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La mesa redonda del PJ: Massa insiste con la unidad para enfrentar a una derecha en riesgo de fragmentación

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En el peronismo circula una imagen para describir su propio presente: una mesa redonda. Ya no hay cabeceras. Hay gobernadores, intendentes, líderes parlamentarios y dirigentes con predicamento propio: ninguno tiene la centralidad suficiente para ordenar al resto por decreto. Es un peronismo policéntrico, obligado a construir consensos antes que a recibir órdenes, que empezó a discutir —todavía en voz baja— cómo se reorganiza para 2027 y quién tendrá, llegado el momento, la “aptitud” para encabezarlo.

Esa palabra —aptitud— circula con insistencia en las conversaciones reservadas del círculo de Sergio Massa. El líder del Frente Renovador, ex candidato presidencial y una de las piezas con mayor llegada transversal dentro del espacio, mantiene un perfil bajo que no debe confundirse con repliegue: sigue activo en sus oficinas de la Avenida Libertador, en su casa de Tigre y en algunas mesas reservadas, con reuniones políticas discretas que abarcan a todos los sectores, sin la fanfarria de la campaña de 2023.

Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes con acceso directo a esas conversaciones, Massa tiene un diagnóstico sobre el momento que vive el peronismo, sobre la potencialidad electoral de Cristina Kirchner —aun después de la condena y la inhabilitación perpetua—, sobre el rol que debería asumir Axel Kicillof, y sobre la posible fragmentación del espacio de la derecha, que hoy es oficialismo y está atravesado por riesgos ciertos de disidencias y desgajamientos.

La hoja de ruta y el tablero interno al 2027

El fin de semana pasado Massa se reunió con intendentes y legisladores del Frente Renovador. Según fuentes que participaron del encuentro, allí bajó una serie de lineamientos que funcionan como hoja de ruta: que la responsabilidad del espacio es volver a ser gobierno en 2027; que nadie debe prenderse en una interna prematura, porque el partido solo debe trabajar por la unidad; que el electorado peronista no quiere internas y que el candidato que mejor mide es, justamente, el de la unidad.

En esa lista también incluyó que no pueden ser funcionales a que Javier Milei siga gobernando por la división del propio espacio; que la ampliación debe hacerse sin tirar a ningún compañero por la ventana, porque no hay lugar para sectas; que hace falta adultez y responsabilidad; y que hay que ir a buscar a todos.

Es, en los hechos, un programa de convivencia y una señal hacia adentro. Massa no quiere aparecer como mediador: la palabra le incomoda porque lo ubicaría en una tercera posición que no es la que pretende ocupar. Su apuesta, en ese esquema, es la unidad; no el arbitraje.

En ese cálculo de unidad, el rol de Axel Kicillof aparece como central y, a la vez, como un signo de interrogación. Desde el entorno de Massa sostienen que el gobernador bonaerense enfrentó una coyuntura adversa por la confrontación abierta con Milei y la feligresía libertaria, y por las tensiones permanentes con el kirchnerismo, un contexto que le presentó desafíos suplementarios para su proyección como candidato para 2027.

En el massismo reconocen su lugar en la mesa de discusión para consolidarse como un hermano mayor que debería abrazar, contener e incluso tolerar eventuales desplantes, sin devolver cada golpe con el mismo tono. “No se puede hacer política enojado”, es la reflexión que comparten en el massismo.

Desde la distancia, en ese espacio advierten sobre lo que ocurrió en el último proceso electoral, el de 2023: el riesgo de repetir el error de Horacio Rodríguez Larreta, que concentró su estrategia en sumar apoyos de dirigentes y cuadros partidarios y terminó sin mensaje para la gente. Para el massismo, Kicillof debería privilegiar el diálogo directo con el electorado, más que los tironeos que le propone la interna.

El otro vértice ineludible es Cristina Kirchner. En el massismo dan por sentado que el kirchnerismo —La Cámpora y los sectores que se identifican con la ex presidenta— hará valer su peso relativo dentro del armado, más allá de que la lógica de mesa redonda suponga, en teoría, un esquema más horizontal.

