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El Gobierno define la agenda legislativa: la Ley de Glaciares será prioridad y evalúa insistir con Hojarasca

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Con intención de dar curso al año legislativo, el Gobierno Nacional revisa el proyecto de Código Penal, anunciado en diciembre como una de las claves del período, y el paquete en defensa de la propiedad privada, que girarán al Congreso en el primer envío del período ordinario. Según supo Infobae, el oficialismo analiza insistir también con la Ley de Hojarasca para concretar la eliminación de 70 leyes, que fueron sancionadas por distintas administraciones.

Luego de la reunión de mesa política del pasado martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo insitirá con la modificación del Código Penal, en el que trabajó el saliente tándem de Justicia Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, y que revisa el equipo que lidera Juan Bautista Mahiques con intención de implementar algunos cambios, y el paquete que contempla la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.

A los anunciados proyectos, podría sumarse la Ley Hojarasca que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la eliminación de 70 leyes, y que fue enviada al Congreso Nacional en octubre de 2024, cuyo tratamiento no prosperó. El funcionario argumentó que la normativa “busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones”.

Con tan solo tres días hábiles en la semana, luego del fin de semana XLL por el 24 de marzo, que conmemora el 50° aniversario del último golpe cívico militar de 1976, el reducido equipo que coordina Adorni, bajo supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volverá a verse las caras la próxima semana. Sin embargo, este miércoles accederán al detalle de las normativas anunciadas a ser enviadas en la primera tanda, que hasta entonces permanecen en las oficinas de un puñado de funcionarios.

Asimismo, en el oficialismo destacan la Ley de Glaciares, prevista para ser tratada durante las extraordinarias, pero finalmente postergada para ordinarias, como una de las prioridades de la Casa Rosada. El cronograma legislativo incluye el desarrollo de una audiencia pública sobre el tema que contó con más de 65000 inscriptos a repartirse entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, con un cupo de solo 200 expositores.

Se trata de uno de los principales reclamos de un puñado de gobernadores mineros aliados, varios de los que participaron de la Argentina Week, y configura una cuenta pendiente que quedó del temario de la prórroga veraniega.

Por estas horas, hay quienes sostienen que podría discutirse en el recinto el próximo 8 de abril, y si bien estaba previsto que ingresara por la Cámara de Senadores, aún no hay garantías de que eso ocurra. Es que, según expuso un integrante de la mesa política a este medio, varios legisladores cuestionan la determinación al sostener que “(Patricia) Bullrich quiere absorver todo y llevarse los laureles”.

Todavía hay detalles de la hoja de ruta legislativa que restan definir en Balcarce 50. En este grupo figuran las modificaciones en las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad que prometieron impulsar para contener la bronca de los sectores involucrados, pero también la reforma política que fue anunciada por el presidente Javier Milei durante su discruso de la apertura de sesiones ordinarias.

Los cambios en el sistema democrático actual también son materia de debate interno. Como contó este medio, el oficialismo resolvió postergar para “más adelante” el envío al Congreso con intención de tantear los respaldos con los que cuenta antes de su tratamiento. Varias voces del ecosistema libertario promente que figurará en la segunda tanda de proyectos que girará el Ejecutivo, luego de que resuelva el futuro de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las posturas, delimitadas en función de la composición del Congreso, son diversas. “Nosotros queremos la eliminación porque es un gasto inmenso para el contribuyente”, argumenta un habil negociador violeta. Sin embargo, la realidad parece empañar los deseos del mandatario y limitar su alcance: algunos piensan en repetir la suspensión de las PASO, como ocurrió en 2025, y otros en eliminar su caracter obligatorio. Con el correr de los días, y feriados mediante, deberán ajustar la línea antes de enviar los proyectos.

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Milei sobre el dato de inflación: “Retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas»

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El Presidente Javier Milei celebró este jueves el dato de la baja de la inflación en abril que publicó el INDEC y afirmó: «Retornando a la normalidad».

Y agregó: «A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente».

El mandatario se pronunció así en su cuenta de X minutos después de que se confirmara que la inflación de abril fue del 2,6 por ciento quebrando la racha alcista del índice.

También se hizo eco el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que «la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en cinco meses».

«El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales. La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre», continuó en X.

Y agregó: «Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017. La variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente».

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La inflación de abril fue de 2,6%, cortó una racha de diez meses seguidos sin bajar y acumula 12,3% en el año

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La inflación de abril fue 2,6% y acumuló 12,3% en el primer cuatrimestre del año, informó este jueves el INDEC. La variación mensual se desaceleró 0,8 puntos porcentuales con respecto a marzo. El IPC nacional acumuló un aumento de 32,4% en los últimos 12 meses.

Así la inflación en abril cortó una racha de 10 meses consecutivos sin bajar, en línea con lo que anticipaba el Gobierno y las consultoras privadas. Además, fue el menor dato en los últimos cinco meses.

