Ante la ofensiva judicial lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la entrada en vigencia de la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei se prepara para sostener la norma en los tribunales. Aunque el Ministerio de Justicia se encuentra en pleno recambio de autoridades, el Ejecutivo había planeado semanas atrás el despliegue de un equipo legal dedicado exclusivamente a contrarrestar los recursos judiciales que buscaran bloquear la aplicación de la nueva legislación, especialmente en lo relativo al traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La CGT presentó un amparo ante el Juzgado Contencioso número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, con el objetivo de declarar la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos que habilitan el traspaso del fuero laboral. La central sindical argumenta que la medida, incluida en la ley sancionada durante las sesiones extraordinarias, no cumplió los requisitos constitucionales y advierte sobre el posible colapso judicial y la incertidumbre laboral para empleados y funcionarios judiciales. La CGT planea sumar más presentaciones cautelares en tribunales de primera instancia y en el fuero laboral.

En paralelo, la administración nacional anticipa que la judicialización del tema es inevitable. Según fuentes consultadas por Infobae, el Gobierno pone toda la responsabilidad en el nuevo equipo del Ministerio de Justicia, con Juan Bautista Mahiques como su flamante titular. “La estrategia depende de ellos, principalmente, aunque va a seguir habiendo coordinación”, afirmaron desde la anterior administración ministerial.

Aun así, por las particularidades del asunto, la sostenibilidad de la reforma laboral depende de la confluencia de distintas áreas del Gobierno. Además de la nueva conformación de Justicia, adquiere importancia la Procuración General del Tesoro, que engloba a los abogados del Estado, y que hoy anunció que su nuevo titular será el exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Antes de que se produjera el recambio en la cúpula ministerial, la estrategia trazada por la Casa Rosada también involucraba a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, liderada por María Ibarzabal Murphy. En ese entonces el equipo estaba coordinado bajo la órbita de Santiago Caputo, asesor presidencial. Semanas atrás, desde despachos afines habían marcado: “Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte”.

Entre los puntos más conflictivos identificados por el oficialismo, y que se esperan como eje de futuras demandas, se encuentran la prioridad otorgada a los convenios de empresa sobre los nacionales, la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos, y la redefinición del cálculo de indemnizaciones. Además, la decisión de transferir la Justicia del Trabajo a la CABA genera tensiones institucionales, ya que la disputa por el control de los tribunales laborales se arrastra desde la reforma constitucional de 1994. El Gobierno, a través del Decreto 95/2026, autorizó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar los acuerdos de traspaso, un punto que la CGT estima irregular por la falta de intervención de la Comisión Bicameral.

El conflicto no solo involucra a los sindicatos y al Ejecutivo. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó cuestionamientos al tratamiento legislativo, mientras que funcionarios porteños, como el procurador de la Ciudad, Javier Martínez Zabaleta, manifestaron la voluntad de que la transición del fuero laboral sea ordenada.

Desde el entorno de Milei apuestan a que la reforma superará el test judicial, confiando en antecedentes de la Corte Suprema que avalaron la reorganización del fuero laboral porteño. Uno de los involucrados en la estrategia había asegurado a Infobae: “Van a intentar discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder”.

Mientras tanto, la CGT mantiene su ofensiva sindical, con movilizaciones y la amenaza de nuevos paros. El Gobierno insiste en que la modernización laboral “es irreversible”. “Juan Bautista [Mahiques] llegó hace muy poco tiempo, pero ya está en autos de que s un tema de especial prioridad para el Presidente“, comentó una fuente de acceso directo al despacho de Milei.

En ese mismo plano, Mahiques tomaría la decisión en los próximos días de llamar a veedores para que estén presentes en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “No vengo a tapar ninguna investigación“, ratificó ante LN+, debido a los contactos que ha tenido en el pasado con las autoridades del ente que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Una fuente de la mesa política afirmó esta tarde a Infobae que “el Gobierno va a seguir haciendo lo que tiene que hacer para investigar a esa manga de delincuentes, pero siempre en el marco de la ley”.

En ese sentido, marcó que está a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): “No es que yo las valide. Hay una causa judicial en trámite que la Corte Suprema tiene que resolver por las SAD. Yo estoy a favor. Me gustaría que cada club elija si quiere tener eso o no. Que los clubes tengan la posibilidad, a traves de sus socios, si quieren ser una SAD o no. Me parece mal que la AFA les quite esa posibilidad o no”.