Hay un número que en el peronismo no se discute: más allá de que las encuestas registran una potencialidad electoral más alta, Cristina Kirchner conserva un piso del orden de los 20 puntos de voto propio transferible. Si ella dice que su candidato es determinado dirigente, ese dirigente sube automáticamente entre 18 y 20 puntos. Es un activo que nadie le disputa.

La pregunta que sobrevuela es si la consigna que el cristinismo elegirá para la batalla interna —y también hacia el electorado— será “Cristina libre”. En el massismo circuló otra lectura: que la consigna “Cristina inocente” sería más eficaz que “Cristina libre”, porque interpela menos a la interna judicial y más a la legitimidad política. Más allá de esa diferencia de matices, en el massismo aceptan como válido que el cristinismo dé esa batalla, tanto interna como hacia afuera, para hacer pesar su preeminencia relativa dentro del espacio.

Hay un consenso en el massismo: hasta que termine la participación de la Selección que conducen Lionel Messi y Lionel Scaloni en el Mundial, no tiene sentido especular abiertamente sobre candidaturas. Pero una vez que el equipo nacional concluya su participación mundialista —todos esperan que con una nueva consagración—, los tiempos políticos se acelerarán de manera abrupta y el peronismo deberá empezar a delinear con mayor precisión su camino.

En esa instancia, la palabra clave volverá a ser “aptitud”: quienes aspiren a ser candidatos del espacio deberán mostrar, en los hechos, que están en condiciones de encabezarlo. Massa no descarta que ese proceso derive en una interna, como la que él mismo disputó con Juan Grabois en 2023. El antecedente es revelador: pese a que el electorado de Grabois era, en un principio, refractario a Massa —incluso por impulso del propio Grabois—, después de las PASO no se perdieron votos. “La torta se agrandó”, dicen en el massismo.

Para el período post Mundial, desde el entorno de Massa insisten en tres condiciones que deberían regir la competencia interna del peronismo: que el espacio redoble su apuesta por la cercanía con los sectores que sufren el impacto del modelo libertario; que existan reglas de juego claras —no pegar bajo el cinturón a los propios compañeros ni a otros candidatos, evitar operaciones cruzadas y discutir lineamientos comunes para un futuro plan de gobierno—; y que exista un ordenamiento político que refuerce, hacia afuera, la competitividad del espacio.

¿Y Massa, candidato? La respuesta que circula en su entorno es deliberadamente abierta: el peronismo debe agotar los esfuerzos para construir una candidatura de unidad, con o sin PASO, y será la “aptitud” de cada dirigente la que termine resolviendo el interrogante. Como argumento de que nada está escrito, en el massismo recuerdan el caso de Patricia Bullrich: protagonista de dos experiencias electorales fallidas, la de Fernando de la Rúa en 2001 y la de Macri en 2015, y sin embargo con plena vigencia electoral en 2026. La política argentina, repiten, es muy dinámica. No es un “no”, pero menos un sí.

La derecha en observación y el caso Adorni

Mientras el peronismo ordena su tablero interno, en las mesas de arena de la política se observan con especial atención los movimientos en el espacio de la derecha, que hoy es oficialismo, pero no está exento de tensiones, disidencias y eventuales desgajamientos.

Uno de los nombres que se sigue de cerca es el de Mauricio Macri. El ex presidente viajó a Mendoza, a Chaco y a Santa Fe; se reunió con diputados propios, con intendentes del PRO, con gobernadores del espacio y con dirigentes radicales, como el santafesino Maximiliano Pullaro. La lectura que se hace desde el peronismo es que Macri no descarta —y probablemente busca— volver a tener un rol protagónico en 2027.

Una señal que se sigue con particular atención es la designación de Hernán Lacunza y de Ércole Felippa en Córdoba, ambos dirigentes que reconocen el liderazgo de Macri, en lo que se interpreta como un acercamiento entre el ex presidente y el gobernador Martín Llaryora.

