Más de cinco millones de personas viven en los 6.467 barrios populares relevados en la Argentina. Sobre esa base, la Iglesia, la fundación TECHO y organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un proyecto de ley acompañado por 11 bloques legislativos de 10 provincias para garantizar por ley el financiamiento de obras de integración socio-urbana hasta 2036. “Para eso es necesario el diálogo”, resumió Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata, al reclamar que los recursos dejen de depender de la voluntad política de cada gestión.

La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Grabois, busca fijar un piso presupuestario vinculado al Producto Bruto Interno (PBI) y responde a un fallo judicial que exhortó al Congreso a garantizar recursos tras la disolución del fondo que sostenía esas obras.

Monseñor Gustavo Carrara reclamó protagonismo

Carrara destacó la necesidad de comprender a los barrios populares desde la organización de quienes los habitan. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”, sostuvo el religioso.

“Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario el diálogo”, agregó el Arzobispo de La Plata.

Los razones del proyecto de ley

Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa tiene por objeto “dotar de un financiamiento adecuado, sostenible y permanente a la política de integración socio urbana de los barrios populares de la República Argentina, conforme a lo establecido por la ley 27.453, sus modificatorias y normas complementarias”. Esa norma, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo, reconoce la vulnerabilidad habitacional de millones de argentinos y establece el marco legal para su integración socio-urbana.

El texto sostiene que el derecho a la integración sociourbana, consagrado en el artículo 1° de la Ley 27.453, “es un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria”. En ese sentido, los fundamentos citan a los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), que imponen al Estado “el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales” y le prohíben “retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada en los niveles de protección ya alcanzados”.

Un fallo judicial que exhorta al Congreso a garantizar el financiamiento

“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recuerda a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, hizo lugar a una medida cautelar interina que suspendió el Decreto 312/2025 —que disponía la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)— por considerar que la ausencia de financiamiento implicaba “una regresividad inadmisible en términos constitucionales”, que comprometía “el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano”.

El juez Andrés Heim, a cargo del juzgado, exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible. El proyecto que hoy impulsan los 11 bloques constituye la respuesta directa a ese exhorto.

El FISU fue creado por el Decreto 819/2019 como instrumento clave para financiar obras de infraestructura en los barrios registrados en el Renabap. Fue dotado de recursos provenientes, entre otras fuentes, del 9% de la recaudación del Impuesto PAIS, conforme a la ley 27.541 y el decreto 184/2020, lo que le permitió desplegar, según los fundamentos, “una de las políticas de infraestructura social más importantes de las últimas décadas”.

Entre los logros de esa política, el proyecto destaca más de 1.300 obras aprobadas de infraestructura urbana —apertura y mejoramiento de calles, equipamiento urbano, redes de agua, cloaca y electricidad, y lotes con servicios— y más de 250.000 mujeres beneficiadas a través del programa Mi Pieza, orientado a mejoras habitacionales.

Ese esquema se derrumbó con el Decreto 193/2024, que redujo la participación del FISU en el Impuesto PAIS del 9% al 0,3%, “impuesto que luego dejó de existir a fines del año 2024”.

Los fundamentos precisan que esa primera decisión implicó una caída del 96,7% en los recursos disponibles para continuar con las obras en marcha o iniciar nuevas, y que tras la eliminación del impuesto “los recursos para esta política pública se extinguieron”. Como consecuencia, según el informe 145 de la Jefatura de Gabinete, la ejecución de obras se desplomó un 98% entre 2023 y 2026, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones de pesos, y 671 de las 1.322 obras en curso —el 84,3%— quedaron paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

La fórmula para el financiamiento

El artículo 3° del proyecto establece la fórmula que sostiene el financiamiento: un piso presupuestario equivalente al 0,0375% del PBI para el período 2027-2029, con incrementos progresivos hasta alcanzar el 0,1125% en el tramo 2034-2036. Los fundamentos aclaran que la iniciativa no crea un nuevo impuesto ni una fuente de financiamiento adicional, sino que establece, dentro del conjunto de los recursos públicos de renta general, una prioridad presupuestaria para la integración socio-urbana.

“El monto inicial de 0,0375% del PBI es equivalente al nivel de inversión efectiva alcanzado por el FISU durante el año 2021 —año en que la política dio comienzo a su despliegue territorial e impacto social— y representa el mínimo necesario para garantizar la sostenibilidad de las obras en ejecución, evitar su paralización y planificar con horizonte estratégico la integración de los más de 6.000 barrios populares registrados en el ReNaBap”, según el texto presentado ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa agrega que los recursos destinados a esta política no podrán ser inferiores a los del año anterior, incluso en caso de una eventual prórroga del Presupuesto Nacional, y propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares.

Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.

El último relevamiento del ReNaBap

La Mesa Nacional de Barrios Populares —integrada por Cáritas, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)— retoma con este proyecto el espíritu de consenso transversal que en 2018 permitió sancionar la Ley de Barrios Populares.

Según el ReNaBap, con datos actualizados a diciembre de 2025, existen 6.467 barrios populares identificados en todo el país, que ocupan una superficie de 684.201.855 metros cuadrados y donde viven aproximadamente 1.287.942 familias, en 1.170.397 viviendas.

El relevamiento del organismo, dependiente de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, clasifica al 81,24% de esos barrios como asentamientos, al 17,41% como villas y al 1,35% como conjuntos habitacionales unifamiliares. En cuanto a su antigüedad, el 26,83% se conformó durante la década de 2010 y el 24,80% durante la de 2000, mientras que un 3,74% de los barrios populares corresponde mayoritariamente a comunidades originarias, entre las que predominan las etnias qom, wichí y guaraní.

Con financiamiento sostenido, la política llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados. La política fue auditada sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

El relevamiento del Instituto Periferias exhibe la magnitud de la crisis social

Un informe elaborado por el Instituto Periferias, que conduce Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, aporta datos sobre la situación social en las zonas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires durante 2026. Según ese relevamiento, el 57,5% de los consultados mencionó al hambre y la pobreza como el principal problema del país, con un 32,2% que citó específicamente el hambre y un 25,3% la pobreza.

El estudio también registró que el 44,1% de los hogares sufrió la pérdida del trabajo principal, propio o de algún integrante de la familia, y que el 74,4% de los hogares no llega a cubrir los gastos mínimos con sus ingresos; solo el 11,1% respondió que sí le alcanzan. Un 52,3% de los consultados dijo sentir ansiedad o tristeza por la situación económica de manera frecuente o permanente.

En materia alimentaria, el 68,3% no pudo acceder a alimentos saludables y nutritivos, y el 49,2% se quedó sin alimentos en el hogar en algún momento. El relevamiento detectó además que el 42,3% de los hogares tuvo que pedir dinero prestado o endeudarse para comprar comida, que el 59,8% tiene algún tipo de deuda financiera y que el tipo de deuda más mencionado, con el 37,8%, corresponde a la tarjeta de crédito.

¿Quiénes firmaron el proyecto?

El proyecto lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De la Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez y Marcela Marina Pagano. Como cofirmantes figuran Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Juliano y Jorge Fernández.

Entre los espacios políticos que acompañan la iniciativa se encuentran Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Independencia, Defendamos Córdoba, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Coherencia.

Falta de servicios básicos

A menos de 15 días de que el Gobierno nacional presente el Presupuesto 2027, los datos del ReNaBap dimensionan el problema que busca resolver el proyecto de ley. Según el organismo, el 91,57% de los barrios populares no tiene acceso formal al agua corriente, el 66,18% carece de acceso formal a la energía eléctrica, el 97,42% no cuenta con conexión formal a la red cloacal, el 98,56% no tiene acceso formal a la red de gas y el 98,89% no dispone de un sistema de calefacción formal. El 100% de los barrios relevados está amparado por la Ley 27.453, que otorga seguridad en la tenencia de la tierra, de acuerdo con el mismo registro.

Apenas 24 horas después de la cadena nacional por Malvinas, Javier Milei expuso una primera y fuerte pincelada de la utilización política del giro oficial, llamativo, para reponer el reclamo argentino. Lo hizo en referencia directa a la economía, con el objetivo que el oficialismo viene ensayando desde hace tiempo, es decir, correr el foco de los renglones más preocupantes, reivindicar las reformas y ratificar de manera cerrada la gestión. La combinación fue clara: el Presidente sostuvo que el plan económico “permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”. El articulado y cuidadoso mensaje -con exhortación a dejar de lado la competencia política en función de una causa nacional- quedó cruzado así por el trazo de campaña.

Esa asociación discursiva del Presidente había sido sugerida en la cadena nacional, con tono más medido y en compañía de la primera línea libertaria. Fue una frase, una forma de autocelebración, según las cual las medidas anunciadas resultan posibles “gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en que estaba”. El posterior discurso, ante ejecutivos de finanzas, fue más allá de modo explícito y anotó el tema Malvinas como recurso narrativo saliente para ratificar el rumbo económico. Algo que, claro, también apunta a la interna.

