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La mesa redonda del PJ: Massa insiste con la unidad para enfrentar a una derecha en riesgo de fragmentación

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En el peronismo circula una imagen para describir su propio presente: una mesa redonda. Ya no hay cabeceras. Hay gobernadores, intendentes, líderes parlamentarios y dirigentes con predicamento propio: ninguno tiene la centralidad suficiente para ordenar al resto por decreto. Es un peronismo policéntrico, obligado a construir consensos antes que a recibir órdenes, que empezó a discutir —todavía en voz baja— cómo se reorganiza para 2027 y quién tendrá, llegado el momento, la “aptitud” para encabezarlo.

Esa palabra —aptitud— circula con insistencia en las conversaciones reservadas del círculo de Sergio Massa. El líder del Frente Renovador, ex candidato presidencial y una de las piezas con mayor llegada transversal dentro del espacio, mantiene un perfil bajo que no debe confundirse con repliegue: sigue activo en sus oficinas de la Avenida Libertador, en su casa de Tigre y en algunas mesas reservadas, con reuniones políticas discretas que abarcan a todos los sectores, sin la fanfarria de la campaña de 2023.

Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes con acceso directo a esas conversaciones, Massa tiene un diagnóstico sobre el momento que vive el peronismo, sobre la potencialidad electoral de Cristina Kirchner —aun después de la condena y la inhabilitación perpetua—, sobre el rol que debería asumir Axel Kicillof, y sobre la posible fragmentación del espacio de la derecha, que hoy es oficialismo y está atravesado por riesgos ciertos de disidencias y desgajamientos.

La hoja de ruta y el tablero interno al 2027

El fin de semana pasado Massa se reunió con intendentes y legisladores del Frente Renovador. Según fuentes que participaron del encuentro, allí bajó una serie de lineamientos que funcionan como hoja de ruta: que la responsabilidad del espacio es volver a ser gobierno en 2027; que nadie debe prenderse en una interna prematura, porque el partido solo debe trabajar por la unidad; que el electorado peronista no quiere internas y que el candidato que mejor mide es, justamente, el de la unidad.

En esa lista también incluyó que no pueden ser funcionales a que Javier Milei siga gobernando por la división del propio espacio; que la ampliación debe hacerse sin tirar a ningún compañero por la ventana, porque no hay lugar para sectas; que hace falta adultez y responsabilidad; y que hay que ir a buscar a todos.

Es, en los hechos, un programa de convivencia y una señal hacia adentro. Massa no quiere aparecer como mediador: la palabra le incomoda porque lo ubicaría en una tercera posición que no es la que pretende ocupar. Su apuesta, en ese esquema, es la unidad; no el arbitraje.

En ese cálculo de unidad, el rol de Axel Kicillof aparece como central y, a la vez, como un signo de interrogación. Desde el entorno de Massa sostienen que el gobernador bonaerense enfrentó una coyuntura adversa por la confrontación abierta con Milei y la feligresía libertaria, y por las tensiones permanentes con el kirchnerismo, un contexto que le presentó desafíos suplementarios para su proyección como candidato para 2027.

En el massismo reconocen su lugar en la mesa de discusión para consolidarse como un hermano mayor que debería abrazar, contener e incluso tolerar eventuales desplantes, sin devolver cada golpe con el mismo tono. “No se puede hacer política enojado”, es la reflexión que comparten en el massismo.

Desde la distancia, en ese espacio advierten sobre lo que ocurrió en el último proceso electoral, el de 2023: el riesgo de repetir el error de Horacio Rodríguez Larreta, que concentró su estrategia en sumar apoyos de dirigentes y cuadros partidarios y terminó sin mensaje para la gente. Para el massismo, Kicillof debería privilegiar el diálogo directo con el electorado, más que los tironeos que le propone la interna.

El otro vértice ineludible es Cristina Kirchner. En el massismo dan por sentado que el kirchnerismo —La Cámpora y los sectores que se identifican con la ex presidenta— hará valer su peso relativo dentro del armado, más allá de que la lógica de mesa redonda suponga, en teoría, un esquema más horizontal.