Ese movimiento alimenta una hipótesis que en el peronismo se analiza con cierto entusiasmo estratégico: la posibilidad de que la oferta de centroderecha y derecha se fragmente, con un espacio propio de Macri y, eventualmente, otro de Victoria Villarruel si el sector que hoy conduce Javier Milei también atraviesa una ruptura. Cuanto más atomizada esa oferta, mayores las chances del peronismo de volver al poder.

En ese marco, en el peronismo se da por verosímil —más allá de los desmentidos enfáticos de ambas partes— que existió una reunión entre Patricia Bullrich y Macri. Que haya ocurrido o no es, en rigor, secundario: lo relevante es que el peronismo ya construye sus escenarios asumiendo una eventual ruptura de Bullrich con Milei, que terminaría de fragmentar aún más el espacio libertario-PRO.

Y entonces aparece Adorni, no como protagonista sino como variable de un cálculo más amplio. En el peronismo prevalece la idea de no precipitar los acontecimientos. Exponerse a liderar una discusión sobre corrupción es, para el espacio, un terreno incómodo de cara a la agenda pública: no es el lugar desde el cual el peronismo quiere presentarse ante la opinión pública en este momento.

Pero hay un cálculo más fino todavía. Si el peronismo acelera para armar una plataforma política que termine eyectando a Adorni —por ejemplo, a través de una moción de censura—, podría estar haciéndole un favor involuntario a Javier Milei. El presidente, que hoy no encuentra una salida airosa para dar vuelta la página del escándalo, podría aprovechar una acción del peronismo para desplazar a su jefe de Gabinete sin asumir el costo político de hacerlo por decisión propia.

Adorni no caería por sus súbitos cambios patrimoniales y de estilo de vida, sino por una maniobra de la oposición. Y eso, para el cálculo massista, sería un error.

Por ahora, entonces, el peronismo mira, espera y construye escenarios. La mesa redonda sigue sin cabecera. Pero todos, de un modo u otro, ya empezaron a moverse.

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Nuevo foco de malestar con Bullrich y aparecen diferencias en el Gobierno sobre cómo lidiar con sus desmarques

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Mientras ella deja saber que está cada vez más cansada, que en la mesa política no se decide nada y que en el Gobierno están todos más atentos a pelear las internas que a ganar el año que viene, un sector de la administración vinculado con Santiago Caputo empezó a diferenciarse por primera vez, y de manera abierta, de las posiciones de Patricia Bullrich. Del otro lado, el entorno de Karina Milei insiste en dar la otra mejilla.

Los caputistas están convencidos de que la senadora estuvo detrás del pedido de los aliados para incluir al Ministerio de Seguridad en el Consejo de Seguridad Nacional, en el dictamen del proyecto sobre Malvinas. Es un tema clave para Santiago Caputo, que quería que el organismo quedara integrado solo por el área de Inteligencia, algo que dejó explícito en su cuenta de X. También hubo sospechas de que Martín Menem tenía interés en sumar legisladores al Consejo, algo que finalmente no ocurrió en el dictamen aprobado y que en la Cámara de Diputados lo negaron tajantemente.

El enojo con Bullrich, sin embargo, empezó por otro lado: haber reconocido de manera explícita la derrota de Flávio Bolsonaro y el triunfo de Lula da Silva, a contramano de Javier Milei, que optó por un silencio total y ni siquiera se expresó por la vía de su canciller. Para el sector que se referencia en “Las Fuerzas del Cielo”, esa diferenciación fue una afrenta política.

El detonante

El detonante fue un posteo del legislador bonaerense Agustín Romo, que responde al ala de Santiago Caputo. En X, Romo escribió: “Este es un gobierno de derecha. No de centro ni de centro derecha. Las tibiezas déjenlas en sus casas. Córranse que la libertad avanza”. El mensaje, confirmaron en la Casa Rosada, estaba dirigido a la senadora. Y en el Senado también lo entendieron así, aunque le restaron relevancia. Fue la primera vez que esa parte del oficialismo, hasta ahora estaba muy alineada con Bullrich en su cruzada contra Karina Milei, mostró malestar con ella.

