La CGT planteó sus críticas contra la reforma laboral de Javier Milei ante autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante un encuentro sindical internacional realizado en Washington, Estados Unidos.
El cuestionamiento fue efectuado por el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), quien afirmó: “La reforma laboral colisiona en lo colectivo y en lo individual con la Constitución argentina. Y lamentablemente el diálogo tripartito no es una política de Estado, mientras hay una crisis que afecta el desarrollo y la producción y, por ende, aumentan el nivel de despidos y el cierre de fuentes de trabajo”.
El dirigente de la CGT participó en la capital norteamericana de una nueva ronda de reuniones entre el movimiento sindical internacional y las instituciones financieras multilaterales, como parte de las Reuniones de Expertos 2026 organizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC) y la AFL-CIO, la central obrera de EEUU.
En ese marco, según se informó, dirigentes sindicales, economistas y representantes del FMI y del Grupo del Banco Mundial debatieron los desafíos de la economía global, el futuro del trabajo, las políticas de desarrollo y la necesidad de fortalecer la dimensión social en las decisiones financieras internacionales.
Estas reuniones se llevan adelante desde 2002 como un espacio de diálogo entre representantes del sindicalismo mundial y de las instituciones de Bretton Woods para analizar políticas económicas, deuda, empleo y desarrollo desde la perspectiva de los trabajadores.
Además, se produjo una reunión de alto nivel entre sindicalistas y el FMI en la que se analizaron las revisiones de políticas que el organismo internacional está llevando adelante, donde los representantes de los trabajadores pidieron que estas revisiones “incorporen de manera central el respeto al trabajo decente, los derechos laborales y los derechos humanos, como parte fundamental de cualquier estrategia de desarrollo económico sostenible”.
Martínez, también miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que los programas económicos impulsados por los organismos internacionales deben “contemplar la dimensión social y laboral en sus evaluaciones”.
El líder de la UOCRA sostuvo que en el proceso de revisión que realiza el FMI, “es imprescindible que se privilegie la perspectiva del trabajo decente, la protección de los derechos laborales y el desarrollo inclusivo”, elementos que, dijo, son “indispensables para garantizar crecimiento económico con justicia social”.
“En la agenda promovemos un salario básico universal y rediscutir los términos que conforman el contrato social mundial -enfatizó Martínez-. De 190 países, sólo 45 de ellos son desarrollados y el resto, a pesar de los encuentros multilaterales, siguen expuestos a tener un balance negativo en lo comercial, en lo productivo y en la dimensión sociolaboral.
Cathy Feingold, directora internacional de la AFL-CIO y vicepresidenta de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que coordinó el diálogo entre los sindicatos y las instituciones financieras multilaterales, subrayó la importancia de que las políticas económicas globales respondan concretamente a las necesidades de los trabajadores y contribuyan a la reducción de desigualdades en un escenario mundial tensionado por conflictos geopolíticos, desaceleración económica y acelerados cambios tecnológicos.
El evento contó también con la participación de Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de las Américas (CSI), quien representó a los trabajadores latinoamericanos en el diálogo con los organismos internacionales, reforzando así la inserción regional en el debate global sobre empleo, protección social y desarrollo.
En la sesión de diálogo con el Fondo Monetario Internacional, el movimiento sindical internacional expuso la urgencia de que las revisiones de políticas bajo supervisión y condicionalidad introduzcan de manera prioritaria el respeto al trabajo decente, los derechos laborales y los derechos humanos, como fundamento para cualquier estrategia de desarrollo económico sostenible.
En este sentido, Martínez enfatizó que “es imprescindible que se privilegie la perspectiva del trabajo decente, la protección de los derechos laborales y el desarrollo inclusivo”. Sostuvo, además, que estos elementos resultan “indispensables para garantizar crecimiento económico con justicia social”.
El secretario adelantó que la agenda sindical internacional impulsa la creación de un salario básico universal y la rediscusión integral de los términos que conforman el contrato social mundial. Al respecto, remarcó: “De 190 países solo 45 son desarrollados, el resto, a pesar de los encuentros multilaterales, siguen expuestos a tener un balance negativo en lo comercial productivo y en la dimensión sociolaboral”.
Cathy Feingold, directora internacional de la AFL-CIO y vicepresidenta de la Confederación Sindical Internacional, coordinó activamente el diálogo entre los sindicatos y las instituciones financieras multilaterales. Feingold subrayó la importancia de que las políticas económicas globales respondan concretamente a las necesidades de los trabajadores y contribuyan a la reducción de desigualdades en un escenario mundial tensionado por conflictos geopolíticos, desaceleración económica y acelerados cambios tecnológicos.
El evento contó también con la participación de Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de las Américas, quien representó a los trabajadores latinoamericanos en la interlocución con los organismos internacionales, reforzando así la inserción regional en el debate global sobre empleo, protección social y desarrollo.
Washington D.C. consolidó así su posición como punto de encuentro para la discusión de las políticas que marcarán el rumbo del empleo y los derechos laborales a nivel internacional, en un contexto donde los representantes sindicales advierten que la exclusión de la dimensión social de los programas económicos representa una amenaza directa para la estabilidad, el desarrollo y la inclusión.
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