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El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad con los cambios que pidió la oposición

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El Senado sancionó esta tarde una nueva ley de discapacidad que dejaría atrás la emergencia en el área, la cual vence a fin de año. La iniciativa, que obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra, sostiene la mayoría de los puntos del sistema actual que la Casa Rosada tuvo que conceder a la oposición en Diputados, como mantener la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otras cuestiones.

“La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación -de ese tipo- se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, señaló el libertario y titular de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (Capital Federal), quien ofició de miembro informante. “No es un proyecto de un solo sector”, intentó justificar el porteño para disfrazar lo ocurrido en la Cámara baja y que, de manera insólita, el Gobierno buscó modificar días atrás en el Senado, antes que se dictaminara el texto.

“Era imprescindible por el vencimiento, pero no quiere decir que no falten cosas por hacer”, respondió la opositora y presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien manifestó su “preocupación” por la ejecución de las decisiones a través de oficinas de la ANSeS. En ese sentido, planteó que hoy existen “427 centros para todo el país” y advirtió: “No creo que tengan la capacidad operativa. En la provincia de Buenos Aires está el 42,9% de ellos”.

Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), un médico siempre atento a las partidas involucradas y costos fiscales -semanas atrás quedó muy mal parada la gestión local que tanto vanagloria por el alto impacto allí de Ingresos Brutos, uno de los peores tributos provinciales-, mencionó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y un gasto estimado de $600.000 millones para el corriente año, mientras que Monteverde citó al mismo organismo y habló de 1,2 billones de pesos para 2027.

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en Diputados -el Gobierno cedió en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantiza que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallan partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se prevén compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclara que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo de la norma sancionada se introducen mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por su parte, la radical Mariana Juri (Mendoza) dejó en claro que los inconvenientes por fondos mencionados por kirchneristas no fueron “solamente desde el inicio de este gobierno”. “Se han ido perdiendo paulatinamente las partidas, si analizamos los presupuestos de años anteriores”, sentenció la experimentada legisladora.

Al final de su discurso, Juri enfatizó: “Deberíamos estar atentos a que el Presupuesto -2027, aún en Diputados- tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”. Seguido a ella, su colega bonaerense Maximiliano Abad direccionó la mira hacia la “operatividad” que los beneficiarios “no terminen en la justicia”.

Otra sección importante del articulado es que establece que, si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días. Sobre estos ítems alertó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien además resaltó la necesidad de seguir de cerca las próximas auditorías.

Durante la discusión hizo uso de la palabra la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), quien dijo: “La discapacidad no tiene color político. Podemos seguir de emergencia en emergencia o podemos construir un sistema que funcione de forma permanente, con reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que den confianza”.

Cierres

“La dignidad de una persona con discapacidad y la de su familia no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. La esperanza no puede tener fecha de vencimiento”, expresó el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones).

El macrista destacó que, en su provincia, que hay casi un 6% de habitantes que cobra, según datos oficiales, la pensión por invalidez. Más del doble del promedio nacional. Y destrozó al Frente Renovador -no es el massista- que maneja hace décadas el poder local -que defienden a rajatabla los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut–: habló de una estructura “clientelar” y puso el ejemplo de un municipio con cerca de 19% de certificados. Siete veces más la media en el país. Vergonzoso.

Desde el kirchnerismo, Juliana di Tullio (Buenos Aires) aseveró que el mileísmo, desde que comenzó su gestión, citó a auditoría al 91% del universo total y que sólo suspendió 141. “Dejen de decir que las personas con discapacidad mienten”, bramó. Y observó que se le “deben casi 80.000 palos -en referencia a millones de pesos- a los prestadores”. Y finalizó: “Es un estado inútil o cruel. O ambas cosas”.

La última palabra fue la de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). “Sin duda que detrás de esta ley hay familias que han tenido situaciones difíciles, pero ha habido situaciones de falsedad”, sostuvo.

Bullrich puso énfasis en el “acuerdo político y social”, y deslizó: “Todos hablan del Papa -León XIV-, pero nadie puede desarmar la violencia en el discurso”. La porteña apuntó a condiciones “mucho más adecuadas de las votadas en emergencias y parches”, y reconoció que “ambas partes tenían una parte de la verdad”.

Guiño a los hermanos Milei

Tras meses de incertidumbre y dilación, el pleno aprobó el pliego que promueve el ascenso del -polémico- General de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Es el jefe de la Casa Militar y persona de confianza de los hermanos Milei y, hace poco, tomó el control de la Quinta de Olivos. Logró 59 votos a favor, tres en contra -los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés– y la abstención de la salteña Flavia Royón.