En el sector de Bullrich dicen que la modificación de la integración del Consejo de Seguridad Nacional en el dictamen no fue su “culpa”. Y creen que, más que arremeter en su contra a través del X, ese sector en realidad estaba “defendiendo” a Caputo en su cruzada por ayudar a Bolsonaro a salir de Brasil.

En el bullrichismo, de todas formas, sintieron irritación por el episodio. “Se creen 007, son ridículos”, sostuvo un alfil sobre quienes cuestionaron la inclusión del Ministerio de Seguridad. Y agregaron que, en todo caso, la presencia de esa cartera tuvo como objetivo darle “legalidad” al organismo. Los defensores del proyecto original calificaron mal esa consideración. “En Estados Unidos no funciona así. El asesor de seguridad nacional no está condicionado por homeland security. Es más estratégico el rol. No es que vas a mandar a la cana a hacer un allanamiento menor, minucias”, dijeron.

En el entorno de Bullrich sostienen que la inclusión de Seguridad fue una concesión a los aliados en la negociación por el proyecto. Y sumaron, para legitimar el planteo, que Santiago Caputo estaba al tanto de que estaba en pie ese pedido de los aliados.

De todas formas, en Balcarce 50 no creyeron que se tratara de un pedido de los aliados. Pensaron en cambio que era un plan de Menem integrar a miembros del Poder Legislativo. Desde su entorno aclararon que no se metió en el tema: solo trasladó el planteo.

Fuentes del bloque de Diputados que participaron del debate, consultadas en off the record, van en la misma línea y negaron que Bullrich haya tenido algo que ver. Aseguran que la inclusión de Seguridad se resolvió a pedido de “varios diputados”, sin precisar de qué bloques, y que fue aceptada por Menem. Agregan que en los temas de la Cámara baja no hay contacto con la senadora, ni ella lo tiene con ellos en los asuntos del Senado.

La ministra de Seguridad también es eje de las críticas, pero de antaño. No la consideran apta para el puesto y no le perdonan haber “estropeado” el proyecto de agencia de migraciones que Caputo había planificado. La idea era emular una especie de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el organismo encargado de ejecutar las deportaciones y que provoca serias controversias en ese país. “No compartimos criterios con Monteoliva”, dijeron en las Fuerzas del Cielo.

La otra mejilla de Karina

Por el otro lado, Karina Milei sigue decidida a no responder. Hasta ayer, en su entorno sostenían que el planteo de Bullrich por el tema de Brasil, es decir, su diferenciación de la postura oficial del Presidente de no reconocer ni mencionar, y mucho menos felicitar, el triunfo de Lula, “fue correcto”. Y hacían silencio respecto del posicionamiento más belicoso de la otra facción.

Como en todas las últimas diferenciaciones de la senadora, en el área de la secretaria general omiten todo cuestionamiento. Dicen que es “más de lo mismo” y le restan importancia. Aseguran, incluso, que Bullrich “pierde efecto” político por lo repetitivo de esos desmarques. Y nuevamente no tienen planeado escalar, aseguran, al menos por ahora.

Dos lecturas, una misma interna

La situación deja a la senadora en una posición incómoda. Por un lado, recibe fuego de Las Fuerzas del Cielo, que la acusan de operar contra Caputo y de correrse de la línea oficial en política exterior. Por el otro, el karinismo la ignora, una estrategia que en el círculo de Bullrich leen como una forma de desgaste.

Cada una de estas diferenciaciones, sea por Brasil, por Malvinas o por cualquier otro tema, funciona como un termómetro de la interna en el Gobierno.

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El Senado aprobó cambios en la ley de salud mental: se modifican criterios de internaciones y equipos médicos

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El Senado aprobó esta madrugada y giró a Diputados una nueva la ley de salud mental que dista de la de 2010, en su momento empujada por el kirchnerismo y que, con el correr de los años, generó quejas varias y desesperados reclamos de cambios. La iniciativa, que obtuvo 42 adhesiones y 21 rechazos durante la votación en general, modifica criterios en internaciones involuntarias, adicciones y equipos médicos a cargo de tomar decisiones complejas relacionadas con la temática, entre otros puntos.

