades en el PJ de la capital, ahora formalmente en manos de Mariano Recalde: hay altos dirigentes de la ciudad presuntamente dispuestos a avanzar contra esa conducción.
Durante el verano, Kicillof estuvo a punto de fotografiarse con el cordobés Martín Llaryora en el clásico asado de temporada que ofrece Luis Barrionuevo en Mar del Plata. Al final, el gobernador de Córdoba prefirió evitar esa puesta en escena. El diálogo con él, con otros colegas como Maximiliano Pullaro y Torres es fluido. La posibilidad de confluir en un frente común en el 2027 es por ahora una posibilidad muy inmadura. Pero es el gobernador el que, por lo bajo, auspicia un espacio nacional. “Hay que armar algo nacional, no va a quedar ninguna provincia en el 2027″, dicen en La Plata.
Es cierto que hay gobernadores preocupados. Algunos, incluso, prevén una tormenta perfecta hacia mediados de año que podría impactar directamente en el pago de los aguinaldos. Ya hubo provincias complicadas en diciembre. En Buenos Aires, hubo municipios que tuvieron que acudir desesperados al Banco Provincia. En el caso de Kicillof, la situación es igual de preocupante porque Milei decidió desde el día uno cortar todo tipo de transferencias. Hubo solo algunos alivios gracias a las gestiones de Santilli, de diálogo directo con Federico Thea. Pero son casos aislados. En los últimos meses se especuló, además, con la chance de que el gobernador se pidiera licencia antes de fin de año para encarar una campaña presidencial por el interior del país. A mediados de semana, en diálogo con Infobae al mediodía, el ministro Carlos Bianco, “Carli”, de los más cercanos, no se hizo eco de esas versiones. También negó que ya tenga el traje de candidato.
Esa respuesta tiene una explicación: nadie quiere caer en la misma trampa que Horacio Rodríguez Larreta, que se lanzó a una carrera presidencial extensísima y quedó afuera del podio.
“Axel tiene un problema: en el interior lo ven como kirchnerista”, resaltó un dirigente del peronismo del interior. Es lo que opinan también varios gobernadores, muchos de los que en las últimas semanas ratificaron acuerdos políticos con la Casa Rosada y pidieron públicamente sepultar, políticamente, a la figura de Cristina Kirchner.
La ex presidenta está fastidiada. Algunos de los interlocutores habituales con San José 1111 aseguran que está cansada del encierro y de la restricción a las visitas. También, con algo de desazón por algunos de los dirigentes que amadrinó y defendió en estos años. En su entorno aseguran que está abocada a estudiar el contexto internacional. El martes, después de 11 años, se reencontró con Miguel Ángel Pichetto, que la visitó en su departamento. Cuarenta y ocho horas después, el diputado pidió públicamente “misericordia” y “perdón” hacia dentro del peronismo. “Falta, no es el único que va a querer reconciliarse”, se entusiasmó un dirigente muy cercano a la ex mandataria.
Pichetto es uno de los impulsores de un gran frente peronista, por ahora verde, convencido, como Cristina Kirchner, que el programa económico del gobierno va inexorablemente a un colapso. A pesar de que, en términos políticos, Milei aún acapara la agenda, concentra la atención pública y disciplina a la oposición aliada. “El gobierno tiene tanto poder que se pelean entre ellos”, diría en la semana un sindicalista.
Internas públicas y privadas, Justicia en la mira. “Tres veces avisé en la mesa política del artículo 44 y nadie dijo nada”, dicen que dijo en la intimidad la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la previa de la votación original de la reforma laboral que desató un enorme malestar, externo pero también interno.
Desde esa polémica, Bullrich quedó en el centro de la escena. Ella misma se ocupó de que así sea: a cada uno de los éxitos parlamentarios del Senado de estas semanas le siguió una pieza fílmica cuidadosamente editada que la ex ministra posteó en sus redes, con una exaltación inusual de su figura. Inusual porque en el manual de comunicación libertario se recomienda solo enaltecer la figura de los hermanos Milei. “Nosotros trabajamos la marca Patricia Bullrich”, se defendieron cerca de la ex funcionaria.
