Conecta con nosotros

Destacado

El Gobierno nombró a los veedores en la AFA: tendrán 180 días para revisar balances y contratos

Publicado

en

El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida habilita una auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad, y profundiza un conflicto institucional con fuerte impacto político.

El gobierno nacional formalizó la intervención en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.

De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante el período de veeduría, los interventores designados tendrán la facultad de examinar los estados contables, analizar operaciones con empresas privadas e indagar en la creación de la Universidad de la AFA. Según la IGJ, la ausencia de documentación respaldatoria y la falta de respuestas a requerimientos previos motivaron la medida. El informe final orientará los próximos pasos, desde sanciones administrativas hasta posibles acciones judiciales.

El origen del conflicto: “graves irregularidades” detectadas por la IGJ

El expediente que derivó en la intervención comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” en la AFA.

Según la documentación oficial y reportes de prensa, el organismo de control reclamaba información contable clave que la entidad no entregó. Se señalaron demoras en la presentación de balances, insuficiencia en el detalle de los estados financieros y ausencia de documentación respaldatoria para evaluar el manejo de los recursos.

El foco estaba puesto especialmente en los estados contables más recientes, en un contexto donde la AFA experimentó un crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar. Ese aumento, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos, no fue acompañado —según la IGJ— por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas.

La preocupación del organismo incluyó observaciones sobre operaciones económicas vinculadas a intermediarios y empresas privadas que participan en la comercialización de derechos del fútbol argentino, uno de los activos principales del sistema.

Qué implica la intervención en grado de veeduría

La medida dispuesta por el Ministerio de Justicia no representa una intervención plena ni el desplazamiento de autoridades de la AFA, sino una figura más restringida: la veeduría.

En términos jurídicos, la veeduría consiste en la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, auditar procesos y elaborar informes sobre la situación institucional de una entidad. Se trata de un mecanismo de control reforzado.

En este caso, los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán amplias facultades para acceder a libros contables, documentos administrativos y registros financieros. Su tarea será reconstruir el funcionamiento interno de la AFA en áreas clave y determinar si se ajusta a las normas legales y estatutarias.

Entre sus tareas principales figuran analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, auditar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), revisar relaciones comerciales y financieras con empresas y actores privados, y verificar la existencia de posibles actos contrarios a la ley o al estatuto.

El trabajo culminará con un informe final dirigido a la autoridad de control, aunque los veedores podrán emitir reportes parciales si detectan situaciones urgentes.

Los puntos críticos bajo investigación

La intervención se apoya en una serie de observaciones que, en conjunto, configuran un cuadro de irregularidades administrativas y contables.

Uno de los ejes centrales es la falta de presentación adecuada de balances. La IGJ sostiene que la AFA no respondió en tiempo y forma a las vistas sobre los estados contables de varios ejercicios y que la información suministrada no cumple con los estándares requeridos para una asociación civil de esa magnitud.

Otro foco relevante es la Universidad de la AFA (UNAFA), un proyecto institucional para expandir la estructura del fútbol hacia el ámbito educativo. La auditoría deberá analizar su creación formal, la trazabilidad de los fondos utilizados, contrataciones realizadas y convenios firmados con terceros.

Uno de los aspectos más sensibles involucra las relaciones comerciales con empresas privadas. La IGJ examinó acuerdos con firmas como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas, así como la participación de intermediarios en la gestión de derechos y flujos financieros internacionales.

El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero, desde la generación de ingresos hasta su distribución y eventual remisión al exterior.

La disputa por la jurisdicción de control

Además de las cuestiones contables, un aspecto central del conflicto es la discusión sobre la competencia para fiscalizar a la AFA.

La conducción de la entidad sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría que la fiscalización debería corresponder a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

La IGJ rechaza ese argumento. Según el organismo, el cambio de jurisdicción no cumplió con los requisitos legales y la AFA continúa teniendo su sede real en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que sigue bajo su órbita.

Este punto es crucial: si la AFA lograra consolidar el cambio de jurisdicción, el control estatal quedaría en manos de la provincia de Buenos Aires, lo que modificaría el equilibrio de poder en el sistema.