El giro del Gobierno tiene un antecedente cercano como elemento vinculado a la batalla discursiva antes que cultural: la clara intención de darle un toque nacionalista a las banderas violetas. Fue algo precipitado entre otras razones como efecto del Mundial y de haber quedado descolocado precisamente por Malvinas, frente a la imagen del “trapo” que bajó desde una tribuna y fue multiplicada por el gesto de los jugadores, después del triunfo ante Inglaterra en la semifinal. El oficialismo buscó explotar, especialmente en redes sociales, la idea de la existencia de una organizada campaña “antiargentina”. Milei vinculó entonces directamente a Brasil, apuntó a Lula da Silva y también incluyó, aunque con menos énfasis, a México.

Un trascendido, de repercusión mundial y atribuido a fuentes del Pentágono, señaló que Washington estaría estudiando modificar su posición sobre Malvinas, de hecho favorable a Londres bajo la formalidad de la neutralidad. Después, llegaron las declaraciones de Donald Trump dejando abierta la posibilidad de revisar esa postura. Tales mensajes no surgieron como señal a la gestión mileista, sino hacia Gran Bretaña, en el marco de las tensiones más amplias con Europa occidental. Tiene relación directa con la falta de acompañamiento en la guerra con Irán y la demanda de mayor presupuesto en defensa, con foco en la OTAN.

Desde el Gobierno destacaron la actitud e Trump, más allá de que esa ficha haya sido movida en un tablero en el que no juega Argentina. Pero a la vez buscaron contrarrestar las consideraciones sobre la velocidad con que se habría producido el anuncio de Milei. Dicho de otra forma: afirmaron que el Gobierno ya venía analizando respuestas a los avances del proyecto petrolera Sea Lion en aguas de las Malvinas. La discusión, de todos modos, no sería sobre el grado de sorpresa. Antes, están a la vista elementos contradictorios, improvisados según una mirada más ácida.

Dos elementos se destacan en relación con señales previas concretas, más allá de la polémica de arrastre por aquellos elogios de Milei a Margaret Thatcher, que desde las filas del oficialismo buscan ser restringidos a la economía. Difícil, al menos en este país. El punto, en sentido práctico, no es ese. Pesan en cambio las declaraciones sobre la intención de atender, se entiende que en negociaciones, el “deseo” de los habitantes de las islas. Es un término inadmisible, porque abre la puerta al planteo británico de autodeterminación, rechazado por la Argentina. Seguramente, fue anotado en su momento por Londres. Ahora, Milei habló de “población implantada en un territorio usurpado”.

Mucho más acá en el tiempo, hace menos de un mes, Pablo Quirno decía públicamente que soberanía es un concepto “anticuado”. El canciller utilizaba esa descalificación para rechazar los cuestionamientos a las modificaciones de la ley de tierras, que finalmente el oficialismo tuvo que dejar de lado para avanzar en el Senado con una recortada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

No fue una definición feliz, sobre todo en boca del encargado de las relaciones internacionales. El mensaje de Milei por cadena nacional incluyó 13 veces el término “soberanía”.

En el plano de la geopolítica, el texto leído por Milei destacó especialmente las referidas advertencias de Donald Trump como una evidencia de que correrían “vientos de cambio favorables a nuestro reclamo”. El punto, en esa lectura, es que resulta atada a una visión restringida al cuadro actual, es decir y básicamente, a la tensión entre Trump y la gestión laborista de Andy Burnham. En cambio, no parece importar la historia, los lazos políticos y económicos tradicionales, las alianzas estratégicas, en la visión más de fondo del poder.

En el paño doméstico, resulta forzado disociar el anuncio presidencial de los intentos por retomar el manejo del temario público. Es algo que se viene repitiendo, en medios del oficialismo, desde la etapa marcada por el caso Adorni. El Gobierno tiene la necesidad de correr del foco la economía y volver a la política, entendida sobre todo como discurso duro de confrontación, sobre todo con el peronismo/kirchnerismo -algo que por momentos expone signos de agotamiento- y también con cualquier posición crítica. En ese lote entran legisladores, economistas, artistas, periodistas.

En cuanto a la economía, la ratificación sin matices del rumbo, por parte de Milei, acaba de sumar el componente de Malvinas. Por supuesto, la intención política parece más amplia: colocar en el centro un tema realmente sensible para la sociedad podría restarle aire a la oposición para batallar con sus temas. Se verá con el correr de los días.

Es visible además el mensaje hacia el interior del oficialismo. Podría considerarse también el quiebre sin retorno con Victoria Villarruel, siempre activa con el tema Malvinas. La vicepresidente evitó comentarios sobre el mensaje presidencial y el viernes, como estaba agendado, asistió a un acto con ex combatientes. Pero en la interna, venían pesando otras preocupaciones.