Hay un número que en el peronismo no se discute: más allá de que las encuestas registran una potencialidad electoral más alta, Cristina Kirchner conserva un piso del orden de los 20 puntos de voto propio transferible. Si ella dice que su candidato es determinado dirigente, ese dirigente sube automáticamente entre 18 y 20 puntos. Es un activo que nadie le disputa.

La pregunta que sobrevuela es si la consigna que el cristinismo elegirá para la batalla interna —y también hacia el electorado— será “Cristina libre”. En el massismo circuló otra lectura: que la consigna “Cristina inocente” sería más eficaz que “Cristina libre”, porque interpela menos a la interna judicial y más a la legitimidad política. Más allá de esa diferencia de matices, en el massismo aceptan como válido que el cristinismo dé esa batalla, tanto interna como hacia afuera, para hacer pesar su preeminencia relativa dentro del espacio.

Hay un consenso en el massismo: hasta que termine la participación de la Selección que conducen Lionel Messi y Lionel Scaloni en el Mundial, no tiene sentido especular abiertamente sobre candidaturas. Pero una vez que el equipo nacional concluya su participación mundialista —todos esperan que con una nueva consagración—, los tiempos políticos se acelerarán de manera abrupta y el peronismo deberá empezar a delinear con mayor precisión su camino.

En esa instancia, la palabra clave volverá a ser “aptitud”: quienes aspiren a ser candidatos del espacio deberán mostrar, en los hechos, que están en condiciones de encabezarlo. Massa no descarta que ese proceso derive en una interna, como la que él mismo disputó con Juan Grabois en 2023. El antecedente es revelador: pese a que el electorado de Grabois era, en un principio, refractario a Massa —incluso por impulso del propio Grabois—, después de las PASO no se perdieron votos. “La torta se agrandó”, dicen en el massismo.

Para el período post Mundial, desde el entorno de Massa insisten en tres condiciones que deberían regir la competencia interna del peronismo: que el espacio redoble su apuesta por la cercanía con los sectores que sufren el impacto del modelo libertario; que existan reglas de juego claras —no pegar bajo el cinturón a los propios compañeros ni a otros candidatos, evitar operaciones cruzadas y discutir lineamientos comunes para un futuro plan de gobierno—; y que exista un ordenamiento político que refuerce, hacia afuera, la competitividad del espacio.

¿Y Massa, candidato? La respuesta que circula en su entorno es deliberadamente abierta: el peronismo debe agotar los esfuerzos para construir una candidatura de unidad, con o sin PASO, y será la “aptitud” de cada dirigente la que termine resolviendo el interrogante. Como argumento de que nada está escrito, en el massismo recuerdan el caso de Patricia Bullrich: protagonista de dos experiencias electorales fallidas, la de Fernando de la Rúa en 2001 y la de Macri en 2015, y sin embargo con plena vigencia electoral en 2026. La política argentina, repiten, es muy dinámica. No es un “no”, pero menos un sí.

La derecha en observación y el caso Adorni

Mientras el peronismo ordena su tablero interno, en las mesas de arena de la política se observan con especial atención los movimientos en el espacio de la derecha, que hoy es oficialismo, pero no está exento de tensiones, disidencias y eventuales desgajamientos.

Uno de los nombres que se sigue de cerca es el de Mauricio Macri. El ex presidente viajó a Mendoza, a Chaco y a Santa Fe; se reunió con diputados propios, con intendentes del PRO, con gobernadores del espacio y con dirigentes radicales, como el santafesino Maximiliano Pullaro. La lectura que se hace desde el peronismo es que Macri no descarta —y probablemente busca— volver a tener un rol protagónico en 2027.

Una señal que se sigue con particular atención es la designación de Hernán Lacunza y de Ércole Felippa en Córdoba, ambos dirigentes que reconocen el liderazgo de Macri, en lo que se interpreta como un acercamiento entre el ex presidente y el gobernador Martín Llaryora.

Ese movimiento alimenta una hipótesis que en el peronismo se analiza con cierto entusiasmo estratégico: la posibilidad de que la oferta de centroderecha y derecha se fragmente, con un espacio propio de Macri y, eventualmente, otro de Victoria Villarruel si el sector que hoy conduce Javier Milei también atraviesa una ruptura. Cuanto más atomizada esa oferta, mayores las chances del peronismo de volver al poder.

