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Círculo rojo: Milei se aferra a su programa económico mientras lo arrolla la realidad política

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La semana anterior, en un almuerzo reservado en Entre Ríos con el gobernador Rogelio Frigerio, Mauricio Macri había deslizado que no entendía por qué, con la macro y las cuentas públicas ordenadas, el riesgo país no bajaba a los niveles de su presidencia. Una semana después de esa inquietud privada del ex presidente, Standard and Poor’s (S&P) mejoró la calificación crediticia del país, las acciones argentinas se dispararon un 18% y el riesgo país alcanzó los 433 puntos básicos, el mínimo desde mayo del 2018. Antes de que asumiera Javier Milei, en noviembre del 2023, ese índice indispensable para el acceso a los mercados internacionales había llegado a 2.415.

No fue, sin embargo, la única noticia sobresaliente de la última semana. El jueves, en plena inauguración de la Copa del Mundo, el INDEC oficializó el índice de precios de mayo en torno al 2,1%, el más bajo en ocho meses -incluso por debajo de lo que estipulaban algunas consultoras privadas-, y se volvió a confirmar una desaceleración inflacionaria: el de junio podría ubicarse por debajo del 2%.

Luis Caputo, “Toto”, uno de los poquísimos funcionarios que se atrevió esta semana a destacar una serie de buenas noticias, ponderó en sus redes las exportaciones mineras del primer cuatrimestre -“récord histórico”, anunció-, y hasta se animó a chicanear cómo los medios no resaltaban con mayor énfasis la caída en la pobreza infantil, la más baja desde el 2018. Quienes lo frecuentan aseguran que el ministro de Economía ya tiene en su cabeza el calendario electoral del próximo año: tal vez por eso se dedique semanalmente a subir al ring a Axel Kicillof, y quizá en esa lógica se inscriba la decisión de habilitar -y reconocer- una recomposición salarial de los sueldos universitarios, firmada a mediados de semana mientras se espera que resuelva la Justicia, y otorgarle tarifa cero en el transporte público a los discapacitados.

Milei se aferra a esos datos de la economía para el diseño de un programa económico audaz y ambicioso, con un fuerte sesgo ideológico y ejecutado por Caputo y su equipo, que se complementa con una batería de desregulaciones desplegadas por Federico Sturzenegger y una serie de iniciativas repletas de polémica que llevan en simultáneo el sello de Santiago Caputo, vinculadas con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el manejo de los datos: hay que mirar al asesor estrella del presidente para entender el desembarco en el país de Peter Thiel, cofundador de PayPal y director de Palantir, que se instaló en una casona de Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires. A principios de mes, el Presidente levantó un enorme revuelo tras la publicación de un artículo en el reconocido diario británico Financial Times en el que defendió la modificación de la Ley de Sociedades, y promovió la creación de un régimen jurídico sin regulación para el despliegue de la inteligencia artificial, según los especialistas, una iniciativa muy polémica con la que Argentina cedería su soberanía de datos.

La semana pasada, en paralelo al debate por el régimen del Súper Rigi enviado por el Ejecutivo que contempla enormes beneficios fiscales e impositivos similares al RIGI pero para inversiones en IA, biotecnología o infraestructura digital, cuestionados por la oposición, en Diputados se empezó a discutir la Ley de Lobby impulsada por la Casa Rosada. Todo tiene que ver con todo: el jueves, 190 organizaciones, entre ellas el CELS y Poder Ciudadano, que expusieron en el Parlamento, alertaron por la amenaza a la participación ciudadana y el control del Estado a la sociedad civil. De aprobarse el proyecto, del que fuentes oficiales adjudicaron un creciente atención por parte del asesor presidencial, se equipararía el cabildeo de una empresa detrás de un determinado interés al de cualquier tipo de organización que promueva o represente intereses colectivos o sociales. Con ese criterio, Juan Carlos Blumberg habría sido un lobista y sus movimientos se habrían monitoreado oficialmente en el 2004 cuando reclamó y consiguió penas más duras por parte del Congreso tras el secuestro y asesinato de su hijo Axel.