La economía y las elecciones: ese es el tema. Circulaban inquietudes y, en espejo, eran públicas las reacciones para destacar, a veces exageradamente, medidas como el impulso a créditos hipotecarios, con fondos de la ANSES, o algo de flexibilización en las paritarias. “No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, dijo Milei. De un modo u otro lo venía diciendo, puesto otra vez en tarea de campaña. La novedad, también en este terreno, fue Malvinas.

El Congreso es la caja de resonancia de la política en general y el Senado de la relación entre el gobierno nacional y las provincias en particular. Y esto se está empezando a observar en el tratamiento de los proyectos que impulsa la Casa Rosada.

Mientras en Diputados se acumulan expedientes relacionados con la creciente morosidad de las empresas y las familias, en la Cámara Alta el deterioro de la relación entre las administraciones provinciales y la Casa Rosada está dificultando el tratamiento de varias iniciativas, incluso algunas que ya cuentan con media sanción.

Con la titular del Senado, y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, corrida de los debates, todo queda en manos del pragmatismo de Patricia Bullrich y la capacidad de prometer y cumplir del jefe de gabinete, Diego Santilli.

Pero esto que funcionó durante la primera mitad de año hoy no parece suficiente porque el Senado entró en un proceso de marchas y contramarchas que hace que la mayoría de los temas que empuja el oficialismo “se encuentra con muchas piedras en el camino”. Estos obstáculos son puestos principalmente por quienes hasta hace no mucho tiempo aportaban los votos para aprobar los proyectos oficiales.

Super RIGI, ley de salud mental, reforma electoral y eliminación de las PASO, ley Hojarasca, ley de sociedades y ley de carbono no avanzan en las comisiones. En las últimas horas se dictaminó la ley de biocombustibles pero hay reclamos de San Luis. Pero el mejor ejemplo del cuello de botella que se vive hoy en el Senado es que los proyectos de ley de Inocencia fiscal II y la modificación de la Carta Orgánica del BCRA recién fueron girados de Diputados, donde ya obtuvieron media sanción, el viernes pasado. Y a nadie le parecía extraña la demora.

La semana pasada, durante el debate del Super RIGI, el radical Maximiliano Abad, el macrista Martín Goerling y el senador de Provincias Unidas Carlos Espínola fueron quienes frenaron el dictamen exigiendo ampliar el término “precio/calidad” para no favorecer siempre la importación. Y, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero en igualdad de condiciones”. “Si tienen tantos problemas, nos quedamos con el RIGI”, respondió la líder libertaria, Patricia Bullrich.

Pero lo mismo sucede con el proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud Mental. Con un tema que está cada vez más presente, el oficialismo buscaba modificar de manera simple y ágil la norma que establece los parámetros de internación.

En este caso es el peronismo el que pone un freno al proyecto del oficialismo, pero lo hace con el apoyo implícito del resto.

Sin embargo, nuevamente fue la oposición dialoguista la que frenó el tema acompañando al peronismo que se opone: “En la tarde del jueves el oficialismo mandó un dictamen en donde suman las observaciones que le hace el bloque del peronismo”.

Algo similar sucede con el debate por la reforma electoral. Aunque Bullrich había anunciado hace una semana atrás que iban a volver a debatir la norma durante el transcurso de la semana que viene, no hay llamado a ninguna comisión al respecto.

“La relación de fuerzas está cambiando y no porque el peronismo se imponga porque, además, tiene muchos problemas internos; sino porque el oficialismo está en una interna que es más silenciosa pero más profunda y porque los gobernadores se están subiendo el precio en medio de un proceso electoral”, explicó una fuente parlamentaria.

Las internas en el peronismo quedan a la vista en cada votación. Se pudo ver en los pliegos de los jueces pero también en el debate sobre la ley de carbono o sobre la de biocombustibles.

Pero en el mundo libertario también hay varios cruces. Por un lado una Patricia Bullrich de la cual la Casa Rosada desconfía. Más precisamente, Karina Milei. En ese escenario cobra vuelo la neuquina Nadia Márquez. La “pastora”, como la denominan algunos porque profesa la religión evangélica, es la voz, los ojos y los oídos de la hermana del Presidente en la Cámara Alta.

Pero, además, en las últimas horas se sumó un pedido de Ivanna Arrascaeta que quiere cambiar la forma de trabajar para que haya reuniones de asesores. En la otra punta está el senador Agustín Monteverde que en las últimas horas citó a una reunión de comisión en su despacho y quiso firmar Super RIGI con una hoja en blanco.

El panorama en el Senado presenta una mayor complejidad que la esperada. La campaña para el 2027 empieza a acelerarse en las provincias y que La Libertad Avanza empiece a colocar candidatos complica el apoyo de los representantes de esas provincias que hasta ahora eran más permeables a los pedidos de La Libertad Avanza.