Sin embargo, el acumulado en el primer cuatrimestre superó el total de inflación que el Gobierno esperaba para todo el año en el Presupuesto 2026.

La división de mayor aumento en el cuarto mes de 2026 fue Transporte (4,4%), explicada por el aumento de los combustibles. En segundo lugar se ubicó Educación (4,2%). En el extremo opuesto, los dos rubros con menores aumentos fueron Recreación y cultura (1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%).

Pese a ello, los alimentos fueron la división de mayor incidencia en la variación mensual de precios de las regiones Noreste, Noroeste y Pampeana. En cambio, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor peso en GBA, por el aumento en alquileres y tarifas de energía eléctrica. Finalmente, Transporte fue la división con más incidencia en Cuyo.

A nivel de las categorías de precios que releva, el informe del Indec destacó que los regulados tuvieron el mayor incremento del mes, con 4,7%, debido al aumento de transporte y electricidad.

Por su parte, el IPC núcleo (que excluye las variaciones de precios estacionales y regulados) marcó un alza de 2,3% por los aumentos en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar.

Finalmente, los precios Estacionales tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas, por lo que no mostraron ningún movimiento en abril.

Fuente: TN

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Batalla con las universidades: la cerrazón del Gobierno tensiona a la Corte y no destraba el tema en el Congreso

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La cerrazón del Gobierno -que tiene máxima expresión en el caso Adorni- terminó de instalar la batalla con las universidades públicas como cuestión de impacto en los otros dos poderes del Estado. Después de la masiva marcha de esta semana en reclamo del financiamiento dispuesto por ley, el oficialismo se mostró intransigente, aunque enredado en su propio juego. La tensión se corrió a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre una cautelar, sin plazos pero con renovado foco sobre sus pasos: intercambio interno de opiniones y reuniones formales, como la de este jueves. Y todo indica que su definición sería gravitante para las chances de una negociación efectiva del oficialismo con los rectores, mientras el tema sigue sin pulso en el Congreso.

Al menos de momento, la pelea con las universidades empató los temores o inquietudes del Gobierno por otras señales que pueden llegar desde la Justicia. En el caso del jefe de Gabinete, los capítulos se suman a diario y se fue añadiendo la especulación sobre una citación al funcionario. Y en cuanto a las universidades, algunos hasta dan casi por seguro una decisión de la Corte que imponga, de hecho, la obligación de girar fondos en función de la ley que el Ejecutivo no cumple argumentando que la norma no incluye el recurso presupuestario.

En el máximo escalón judicial, como es tradición, incomoda quedar en el centro de una disputa que no pudo ser superada en el terreno político. Horacio RosattiRicardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además, fueron apuntados por el Gobierno debido a su condición de docentes universitarios, lo cual fue interpretado como una chicana para tratar de estirar los tiempos. Como se sabe, el recurso extraordinario del Ejecutivo intenta extender el freno a la ley de financiamiento de las universidades públicas.

El Gobierno descalificó antes y después la marcha. Lo hizo además en un contexto de nuevo ajuste de cuentas para mantener superávit. Y eso mismo, entre otras interpretaciones, ratificó el peso de Economía sobre cualquier área a la hora de negociar. Es un dato, cuando desde el Gobierno surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar las conversaciones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.

Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a jugar como voz oficial en este terreno. Después de días repitiendo que el reclamo en la calle era una movida “política” -nada original, escuchado en otras gestiones-, dijo que más allá del número de personas que se movilizaron el martes, el límite sigue siendo presupuestario. “La ley nació muerta”, dijo. La versión sobre la posibilidad de negociar apuntó a que antes corran algunos días. Se verá, por supuesto, si se espera la decisión de la Corte.

Cualquier movimiento debería tener correlato en el Congreso. Es significativo: el intento de negociar una nueva ley de financiamiento universitario debería contar con consenso amplio para encontrar una fórmula que destrabe el conflicto. Hasta ahora, el intento inicial del Gobierno quedó en la nada, paralizado en Diputados.

La nueva tanda de poda presupuestaria volvió a marcar el eje del Gobierno. Y ese es un dato central a la hora de negociar. Una decisión de la Corte será determinante en ese plano, porque según su sentido podría acelerar o estirar los tiempos para sentarse a negociar con los rectores.

El panorama legislativo está cruzado por incertidumbres en el oficialismo y en la amplia franja de la oposición más dura, los dialoguistas y hasta los socios de LLA. Un paño en el que también juegan los gobernadores, que en su mayoría buscan sostener los puentes con el Gobierno, pero están complicados por la caída de la coparticipación, de otros fondos nacionales y de la recaudación local. El nuevo ajuste sorprendió por su alcance a los jefes provinciales: algunos ven tambalear acuerdos alcanzados trabajosamente como parte de las tratativas por la reforma laboral.

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