El sistema de toma de decisiones implementado por Javier Milei entró en una fase de crisis total. Ya no se trata solo de la desintegración del triángulo de hierro y la disputa feroz entre Karina Milei y Santiago Caputo, que se extendió a sus respectivos colaboradores y que el viernes quedó en evidencia por un descarnado pase de facturas virtual entre seguidores de ambos bandos: el liderazgo del Presidente ya no funciona como aglutinador de la tropa, y el Gabinete está colapsado por el affaire patrimonial, y sorprendentemente amateur, de su ministro coordinador, Manuel Adorni.

Esa crisis superó la capacidad de respuesta de un gobierno que se conformó a las apuradas con funcionarios que, en muchos casos, apenas se conocen, y exhibió en los últimos tiempos una profunda desconexión interna entre sus integrantes: “No hay nadie empujando la agenda”, aseguran internamente. Peor aún: se multiplican los cortocircuitos.

Esa desconexión generó situaciones insólitas. Justificadas, en su mayoría, por la irrenunciable decisión de sostenimiento del equilibrio fiscal que comenzó a irritar a un sector de la administración central, y que inquieta a intendentes y gobernadores, desahuciados financieramente. Por la motosierra, la política de Estado más eficaz hasta el momento, se cortaron, por ejemplo, los pagos a los proveedores de la comida presidencial hasta que alguien notó el error. “Lo dejaron sin comida al Presidente”, exageró una fuente oficial. Ejemplos como esos abundan, como el de una Secretaría que arrastra serios problemas para pagar las facturas de luz del edificio. No tienen bien en claro a quién reclamarle.

Muchísimo más caras, sin embargo, fueron las repercusiones del freno abrupto que Luis Caputo, “Toto”, y su inflexible secretario de Hacienda, Carlos Guberman, aplicaron en el verano a las transferencias del Tesoro al PAMI y a discapacidad, dos áreas críticas controladas por Santiago Caputo, en teoría, un aliado interno del ministro de Economía en el Gabinete. “Toto” quiso pisar antes el freno, pero lo convencieron de que no era una buena idea hacerlo en medio de la campaña electoral del año pasado. Con el triunfo de octubre consumado, el ministro avanzó: con excepción de los planteos en Salud, no existió ningún ámbito de análisis interno que abordara las consecuencias de esa decisión.

Algo similar ocurrió con las universidades: la emergencia por el revés judicial en torno a la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso, que obliga al Gobierno a actualizar los salarios de los docentes y no docentes, un compromiso calculado en $2,5 billones, también desnudó la crisis del sistema de toma de decisiones oficial. El viernes, el Ejecutivo apeló con un recurso extraordinario el fallo de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo federal que rechazó la medida cautelar del Gobierno. De la decisión de esa Cámara se desprenderá si Milei acude o no en queja a la Corte Suprema como último recurso. Pero hasta tanto decida el máximo tribunal, el Presidente y “Toto” Caputo deberían liberar las partidas para cumplir con esa ley del Congreso. Altísimas fuentes oficiales explicaron que, si eso pasa, no se desembolsarán los $2,5 billones, si no que habrá una erogación parcial: “No tenemos esa plata”, se excusaron. En enero, el otro Caputo, Santiago, abrió una negociación subterránea con emisarios de las universidades para explorar un camino alternativo: se implementaría una recomposición salarial en cuotas que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estaba dispuesto a convalidar y el oficialismo a promover con una modificación a la ley sancionada por la oposición y algunos aliados. La negociación se echó para atrás por orden de Karina Milei.

Es una incógnita el nivel de detalle con el que el Presidente sigue algunas de esas negociaciones. También, hasta qué punto está dispuesto a zanjar esa disputa a cielo abierto, que repercute directamente en el ritmo cotidiano de la gestión, entre los dos integrantes de ese sistema de toma de decisiones que implementó cuando echó a Nicolás Posse, y que desde el último trimestre del 2025 se empantanó en un lodazal intransitable.

