El pasado jueves el Concejo Deliberante aprobó por mayoría un convenio para que el Municipio regularice la situación con EDES por los medidores comunitarios emplazados en barrios vulnerables de la ciudad.
La prestataria le reclama una deuda que asciende a $2.300 millones por las boletas que dejó de pagar la comuna desde diciembre de 2023 cuando Federico Susbielles asumió la intendencia.
El edil del PRO Emiliano Álvarez Porte explicó esta mañana en diálogo con Radio Altos que el acuerdo aprobado por el deliberativo implica la conformación de una mesa de trabajo para buscar una salida al reclamo de EDES.
“El Municipio lo que dice es que esto le corresponde a la Provincia, no a la comuna, pero de todos modos, empezará a evaluar con EDES lo que le reclama”, señaló.
Y fue tajante en cuanto a que el gobierno municipal no reconoce la deuda de $2.300 millones.
Sí admitió la gestión de Subsielles, mediante el convenio, que la situación debe ser regularizada y que no se puede sostener con un decreto de 2018 firmado durante la intendencia de Héctor Gay. En ese punto, planteó que EDES no tenía forma de reclamar por lo que le dejaron de abonar desde hace dos años y medio.
“Este convenio es un camino a transitar para el Municipio y para EDES. Lo importante es que se ha convenido trabajar en conjunto. La Municipalidad no está reconociendo la deuda y el plan de pago en 3 cuotas tampoco está incluido en el convenio. Todo lo definirá la mesa de trabajo”, precisó.
Por último, el concejal reiteró que el convenio aprobado por el deliberativo busca formalizar un trabajo en conjunto entre un privado y el Municipio y darle un marco de seriedad al tema porque “está involucrada mucha gente” y que se trata de un servicio público esencial.
“No puede estar en una minuta de trabajo, en un decreto de 2018, había que ordenarlo y de eso se trata este acuerdo”, concluyó.
La Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, avanza en la modernización del Sistema Integral de Emergencias 911 con una inversión histórica de más de 23 mil millones de pesos, destinada a fortalecer una infraestructura crítica que constituye el primer contacto de la ciudadanía ante situaciones que requieren asistencia inmediata.
El servicio, que funciona las 24 horas los 365 días del año, recibirá -se anunció- una renovación tecnológica total y mantenimiento para optimizar la capacidad de respuesta estatal en todo el territorio bonaerense.
Licitación
La contratación fue efectuada mediante la Licitación Pública 20/2025. Al respecto, las autoridades destacaron “la eficiencia fiscal del proceso”, ya que el monto final adjudicado resultó inferior al presupuesto oficial estimado de $ 23.105.697.326,46.
Tras una mejora de precios solicitada por la administración provincial, la oferta evaluada cumplió con los requisitos técnicos exigidos, garantizando una actualización tecnológica sin precedentes, la continuidad del servicio y mejores condiciones económicas para el Estado.
Ampliación y descentralización
El eje central de esta expansión es la incorporación de una nueva Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) ubicada estratégicamente en el municipio de La Matanza.
Actualmente, el esquema se centraliza en tres sedes (situadas en La Plata, Mar del Plata y Campana). La creación de esta cuarta central permitirá descomprimir operativamente a la cabecera platense, brindando una gestión más cercana, ágil y eficiente en el Conurbano y toda la zona oeste de la provincia, optimizando el envío de recursos policiales, de salud o de bomberos.
Las CATE son las terminales técnico-operativas esenciales del 911: se encargan de la recepción de los llamados ciudadanos, la clasificacióninmediata de los incidentes según su nivel de urgencia y la derivaciónen tiempo real hacia los Centros de Despacho Policial o las agencias competentes. Al sumar esta nueva infraestructura, el sistema gana eficiencia y operatividad, asegurando que si una base se ve afectada por un pico de demanda o una contingencia técnica, las demás puedan absorber y procesar las llamadas de forma transparente para el usuario.
Inteligencia Artificial para asistir la emergencia
La principal innovación de esta etapa radica en la implementación de agentes de Inteligencia Artificial (IA) diseñados para asistir a los operadores y dotar de mayor velocidad a las plataformas de atención y denuncias (SAE911 y SAD911). Estos asistentes virtuales permitirán realizar transcripciones y traducciones de llamadas en tiempo real, ejecutar el etiquetado y la extracción automatizada de datos esenciales (como nombres, ubicaciones y patentes), y ofrecer sugerencias de tipificación de los incidentes para acelerar el despacho de los móviles.
Al estructurar de manera inmediata esta información, todo el registro generado quedará disponible para procesos investigativos y requerimientos de la justicia, dotando de mayor inteligencia estratégica al sistema de información policial.