Después del primer spot se fotografiaron en Casa Rosada Manuel Adorni y Pilar Ramírez, la delegada de Karina Milei en la capital. Restan muchos meses para la campaña porteña del 2027, pero los recelos internos presagian una disputa acalorada. ¿Será cierto que entre los planes de Bullrich no figura la capital? ¿O es solo una fingida puesta en escena? ¿Será cierto, además, que la ex ministra recibió recientemente encuestas que la tienen bien posicionada? “Patricia no quería ser senadora, se lo pidieron en una cena con Karina. Ahora que no la vengan a operar”, la excusó un senador cercano tras los pases de factura internos de los últimos días.
Bullrich se apoderó del Senado. Está cómoda, pero más aún está radiante con la última maniobra que forzó a que tres senadores, con Carolina Moisés a la cabeza, abandonaran el interbloque que preside José Mayans para formar uno propio y acercarse cada vez más a LLA. Bullrich se divierte. Habla con todos, desde los sindicalistas de la CGT hasta el senador formoseño o Juliana Di Tullio, con los que trabó una relación directa y fluida.
Por momentos, esos vínculos fluyen incluso más que las relaciones palaciegas entre los libertarios. Habrá que prestar atención a marzo, si es que se cumplen los vaticinios de algunos dirigentes de renombre del Gobierno que pronosticaron durante el verano un choque de planetas entre Las Fuerzas del Cielo, de Santiago Caputo, la hermana del presidente y los primos Eduardo y Martín Menem.
En particular, por las insistentes versiones alrededor de la permanencia de Mariano Cúneo Libarona, que ya no sabe cómo hacer para irse a su casa. El ministro está incómodo, y en el Ministerio están inquietos por cómo será la ejecución de su eventual salida. La incógnita principal es si, finalmente, Karina Milei avanzará sobre esa cartera. La hermanísima ya había destrabado un canal de interlocución indirecto con la Corte Suprema, avanzado en el Consejo de la Magistratura, con el desembarco del diputado Gonzalo Roca, y la última semana en la AGN, con la llegada de Mariano Piazza, un abogado cercano a los Menem. Si decide irrumpir de manera directa en Justicia, estaría quebrando un pacto por ahora implícito: “el que saca, pone”. La danza mediática de potenciales candidatos de esta semana, algunos de ellos irrisoriamente disparatados, no hizo más que exponer el nivel de operaciones cruzadas.
Ese eventual reemplazo exhibe en simultáneo la falta de figuras por parte de la cúpula de LLA, en especial del sector de Karina Milei, a la hora de llenar casilleros. En el caso de Adorni, por ejemplo, prácticamente no eligió a ninguno de los secretarios de la Jefatura de Gabinete, más allá de que el ministro se encargó de empoderarse puertas adentro.
En materia judicial, más allá de la demora para designar al reemplazo de Cúneo Libarona, en el sistema político volvieron otra vez a aparecer rumores vinculados con la posibilidad de avanzar próximamente con la integración de la Corte ahora que LLA ejecutó un plan para conquistar aliados, alcanzar los dos tercios y prescindir del kirchnerismo, que el año pasado frustró la llegada de Ariel Lijo al máximo tribunal.
La Corte Suprema volvió a ser noticia esta semana, esta vez con una resolución que el propio Jorge Macri esperaba -al menos así lo anunció en una reunión de equipo meses atrás-: el revocamiento del sobreseimiento que el jefe de Gobierno había obtenido en segunda y tercera instancia por una supuesta maniobra de lavado de dinero en Miami, Estados Unidos. Más allá de que no hubo sorpresa, en el mundillo judicial, en particular de la capital, surgieron un sinfín de especulaciones en torno a la decisión del tribunal y el timing del fallo.
Lo cierto es que la resolución tuvo lugar en la previa del inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura local de esta semana, en medio de una recuperación sostenida de la percepción de los vecinos sobre la gestión porteña, y de que el jefe de la capital volviera a dejar trascender su intención de ir por la reelección el próximo año. El primo del ex presidente nunca logró trabar un canal aceitado con los cortesanos.