La consultora 1816 publicó recientemente un informe en el que destaca que en el primer cuatrimestre del año la energía y la minería generaron casi la misma cantidad de divisas que el agro, una oferta neta de alrededor de USD8.150 millones según el Banco Central. Exultante, en un canal de streaming, el ministro Sturzenegger llegó a decir exageradamente en la semana que en los próximos años Neuquén va a recibir una migración interna excepcional que calculó en torno al millón y medio de personas, y menos de un millón para provincias como San Juan por la proliferación de proyectos mineros y del oil & gas, los sectores más beneficiados por las políticas fiscales del gobierno. Existe, en ese sentido, un grupo de empresarios volcados a la compra de activos y empresas del rubro: “La Argentina está barata”, repiten.

Milei defiende ese modelo a larguísimo plazo, convencido de lo que publicó el BCRA en un informe presentado por su vicepresidente, Vladimir Werning, que abundó en que habrá indefectiblemente un proceso de derrame desde sectores “naturalmente ganadores”, como los mencionados, hacia los más rezagados. “El eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”, destacó.

Hasta ahora, ese proceso teórico de derrame no se cristalizó en los datos, más bien lo contrario. Fue el economista Ricardo Arriazu, muy escuchado por el círculo rojo, el que lo puso en palabras: “Nunca vi un sistema en el que sobran divisas y falta empleo”, diagnosticó. “Es así, nunca vimos algo parecido”, reconoció a esta sección un empresario del sector energético que en los últimos meses adquirió activos de empresas locales pero que acaba de echar 150 empleados.

“El Gobierno va en una locomotora a 200 kilómetros por hora, y no tiene previsto frenar. El problema es como anexar algún vagón a ese tren y que no sea solo una locomotora de los sectores más favorecidos por este modelo”, describió el director de un think tank que aboga por políticas públicas, y que trabaja en un estudio, pedido por una multinacional, para entender cuánto trabajo local va a demandar en un rubro específico el boom del petróleo.

El último informe publicado por el CEPA corrobora, y agrava, los dichos de Arriazu: en los últimos 10 meses se perdieron 112.034 empleos registrados del sector privado y el crecimiento de febrero, de 1.702 puestos formales, quedó opacado por la caída de marzo, cuando se destruyeron 7.603 empleos registrados. Entre noviembre del 2023 y marzo de este año, ya se perdieron 216.643 empleos formales, y proliferaron, por el contrario, los cuentapropistas. Según el INDEC, en abril volvió a caer la industria en un 2,1% respecto al mes anterior, y 2,8% en la variación interanual. Según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, los locales comerciales desocupados o sin actividad llegaron a su nivel más alto de los últimos cuatro años por la caída de las ventas y el precio de los alquileres.

La caída en la actividad, que contrasta con esos sectores dorados que dinamizan la economía libertaria, son un motor de la generación de divisas pero tienen baja incidencia en la creación de empleo genuino, ofrece una realidad que preocupa puertas adentro del Gobierno. Y contrasta con el diseño del programa que Milei defiende a rajatabla, más allá de las urgencias cotidianas.

Sin embargo, dentro de esas urgencias hay una que se adueñó de la agenda pública, que opacó las buenas noticias de la última semana y que corroen a diario, desde hace tres meses, la credibilidad del relato oficial. Una crisis política que, junto a la feroz interna palaciega entre Karina Milei y Caputo, y las irreverencias de Patricia Bullrich, tornaron irrespirable el aire del proyecto libertario: la permanencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Todos contra Milei. “Fingir demencia mientras podamos, ese es el plan”, sintetizó una fuente oficial el viernes, 36 horas después de la paupérrima justificación del ministro coordinador en la entrevista del miércoles por la noche en la que intentó justificar su incremento patrimonial con el supuesto ahorro, en negro, de USD506.000 en criptomonedas, y la adhesión junto a su mujer, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias, previsto en la Ley de Inocencia Fiscal.

La explicación descolocó al Gabinete: están hartos de suspender notas, cancelar apariciones y que los anuncios que en otro contexto ayudarían a retomar la agenda pública no puedan ser capitalizados.

