Hay un diagnóstico y una mirada similar entre los intendentes bonaerenses del peronismo y la cúpula de la Iglesia católica, que ayer se reunieron en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA): hay una preocupación creciente por la situación económica en los barrios del conurbano, por la falta de trabajo, por el aumento de pedidos de comida en los comedores y por el crecimiento del consumo de drogas en menores.

Los intendentes, que solicitaron la reunieron y tienen, en algunos casos, vínculos aceitados con la Iglesia, plantearon la delicada situación que están empezando a ver, sobre todo en los últimos tres meses, en los municipios más poblados del conurbano. Ante la escuha atenta de Monseñor Marcerlo Colombo, titular de la CEA, que estuvo acompañado por el Obispo de Quilmes, Carlos Tisera, plantearon que la red social que se tejió en los barrios entre intendentes y el gobierno bonaerense para soportar el peso de la crisis, se está dañando y tiene cada vez más limitaciones para contener las demandas de necesidades básicas.

En el encuentro estuvieron presentes los intendentes Mariel Fernandez (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Espinosa (La Matanza) y Pablo Descalzo (Ituzaingó). También formaron parte del encuentro el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; el senador provincial Mariano Cascallares; el dirigente sindical de AEFIP Roberto Álvarez y Alberto Descalzo, histórico dirigente del peronismo bonaerense y ex intendente de Ituzaingó.

Cada jefe comunal describió la situación de su territorio y hubo coincidencia en remarcar que ven una “aceleración de la crisis” y que hay una “disgregación de la clase media debido a la pérdida de poder adquisitivo. ”Hay falta de laburo, falta de guita y un montón de gente con la tarjeta explotada, muy endeudada”, retrató a Infobae uno de los intendentes que más está padeciendo la situación en su territorio.

Una de las realidades que empiezan a ver con más frecuencia es la de la gente que tiene tres trabajos y, aún así, no logra llegar a fin de mes o pagar sus deudas. “Muchos se vuelcan a las aplicaciones o delivery, pero también hay una saturación de ese sector. Demasiada oferta para la demanda que existe”, planteó otro jefe comunal.

Hablaron de ciudadanos con “sueldos embargados” y jóvenes “vinculados al narcomenudeo y las adicciones”, como consecuencia directa del acceso al dinero fácil. La Iglesia hace tiempo que viene alertando sobre el crecimiento de la venta y consumo de drogras en los barrios más humildes del país. A esa compleja situación, se le suma la falta de recursos y el estado de crisis en el que están viviendo las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad.

El 1 de abril, en una carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones, la Conferencia Episcopal hicieron un planteo crítico de la situación de las instituciones: “Muchas de ellas se encuentran en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.

“Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal. Las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”, escribieron un mes atrás. La preocupación no solo sigue existiendo, sino que aumentó.

En el seno de la Iglesia hay una “preocupación muy grande” por la falta de trabajo, ya que para la institución el trabajo es “un ordenador”. “Cuando no tenes trabajo, te daña la relación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, y te daña a vos, porque empieza a jugar fuerte en la vida mental de la gente”, reflexionó un sacerdote con peso específico en la cúpula eclesiástica.

La realidad que están viendo no es la que expone el Gobierno, respecto a que los desempleados se reicertan en otros sectores de la producción. “El que pierde el trabajo, no encuentra otro. Hay gente que no llega a fin de mes, que cambia a sus hijos de colegio, que perdió su obra social, que no puede acceder a la medicación. La situación es compleja”, retrató una alta fuente del catolicismo.

La Iglesia tiene un diálogo institucional con la Casa Rosada que se mantiene a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el canciller Pablo Quirno. Son canales formales, de buen trato, a los que les falta respuestas concretas ante los reclamos que han hecho los directivos de la CEA. El vinculo con el Gobierno es tirante e infructuoso, aunque los canales de comunicación estén abiertos.

Algunos intendentes peronistas expresaron su mirada de la reunión en las redes sociales. “Compartimos el duro diagnóstico sobre la situación que se vive en nuestros barrios y la necesidad de que todos los sectores unamos esfuerzos para llevar trabajo y comida a la casa de cada una de las familias argentinas”, expresó Ferraresi.

El ex intendente de San Martín y actual funcionario provincial, Gabriel Katopodis, fue un paso más allá. “Estamos viviendo un mega endeudamiento de las familias, violencia intrafamiliar, miedo a perder el trabajo y multiempleo. Necesitamos fortalecer una red para sostener a la gente en nuestros barrios, a la clase media que está al borde del colapso”, expresó.

El ministro de Kicillof aseguró también que “el Gobierno nacional está encerrado, desconectado y sin reacción” y que “no hay plan de salida”. “Lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones y los municipios con un esfuerzo tremendo”, sostuvo.

La mirada de la Iglesia sobre la gestión del Gobierno en los barrios es realmente crítica. Aunque evite hacerlo en forma pública, el pensamiento subsiste en el corazón de la CEA. Creen que la Casa Rosada tiene una mirada de favorecer la ayuda individual, como el aumento en la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, pero, al mismo tiempo, están desfinanciando el sistema comunitario de ayuda en los barrios. “Les aumentas las asignaciones pero les sacas las obras en los barrios o la capacidad de acceder a los medicamentos”, reflexionaron. La situación les preocupa mucho.