Conecta con nosotros

Destacado

La decisión definitiva de Kicillof, la nueva propuesta de Uñac y la avanzada del peronismo anti K en el norte

Publicado

en

El jueves, ante un auditorio lleno y necesitado de un candidato a presidente opositor, Axel Kicillof probó el tono de un discurso que empezará a multiplicarse en sus actos de campaña. Porque, en definitiva, lo que está haciendo el gobernador bonaerense es instalar y reforzar su proyecto nacional en el camino hacia las elecciones presidenciales del año que viene. Puso en sus palabras el ímpetu de un lanzamiento pero, al mismo tiempo, la apertura a la convivencia de quien sabe que su conducción está limitada a un sector del peronismo.

“Axel entendió que en la calle se empezó a vivir una situación diferente respecto al gobierno de Milei y que no puede mantener su discurso de la misma forma. Hay que subirse a ese momento y empezar a acelerar”, sostuvo un funcionario de estrecha relación con el Gobernador, respecto al descontento con la gestión libertaria que se empieza a visibilizar en las encuestas. En su discurso Kicillof puso énfasis en el fracaso del Frente de Todos cuando aseguró: “No nos puede pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar”.

En el peronismo bonaerense hay quienes creen, con cierta lógica, que el mensaje fue para todos los participantes de frente que explotó por los aires en el 2023, pero, especialmente, para Cristina Kirchner. No puede haber conducción bifronte. El peronismo, en el caso de llegar a la Casa Rosada, necesita un solo jefe. Y ese tiene que ser el Presidente. El doble comando que se intentó en el 2019 se chocó con una pared de piedra. El mensaje, creen algunos, fue directo al departamento ubicado en San José 1111. Ya no existen los dedos todopoderosos y la delegación del poder.

Más allá de las interpretaciones, las necesidades y las hipótesis, Kicillof tiene en claro cómo debe ser el futuro de su relación con Cristina Kirchner. Está convencido de que la ex presidenta debe estar adentro de la coalición opositora y le otorga un lugar importante para intentar alcanzar el triunfo. Cree que para poder ganar ella tiene que ser parte de la propuesta.

“Esperar una ruptura de Axel con Cristina es una fantasía que no tiene asidero. El que intentó romper definitivamente con ella, desapareció del mapa. No tiene razón de ser que algunos piensen que hay que tirarla por la ventana. Es algo que no va a pasar”, se sinceró un funcionario de extrema confianza del Gobernador.

Kicillof no habla con CFK. Tampoco con Máximo Kirchner. Más allá de esa distancia y sus enojos guardados por la interna con La Cámpora, el economista no va a renegar de su origen kirchnerista. No va a negar su historia porque, en definitiva, esa su matriz política. Ese pasado es el que algunos dirigentes creen que le traerá problemas para hacer pie en el centro del país, donde hay una resistencia muy grande con el kirchnerismo y su dirigencia reconocida.

El mandatario provincial ha tomado una distancia de la conducción de Cristina Kirchner que es evidente. Ya no lo conduce políticamente. Su diferenciación con el estilo y el liderazgo de la ex presidenta está a la vista. Esa postura es la que indigna a todos los sectores del camporismo, que lo siguen viendo como un precandidato presidencial apresurado y confundido. Una mesa más chica y dura lo sigue considerando un traidor y un desagradecido por su trato para con la ex presidenta de la Nación. El enojo es profundo. La decepción, también.

“Axel no hace lo que quiere Cristina y no por eso es un traidor”, explicó a Infobae un ministro de la primera línea de confianza del Gobernador. Con una impronta irónica fuerte, un funcionario de la gobernación aseguró que al kicillofismo “le sirve que Mayra y Máximo sigan diciendo que Axel no es Cristina”, ya que con esa afirmación no hace falta marcar las diferencias entre el gobernador bonaerense y su mentora política. “Nos hacen el trabajo ellos”, agregó con sorna.

Hay relaciones que en el peronismo están rotas y parecen no tener retorno. La de Kicillof con Mayra Mendoza y Máximo Kirchner parece ser una de esas. Pero en las arterias peronistas, los más experimentados suelen decir que siempre hay tiempo para volver a hablar, que nada es lo suficientemente definitivo para llegar al punto final. Tal vez el problema aquí es que lo personal atraviese lo político. Una cuestión que, en todo caso, debe resolverse puertas adentro.