En ese marco, en el peronismo se da por verosímil —más allá de los desmentidos enfáticos de ambas partes— que existió una reunión entre Patricia Bullrich y Macri. Que haya ocurrido o no es, en rigor, secundario: lo relevante es que el peronismo ya construye sus escenarios asumiendo una eventual ruptura de Bullrich con Milei, que terminaría de fragmentar aún más el espacio libertario-PRO.

Y entonces aparece Adorni, no como protagonista sino como variable de un cálculo más amplio. En el peronismo prevalece la idea de no precipitar los acontecimientos. Exponerse a liderar una discusión sobre corrupción es, para el espacio, un terreno incómodo de cara a la agenda pública: no es el lugar desde el cual el peronismo quiere presentarse ante la opinión pública en este momento.

Pero hay un cálculo más fino todavía. Si el peronismo acelera para armar una plataforma política que termine eyectando a Adorni —por ejemplo, a través de una moción de censura—, podría estar haciéndole un favor involuntario a Javier Milei. El presidente, que hoy no encuentra una salida airosa para dar vuelta la página del escándalo, podría aprovechar una acción del peronismo para desplazar a su jefe de Gabinete sin asumir el costo político de hacerlo por decisión propia.

Adorni no caería por sus súbitos cambios patrimoniales y de estilo de vida, sino por una maniobra de la oposición. Y eso, para el cálculo massista, sería un error.

Por ahora, entonces, el peronismo mira, espera y construye escenarios. La mesa redonda sigue sin cabecera. Pero todos, de un modo u otro, ya empezaron a moverse.

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Máximo Kirchner presentó un proyecto para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso

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Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario InternacionalKristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.

El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.

La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.

El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.

El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán MartínezCecilia MoreauPablo YedlinCarlos CastagnetoItai HagmanHilda AguirreNicolás TrottaMaría Elena VelázquezMarcelo BarburAgustín RossiSergio PalazzoAgustina PropatoJulia StradaSabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.

El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.

Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.

La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la “BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.

En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.

La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.

La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.

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ATE anunció un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el 3 de agosto

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el próximo lunes 3 de agosto. La medida de fuerza fue resuelta y anunciada hoy tras la reunión de la Conducción Nacional del sindicato.

La decisión fue tomada en el Hotel Quagliaro, sede del gremio, y apunta a dos reclamos centrales: un aumento salarial de emergencia y el rechazo al desmantelamiento de organismos estatales con la consecuente pérdida de empleos en el sector público. La protesta coincidirá con el regreso a clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros distritos del país, tras el receso de invierno. En ese marco, ATE evalúa la posibilidad de marchar en conjunto con el sindicato docente CTERA.

El Secretario General de ATE NacionalRodolfo Aguiar, fue contundente al describir la situación salarial del sector: “Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei. Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público”.

Los números que respaldan ese diagnóstico son concretos. En lo que va de 2026, los incrementos salariales en la Administración Pública Nacional llegaron al 12,9% hasta junio, mientras que la inflación en ese mismo período fue del 16,9%. La brecha entre ambas variables profundiza una pérdida de poder adquisitivo que, según el gremio, se arrastra desde el inicio de la gestión actual.

Aguiar también alertó sobre el nivel de endeudamiento que atraviesan los trabajadores del Estado: “Es alarmante el altísimo nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales. Las formas de endeudamiento son múltiples. Ya se han superado instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos”, advirtió el dirigente.

Más allá de la discusión salarial, el sindicato denunció el cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos del Estado Nacional, con despidos que afectan la prestación de servicios para la sociedad. ATE encuadra esa situación dentro de un deterioro más amplio del tejido productivo: según señalaron, en los últimos dos años y medio cerraron más de 28.000 empresas y se perdieron más de 341.000 puestos de trabajo.

Sobre el rol de los sindicatos en el actual contexto, Aguiar cuestionó las reuniones que algunos dirigentes gremiales mantuvieron con funcionarios de la Casa Rosada: “Los sindicatos están para mejorar la vida de los trabajadores, y no para disputar las migajas del sistema. Hay una sola manera de recuperar nuestro lugar y es no parar de confrontar”, afirmó el referente de ATE.

