El Senado podría volver a sesionar el 16 de julio para tratar al menos 26 pliegos judiciales ya dictaminados, en una nueva tanda del impulso que el Gobierno le imprimió a los nombramientos en la Justicia y que busca acelerar acuerdos antes de que algunos candidatos queden fuera por razones de edad o por la demora legislativa.

Ese paquete se sumaría a los 76 cargos que la Cámara Alta ya votó y de los que una parte fue publicada en el Boletín Oficial. Hasta ahora, el Ejecutivo completó el trámite de 46 jueces mediante decreto de nombramiento y su objetivo es llegar a 300 al final del mandato de Javier Milei, una cifra que lo convertiría en el presidente que más integrantes del Poder Judicial designó entre los últimos tres gobiernos.

Uno de los casos que el oficialismo quiere aprobar es el del juez Víctor Pesino. El magistrado dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y firmó la aplicación plena de la Reforma Laboral, al rechazar las presentaciones judiciales impulsadas por los sindicatos.

Pesino cumple 75 años a fin de mes. Si no obtiene el acuerdo del Senado el 16 de julio, deberá jubilarse, porque los legisladores fijaron como alternativa volver a sesionar recién el 6 de agosto, después del receso invernal.

En el medio de esto, y a sabiendas que la sesión del 16 de julio podría no suceder, el magistrado de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habilitó la Reforma Laboral, solicitó una medida cautelar urgente para no perder su cargo el 27 de julio, cuando cumplirá 75 años.

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques negocia los pliegos que llegan al Congreso de la Nación. En esa discusión conviven nombres vinculados con la llamada familia judicial, intereses del Ejecutivo y reclamos de las provincias para cubrir cargos vacantes, en especial en juzgados ligados a las justicias electorales. En esa disputa, hasta ahora llevan ventaja los postulantes vinculados con el propio sistema judicial.

La próxima sesión, si el oficialismo consigue número para abrirla, incorporará como mínimo esas 26 carpetas ya habilitadas por comisión. La aceleración oficial apunta a sostener un ritmo de designaciones que ya dejó una primera tanda votada y otra en preparación.

Un expediente distinto es el de la magistrada María Verónica Michelli. El Ejecutivo intentó retirar su pliego del Senado cuando ya tenía dictamen de la Comisión de Acuerdos y lo hizo minutos antes de la sesión en la que iba a votarse su nombramiento.

La razón invocada fue su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, de quien es cuñada. Como el Gobierno no logró sacar el pliego a tiempo, luego la excluyó de la tanda de nombramientos publicada en el Boletín Oficial.

En el Ejecutivo sostienen que Michelli no puede asumir en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata porque ese tribunal ni siquiera tiene edificio asignado. Otras fuentes, sin embargo, contraponen esa explicación con otra designación oficial: la de Ana Maria San Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, nombrada como jueza federal en Hurlingham, donde ese juzgado tampoco está creado.

Otro punto a tener en cuenta en el debate en la Cámara alta es que el peronismo no conformó la Comisión de Acuerdos y, aunque en general se presenta algún senador del PJ en la misma cuando se debaten los pliegos de los magistrados que tienen como destino las provincias, amenaza con no reconocer los nombramientos.

El Ejecutivo vía el ministro Mahíques sigue adelante con los nombramientos. La intención es la de alcanzar el número mágico de los 300 nombramientos, casi 30 más que los que hizo el ex presidente Mauricio Macri en la gestión de Cambiemos. En paralelo, modificó la forma de selección vía un decreto presidencial para que la entrevista personal a los candidatos pierda peso y restringir las instancias de audiencias públicas.