El inicio de la Copa del Mundo no disimuló ni un poco el escándalo. Si hasta ahora Adorni se había popularizado negativamente por la instalación de una cascada, la asociación de su figura con un pendrive con cientos de miles de dólares en criptomonedas terminó por convertirlo en un meme. Pero a diferencia de su anterior presentación, cuando se peleó con los periodistas o, peor aún, cuando arrastró al Presidente, su hermana Karina y todo el Gabinete al Congreso para su primera exposición en Diputados, a fines de abril, en la que negó cualquier tipo de “ocultación” en sus declaraciones juradas, esta vez no hubo ni un solo apoyo de peso. Nadie quiere quedar asociado a él. Apenas un posteo del funcionario Santiago Oria, que no tiene peso en la estructura interna, y un tímido reposteo por parte de Milei. Fin.

Desde ese momento, los pedidos internos y externos, públicos y privados, por parte de funcionarios, dirigentes, aliados, empresarios y legisladores opositores para que Adorni deje su cargo se volvieron incesantes.

No sorprendió, en esa lista, un nuevo desmarque por parte de la jefa del bloque de LLA en el Senado, que calificó como una “omisión ética” y no un “error”, como planteó el jefe de Gabinete, el ahorro en negro. Hace rato que Bullrich decidió diferenciarse del resto de los principales dirigentes libertarios y, en especial, de los hermanos Milei, en la postura pública en torno al ministro coordinador. La sorpresa, por el contrario, llegó de manos de Macri y del PRO, que en menos de 24 horas publicó dos comunicados en redes: en el segundo, el del viernes, le pidió directamente al “presidente” que “defienda al cambio y no a Adorni”.

La presión cada vez más fuerte del partido amarillo tiene doble lectura: no dejar que Bullrich se apropie sola de los votos del electorado de centroderecha que está espantado de Adorni y del estilo de liderazgo de Milei -a propósito, ¿es cierto que la senadora le escribió a Macri a su celular y el ex presidente no le respondió?-, y evitar que se llegue al Congreso con los pedidos de mociones de censura que se acumularon esta semana para correr de su cargo al jefe de ministros, una herramienta contemplada en el artículo 101 de la Constitución que el PRO no tiene previsto forzar.

“No tenemos posición tomada respecto de qué hacer, lo vamos a decidir en el transcurso del fin de semana con el radicalismo, que a su vez tiene que consultar con sus gobernadores”, explicaron ayer cerca de Cristian Ritondo. Completaron: “Si fuera por Mauricio… pero no quiere aparecer con el kirchnerismo llevándose puesto a un funcionario de Milei”.

Fuentes parlamentarias vinculadas con los gobernadores resaltaron que, al menos hasta el viernes, todavía eran pesimistas en torno a conseguir el quórum para habilitar una sesión que habilite un camino para destituir al jefe de Gabinete.

En las últimas horas, la pregunta más instalada puertas adentro del Gobierno, también del sistema político, ya no era hasta cuándo el Presidente y su hermana tendrían previsto sostener a Adorni, sino el por qué de esa decisión. Son cada vez más las voces que dan cuenta de que el Presidente quedó, tras la inesperada justificación de Adorni sobre su fortuna, más aislado en esa determinación. Algo similar ocurrió el año pasado, con José Luis Espert, cuya renuncia como cabeza de lista era solicitada por todos. En este caso, en especial, tras la aparición de dos videos, uno del 2020 y otro del 2022, en los que el propio jefe de Gabinete reconoció, en charlas virtuales, su inexperiencia en el negocio de las criptomonedas con las que, según él, amasó más de USD 500.000 entre el 2014 y el 2018. Nadie resiste el archivo.

En ese contexto, el equipo legal del funcionario privilegió la causa por la que está imputado en Comodoro Py, por enriquecimiento ilícito, un delito complejo en el que se invierte la carga de la prueba, es decir, el investigado debe demostrar que se enriqueció de manera lícita. No pareciera ser el caso de Adorni. Por el contrario, el ministro optó por reconocer públicamente que no había declarado durante años esa supuesta fortuna en criptomonedas para tratar de canjear el delito por el que se lo investiga por el de evasión, y que la causa se traslade a Penal y Económico, un fuero con otra dinámica incluso hasta por el detalle de la presencia física y permanente de los medios de comunicación, que tienen base en Comodoro Py 2002, y el perfil de los jueces que tramitan los expedientes.