En las últimas horas en La Cámpora cayó mal la reunión que tuvo el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, con referentes del MDF en Quilmes, en la previa del acto que Kicillof protagonizó en la Ciudad de Buenos Aires. La suspicacias alrededor de ese encuentro tienen que ver con la posibilidad de plantarle una interna a la intendenta quilmeña en uso de licencia. “Axel dijo en su acto que hay que perder el menor tiempo posible en internas. Entonces hay que predicar con la palabra y el ejemplo. Pero, sobre todo, con el ejemplo”, se quejaron en el camporismo.

La relación se ha tornado inviable pero, aún así, se mantienen algunos lazos políticos. La mayor muestra de eso es que los cuatro ministros camporistas que tiene el gabinete bonaerense continúan en su cargo. Nunca estuvo en los planes de Kicillof sacarlos. Y no lo está hoy tampoco. Son varios los dirigentes del peronismo, incluso del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), los que consideraron durante este tiempo que el Gobernador tenía que echar a los ministros de La Cámpora para hacer valer su rol de jefe político. Era un pedido interno más que una necesidad del propio mandatario. Nunca ocurrió.

En La Plata aseguran que lo más importante entre tantos tironeos es que las decisiones de la gobernación las tomó siempre el mandatario. Y resaltan como ejemplo la determinación de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, acción política que desató una guerra interna en el peronismo bonaerense. “Mostró que es jefe el día que decidió adelantar las elecciones, pese a que CFK no quería. No le hace falta echar a los ministros”, sentenció un funcionario de extrema importancia en el esquema político kicillofista.

Enfrente de Kicillof, empezó a construir su precandidatura, con un poco más de velocidad, Sergio Uñac. El sanjuanino viene recibiendo dirigentes y empresarios en un departamento que tiene como base de reuniones en el bajo Belgrano. Allí ha montado su base operativa para trabajar la rosca política. Justamente a ese piso con vista a los Lagos de Palermo llegó un grupo de dirigentes que forman la Red Federal Peronista, donde se concentran dirigentes justicialistas de todo el país.

En ese encuentro el sanjuanino reafirmó su idea de que el peronismo debe organizar una interna partidaria abierta. Y que la clave tiene que ver con ordenarla a la par de que se negocie ,en distintas oficinas, los votos por el futuro de las PASO. El Gobierno ya avisó que va a avanzar por su eliminación, mientras que la mayoría de la oposición quiere conservarlas. Hay varios articuladores juntando voluntades. Uno de ellos es Emilio Monzó. El ex diputado, de basta experiencia en la rosca política, está buscando votos en todas las terminales opositoras para mantener las elecciones primarias. Ese trabajó lo llevó a volver a hablar con el ex presidente Mauricio Macri después de un tiempo.

Uñac entiende que el peronismo debe ganarle de mano a Milei y tener organizado un plan de acción por si las PASO se caen. Pero ahora avanzó un pasó más sobre su idea inicial. El ex gobernador propone que la interna partidaria abierta se divida en cuatro regiones y en cuatro días. Una elección por día y por región de los candidatos nacionales del peronismo. Es decir, a modo de ejemplo, que en noviembre se vote en el Noreste (NEA), en diciembre en Noroeste (NOA), en febrero en la región centro y marzo en la Patagonia.

Luego de charlarlo con algunos dirigentes del peronismo, decidió empezar a proponerlo en algunas reuniones políticas como la que tuvo el miércoles por la noche con los integrantes de Red Federal Peronista. El sanjuanino tomó como ejemplo las elecciones internas de demócratas y republicanos en los distintos estados de Estados Unidos. Cree que de esa forma el peronismo puede ocupar seis meses la agenda política. En ese tiempo, los candidatos pueden ordenar sus propuestas por región y centralizar el debate en un determinado grupo de provincias.

El ordenamiento del peronismo es un debate en si mismo. Sobre todo por el grado de conflictividad que hay en algunas provincias. Esta semana la Justicia Federal de Jujuy anuló la intervención dispuesta por Cristina Kirchner en el PJ local, y dejó sin efecto las últimas resoluciones dictadas por los interventores del partido Aníbal Fernández y Gustavo “Tano” Menéndez, que entre las medidas tomadas habían suspendido, preventivamente, a 300 afiliados, entre ellos la senadora nacional Carolina Moisés.

La legisladora, una de las más apuntadas por el cristinismo, salió ganadora en la discusión política judicial que se trazó en el PJ jujeño, ya que fue ella quien impulsó la intervención de la justicia federal, luego de que se suspendieran las elecciones partidarias por cuarta vez y que los interventores la sancionaran por apoyar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases y en el proyecto de Presupuesto 2026.

