La Argentina rechazó hoy que el Reino Unido califique como un intento de “socavar” derechos su decisión de recurrir al arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y defendió el uso de los mecanismos legales previstos en el tratado para proteger sus derechos soberanos sobre los recursos naturales en disputa en torno a las Islas Malvinas.

A través de un comunicado, difundido este jueves, la Cancillería respondió a las críticas del gobierno británico sobre la legitimidad del proceso arbitral impulsado por Buenos Aires, en el marco del conflicto por el proyecto de extracción petrolera Sea Lion, en la Cuenca Norte de las Malvinas, descontento que la subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran le trasladó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, este miércoles.

Según el gobierno argentino, someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”, y remarcó la importancia de que los países comprometidos con el estado de derecho resuelvan sus diferencias “no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes aceptaron libremente”.

Ambos países son Estados partes en la CONVEMAR. Al ratificarla -recordó la Cancillería- ambos asumieron las obligaciones establecidas en la Parte XV de la Convención, que regula los mecanismos de solución de controversias. Bajo esa norma, cuando las preferencias de foro de las partes no coinciden —Argentina eligió el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) con sede en Hamburgo y el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia— el caso se dirige, por defecto, a un tribunal arbitral de cinco miembros conforme al Anexo VII del tratado.

En sus redes sociales, Kumaran caracterizó el recurso argentino como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”. La Cancillería rechazó esa descripción de plano: “Nada más alejado de la realidad”, se sostuvo en el texto.

El foco de la disputa es el proyecto Sea Lion, que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum planean desarrollar a unos 220 kilómetros (137 millas) al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte, con reservas estimadas de 1.700 millones de barriles y producción prevista para 2028.

El eje del comunicado fue una inversión del argumento británico. Si Londres sostiene que sus actividades hidrocarburíferas en el área se realizan “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Convemar”, entonces un tribunal internacional es precisamente el ámbito para demostrarlo, razonó la Cancillería. “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, señaló el texto. La Argentina, agregó, “ha puesto su caso en manos de jueces independientes, tal como la Convención faculta a hacerlo”.

El procedimiento judicial fue anunciado por Milei el pasado 28 de septiembre. El canciller Pablo Quirno notificó formalmente a Londres ese mismo día, y la Argentina otorgó al Reino Unido dos semanas para detener las actividades vinculadas a Sea Lion; de no hacerlo, Buenos Aires solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo.

Más allá de la disputa, Quirno aclaró que el objetivo del arbitraje es acotado: frenar la extracción unilateral de hidrocarburos en el área, no resolver la disputa de soberanía territorial. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a la explotación de hidrocarburos”, afirmó el canciller.

El comunicado también cuestionó la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos para fundamentar sus posiciones. Argentina señaló que las Naciones Unidas no han aplicado ese principio a los actuales habitantes de las islas en el contexto de la disputa de soberanía, y que el propio ordenamiento jurídico argentino reconoce el compromiso de respetar el modo de vida de los isleños, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

En materia de antecedentes normativos, el texto citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, que instó a ambos gobiernos a proseguir las negociaciones para encontrar una solución pacífica, y la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras ese proceso permanezca abierto. “La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo”, sostuvo la Cancillería.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó de “apresurado” el intento del Gobierno de elevar al Congreso las negociaciones por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en donde estaba incluido el capítulo de la Ley de Tierras, y advirtió que esa estrategia pueda facilitar que la oposición rechace el DNU 70/2023 de Javier Milei.

Su posición llegó después de que la Corte Suprema restituyera la vigencia de la disposición que derogaba la ley territorial. Con estas palabras, Bullrich volvió a diferenciarse de la postura oficial del gobierno que integra.

El gesto se suma a otros movimientos independentistas como las críticas a los recortes en Discapacidad incluidos en el Presupuesto o bien el rechazo de impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, que intentaron frenar la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La senadora sostuvo que el Gobierno debió esperar el pronunciamiento de la Justicia antes de enviar el proyecto al Congreso. “Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, afirmó ante los medios acreditados durante un acto por los 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

En el acto realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Bullrich precisó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, se sinceró.

El reconocimiento de Bullrich incluyó una advertencia sobre las consecuencias legislativas de aquel proceso. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, dijo la jefa senatorial de LLA.

Vale recordar que el fallo del máximo tribunal dejó sin efecto las restricciones a la extranjerización de tierras al reponer un artículo del decreto presidencial que había derogado la norma vigente desde 2011. El capítulo en cuestión había sido retirado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada antes de que el Senado le otorgara media sanción en agosto. De esta forma cuestionó que el oficialismo promoviera esa iniciativa mientras la validez del decreto todavía estaba bajo análisis judicial.

El riesgo parlamentario para DNU y la posibilidad de una candidatura porteña

La oposición busca reunir a la Cámara de Diputados en una sesión especial para tratar el rechazo del decreto. Para abrir el debate necesita 129 diputados y, una vez logrado el quórum, una mayoría simple de los presentes para invalidarlo.

El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024. Los bloques opositores analizaban convocar la sesión en Diputados para el miércoles 7 de octubre o para el 14.

Bullrich buscó modificaciones que permitieran reunir el respaldo de aliados del oficialismo. Sturzenegger, en cambio, planteaba objeciones a los cambios introducidos en el texto original.

La senadora dijo además que cuenta con “toda la posibilidad y toda la capacidad” para competir por la jefatura de Gobierno, debido a que tuvo a cargo “áreas complejas”. Ante la consulta sobre una postulación, respondió: “Podría ser”.

La decisión, sin embargo, no está tomada. En su entorno señalan que, por ahora, prefiere una competencia nacional y resumen su posición con una frase: “Donde la ponga la historia”.