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Susbielles: “El panorama en el edificio es dantesco y el riesgo ambiental es grave”

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El intendente Municipal, Federico Susbielles habló esta mañana luego del allanamiento del ex Centro de Compras de la ciudad, e indicó que el edificio está en condiciones lamentables luego de no haber sido intervenido por 19 años, existe un riesgo sanitario grande y ese fue el motivo de la intervención, pero se necesitó de tareas administrativas arduas para poder gestionar la situación sin inconvenientes legales, ya que el edificio es propiedad de un privado.

“La verdad es que estoy muy molesto, uno podía imaginar lo que iba a encontrarse después de 20 años cerrado el edificio y de la no intervención del lugar por los dueños, pero la imagen es dantesca, miles de palomas muertas en todos los estados, de recién muertas hasta esqueletos y restos de hace mucho tiempo, nidos por todos lados, la verdad que es lamentable y preocupante”, indicó Susbielles.

“Existe una carga biológica bacteriana de hongos muy peligrosa, por eso las medidas de protección y de seguridad que se tomaron. La verdad que me da mucha bronca la inacción de tantísimos años, mucha bronca, porque es un costo que pagan todos los bahiense, los vecinos de este lugar, todos los que pasan por acá a diario”.

En este sentido, el intendente indicó que hace 48 horas la empresa puso un representante legal y a una inmobiliaria para gestionar la venta del lugar: “Tuvimos un año de mucho trabajo porque había que realizar pasos administrativos, judiciales, jurídicos, notificando una y mil veces y lamentablemente del lado de los propietarios hubo silencio. Uno entiende que el privado muchas veces compra y especula, pero una cosa es realizar eso y otra cosa es exponernos a todos los bahienses a este gran riesgo ambiental”, sostuvo

“Después de un año sin ninguna respuesta, hace 48 horas designaron un representante legal y también aparentemente una inmobiliaria que tiene el poder para vender. En buena hora, pero no habían aparecido ante las intimaciones que les realizamos y por ese motivo tras cumplir con todos los pasos legales correspondientes allanamos el lugar apoyados en los riesgos existentes para la sociedad”.

El procedimiento tiene como parte integral a la policía ecológica que está tratando de constatar si hay delitos más graves. Con respecto a esto, el mandatario municipal señaló que pueden existir acciones penales: “Ahora la Policía Ecológica está trabajando y constatando si hay algún otro tipo de delito. Acá puede haber delito de acción penal, porque es un riesgo y una carga bacteriológica y un riesgo ambiental muy grande”. aseguró.

“A medida que fuimos subiendo en el edificio cada vez hay mayor cantidad de guano. Son muchas, muchas toneladas de guano. El tercer piso debe tener 20 a 30 centímetros de una capa global. Hay lugares que hay como montañas, son como un hormiguero grande en varios lugares, por lo que el nivel de contaminación y riesgo sanitario es grande”, indicó.

En primera instancia lo que se va a realizar es el cierre de las aberturas, para que no sigan ingresando las palomas, después habrá que extraer varias toneladas de guano y suciedad dentro del edificio y los plazos para esto no se pueden saber hasta que se termine con la verificación de todo el inmueble:

“Hay que dimensionar el nivel de trabajos que hay que realizar, son muchas toneladas de guano y suciedad de distinto índole, obviamente primero hay que tapiar el edificio para que no continúe siendo lo que es en la actualidad y después hay que hacer el trabajo obviamente con las medidas de seguridad para quien tiene que intervenirlo, porque esto, vuelvo a decir, tiene una carga biológica muy importante”.

El titular del ejecutivo refirió que hay más de 100 propiedades que están vacías y que no tienen los cuidados necesarios para evitar focos como estos, por este motivo, es que se va a gestionar de la misma manera, se los multará y si no hay cambios, se intervendrán.

El futuro del lugar es incierto, más allá de las tareas de acondicionamiento que realizará el municipio y que deberán abonar los duelos del lugar. Estos presentan una deuda de unos 500 millones de pesos por los costos de las tareas de saneamiento municipales, los impuestos y tasas adeudadas.