La ciudad es un botín muy codiciado. El jefe de Gobierno logró enderezar un inicio impreciso de su administración, apoyado en buena medida en las gestiones de Daniel Angelici, “El Tano”, en cuyo entorno se preguntaron si el dirigente tenía conocimiento del fallo del tribunal por el vínculo sin intermediarios con Abel Sánchez Torres, de la Cámara Federal cordobesa, uno de los conjueces que firmó la resolución y que tejió en estos años buenas migas con el macrismo.
Angelici atiende en varios mostradores, y tiene múltiples relaciones. Desde el peronismo y el PRO, al radicalismo y LLA. Ecuménico. En el ambiente político, judicial, empresarial y futbolístico. El viernes, por ejemplo, fue uno de los invitados al cumpleaños 80 de Víctor Blanco, expresidente de Racing Club, que realizó un festejo acorde con familiares y amigos en un exclusivo salón de Puerto Madero. En la previa de una semana clave para la cúpula de la AFA, que suspendió la fecha de La Liga de primera división del próximo fin de semana por las indagatorias a Claudio Tapia, “Chiqui”, y Pablo Toviggino. En la sede de la AFA avisaron que las puertas del edificio de la calle Viamonte estarán cerradas toda la semana. Incluso para los empleados.
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Se tensa el vínculo entre Argentina y Reino Unido por Malvinas: los próximos pasos en la disputa por el petróleo
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12 horas haceen
1 octubre, 2026Por
Mayra Pastor
A 14.000 kilómetros de las Islas Malvinas, el Foreign Office en Londres, a través de la subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran convocó este miércoles a la embajadora argentina Mariana Plaza y trasladó el conflicto por el petróleo del Atlántico Sur al corazón de la relación bilateral. El mensaje fue directo: la decisión del presidente Javier Milei de impulsar un arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido. No es sólo un rechazo jurídico. Es una advertencia diplomática.
La respuesta llegó horas después de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con un plazo de dos semanas para detener el proyecto o enfrentar una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo.
La escalada diplomática coincidió con un seminario de política oceánica convocado que se realizó en la ciudad de Buenos Aires y que reunió a diplomáticos, militares, académicos y funcionarios provinciales para debatir el futuro del Atlántico Sur. Planeado como un foro técnico, terminó como una demostración de que la cuestión Malvinas atraviesa la agenda de la política.
Según se informó de manera oficial, Kumaran calificó la decisión argentina de recurrir al mecanismo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”.
La funcionaria fue más lejos y llevó la controversia al plano de la relación bilateral: “Tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó. Londres sostuvo que los esfuerzos de Buenos Aires por obstruir la actividad económica en las islas “no son actos de un compromiso internacional responsable”, sino intentos deliberados de afectar “la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”. La funcionaria británica reafirmó que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y que tienen “todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes”.
En simultaneo hubo una reacción parlamentaria igualmente firme. El diputado Andrew Rosindell, uno de los defensores más activos de los isleños en la Cámara de los Comunes, llamó a rechazar el ultimátum de plano. “El Reino Unido no puede ser intimidado por gobiernos extranjeros para que sacrifique a su gente, su soberanía o su territorio”, escribió en sus redes. Rosindell recordó que en el referéndum de 2013, el 99,8% de los habitantes de las islas votó por permanecer bajo soberanía británica, y advirtió que Londres no debe “repetir la capitulación de los chagossianos y traicionar a los isleños”.
Rockhopper mantiene su planificación
La respuesta más clara de las empresas involucradas llegó también este miércoles. El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, ratificó en el informe semestral presentado ante la Bolsa de Valores de Londres que “el primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028” y que la compañía entra al segundo semestre del año “totalmente financiada” hasta el inicio de la producción. Rockhopper recaudó USD 180 millones mediante una colocación de acciones y otros USD 20 millones a través de una oferta abierta que superó el 118% de las suscripciones disponibles.