La disputa, además, posee un componente político. La postura de la AFA cuenta con el respaldo del gobierno bonaerense, mientras que la IGJ depende del Ministerio de Justicia de la Nación, generando tensiones entre niveles de gobierno.

El rol del Ministerio de Justicia y la decisión política

La intervención en grado de veeduría no es una decisión automática de la IGJ. La normativa vigente establece que debe ser dispuesta por el Ministerio de Justicia, lo que introduce un componente político en el proceso.

En este caso, la resolución fue adoptada por el ministro Juan Bautista Mahiques, quien heredó el expediente de la gestión anterior y resolvió avanzar con la medida al inicio de su mandato.

El propio funcionario había anticipado que no buscaba “salvar ni perseguir a la AFA”, intentando desvincular la decisión de una lógica de confrontación política. No obstante, la intervención se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional y con impacto directo en uno de los espacios de mayor visibilidad pública del país.

Mahiques optó por mantener a los veedores propuestos por la gestión anterior, con el objetivo de preservar la continuidad del proceso y evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la auditoría.

La veeduría es, en principio, una medida intermedia. No implica sanciones ni intervención directa en la conducción de la AFA, pero puede derivar en decisiones más drásticas si se confirman irregularidades.

Según los resultados del informe final, la IGJ podría requerir nueva documentación, aplicar sanciones administrativas, impugnar actos de la entidad o solicitar una intervención más profunda.

Paralelamente, la AFA podría optar por judicializar la medida, cuestionando la competencia de la IGJ o la legalidad de la intervención.

Ese escenario trasladaría la disputa al ámbito judicial.

El trasfondo económico: el negocio del fútbol argentino

Detrás de la discusión jurídica subyace el control de los recursos del fútbol argentino.

En los últimos años, la AFA consolidó un crecimiento significativo de ingresos, impulsado por el éxito deportivo de la selección nacional y la expansión de contratos comerciales y derechos audiovisuales.

Ese volumen de recursos —incluidos acuerdos internacionales, sponsoreo, comercialización de imagen y derechos televisivos— posiciona a la entidad como un actor económico relevante en el país.

La IGJ procura determinar si ese crecimiento estuvo acompañado de mecanismos adecuados de control interno, transparencia y rendición de cuentas.

La investigación alcanza también la estructura institucional del fútbol argentino, donde conviven entidades como la AFA, la Liga Profesional y la residual Superliga, con funciones que en algunos casos se superponen.

Un conflicto con impacto político y proyección incierta

La intervención de la AFA se inscribe en un contexto político donde el Gobierno promueve controles institucionales en diversos frentes.

El fútbol, por su peso simbólico y económico, constituye un terreno de sensibilidad especial. La relación entre el Estado y la AFA ha sido históricamente compleja, atravesada por intereses políticos, económicos y sociales.

En la etapa inmediata, los veedores comenzarán el análisis documental y operativo de la AFA. Si el informe confirma irregularidades, el Gobierno podría profundizar el control; si la auditoría no detecta inconsistencias, la AFA podría fortalecer su posición institucional.

La intervención marca un punto de inflexión: por primera vez en años, el Estado implementa un control directo sobre la principal entidad del fútbol argentino, en un escenario donde el poder económico del sistema alcanza niveles inéditos.

Advertisement

Destacado

El Gobierno encara la última semana legislativa con agenda inconclusa y dudas por el temario de extraordinarias

Publicado

en

El Congreso de la Nación entrará en su última semana de sesiones ordinarias con un temario muy amplio y con una actividad pocas veces vista en el Palacio Legislativo.

Por el lado de Diputados, el temario se complicó luego de que la semana pasada el oficialismo no consiguiera el quórum necesario. Sin la sesión del miércoles pasado, el cronograma de la Cámara baja hace que ya queden, por lo menos, dos proyectos de ley de interés para la Casa Rosada que deberán esperar el decreto de llamado a sesiones extraordinarias para diciembre.

La ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida popularmente como ley Malvinas, es un proyecto que se impulsa desde el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. En los pasillos del Congreso se lo asocia a quien supo ser uno de los vértices del ya desaparecido triángulo de hierro presidencial. Además, forma parte fundamental de la estrategia gubernamental para intentar frenar el avance petrolero en Malvinas y, en paralelo, restringir el ingreso de capitales chinos en sectores críticos como energía, minería y telecomunicaciones.

La otra norma que también deberá esperar el llamado a extraordinarias es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Aunque se trata de una votación que en principio resultaría “simple” —ya que el proyecto ya pasó por Diputados, fue aprobado por amplia mayoría y volvió con cambios desde el Senado, donde obtuvo dos tercios, lo que facilita la votación en Diputados—, no habría margen suficiente para ingresarlo al recinto esta última semana.

Por último, queda el traspaso de la justicia en lo Criminal y Correccional de Menores de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta ahora los diputados tienen aviso de que la última sesión del período ordinario se realizará el próximo jueves, con la idea de tratar el Presupuesto 2027. Teniendo en cuenta la extensión que suele tener el debate de la ley marco de la administración nacional, es poco probable que se incorpore otro punto al temario.

En el Senado las cosas tampoco están mejor. La semana próxima los legisladores tendrán 48 horas de intensa actividad.

El miércoles a la mañana, a las 10, se citó a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales, con la intención de debatir y, en lo posible, dictaminar la ley de ludopatía que llegó en revisión de Diputados.

Ese debate deberá concluir alrededor de las 14, porque está previsto que a partir de las 15 comience la exposición de Diego Santilli en lo que será su primera presentación del informe de gestión en su rol de jefe de Gabinete.

Para el jueves está prevista otra sesión en la Cámara Alta, en la que ingresará el proyecto de ley de ludopatía y varios otros proyectos con dictamen a los que los senadores acordaron darles sanción —o media sanción— para que no pierdan estado parlamentario.

Pero el debate principal será la reforma de la ley electoral, en la que el oficialismo llega con un único objetivo: suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y poner en marcha Ficha Limpia. En el oficialismo confían en conseguir los votos necesarios, pero, como dijo a Infobae una senadora libertaria, “el diablo está en los detalles”, por lo que trabajarán en la previa para no sufrir ningún tipo de contratiempo.

“Queda una semana de mucha rosca para poder lograr alguno de los objetivos. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es el de suspender las PASO. Veremos cómo se mueven ellos y, a partir de ahí, terminaremos de organizar la estrategia para llegar al recinto con votos de sobra”, agregó.

Quedan cuatro días de sesiones ordinarias. Después, habrá que esperar el decreto del Ejecutivo que llame a sesiones extraordinarias y que establezca el temario que la Casa Rosada buscará tener aprobado para el 30 de diciembre.

Continue leyendo

Destacado

A una semana del fallo del Tribunal del Mar, Quirno volvió a reclamar que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas

Publicado

en

A una semana de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dé a conocer su resolución sobre el reclamo contra el Reino Unido, el canciller Pablo Quirno reiteró el reclamo contra las empresas extranjeras que encabezan el proyecto Sea Lion, que busca explotar el petróleo de las Islas Malvinas.

“Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, sostuvo el canciller. Por esto, explicó que la Argentina decidió llevar el planteo ante el tribunal internacional con sede en la ciudad de Hamburgo, en Alemania.

La presentación no solo se trató de un pedido de intercesión, ya que las autoridades argentinas solicitaron una medida previa para que se detenga el avance del proyecto petrolero. “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”, apuntó.

De esta manera, el canciller precisó que esperaba una decisión para el próximo sábado 28 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene previsto comunicar su orden sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

Además del cese de la explotación petrolera, la Argentina también pidió que el Reino Unido se abstenga de otorgar permisos en el área, que preserve la información obtenida durante la exploración y que proteja el medio marino. La solicitud fundamentó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible al considerarse que se trata de un territorio que se mantiene en disputa por su soberanía.