“¿Quién opera sobre las cosas? ¿Quién hace que las cosas sucedan?“, se preguntó un operador libertario. Hay una inquietud cada vez mayor, en todos los rubros. Por ejemplo, en el sector minero, tras la cautelar presentada por el gobernador pampeano que se apuró en tratar de frenar la aplicación de la ley de glaciares, una iniciativa que promueve inversiones millonarias en ese rubro. El juez federal que debe definir esa presentación es Juan José Baric, designado en el 2018 por Mauricio Macri, el ex presidente que tiene el tiempo suficiente para combinar actividades políticas -estuvo el viernes en Chaco, en un acto partidario- con sus hobbies personales -participó este sábado de un torneo de bridge en el CeNARD-. El juez espera por la reglamentación de la ley. “¿Hay alguien hablando con él?“, se preguntó un lobista minero. El mismo cuestionamiento sobrevoló al dispositivo libertario con la aparición estelar de la escribana Adriana Nevechenko, que participó de las operaciones inmobiliarias de Adorni: en varios despachos oficiales se enteraron de que brindaba una entrevista, en los estudios de Infobae en vivo, en medio de la nota. Jocosa, la escribana confesó que, por su conocimiento de quince años atrás, el jefe de Gabinete recién había realizado operaciones inmobiliarias una vez que entró a la función pública.

El jueves, en la inauguración del Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA), un evento que contó con la plana mayor de la SIDE y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, llamó la atención la ausencia de las máximas autoridades de los ministerios de Seguridad y de Justicia, dos áreas que, según la creación del centro, deberían articular políticas públicas de prevención con la Secretaría de Inteligencia. Sí hubo destacados funcionarios judiciales. La SIDE es administrada por Caputo a través de Cristian Auguadra, antiguo contador de la familia. Los ministros de Justicia y de Seguridad, Juan Bautista Mahiques y Alejandra Monteoliva, responden a Karina Milei. En los últimos meses se acrecentaron los pases de facturas entre esas tres áreas. La salida de Mariano Cúneo Libarona y el desembarco de Mahiques no solo no aquietó las aguas, sino que las alborotó aún más. El ejemplo más ostensible es la investigación tramitada en Comodoro Py que tiene al jefe de Gabinete como protagonista central. ¿Cuánto tiene que ver la celeridad de esas pesquisas con los cambios en el Ministerio de Justicia?

Existe, de todos modos, un dato aún más sorprendente en torno a la SIDE: el Presidente no conoce y no tiene ningún tipo de vinculación con el jefe de los espías. Toda una novedad para un puesto que, se supone, debería ser ocupado por un funcionario de la más extrema confianza del jefe de Estado. Fuentes del entorno presidencial resaltaron, además, que ni Milei ni su hermana reciben asiduamente los informes de la Secretaría.

El Presidente sigue obsesionado, casi con exclusividad, con el rumbo del programa económico que mostró en los últimos meses severas señales de alerta, aunque Milei está convencido de que, próximamente, habrá signos de recuperación de la actividad. Obstinado, se refiere a las dos velocidades de la economía, y apuesta a una mejoría a partir de este trimestre, el segundo, “el trimestre dorado” por la liquidación de la cosecha que se prevé récord. El viernes, el ministro Caputo consiguió, en paralelo, la aprobación del Fondo Monetario y financiamiento externo para blindar el programa macro. Se menciona, incluso, una posible recuperación en la recaudación, muy castigada: entre enero y marzo se registró un retroceso del 7,5% interanual en términos reales. El martes, en el evento de AmCham, mientras los asistentes se regodeaban con la presencia sorpresiva de Adorni en la comitiva oficial y volaban humoradas por sus desprolijidades patrimoniales, Milei ratificó el rumbo y reconoció el número de inflación de marzo, del 3,4%, como una pésima noticia que, según él, quedará sepultada en los próximos meses con una caída sostenida del índice de precios. Recibió, a lo largo de su discurso de casi una hora, una lluvia muy débil de aplausos.

“Hay muchas hipótesis sobre por qué lo sostienen (a Adorni). Pero hoy quiero plantear una más: removerlo no soluciona el problema de fondo. Porque el problema de fondo no es Adorni“, escribió la politóloga Ana Iparraguirre en una interesantísima columna que publicó Infobae. Según su hipótesis, más allá del impacto negativo de las irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete, investigadas por Ariel Lijo y Gerardo Pollicita, la caída en la popularidad del Presidente y en el apoyo a la gestión se explican por el deterioro económico en buena parte de la sociedad, en particular en el Gran Buenos Aires, que concentra a un sector muy considerable de la población. Iparraguirre aportó el viernes, en diálogo con Infobae al mediodía, un dato que el Gobierno debería tener en cuenta, y que pega de lleno en uno de sus principales logros: en los grupos focales se empezó a notar hace tiempo un descreimiento de las cifras oficiales en materia inflacionaria, aún cuando no exista sospecha alguna sobre el INDEC: “Esos números de inflación no son ciertos, no puede ser, la realidad cuando voy al supermercado es otra cosa”.