Renovación por obsolescencia e integraciones clave
Debido a que las plataformas que operan en modalidad de 7×24 requieren actualización permanente para sostener su capacidad de cómputo y almacenamiento, cada tres años se exige el recambio total de los equipamientos informáticos. Esta contratación cubre dicha renovación y asegura el soporte mensualizado durante 24 meses, garantizando además integraciones clave para el territorio:
Videollamadas de emergencia: Sistema de comunicación por video interno y externo con los ciudadanos y sus respectivas grabaciones.
Seguimiento de recursos: Integración del servidor AVL para el monitoreo geolocalizado en tiempo real de hasta 200.000 dispositivos, incluyendo patrulleros con tablets, radios analógicas y tecnología push-to-talk para policías caminantes.
Conectividad e inclusión: Herramientas accesibles para personas hipoacúsicas, botones antipánico y articulación directa con el Sistema 911 Federal, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Renaper e Interpol.
Con este salto cualitativo, “la Provincia consolida un método de trabajo coordinado, integrado y basado en evidencia científica que ya viene demostrando su eficacia operativa en el territorio, transformando la inversión tecnológica en un legado institucional permanente para cuidar a los bonaerenses cuando más lo necesitan”, cierra el comunicado.
Horas antes de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, el gobernador Axel Kicillof reunió en La Plata a un grupo de 60 intendentes de la provincia antes los que desgranó un descarnado diagnóstico de la situación sanitaria, a la que calificó de “catástrofe” producto de un conjunto de políticas de ajuste nacional “criminales”. Enfático, el gobernador sostuvo que se trató de una descripción “no opinable” de la realidad porque está basada en datos.
Kicillof repitió para el caso de la salud el formato que había ensayado para plantear la difícil situación financiera que atraviesa la provincia y su impacto en las comunas: hizo una reunión con intendentes en La Plata en la que desplegó un diagnóstico detallado. Esta vez lo acompañó su ministro de Salud, Nicolás Kreplak como en aquella oportunidad lo había hecho el titular de Economía, Pablo López.
“Las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales: estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable”, esas palabras contienen en núcleo del mensaje del Gobernador . “No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, agregó.
Kreplak, en la apertura del evento, le había puestos cifras al análisis de Kicillof. Precisó que como consecuencias del ajuste nacional, aumentaron 35% las internaciones en hospitales públicos, se dispararon las internaciones por causas prevenibles como la influencia y neumonías -60%- diabetes -40%- y cardíacas, 37%. Las obras sociales, señaló, reducen sus coberturas por lo que también sube la cantidad de afiliados que terminan por pedir medicamentos en hospitales.
El ministro repasó una variedad de programas que están siendo recortados e hizo especial énfasis en el Remediar, que entregada medicamentos a 8 mil centros asistenciales. Y apuntó a las consecuencias: amento de las internaciones evitables, de la mortalidad infantil (+6,25%) y la materna (+37%); suba del 71% de los casos de sífilis. Dijo que la saturación hospitalaria es grande -especialmente en las guardias- y que 20 millones de personas tiene la salud en riesgo.
“Vamos a seguir haciendo un esfuerzo inmenso para sostener programas como ‘Medicamentos Bonaerenses’, intentando sustituir en la medida de nuestras posibilidades a un Estado nacional que cortó totalmente el envío de remedios a las provincias”, concluyó Kicillof. “Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud”, anunció.
Del encuentro, que se desarrolló en el Salón Dorado de la Casa de Gobiern, estuvo la vicegobernadora Verónica Magario y la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro. Hubo mayoría de jefes comunales del oficialismo pero también algunos de la oposición, como el tandilense Miguel Lunghi.
“Es un tema extremadamente grave y sensible porque es un hecho sin precedentes en Argentina, es la primera vez que sucede algo similar”. Así se refirió en diálogo con Radio Altos Alejandro Ayala, hermano de Lionel, una de las 114 víctimas del fentanilo contaminado a un año de desatarse la crisis sanitaria por el suministro en distintos hospitales del país de fentanilo adulterado, elaborado por HLB Pharma.
Su hermano tenía 32 años cuando ingresó a un nosocomio por un dolor abdominal y producto de mala praxis terminó internado en terapia intensiva donde le suministraron una de las ampollas de fentanilo contaminado.
“Este medicamento era un veneno; estamos hablando de 114 muertes y se aplicaron 40.000 ampollas. Lamentablemente estamos muy lejos todavía de conocer la verdad y tal vez nunca la conozcamos”, alertó.
Expuso que el 13 de mayo de 2025 cuando el tema se hizo público, la Justicia “se encontraba en un escenario totalmente incierto, no sabía qué estaba pasando”: “Había un medicamento que se había metido en las terapias intensivas, pero no lo podían localizar. No había registros, no se sabía a qué hospitales llegó, a qué pacientes se le había aplicado”.