Sus diferencias públicas con decisiones del oficialismo y sus declaraciones sobre la necesidad de que “el proyecto reelija”, sin mencionar a Milei, alimentaron versiones sobre una posible ruptura. Ante preguntas sobre su futuro político, Bullrich ironizó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef, aunque no me eligieron. Empezó el otro día”.

La senadora impulsa una alianza entre La Libertad Avanza y Pro en la Ciudad, aunque las conversaciones entre ambos espacios permanecen “frías”. Los legisladores libertarios cuestionan la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Bullrich definió esa administración como una gestión con “luces y sombras”. Valoró las medidas vinculadas con el orden y las usurpaciones, pero cuestionó el adelanto de la negociación para renovar las concesiones de recolección de residuos para el período 2028-2038: “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”.

A pesar de que la imagen del Presidente experimenta una tendencia a la baja, de que la oposición se le anima con mayor hostilidad en el Congreso y de que los últimos datos de la economía dieron señales negativas, el Gobierno se siente optimista de cara al debate político que más le importa. En la Casa Rosada aseguran que el viaje de Javier Milei con 13 gobernadores a París es un punto de inflexión para asegurarse la reforma política. Las promesas de Karina Milei y la predisposición a la escucha de Luis Caputo, creen, fueron las claves. Aunque, en rigor, ninguno de los mandatarios que se guardan sus cartas las mostraron, aún.

Javier y Karina Milei incorporaron como si fueran protagonistas a los mandatarios en el “Argentina Week”, incluido el encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y en sus respectivos entornos creen que las ofrendas simbólicas y económicas que les hicieron desde la Nación a los jefes del interior bastarán para que aquellos que todavía se muestran en duda respalden la eliminación de la PASO.

La hermana del jefe de Estado, que se mostró de buen humor y talante en todo momento, les prometió a los gobernadores que no les presentarán escollos libertarios en las elecciones provinciales. “Les aseguró 100 por 100 que no les vamos a plantar competencia en sus distritos”, dijeron con todas las letras en LLA, como para que no queden dudas después de meses de tensión con el interior. También se mostró abierta a escuchar sus preocupaciones, en un encuentro político, aunque sin el jefe de Estado, el primer día del “Argentina Week”.

Junto a ella hicieron lo propio el jefe de Gabinete, Diego Santilli y -la novedad- el habitualmente reacio ministro de Economía, Luis Caputo. Los jefes de las provincias, uno por uno, dieron su parecer. Estaban Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), junto a la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Desde ese encuentro, el optimismo se disparó en el oficialismo.

“Estamos en el mejor momento con los gobernadores”, infló el pecho un armador libertario. “Es la magia de París”, bromearon en LLA. Están decididos a transmitirles confianza a los gobernadores, que se encuentran siempre en alerta por los movimientos que perciben del karinismo en la antesala del año electoral. “Eran para negociar mejor”, deslizan hoy en el oficialismo sobre aquellos ¿lejanos? coqueteos con regresar a la estrategia de “pintar al país de violeta” (en el sector de Santiago Caputo lo atribuyen principalmente a errores por falta de expertise política de los Menem).

Con la primera plana económica en la comitiva en Francia -el ministro, Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el secretario de Política Económica, José Luis Daza- creen que más allá de las señales políticas amigables de Karina Milei, el principal incentivo de los gobernadores parte del aspecto económico: “Son los que más tienen que ganar con nosotros. Son los socios naturales del crecimiento, y ellos lo saben”, dijeron ayer en el ala política del Gobierno, a pesar de que los indicadores más recientes de actividad mostraron una baja y de que la economía, según los especialistas -y aunque Milei lo relativice- se encuentra al borde de la recesión técnica.

En especial, los libertarios adjudican el entusiasmo que dicen recibir de parte de los gobernadores a la ayuda que puede brindarles el Gobierno para obtener préstamos de organismos multilaterales de crédito: “Ellos quieren pedir fondos afuera, con baja tasa, hacer obras y reelegir”, leen.

Desde París, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, que ya habían adelantado posiciones favorables a la reforma política durante los últimos meses, las ratificaron. Pero no hubo grandes novedades “en on” de parte del resto de los mandatarios, que aún no dejaron clara su posición. Y hay caciques “dialoguistas”, como Maximiliano Pullaro, que decidieron quedarse en el país. En su caso, dijeron en Santa Fe, porque no le gusta perder control sobre “el fuerte” y no se caracteriza por viajar al exterior.

El Presidente los recibió en persona y los elogió, en contraste con el viaje de marzo por el mismo evento en Nueva York. Allí, el jefe de Estado apenas les había dado cabida en las fotos. La culpa de todo, dicen, la tuvo el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el conveniente chivo expiatorio de los errores del oficialismo en esa visita a la Gran Manzana. Que, además, fue el inicio del declive de las perspectivas sobre el Gobierno en las encuestas a partir del estallido de uno de los peores escándalos de corrupción de la era Milei junto con el caso ANDIS.

Los libertarios están tan envalentonados que creen que podrán poner fecha para la sesión a partir de la semana que viene. Pero, mientras exageran las perspectivas positivas, admiten un condicionante: la mega sesión que impulsa la oposición en Diputados para el 15, desencadenada por el fallo de la Corte Suprema que dejó sin vigencia en los hechos la ley de Tierras. Que, además, coincidirá con una nueva marcha por los fondos universitarios. Esto en la previa del Día de la Lealtad, lo que transformará esa semana de mediados de mes en un cocktail de envalentonamiento opositor. Los violetas sopesan fechas para el debate por la reforma política (se habían puesto como límite el fin de octubre) y se preguntan si sería conveniente apurar o postergar el tratamiento de la reforma electoral.