Según el último estudio de CasaTres, de Mora Jozami, las expectativas por la situación económica se desgastaron a partir de noviembre del año pasado. Un 41% de los consultados respondió para esa muestra que la situación económica va a “estar peor” en un año: a fines del 2025 esa cifra giraba en torno al 28%. Por el contrario, la esperanza de una mejoría cayó, desde ese mes del año pasado, del 41% al 33%.

Círculo rojo y olla a presión. “¿Qué hacemos para terminar con esto?“, planteó, con tono dramático, un empresario industrial a un grupo de dirigentes del peronismo que lo visitaron hace algunas semanas. Esa conversación empezó a multiplicarse, en canales informales y no con tanto dramatismo, en el círculo rojo político, sindical y empresario de cara al escenario electoral del 2027.

Comenzó, temprano, en ese sentido, la temporada de globos de ensayo. Victoria Villarruel acumula diálogos con diversos sectores: hay un grupo de dirigentes, incluso empresarios, dispuestos a financiarla para, en todo caso, esmerilar una futura performance de La Libertad Avanza el próximo año. Algo así como lo que forzaron con Milei desde algunos sectores, en la previa de la campaña del 2023, que terminó con el economista en la Presidencia. En segmentos del establishment se sigue con interés a Patricia Bullrich: dicen que un sector de la industria estaría dispuesto a empujarla hasta una ruptura con el presidente. “Si al gobierno le va mal, ella no es alternativa: algunos delirantes creen que puede ser ella”, planteó un colaborador muy cercano. El viernes, la senadora se fotografió con la Hermanísima y Pilar Ramírez, su delegada en la capital. En realidad, Karina Milei buscó fotografiarse con ella. “Creían que podían jubilar a Patricia”, deslizó un senador cercano a la ex ministra. La caída de Adorni como futuro competidor porteño -no estuvo en la foto-, a pesar de que, increíblemente, los Milei no solo definieron por ahora sostenerlo en su cargo sino que el jefe de Gabinete volvió a utilizar las redes sociales para mofarse de sus infortunios judiciales, volvió a levantar las acciones de la senadora. En ese encuentro con legisladores de la capital, la Hermanísima destacó, no una, sino en reiteradas oportunidades, que no habrá acuerdo con el PRO. Malas noticias para Jorge Macri.

Por el lado del establishment, Jorge Brito también cosechó adhesiones en el círculo rojo político: cerca del banquero resaltaron cierto interés, pero destacaron como una señal de inquietud la situación en torno al grupo de empresas que lidera, y que tienen regulación del Estado. El pastor Dante Gebel, con domicilio en California y a punto de aterrizar en el país, es apuntalado por sindicalistas, empresarios y dirigentes políticos. La última semana publicó una foto en sus redes rodeado por Juan Pablo Brey, del sindicato de aeronavegantes, y Eugenio Casielles, legislador porteño. La participación de este último despertó un sinfín de especulaciones. En particular, la posibilidad de seducir a Santiago Caputo para encolumnarse detrás de ese proyecto. Una propuesta que, hasta ahora, no lo sedujo al consultor. Sí trabajan, por el contrario, ex funcionarios del PRO.

Hasta ahí, las especulaciones de un sector relevante del círculo rojo que sigue con preocupación el desarrollo del proyecto económico del Gobierno. Es un interrogante el futuro de Sergio Massa, que empezó a aparecer con mayor frecuencia públicamente y cuyos pensamientos internos son por lo general un terreno insondable. Pero entre esas hipótesis se perfila, consolidado, un candidato que ya trabaja a tiempo completo en su proyecto presidencial: Axel Kicillof.

“Posiblemente sea el próximo presidente de Argentina”, exageró el viernes en Barcelona el presidente Gustavo Petro, de Colombia -deja la presidencia en agosto próximo-, que se fotografió sonriente con el gobernador. Kicillof viajó a Cataluña para participar de una cumbre progresista con un solo propósito: “Buscar fotos con presidentes, mostrarse internacional y que se sepa que hay un contrincante de Milei en Argentina”, sintetizaron sus colaboradores.

Kicillof está decidido a postularse. También, a diferenciarse aún más de Cristina Kirchner, a pesar de que no figure en sus planes una ruptura estruendosa y abrupta, una condición que le reclaman aliados y un buen número de dirigentes del PJ que próximamente podrían encabezar un acto en un microestadio de la ciudad de Buenos Aires. En especial, aquellos del interior preocupados, con razón, porque buena parte del electorado de las provincias asocia al bonaerense con la figura de la ex presidenta.