En un primer momento, recordó, se creía que solo había sido suministrado a pacientes del Hospital Italiano de La Plata, pero luego se corroboró que había esos lotes adulterados habían sido adquiridos por distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires, entre ellos, el Hospital Español de Bahía Blanca.
Ayala aseguró que uno de los casos corresponde al nosocomio bahiense.
“Está en el informe decreto del mes de septiembre de 2025 en el que el juez expresa la cantidad de fallecimientos, de víctimas en hospitales que recibieron este fentanilo. Y está expresado que hay un caso de fallecimiento en el Hospital Español de Bahía Blanca”, ratificó.
Vale recordar que el director del Hospital Español, Dr. Jorge Fernández Lovell, en notas radiales en Frente a Cano, tanto en el mes de octubre como en el mes de diciembre, no hizo mención a esa confirmación judicial. De hecho expuso que no tenían ninguna sospecha de que la causa de fallecimiento de pacientes que estaban internados en el nosocomio haya sido por fentanilo contaminado.
Ayala insistió en la necesidad de mejorar los sistemas de trazabilidad y control. “Si dejamos que esta causa se duerma socialmente va a quedar en la nada y vamos a estar expuestos a otro evento similar, sin poder dar respuesta. Es un tema muy serio, muy crítico en la República Argentina porque hoy se están abriendo los circuitos de compra y de importación de medicamentos, y no se están mejorando los controles internos y del exterior en materia de regulación farmacológica”, aseveró.
Cuestionó que a un año de la crisis sanitaria que se desató por el fentanilo contaminado, no hubo ninguna respuesta por parte del Gobierno nacional en cuanto a mejoras de las normativas, de los mecanismos de fiscalización y control y de los sistemas informáticos para que se pueda registrar toda la información.
“Hoy estamos en la nada. Y lamentablemente, como en Bahía Blanca que se escondió el caso y que no se informó correctamente lo que estaba sucediendo, estamos desinformados, no conocemos lo que está pasando realmente y, por supuesto, si nosotros no sabemos y no tomamos magnitud o dimensión social y humana de lo que pasó, lamentablemente, la política no va a trabajar en función de la seguridad y de la demanda colectiva”, remarcó.
Y continuó: “Estamos exigiendo ahora algo recontralegítimo y recontraimportante para la población argentina que es que no vuelva a suceder un escenario similar, que nos podamos atender en cualquier hospital y que los medicamentos que recibamos sean los correctos, que tengan la calidad correspondiente y que, por supuesto, no estén contaminados”.
Subrayó que la cifra de 114 muertes por fentanilo contaminado es irreal porque en la Argentina se aplicaron 40.000 ampollas contaminadas de un lote de 150.000. “60.000 se recuperaron y el resto no se sabe dónde están”, denunció.
En ese sentido, sostuvo que el primer obstáculo que tuvo la Justicia a la hora de investigar lo ocurrido fue la trazabilidad, que recalcó, sigue siendo uno de los puntos críticos del sistema sanitario argentino.
Sumó como obstáculo que las autoridades sanitarias no tenían la información suficiente y por eso presentaron una denuncia muy escasa y los hospitales no reportaron y no denunciaron los casos de pacientes que recibieron fentanilo contaminado. “Los sistemas de información como el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) no tenían datos suficientes para poder decirle a la Justicia si tenían muertes por fentanilo del laboratorio HBL Pharma”, manifestó.
“Acá el problema no es solamente la trazabilidad o la falta de controles preventivos, sino que la salud argentina hoy cuenta con historias clínicas en papel, no hay un sistema integrado informático en tiempo real para responder ante una crisis, no hay sistemas de farmacovigilancia, y hoy cualquier laboratorio puede comprar cantidad de materia prima y puede hacer lo que quiera, no hay una trazabilidad entre los hospitales, entonces se pueden perder las drogas como pasó con el propofol”, advirtió.
En cuanto a la causa judicial, detalló son 13 los directivos y técnicos de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo que se encuentran procesados y con prisión preventiva.
También están imputadas la extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y la extitular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.
Opinó que resta avanzar sobre la responsabilidad del ministro de Salud Mario Lugones por su inacción: “no generó la comunicación entre las jurisdicciones, no contribuyó con la Justicia para reconstruir la trazabilidad ni para retirar los lotes contaminados”. Por eso entendió que debe ser investigado por incumplimiento del deber de funcionario público.
“Fue una decisión política que pase esto y lamentablemente hoy las fallas administrativas se pagan con vidas humanas”, pronunció, por último.
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