El jueves, tras la reunión de la mesa política que expuso las diferencias entre Bullrich y Adorni, fue la hermana del Presidente la que difundió la imagen del encuentro. Todas las veces anteriores había sido, en general, el jefe de ministros el encargado de publicar la imagen, e incluso era él quién solía ponerse en el centro de la escena. Esta vez se ubicó a un costado. En el medio, la jefa del bloque oficialista en el Senado soplaba una vela por su cumpleaños, mientras la Secretaria General sonreía y le dedicaba palabras de agasajo por la ocasión.

Una verdadera puesta en escena si se tiene en cuenta la desconfianza que existe entre ambas: las dos saben que se necesitan, pero también son conscientes de que la traición está a la vuelta de la esquina.

Anoche, la hermanísima era, hasta el cierre de esta nota, una de las invitadas principales al festejo que Bullrich había organizado en un salón cerca del Congreso. “El Jefe” había confirmado su asistencia. Fingir demencia. De eso se trata.

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Jubilados, piqueteros y partidos de izquierda reactivan el plan de lucha contra el Gobierno a horas de la partida del Papa

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Jubilados, movimientos piqueteros y partidos de izquierda reactivaron esta semana su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, a menos de 24 horas de la partida del papa León XIV de Buenos Aires rumbo a Lima, Perú. La convocatoria central se concentra en una jornada nacional de protesta fijada para el miércoles 18 de noviembre, con epicentro en las sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la movilización comenzará a las 11 frente a la sede de ANSES de avenida Córdoba 1144. Desde allí marcharán frente al Congreso de a Nación. La concentración está prevista para las 15.

Los organizadores, agrupados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, definieron la fecha como un “miércoles federal” con acciones simultáneas en distintas provincias, tras más de 140 semanas consecutivas de protesta frente al Congreso desde diciembre de 2023.

El reclamo central es un aumento urgente de los haberes

El principal pedido de los jubilados autoconvocados apunta a un incremento inmediato de las jubilaciones mínimas, que hoy se ubican en 444.158,46 pesos, a los que se suma un bono de 70.000 pesos congelado desde 2024. La liquidación bruta para los beneficiarios del haber mínimo no supera los 514.158,46 pesos.

Entre las demandas figuran también la cobertura de medicamentos al 100%, la restitución del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a la administración de trabajadores y jubilados, el control sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el rechazo al uso del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que entrará en vigencia en diciembre para financiar indemnizaciones por despidos.

Según el comunicado difundido por la Mesa Coordinadora, el Gobierno habilitó el uso del FGS, cuya función es garantizar el pago de jubilaciones y juicios por recálculo, para solventar créditos inmobiliarios otorgados por bancos. La organización también reclama la apertura de las cuentas y los contratos del PAMI, la investigación de los funcionarios señalados por el manejo de esos fondos y la restitución de la moratoria previsional derogada por la actual gestión.

En el mismo comunicado, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados responsabilizó al Gobierno por el deterioro del sistema de salud pública destinado a los adultos mayores. “Desde el inicio de este Gobierno, han aumentado las muertes de adultos mayores. Las cifras superan largamente las de la pandemia”, sostiene el texto.

La última movilización de los miércoles, realizada el 11 de noviembre, coincidió con el cierre de la gira de León XIV por la Argentina y se desarrolló sin el habitual despliegue de fuerzas de seguridad. Entre los manifestantes hubo banderas y carteles que aludían al Pontífice, además de una gigantografía del papa Francisco con la consigna “Hagan lío”.

El domingo anterior, en su primer discurso oficial en el país, en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), León XIV había señalado, junto al presidente Javier Milei, que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” y pidió que “el crecimiento alcance a quienes encuentran mayores dificultades, como los ancianos que han contribuido durante años en construir la sociedad”.

Ese mensaje fue interpretado por referentes sindicales y de movimientos sociales como un respaldo implícito a sus reclamos. Tras el encuentro sobre el mundo del trabajo que el Pontífice encabezó el lunes en Puerto Madero, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones piqueteras coincidieron en que la exposición papal incluyó críticas directas a la gestión libertaria y al sector empresario.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, que acompañan todos los miércoles a los jubilados, calificó la frase final del Papa en Luján, “Argentina, levántate y camina”, como “un llamado de rebelión contra el modelo de pobreza y exclusión” del Gobierno nacional.