Tanto Moisés, como otros nombres de peso en el peronismo jujeño, como Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, participaron en listas de fuerzas políticas distintas al PJ durante las elecciones legislativas de octubre y las provinciales de mayo. Las diferencias que existen desde hace tiempo se agigantaron durante la gestión de Milei, porque el kirchnerismo acusó de traidores y cómplices de las políticas libertarias a Moisés y el grupo de gobernadores que integran Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los tres mandatarios provinciales juegan juntos contra el kirchnerismo y recibieron un guiño de la justicia jujeña al momento de enterarse que el nuevo interventor designado fue Ricardo Guillermo Villada, ex ministro de Gobierno de Sáenz y hombre de su extrema confianza. El ex funcionario salteño estará a cargo del partido durante 180 días y tiene como objetivo llamar a elecciones internas durante lo que resta del año.

Es probable que haya una reacción desde el PJ Nacional en un plazo breve. Quienes conocen los vericuetos de la justicia electoral, aseguran que es posible que se recusé al juez federal de Jujuy en el Juzgado que controla la histórica jueza electoral María Servini, ya que es de su competencia la intervención de un partido nacional. Mientras tanto, el peronismo anti K del norte siente que ganó una batalla en las disputas por el control de los PJ locales y las intervenciones en curso.

En el grupo que integran los tres gobernadores y Moisés creen que el peronismo que subsiste dentro de Unión por la Patria tiene “una agenda vieja” y que el encono con ellos es injustificado porque las decisiones están asociadas a la gestión. “Somos peronistas y tenemos que gobernar”, suelen decir Jaldo y Jalil cada vez que escuchan quejas a la distancia, como una forma de marcar que no sacan los pies del partido, pero entienden que la gestión necesita de una mejor relación con la Casa Rosada.

Esta semana, durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina, el catamarqueño Jalil aseguró que “el peronismo tiene que salir de la agenda del conurbano y del no”. Tanto él como sus otros dos colegas creen que el esquema principal del justicialismo no le dan relevancia a cuestiones centrales para las provincias, como fueron el RIGI o, durante esta semana, la Ley de Glaciares. Esas diferencias internas de criterio terminaron por romper los bloques del peronismo en el Senado y la Cámara de Diputados. Es una cadena de desencuentros y diferencias.

Esos gobernadores hoy están lejos de la posibilidad de integrar un frente común el año que viene con la mayor parte del peronismo. Tienen diálogos abiertos con otros gobernadores que no son del PJ, con los que se sienten más cómodos. Incluso, algunos de ellos pensó en la posibilidad de forjar una alternativa electoral conjunta el año que viene. Una tercera vía. Aunque, en las hipótesis más realistas, lo más ļógico sería que varios de ellos terminen logrando un acuerdo con la Casa Rosada, en una negociación que cruce los intereses nacionales con los provinciales, y que derive en el conocido toma y daca.

Advertisement

Destacado

El secretario de Discapacidad debuta en el Congreso para frenar el intento opositor de prorrogar la Emergencia

Publicado

en

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.

Continue leyendo

Destacado

Senado: el Súper RIGI tendría cambios y podría regresar a Diputados tras una negociación entre libertarios y radicales

Publicado

en

En un enroque de proyectos contado por Infobae días atrás, La Libertad Avanza y los radicales del Senado intentarán avanzar con la firma de dictámenes de dos iniciativas: el Súper RIGI, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”; y la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas, respectivamente.

La primera ley es la que genera la mayor expectativa en el Ejecutivo, que se debatirá desde las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General. El texto en cuestión ya fue aprobado por Diputados, pero este mediodía se confirmaría lo que fue comentado días atrás por este medio: el articulado sufriría modificaciones de cara al recinto, lo que forzaría un regreso a la Cámara baja, en segunda revisión.

Son dos los cambios que se comentan. El primero es claro e innegociable y tomó forma días atrás cuando el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, expuso en el plenario y afirmó: “Una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina”.

“Esta corrección no solo podría ser incluida reglamentariamente en el RIGI, sino que también se podría aprovechar en el debate parlamentario que nos convoca sobre la creación del llamado Súper RIGI. Si bien valoramos que se incorpore ese porcentaje de contratación local, creemos que habría que precisar ese concepto. Entendemos que sumar servicio y obra al compromiso puede diluir ese 20%, porque, como dijimos, de todas maneras, esto se da naturalmente con la mano de obra”, sostuvo el disertante.