Tal vez el gobernador, a pesar de los esfuerzos, no logre sacarse nunca ese traje. Pero sectores aliados resaltaron que comenzó a trabajar para acumular dirigentes. Con acercamientos que incluyeron, en el último tiempo, a ámbitos impensadas del círculo rojo. Se apunta a un modelo “A lo Lula”, por la coalición amplísima que llevó otra vez a Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Es el planteo de dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, que anda de recorrida por el conurbano. Es una incógnita, en ese sentido, si el Gobierno podrá avanzar, o no, con la suspensión de las PASO, que requieren una mayoría especial de 129 votos en Diputados. El peronismo se resiste. La Casa Rosada duda.

Kicillof tiene por delante una ardua tarea: no solo deskirchnerizarse para ampliar su volumen electoral, sino proponer una alternativa razonable mientras se ejecuta un programa económico que transformó al Gran Buenos Aires en una gran olla a presión. “La duda es si llega y cómo llega: Argentina, y la provincia, son un polvorín”, describió un referente social que trabaja para el gobernador en el conurbano.

Los pedidos de comida en los comedores municipales se duplicaron en casi todos los municipios. La recaudación fiscal exhibió en el primer trimestre del año una caída preocupante. El empleo se precarizó, la morosidad familiar aumentó drásticamente, y el narcotráfico, resaltan los curas villeros, se instaló en el corazón de los barrios. La situación socioeconómica bonaerense es alarmante, los números de la provincia no cierran. Este medio publicó el viernes que el gobierno provincial avanzará próximamente en la eliminación del programa MESA que incluye la distribución mensual de una caja con alimentos para 2 millones de bonaerenses, con una erogación de $31.000 millones por mes. “Se están reordenando partidas”, justificaron.

Este viernes, la agrupación La Patria del Otro de Andrés Larroque, “El Cuervo”, el ministro a cargo de ese programa social, empapeló la capital y la provincia con afiches con la consigna “Milei es hambre”.

En esa disputa retórica, en el seno de las organizaciones sociales que acompañan al gobernador se discute el modelo social a futuro. “No estamos de acuerdo con los planes sociales, necesitamos hablar de un modelo productivo y proyectos de laburo acorde a los nuevos tiempos y las nuevas demandas”, sintetizó un referente social entusiasmado con el proyecto Kicillof. En la semana, el gobernador sumó la adhesión del Movimiento Evita, que encaró en estos dos años un proceso de reorganización interna con renovación de cuadros que Emilio Pérsico, un histórico, promovió desde un bajísimo perfil. Este año, la organización cumple 20 años desde su fundación. “Queremos acompañar el proyecto de Axel: siempre dijimos que Cristina fue un tapón para la generación de alternativas”, resaltó un dirigente de esa organización.

La crisis del modelo bonaerense también tiene su correlato en el área de la salud, un rubro castigado que cruje, en parte, por la crisis del PAMI, que tiene un rol central en el sistema. Pero al desasosiego por la obra social de los jubilados y pensionados se suma el déficit presupuestario del IOMA, y la crisis severa de las obras sociales sindicales, que alcanzaron su punto más crítico. “La situación es muy delicada”, confirmó una fuente del Gobierno que está a cargo de parte de la relación con los sindicatos.

El “informe de situación de las obras sociales” que distribuyó en estos días la CGT es lapidario: “Para muchas organizaciones es casi terminal por la imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”. El dato más preocupante gira en torno al Plan Médico Obligatorio (PMO), una especie de canasta básica de salud que deben prestar todas las obras sociales. “Más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no recaudan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”, concluye el informe.

La central sindical ya había intentado poner sobre la mesa de negociaciones de la reforma laboral ese tema pero no hubo avances. En los últimos meses, sectores del Gobierno evaluaron “alternativas” con el sindicalismo, pero mencionan que, para avanzar en una resolución seria, se requeriría un proyecto de ley.

Las inquietudes en torno a Kicillof no se limitan de todos modos solo al plano local: en Wall Street también están interesados en saber hasta qué punto el gobernador puede convertirse en una alternativa seria y qué posibilidades tiene de golpear una eventual reelección de Milei. El famoso “riesgo kuka”.

Desde Estados Unidos se sigue bien de cerca a la administración de La Libertad Avanza. La semana pasada, por caso, lobistas norteamericanos aterrizaron por 48 horas en nuestro país para interiorizarse sobre la licitación millonario de la hidrovía, una vía navegable estratégica para el comercio regional, y la posible injerencia de un consorcio de empresas chinas con uno de los principales competidores. Es un tema en el que se involucró de manera directa el embajador Lamelas. También hay cierta zozobra con la demora en el pliego de la privatización del Belgrano Cargas. Negocios muy sensibles. Y tentadores.