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Javier Milei habló ante empresarios y prometió llevar la apertura de la economía al 90%

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El presidente Javier Milei habló ante empresarios en la Gala Endeavor Argentina 2026 que se realizó este jueves en el Rut Haus de la ciudad de Buenos Aires tras el dato de inflación del mes de octubre. Allí, les envió un mensaje a los emprendedores, defendió el uso de la tecnología y reiteró que busca abrir la economía al 90%.

Se trató del primer discurso que llevó a cabo el mandatario después de la visita del papa León XIV a la Argentina y en el que reiteró los logros de su gestión para mejorar las condiciones para emprender en el país.

Milei organizó su presentación en torno a tres preguntas: qué dio la tecnología a lo largo de la historia, qué hacen los hombres con ella y hacia dónde se dirige. Para responder la primera, recurrió a datos históricos sobre el crecimiento económico mundial. Citó los estudios del economista Angus Maddison para señalar que, desde la era cristiana hasta 1800, el ingreso per cápita global creció apenas un 40% y afirmó: “Para duplicar el PBI antes de la Revolución Industrial hubiéramos necesitado 3.500 años”.

A partir de ese marco, Milei planteó que el interrogante histórico no es por qué existe la pobreza, sino por qué existe la riqueza. “El estado natural del hombre durante toda su existencia hasta la Revolución Industrial fue la pobreza”, sostuvo, y señaló que antes de ese proceso el 90% de la humanidad vivía en situación de indigencia extrema. Según el mandatario, el avance de la tecnología no solo transformó la producción, sino que vino acompañada de un conjunto de ideas que, a su juicio, resultaron igualmente decisivas: libertad, propiedad privada y respeto por los contratos.

Con ese antecedente, el jefe de Estado vinculó el avance tecnológico con la mejora en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y en cosas que antes eran un lujo”, declaró. Señaló también que ese crecimiento productivo “termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, que son los que más ganan cuando todo se abarata”.

Frente al auditorio, el mandatario destinó una parte central del discurso a reconocer el recorrido de quienes emprenden en condiciones adversas. “Construyeron en medio de cepos, de inflación y de normas que cambian cada día, cuando cualquier otra persona se hubiera quedado quieta sin invertir tiempo ni capital”, dijo.

Luego planteó que las condiciones actuales representan una oportunidad que, según sus palabras, se presenta “una vez por generación”. En esa línea, definió el rol del Estado con una fórmula concisa: “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”.

Para fundamentar esa apertura, Milei recurrió a Adam Smith y al concepto de que la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado. Partiendo de esa premisa, detalló los avances de su gestión en materia de integración comercial: cuando asumió, Argentina llegaba a menos del 10% de la población mundial; hoy, tras la apertura de más de 500 mercados, ese porcentaje trepó al 30%. La meta fijada para 2031 es alcanzar el 90% del planeta. “Argentina tiene un coeficiente de apertura del 30% y debería tener uno de noventa”, indicó, y atribuyó al Ministerio de Desregulación la función de ampliar ese margen para potenciar los rendimientos crecientes.

En el tramo final, el presidente abordó el rol de la inteligencia artificial como el fenómeno tecnológico que, a su criterio, atraviesa todos los sectores de la economía. Identificó dos vías de impacto: la demanda generada por la construcción de centros de cómputo —con encadenamientos en cemento, acero, cobre, energía e ingeniería— y la productividad, a la que calificó como “la más importante”. Enumeró los sectores que, según su visión, se verán transformados y apuntó: “Ya vimos lo que pasa cuando la productividad sube: crece el tamaño de la economía, baja la pobreza y mejora la vida de todos”.

Milei enumeró los recursos con los que Argentina cuenta para posicionarse en ese proceso: energía a través de Vaca Muerta y la generación nuclear, minerales críticos como cobre, litio y uranio, el clima frío de la Patagonia como ventaja para refrigerar centros de datos y el capital humano local. Para aprovechar esas condiciones, mencionó cambios normativos en curso: la adecuación de la ley de glaciares para dar seguridad jurídica a la minería, la eliminación de la brecha cambiaria y la baja de retenciones para el campo, y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que garantiza estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por 30 años. Según informó el mandatario, el RIGI acumula pedidos de adhesión por más de USD 210.000 millones, de los cuales USD 76.000 millones ya fueron aprobados.