Reforzó estos conceptos el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal. “Lo que queremos destacar –como dijo el colega– es que este proyecto destina el 20% de la inversión a bienes, obras o servicios. Es obvio que la obra civil, el movimiento de tierra y demás, sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Pero, en este contexto internacional, nuestra propuesta es que ese 20% se destine –y que así se aclare– exclusivamente para bienes producidos en el país”, enfatizó.

En el oficialismo apuntarían a una segunda modificación sobre generaciones de redes eléctricas propias que, por ahora, no queda del todo claro. Un detalle no menor para este tema y también el de las 11: son tres comisiones en cada reunión y todas tendrán que tener quorum para dictaminar. Para una semana sin sesión y no tantos legisladores vistos ayer, será un desafío.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo de la iniciativa del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes), y de la mendocina Mariana Juri, entre otros.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

Para este proyecto están involucradas las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales. En tanto, para las 17 de hoy se consumará un tercer cónclave por la regulación del mercado de carbono, aunque en la convocatoria aparecen invitados y, en principio, no se rubricaría un despacho. Algunos dialoguistas pujan por ello.

Continue leyendo

Destacado

¿Qué pasa si EEUU cambia su histórica posición sobre las Islas Malvinas? La opinión de los analistas y la expectativa del Gobierno

Publicado

en

Una frase, breve, pronunciada el lunes por Donald Trump en el Salón Oval puso en movimiento la maquinaria diplomática argentina sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”, sostuvo el presidente de Estados Unidos cuando fue consultado sobre si su gobierno reconsideraría su postura histórica sobre la soberanía del archipiélago. En Buenos Aires, el impacto fue inmediatoEl gobierno anunció una cadena nacional de Javier Milei sobre el tema y analistas consultados por Infobae dividen su opinión entre quienes ven una oportunidad histórica y quienes advierten que no hay nada concreto detrás de este movimiento.

Para el mandatario, la declaración de Trump es “algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”. Así lo afirmó en la radio El Observador este martes. El tema dominó la reunión de Gabinete, donde el canciller Pablo Quirno expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas.

Tras las palabras de Trump, y entrevistado en Infobae en Vivo, el funcionario eligió un tono medido: “Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, señaló, pero al mismo tiempo fue cuidadoso al delimitar los alcances del movimiento del líder republicano: “Sobre lo que no tenemos control, no operamos”, señaló, y agregó: “Tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”.

Diplomáticos de la Cancillería argentina, consultados por Infobae, trazaron una distinción entre el plano discursivo y el plano práctico de que efectivamente haya un movimiento por parte de EEUU. “Lo que cambia en lo discursivo y en lo declarativo de manera pública es muy fuerte, porque inclina definitivamente la balanza sobre el tema”, señalaron. “Un eventual voto abierto a favor de Argentina en la ONU -graficaron- sería muy fuerte; es más simbólico que político, aunque a efectos prácticos, en lo concreto no cambia en nada”.

No es la primera vez que Trump utiliza la carta “Malvinas” en el tablero geopolítico. Ya hubo un episodio similar en abril, cuando se filtró un correo electrónico interno del Pentágono que contemplaba revisar el apoyo estadounidense al Reino Unido como represalia por la negativa de Londres a acompañar a Washington en operaciones militares contra Irán. En aquella ocasión, el secretario de Estado Marco Rubio y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ratificaron la posición de neutralidad. El propio Rubio descalificó el correo filtrado definiéndolo como “solo un email”.

En las antípodas de esa cautela oficial, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó en sus redes sociales otra visión: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico”.

La reacción británica no se hizo esperar. John Healey, ministro de Hacienda del Reino Unido y primer funcionario en tomar la palabra, fue taxativo en declaraciones a The Times: “Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen”. El funcionario aclaró además que no recibió “ninguna sugerencia” de funcionarios estadounidenses al respecto. El portavoz oficial del primer ministro, Andy Burnham, sostuvo que la posición de su gobierno “no ha cambiado” y que el compromiso de Londres con los isleños es “inquebrantable”.

¿Una maniobra de presión a Londres o gesto político a un aliado?

Lejos del entusiasmo del Gobierno, varios analistas consultados por Infobae coincidieron en que la declaración de Trump debe leerse en clave de política interna británica y de las tensiones con la OTAN, no como un giro genuino sobre la soberanía del archipiélago.