Moody describió las acciones del gobierno de Milei como un período de “mayor atención mediática y política” sin impacto sobre el cronograma y ponderó el “continuo y firme respaldo” del gobierno del Reino Unido y de las autoridades isleñas. Es el primer documento regulatorio de la empresa que menciona de forma explícita las amenazas argentinas y descarta formalmente su efecto sobre el proyecto.
El proyecto Sea Lion se desarrolla a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum, de capital israelí, controla el 65% de la participación; Rockhopper retiene el 35% restante. Las reservas estimadas ascienden a 1.700 millones de barriles. La primera fase contempla 11 pozos y una plataforma flotante con capacidad de hasta 55.000 barriles diarios; las etapas posteriores apuntan a 200.000 barriles por día hacia 2030.
Escalada legal y diplomática
El ultimátum argentino y la advertencia diplomática británica es el punto más alto de una presión que viene escalando hace semanas. El 3 de septiembre, Milei utilizó una cadena nacional para advertir que cualquier compañía vinculada al proyecto quedaría excluida de operar en la Argentina: “Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano”, sostuvo. La amenaza implícita es el acceso a Vaca Muerta, la formación de esquisto patagónica que produce más de 600.000 barriles diarios.
Al día siguiente, las empresas de servicios petroleros Schlumberger (SLB), Halliburton y Baker Hughes anunciaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las islas ni en los espacios marítimos circundantes. Las acciones de Rockhopper cayeron un 6,3% en Londres y las de Navitas perdieron más de un 2% en Tel Aviv.
El canciller Pablo Quirno confirmó el envío de unas 180 notificaciones a empresas vinculadas al petróleo en las islas. La Cancillería presentó al menos tres denuncias penales ante tribunales argentinos contra diez compañías y sus directivos, y envió al Congreso un proyecto de ley que contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes extraigan recursos en el área sin autorización argentina, y que comenzó a tratarse este miércoles.
El 16 de septiembre, la jueza federal Mariel Borruto, del tribunal de Tierra del Fuego, emitió una medida cautelar que ordena a Navitas y a Rockhopper detener las perforaciones hasta que las autoridades ambientales argentinas puedan expedirse, aunque reconoció en el propio texto que su cumplimiento “depende de la cooperación internacional y de la conducta” de las empresas.
Qué viene después del ultimátum
El plazo de dos semanas fijado por Milei vence a mediados de octubre. Si el Reino Unido no frena el proyecto, Argentina adelantó que recurrirá al TIDM en Hamburgo para solicitar medidas provisionales. El mecanismo está previsto en la Convemar: mientras el tribunal arbitral del Anexo VII no esté constituido —un proceso que puede llevar meses—, el TIDM puede dictar órdenes de emergencia para proteger los derechos en disputa.
El canciller Quirno aclaró que el arbitraje no tiene como objeto resolver la disputa de soberanía sobre las islas, sino la explotación unilateral de hidrocarburos. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a la explotación de hidrocarburos”, afirmó. La Argentina ya recorrió este camino antes: en 2012, cuando la fragata ARA Libertad quedó retenida en el puerto de Tema, en Ghana, Buenos Aires recurrió al mismo mecanismo y el TIDM ordenó por unanimidad la liberación del buque en menos de un mes.
Sin embargo, el caso Malvinas tiene un obstáculo que el de la fragata no tenía: la soberanía sobre el territorio está en disputa, y la Convemar regula espacios marítimos, no la titularidad territorial. Además, al ratificar el tratado, la Argentina declaró que no acepta los procedimientos obligatorios para controversias de delimitación marítima y títulos históricos, un argumento que el Reino Unido podría usar como defensa. Londres ya sostuvo que las actividades de Sea Lion se realizan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la Convemar”.
En este contexto, se realizó el Seminario de Políticas Oceánicas celebrado este miércoles en la Casa de Gobierno, en CABA, organizado en forma conjunta por la Cancillería, el gobierno porteño, y el Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Cooperación (Coferrec), que reunió a representantes de la Armada, la Prefectura Naval, el Servicio de Hidrografía Naval, provincias con litoral, autoridades portuarias, el sector productivo y la academia.