Continue leyendo

Destacado

Semana clave: Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política y se definen los proyectos que va a priorizar la Casa Rosada

Publicado

en

Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política del Gobierno para el martes 24 de noviembre a las 13 en la Casa Rosada, con el objetivo de cerrar la estrategia política en términos legislativos antes de que el período ordinario del Congreso venza y se defina el llamado a sesiones extraordinarias en los próximos días. Será la segunda reunión en siete días, tras casi un mes sin encuentros.

La cumbre deberá definir el quórum para tratar el Presupuesto 2027 en Diputados, los votos para suspender las PASO en el Senado y las negociaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá con los gobernadores mientras presenta su primer informe de gestión ante la Cámara alta.

La reunión volverá a realizarse en el horario habitual de las 13, luego de que el encuentro del martes 17 se adelantara a las 11. Aquella cita duró una hora y media y fue la primera desde principios de mes.

Además de Karina y Santilli, en la mesa participan el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

El cierre legislativo antes del 30 de noviembre

Santilli debutará el miércoles 25, desde las 15, en el Senado con su primer informe como jefe de Gabinete. La oposición ya envió más de 1.600 preguntas y el oficialismo prevé que la sesión pueda extenderse durante más de seis horas.

En Diputados, La Libertad Avanza busca llevar al recinto el Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen de mayoría el martes 17. La sesión está prevista para el miércoles 25, aunque en el Congreso evalúan postergarla hasta el jueves 26 porque se va a insistir en el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La aprobación definitiva de esa iniciativa quedaría para diciembre, durante las sesiones extraordinarias. Antes de esa discusión, Martín Menem deberá resolver la designación de la cuarta representante de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.

Provincias Unidas promueve al diputado Juan Brügge, mientras que el PRO impulsa a Florencia de Sensi. La falta de consenso impidió reunir quórum el miércoles 18 y frustró una sesión que debía abordar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El principal debate de la semana llegará el jueves 26 en el Senado, con el proyecto que suspende las PASO para 2027. El oficialismo sostiene que cuenta con 40 votos, aunque todavía no consiguió cerrar el dictamen.

Los dos senadores de Provincias Unidas y tres representantes radicales firmaron en disidencia. Para acercar posiciones, la versión negociada retiró las listas colectoras, que habían generado resistencia entre los aliados.

Ese mismo día existe una moción de preferencia para tratar el proyecto de prevención de la ludopatía. La Cámara alta viene de aprobar por unanimidad el régimen permanente de discapacidad, además de sancionar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada por 42 votos contra 26, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes por 47 a 22 y la Ley Joaquín.

Los votos para las PASO y las tensiones internas

La última reunión política estuvo centrada en el recuento de respaldos para la reforma electoral. El oficialismo reconoció entonces que aún no reunía los votos necesarios en el Senado y no logró avanzar con el dictamen.

El comunicado oficial indicó que continuarían las conversaciones sobre la iniciativa y que se recibirían propuestas y modificaciones de los distintos bloques. En paralelo, el PRO anunció que acompañará la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur, aunque condicionó ese respaldo al avance de Ficha Limpia.

Patricia Bullrich confirmó que votará la suspensión de las primarias. La mesa del 17 también definió enviar al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

La cita previa se había realizado después de una pausa de casi un mes. Karina Milei suspendió el encuentro previsto para el 3 de noviembre tras la ausencia de Bullrich en una reunión de Gabinete, mientras que la visita del papa León XIV dejó sin actividad la agenda de la semana siguiente.

La imagen de unidad de la última cumbre no eliminó las diferencias entre sectores del Gobierno, aunque creen que los diversos acuerdos legislativos logrados esta última semana ayudaron a limar algunas asperezas. “Creo que el Gobierno venía en un letargo hasta la llegada del Papa con temas que no avanzaban. Creo que después, no sin algunos contratiempos, salimos adelante”, afirma uno de los miembros de la Mesa en diálogo con Infobae.

En el Ejecutivo descartan una ruptura. Bullrich sigue siendo una figura necesaria para reunir apoyos en la Cámara alta, donde el Gobierno necesita cada voto para aprobar la suspensión de las PASO.

Continue leyendo
Advertisement

Trending