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El Gobierno retomó las negociaciones con los aliados y el Presupuesto se tratará el miércoles 25 en Diputados

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Luego de dos semanas con muy poca actividad debido a las elecciones en Estados Unidos y a la visita del papa León XIV, el oficialismo retomó las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas en la Cámara de Diputados y se encamina a llevar el proyecto el Presupuesto 2027 al recinto el miércoles 25 de noviembre.

“Lo más importante es que se ratificó el cronograma de trabajo”, explicó un diputado aliado al salir de la reunión de la que participaron, entre otros, Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), representantes del oficialismo y autoridades del Poder Ejecutivo.

A pesar de haber confirmado que el plan del oficialismo es firmar el dictamen el martes 17 y que la sesión será el 25, los diputados aclararon que durante la reunión “casi no se habló del Presupuesto”. La discusión giró principalmente en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas.

El Gobierno convocará antes del Presupuesto a una sesión la semana que viene, el miércoles 18, donde, además del proyecto de Malvinas, se tratarán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA) y el Mercosur, y otros dos convenios suscriptos entre el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires destinados a profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño.

Tanto opositores como oficialistas reconocieron que todavía hay una discusión no resuelta en torno al Título VII del proyecto. Mientras los primeros propusieron eliminar todo el Título por completo, la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica Paula Taddei se comprometió a volver a redactar algunos artículos; aunque los libertarios aclararon que no los borrarán de raíz.

Por ejemplo, el artículo 129 establece que “se entenderá por campaña de injerencia extranjera el conjunto de acciones planificadas y articuladas entre sí, desarrolladas de manera sistemática o sostenida en el tiempo, mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultando su origen o su vínculo con el Estado, organización o agente extranjero, con la finalidad de alterar un proceso electoral, afectar sustancialmente la libre formación de la voluntad política de la población, o condicionar el proceso decisorio de las autoridades constituidas de la Nación”.

Algunos aliados advierten que artículos como este no son lo suficientemente claros y podrían afectar la libertad de expresión y el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales. Si no hay cambios, el Título VII podría salir rechazado en el recinto ya que necesita una mayoría especial de 129 votos positivos porque modifica el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos.

En la previa de la reunión, desde el PRO celebraron el acuerdo para prorrogar el régimen de promoción del autopartismo, uno de los siete pedidos que el partido fundado por Mauricio Macri le hizo al Gobierno. Se trata de beneficios como la devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen hasta 2032. Tendrá impacto directo en Córdoba, Santa Fe y la localidad bonaerense de Zárate.

“Una inversión automotriz se planifica a 5 u 8 años, y ninguna empresa arranca un proyecto con un régimen que vence a la mitad. Por eso escuchamos a la industria y llevamos su pedido al Presupuesto: prorrogar las dos leyes juntas, porque funcionan juntas”, publicaron en las redes sociales del partido.

Por otro lado, según pudo saber Infobae, la Casa Rosada y el Ministerio de Economía comenzaron a negociar directamente con los gobernadores una “compensación” por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Los gobernadores reclaman desde el año pasado una reducción en el impuesto debido a que el Gobierno incumple con la asignación específica que debería darle a los recursos recaudados: el mantenimiento de las rutas nacionales. A esto se suma el malestar que generó la decisión de la Secretaría de Transporte de otorgar mayores subsidios para las empresas de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de noviembre para que no suban el precio del boleto.

Las provincias aseguran que con una reducción en ICL podrían bajar costos fijos y contener los aumentos de boletos en el interior del país.

Además, entre los reclamos del PRO sigue pendiente la regularización de las deudas por coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. “Los están conversando Jorge Macri y Toto Caputo”, señalaron a Infobae.

En la misma línea, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, negocia mano a mano con la Casa Rosada la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% al 10,5% para los huevos y sus derivados.

En cambio, entre los pedidos del PRO que todavía no recibieron respuesta se encuentran los cambios a la ley de biocombustibles para proteger a las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, y el reclamo de mayor transparencia en las concesiones viales.

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