“Es una premisa falsa la de que quieren destruir el Estado. Es mentira que no hay un Estado presente. Hoy el Estado está presente pero no para la gente, sino para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales”, sostuvo también Aguiar en su análisis crítico de la actual gestión.

Vale recordar que el 3 de agosto no será la única fecha de movilización en el calendario de ATE. El sindicato ya tiene definida una Jornada Nacional de Lucha para el 7 de agostoDía de San Cayetano, en la marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

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Lula da Silva ninguneó a Milei tras las críticas que causaron un conflicto diplomático: “¿Quién es ese tipo?”

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El presidente brasileño Lula da Silva se pronunció por primera vez tras las críticas de Javier Milei que generaron un conflicto diplomático entre Brasil y la Argentina que, hasta ahora, no se sabe cómo terminará.

El presidente brasileño, que buscará la reelección en octubre, eligió el ninguneo y la ironía cuando los periodistas locales le preguntaron por su par argentino: “¿Quién es ese tipo?“, dijo el mandatario.

Todo comenzó este domingo cuando el jefe de Estado argentino visitó La Rural y denunció que Brasil había financiado una campaña antiargentina. Esto desencadenó un conflicto diplomático que tuvo un nuevo capítulo durante la noche de ayer con la primera reunión entre funcionarios brasileños y argentinos.

En ese sentido, la cumbre se llevó a cabo en Brasilia donde el embajador de Argentina en esa ciudad, Daniel Raimondi, se dirigió a Itamaraty para conversar con el canciller del país vecino, Mauro Vieira, tras los dichos de Milei.

Esto representó el primer acercamiento concreto entre representantes diplomáticos de ambas naciones desde que estalló el conflicto, pero el encuentro terminó sin grandes definiciones.

Durante la charla Itamaraty, que duró aproximadamente unos 40 minutos, Vieira y Bitelli estudiaron el caso desde la perspectiva de Brasil y acordaron volver a reunirse cuando el Ministro regrese de su viaje a Lima.

Lejos de terminar la polémica, tan solo unas horas más tarde de esta cumbre, el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificó de “payaso” al líder libertario, reanudando los cruces desde el otro lado de la frontera.

”No se le puede seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis”, exclamó el funcionario de Lula durante una entrevista radial. En esta línea, Durigan remarcó que “el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta“.

La discusión entre las máximas autoridades de los dos Estados, que se inició el sábado pasado, cuando Milei visitó San Pablo para participar de un acto y apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro, es un tema que está ocupando desde entonces los espacios de comunicación y opinión pública en ambos territorios.

Mientras Vieira conversaba con Raimondi en Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, ya estaba en pleno viaje hacia Brasilia.

De acuerdo con lo que detallaron fuentes oficiales a Infobae, el canciller lo recibió este lunes y no se descartaba que el propio Lula da Silva lo llamara también al Palacio de la Alvorada para analizar la situación personalmente.

Así las cosas, cabe mencionar que Vieira viajará a Perú este martes para representar a su país en la toma de posesión presidencial de Keiko Fujimori, acto en el que también estará presente el mandatario Milei.

En tanto, el encuentro de Lula con Bitelli dependía de la agenda del mandatario, que este lunes estuvo ocupado en buena parte atendiendo a su colega de Corea del SurLee Jae-myung, quien asumió su cargo en junio de 2025 tras la destitución de Yoon Suk-yeol.

En el país vecino buscan que en el corto plazo Milei se disculpe por sus agravios hacia el presidente de Brasil, a quien calificó como “ladrón y “basura socialista”, pero el libertario no tiene pensado hacerlo.

En la Argentina, en tanto, si bien el tema fue escalando y hubo más críticas hacia el mandatario vecino, el canciller local, Pablo Quirno, que estuvo en San Pablo, evitó referirse directamente a los dichos de Milei.

Por la mañana, en un breve intercambio con InfobaeVieira criticó las palabras del jefe de Estado argentino y consideró que sus conceptos no sólo ofendieron al Poder Ejecutivo y Judicial, sino a todo “el pueblo brasileño”.

“Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”, expresó.

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