Entre los expositores estuvo el embajador Javier Figueroa, coordinador de Políticas Oceánicas y Atlántico Sur de la Cancillería, quién advirtió que el conflicto de soberanía tiene consecuencias que exceden el territorio en disputa. “Tener una disputa de soberanía sobre aproximadamente el 40% de nuestros espacios marinos nos plantea enormes desafíos”, señaló. Uno de los más concretos -indicó- es la llamada milla 201: una franja del Atlántico Sur donde operan entre 400 y 500 buques pesqueros por año sin ningún marco normativo, porque Argentina no puede avanzar en mecanismos multilaterales de regulación pesquera más allá de la milla 200 mientras el Reino Unido pretenda ser reconocido como Estado ribereño. “Eso nos impone ciertas restricciones en la definición de políticas”, afirmó.
El diplomático, a su vez, describió una agenda oceánica que va más allá del conflicto por Sea Lion, como la regulación de la plataforma continental y combate de la pesca ilegal no declarada. En paralelo, señaló que Argentina mantiene diálogos oceánicos bilaterales con Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador, y negocia declaraciones conjuntas para coordinar posiciones en organismos internacionales. “No veo por qué no podemos lograr en economía azul lo que logramos en industria nuclear”, afirmó Figueroa. “Tenemos todo.”
En tanto, Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, abrió la jornada con una referencia directa al conflicto: “Nuestros legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte de un consenso que atraviesa a toda la sociedad argentina”. El funcionario vinculó esa posición con el reconocimiento internacional del límite exterior de la plataforma continental argentina, producto de décadas de trabajo técnico y diplomático que calificó como “una verdadera política de Estado”.
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Tras el fallo de la Corte, la oposición busca votos para convocar a una sesión y derogar el mega DNU 70
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13 horas haceen
1 octubre, 2026Por
Mayra Pastor
La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, generó un cimbronazo político que tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Ahora, la oposición busca aprovechar el revuelo que generó la liberación total de la venta de tierras a extranjeros para volver a la carga con la derogación del mega decreto que desreguló amplios sectores de la economía al inicio de la gestión de Milei.
El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.
En aquel momento, los bloques dialoguistas y los gobernadores jugaron en sintonía con el Gobierno para evitar la derogación. Uno de los principales argumentos era que había que darle al Gobierno “las herramientas necesarias” para llevar adelante su plan de gestión y además el decreto derogaba, entre otros puntos, leyes cuestionadas como la de alquileres.
Ahora, desde Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscarán capitalizar la trascendencia pública que alcanzó el rechazo a la venta ilimitada de tierras a extranjeros y la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado (tuvo que quitar el capítulo entero del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada) para derogar todo el DNU 70.
El mega decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, eliminaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.
Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión.
Por su parte, la oposición evalúa convocar a una sesión el próximo miércoles 7 de octubre o el 14. Muchos consideran que es vital aprovechar el shock político que generó el fallo de la Corte, pero otros advierten que la semana que viene podría haber algunas ausencias clave ya que muchos viajarán a Brasil por las elecciones presidenciales.
“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”, planteó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria.
En la misma línea, Martín Lousteau dijo: “En agosto, la movilización social y el rechazo político frenaron en el Senado el proyecto que buscaba poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Ayer, la Corte volvió a dejar vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que habilita la compra de tierras sin los límites que el Senado buscó establecer. En 2024 voté en el Senado contra el DNU 70/2023 porque es inconstitucional. Lo sigue siendo. Ahora, en Diputados tenemos la oportunidad de revertirlo”.
“El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, coincidió Elisa Carrió.
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Carrió criticó el fallo que dejó vigente la venta de tierras a extranjeros y pidió que Diputados rechace el capítulo en el DNU 70/2023
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13 horas haceen
1 octubre, 2026Por
Mayra Pastor
La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se refirió al fallo de la Corte Suprema que dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros y pidió que la Cámara de Diputados rechace el capítulo en el DNU 70.