La iniciativa le da prioridad a psiquiatras, aunque en las últimas horas se consensuó el aporte de psicólogos en grupos interdisciplinarios, tras presiones desde provincias y algunas universidades. También hubo aportes para reprimir inquietudes por fondos extra.

Como miembro informante, la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), primero destacó las exposiciones de “más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del derecho”, y fue rápido hacia la ley vigente. “La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, manifestó.

La puntana dio cifras de los casi 16 años de la norma actual y habló de resultados “insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas”, más “avances dispares en distintas jurisdicciones”. Apuntó a un articulado “desactualizado” y cifras alarmantes de hospitalizaciones públicas -suba de 70%- post pandemia. Y finalizó: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.

No pensó lo mismo el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), quien defendió y criticó, al mismo tiempo, las pautas actuales de salud mental. Llamó la atención, sobre todo, desde su profesión de médico. Como se esperaba, fue directo a la “falta de recursos”. Y agregó: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”. Para el -de nuevo- justicialista, “no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva”.

Otro doctor, el silvestre misionero Carlos Arce, leyó entera su alocución, algo que suele ser mal visto y no está permitido en el recinto, salvo pedido expreso a quien comande en ese momento la sesión. Su colega de bancada, Elizabeth Rojas Decut, hizo lo mismo durante la discusión previa sobre el mercado de carbono. Suelen manejarse en espejo. No fallaron. También se quejaron por las partidas involucradas, aunque libertarios aceptaron la incorporación del “financiamiento federal”.

Después de las protestas de Andrada y Arce, tuvo que ser una contadora la que bajó a tierra ejemplos pedagógicos para pincelar el delicado panorama que enfrentan familias en el interior del país. Fue la radical y ex vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider. “Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”, advirtió. En la misma línea fue la oficialista fueguina Belén Monte de Oca, quien expresó: “Se confundió libertad con abandono”.

“Vamos a promover leyes sin discutir cómo se financia la salud mental”, enfatizó desde el Frente Cívico el ex gobernador de Santiago del Estero y filo K Gerardo Zamora, quien lamentó que no se haya tenido “a la vista” un proyecto presentado tiempo atrás. “Error de enfoque”, añadió. Coincidió, por el cristinismo, la médica y ex mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci.

El cierre estuvo a cargo de la líder libertaria, Patricia Bullrich: describió la “contradicción” que se generó entre “dos profesiones que atienden a la salud mental”, con una injusta acusación contra los psiquiatras “como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido”.

“Son dos miradas o formas de encarar el problema -en la comparación con psicólogos-, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, indicó, y dejó en claro que “hoy no se puede actuar ante situaciones” que llevan a “muertes” o “violencia familiar”.

“Se dejó un tema sin resolver”, puntualizó la porteña, y subrayó la necesidad de “intervenir a tiempo” para “cuidar a las personas”. Y repitió un número contado semanas atrás por Infobae: 100.000 psicólogos versus casi 4.000 psiquiatras.

Detalles del proyecto

En las internaciones, se reemplaza la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia la mencionada especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también estaba escrita la palabra “preferentemente”, se negoció quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de dicha profesión.

La trifulca por esta cuestión fue una de las tantas entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Mismo caso para las quejas por fondos, por lo que el oficialismo hizo más taxativo el articulado, con el fin de despejar dudas restantes. Y se permitirá la ventana de tele consulta donde haya menor presencia de personal dedicado a la temática.

Por otra parte, se considera un concepto más amplio a la hora de hablar de adicciones -para incluir a la ludopatía, por caso-, se activa una delimitación de familiares en representación de pacientes, se imponen diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y queda prohibida la práctica de manicomios. También hay un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

En cuanto a familiares, se limita la intervención a padres o hijos y se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma queda restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

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La UBA lanzó una plataforma para rastrear los votos, proyectos e intervenciones de cada diputado y senador en el Congreso

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La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.

La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.

Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.

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