El politólogo Claudio Fantini planteó que hay que leer las palabras de Trump “como una advertencia, no como un anuncio”. Según su análisis, la verdadera motivación no es el debate sobre el gasto en defensa de la OTAN sino la indignación de Trump con Londres por haberle negado el uso de bases militares estadounidenses en territorio británico para operaciones vinculadas a la guerra contra Irán. “No es algo que sale de una convicción de lo que considera lo justo y lo adecuado respecto al tema de Malvinas, sino que tiene que ver con un castigo que Trump quiere hacerle a los gobiernos británicos”, afirmó Fantini, quien añadió que el componente ideológico también cuenta: se trata, en ambos casos, de gobiernos del Partido Laborista.

Para graficar la inconsistencia del mandatario, el analista político trazó una analogía con Corea del Sur. “Cuando Seúl también rechazó colaborar en el conflicto con Irán, Trump pasó a elogiar a Kim Jong-un y amenazó con reducir los ejercicios militares conjuntos, claves para mantener el equilibrio en la península coreana”, recordó. Y amplió: “Un tipo que a la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra. Un día escribe con la mano lo que al otro día borra con el codo sin hacerse mucho problema”.

Sin embargo, Fantini fue enfático sobre qué debería hacer el gobierno argentino: “Argentina tiene que salir a subrayar esta frase y no dejarla pasar”, afirmó, y señaló que si el cambio llegara a consolidarse como política de Estado, más allá de quién gobierne en EEUU, sería “una gran noticia” para Buenos Aires.

Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, fue más directo sobre el rol de Argentina en este tablero. Para el analista político, Malvinas es el pretexto más a mano que tiene Trump para presionar al gobierno laborista de Burnham y forzarlo a elevar el gasto en defensa al 3% del PBI. El timing, aseguró, no es casual: “Coincide con los trascendidos de que el propio Healey planeaba abandonar ese compromiso para 2030, con un anuncio presupuestario previsto para el 28 de octubre”.

La motivación de fondo, según Puricelli, va más allá de la OTAN: “Hacer ganar a la extrema derecha en todos los países en los que pueda es la meta primordial de Trump.” Forzar a Burnham a recortar salud, educación y bienes públicos para financiar el gasto militar, indicó a este medio, “alimentaría el malestar del que se nutren el demagogo Nigel Farage y el partido Reform”. “Los intereses de Argentina no entran en absoluto en consideración (de Trump) en su posible revisión de la postura sobre el estatuto legal de las islas del Atlántico Sur”, concluyó.

El politólogo Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, resumió su pronóstico en una línea: “Va a pasar lo mismo que con Groenlandia, nada”. La referencia no es arbitraria: a comienzos de 2025, Trump anunció con insistencia que Estados Unidos adquiriría Groenlandia -territorio autónomo bajo soberanía danesa- por razones de seguridad nacional, llegó a hablar de una “necesidad absoluta” y no descartó el uso de la fuerza. Dinamarca rechazó cualquier negociación, la comunidad internacional reaccionó con alarma y Washington no avanzó más allá de la retórica.

Más matizado en su análisis, el exembajador Diego Guelar, con pasado en las embajadas de Estados UnidosBrasil y China, consideró que un eventual giro de Washington sería positivo para Buenos Aires, pero advirtió que las palabras de Trump están lejos de constituir una decisión de Estado. “Un cambio de posición estratégica de este tipo requeriría consulta del Congreso. Debe haber una decisión de otro tipo. No alcanza con su opinión”, explicó. Y fue más específico: “Si llegara a ocurrir, cosa que dudo, Milei se lo atribuiría como un logro de su administración, y tendría razón. Sin lugar debilita la posición británica”.

En los organismos multilaterales, la posición de Estados Unidos sobre Malvinas siempre fue más compleja que la neutralidad que declara en público. En junio de 2026, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó por consenso una resolución que exige al Reino Unido negociar con Argentina la soberanía del archipiélago -la misma que Londres sistemáticamente ignora desde 1965-.

El debate se da, además, en un contexto de creciente presión económica sobre el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum —con el 65% del proyecto— y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La Fase 1 del proyecto, con una inversión de 1.800 millones de dólares, apunta a producir 50.000 barriles diarios con primer petróleo previsto para 2028.

Es precisamente esa explotación la que el Gobierno, a través de la Cancillería, calificó de “unilateral” por parte de los británicos, algo “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”.

Continue leyendo
Advertisement

Trending