En diálogo con Infobae al Mediodía, la ex diputada explicó cómo fue la maniobra que permitió al oficialismo reflotar la Ley de Tierras: “Ellos mandan la ley y la pierden en diputados. ¿Cuál es la trampa que pasó en el Senado? Que en eso los aliados tuvieron que ver. En vez de rechazar en el Senado la parte de limitación a las tierras extranjeras, la sacaron del temario. Entonces se cayó. Ahí fueron cómplices los aliados, porque vos tendrías que haberla rechazado”.
Y explicó: “Si hubieran rechazado por diputados y por senadores el capítulo de tierras, esto ya no estaba vigente, pero al sacarla de la discusión, quedó vigente el DNU en ese capítulo de tierras. Lo que tienen que hacer los diputados ahora es sacar el rechazo al DNU en la parte de tierras”.
Carrió detalló la lógica constitucional que, según su lectura, explica por qué el decreto sigue en pie. Si el Poder Ejecutivo convierte una norma de un DNU en un proyecto de ley, la somete al Congreso y esa cámara la rechaza, esa parte del decreto queda derogada de manera implícita. El problema, subrayó, es el camino inverso: cuando una cámara decide no tratar el asunto en lugar de votarlo en contra, el decreto permanece válido. “No hubo rechazo de ambas cámaras”, sintetizó. Esa ausencia de pronunciamiento formal fue, en su análisis, lo que mantuvo vigente el artículo cuestionado.
El fallo que reactivó esta discusión fue dictado este martes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, en marzo de 2024, había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 —el que elimina las restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de ciudadanos o empresas del exterior— tras un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
Sin embargo, la Corte no se expidió sobre el fondo del asunto. El fallo se limitó a señalar que el CECIM carece de legitimación activa para litigar en este caso: el tribunal sostuvo que la soberanía territorial es una competencia estatal y no un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, por lo que la organización civil no puede representar ese interés ante la Justicia. El propio pronunciamiento aclaró que no implica un juicio sobre la validez constitucional del decreto ni restringe las facultades del Congreso para analizarlo y rechazarlo.
Esa aclaración no frenó la reacción opositora. Según consignó Infobae, líderes de distintos bloques comenzaron a articular una estrategia para voltear el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados, donde hasta ahora no habían conseguido los votos necesarios. Los decretos de este tipo deben pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y ser rechazados por mayoría simple en ambas cámaras. El Senado ya había votado en ese sentido, pero la Cámara baja no había completado el trámite.
Ante ese escenario, en el Gobierno de Javier Milei evalúan una salida por vía legislativa: incorporar la regulación de la compra de tierras a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y aguarda tratamiento en Diputados. La idea, según fuentes libertarias citadas por este medio, es negociar con los aliados un límite del 15% del territorio rural para las adquisiciones extranjeras. “Creemos que deberíamos abrir la negociación con los aliados sobre ese proyecto. Hay que resolver la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya está en Diputados”, indicó una de esas fuentes El objetivo sería dispersar la presión sobre el decreto y dejar el debate de las tierras dentro de un proyecto propio, con condiciones más favorables para el oficialismo.
Para Carrió, el problema es de otra magnitud. En sus declaraciones, advirtió que lo que está en juego con las restricciones fronterizas es la integridad territorial de la federación. “Vos tenés las provincias en un Estado federal, tenés la nación, poderes de la nación y tenés poderes de la federación. Entonces, vos no podés dar esa libertad”, señaló. En ese marco, citó declaraciones del empresario tecnológico Peter Thiel —quien habría mencionado la intención de realizar “experimentos” con este modelo— y advirtió que el interés externo sobre el territorio argentino no es nuevo: “Lo hicieron en Islas, tienen el modelo, ahora van a tomar la Argentina como experimento”.
Sobre Patricia Bullrich, Carrió fue directa. Recordó que cuando la actual senadora libertaria integró su espacio político, “planteó la nulidad de todos los decretos y habló de la independencia de la justicia”. Reconoció que Bullrich tiene buenas intenciones y vocación de cambio, pero cuestionó sus métodos y su concepción del poder. “Hay personas que nacieron para el poder”, afirmó, y aclaró que entre ambas persisten “enormes diferencias”.







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