Consultado sobre el proyecto trunco de 2022 que consistía en la construcción de una torre por encima del actual edificio y si esto podría reflotarse, Susbielles indicó que se deberá analizar en el Código de Planificación Urbana y debe ser tratado en el HCD: “Nosotros lo que queremos es que el edificio se ponga en valor y que obviamente la fachada se cuide. Todo lo que se proponga en un futuro tiene que pasar por el Código de Planeamiento Urbano que está en el Concejo Deliberante y por supuesto, también deberá ser analizado por el órgano deliberativo que es el que tiene que dar sus opiniones al respecto de un edificio que es de carácter histórico”, finalizó

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Patentes bonaerenses: cómo es el esquema con el que 9 de cada 10 autos pagarán menos en 2027

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El Gobierno bonaerense presentó un proyecto de Ley Impositiva para 2027 que prevé una reducción nominal del impuesto automotor para casi nueve de cada diez vehículos, modificaciones en los tramos de facturación de Ingresos Brutos y actualizaciones en los tributos inmobiliarios que no superarían la inflación del último año.

La propuesta enviada por el gobernador Axel Kicillof fue expuesta por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, ante integrantes de las comisiones de Presupuesto de la Cámara de Diputados y del Senado bonaerense, y ahora, deberá se tratada por la Legislatura.

El 88,6% de los vehículos (9 de cada 10 vehículos) tendría una disminución nominal en el monto de la patente durante el próximo año, según estimaciones oficiales.

Se mantienen los cinco tramos de alícuotas actuales, que van del 1% al 4,5%, y el pago continuará dividido en diez cuotas mensuales a partir de marzo.

La reducción se explica por la combinación entre la actualización de las valuaciones de los rodados y la continuidad de la escala vigente, que permitirá que una importante cantidad de vehículos pasen a categorías inferiores y tributen menos.

En ese sentido, la medida profundizaría el alivio aplicado en 2026, con el cual tres de cada cuatro propietarios registraron una baja en el importe del impuesto.

“Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo”, afirmó Girard durante la presentación.

Ingresos Brutos: qué cambios habrá para las pymes

El proyecto también contempla una actualización del 31% en los tramos de facturación de Ingresos Brutos.

Aunque no modifica las alícuotas del impuesto, el cambio permitiría que unas 38.000 pequeñas y medianas empresas pasen a una escala inferior y paguen una tasa menor.

La actualización busca evitar que el efecto de la inflación sobre la facturación provoque que empresas más chicas queden alcanzadas por alícuotas más elevadas.

Moratoria de Ingresos Brutos: planes de pago y beneficios

La iniciativa incorpora un régimen de regularización de deudas para agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con especial atención en las pymes.

Entre las condiciones previstas se encuentran:

Financiamiento de las deudas en hasta 48 cuotas.

Bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60%.

Eliminación de multas y recargos.

Rehabilitación de planes caducos de todos los impuestos.

Posibilidad de abonar cuotas vencidas sin intereses por mora.

Impuesto Inmobiliario: cuánto aumentaría en 2027

En el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, la actualización promedio prevista es del 30,4%, con un tope equivalente a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Según las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendría un incremento anual inferior a los $50.000.

Para el Impuesto Inmobiliario Rural, en tanto, la actualización promedio proyectada sería del 29,3%.

Desde el organismo recaudador señalaron que la propuesta busca mantener el peso real de los impuestos patrimoniales y distribuir la carga tributaria de acuerdo con la capacidad contributiva. (NA)

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A la espera de un repunte del crédito hipotecario, cae la venta de inmuebles bonaerenses

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Mientras el Gobierno nacional busca impulsar el crédito hipotecario y adjudicó en las últimas horas $200.000 millones en una nueva licitación con fondos de la Anses, el mercado inmobiliario bonaerense mostró un octubre con números negativos y en lo que va del año la venta de propiedades retrocedió 8,6%.

Durante el mes pasado se registraron 13.296 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, según el relevamiento mensual que realiza el Colegio de Escribanos. La cifra representó un descenso interanual del 13% respecto a las 15.321 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025. Si se compara con septiembre, se registró una suba de 3 puntos.

Con estas cifras, los primeros diez meses del año mostraron 105.712 operaciones, un 8,6% menos que en el mismo período de 2025, cuando las ventas fueron 115.657 en todo el territorio. “Los números de octubre muestran una leve recuperación respecto de septiembre. Es un dato positivo, aunque todavía estamos lejos de los niveles de actividad registrados el año pasado”, reconoció el presidente del Colegio, Guillermo Longhi.

El crédito hipotecario en la mira

Respecto a las hipotecas, durante octubre se firmaron 1.961 actos, lo que representó una fuerte caída de 25% con respecto a 2025, cuando las operaciones habían sido 2.600. Sin embargo, si la comparación es con septiembre, se detectó un alza de 8 puntos.

En tanto, si se toman los primeros diez meses del año, las compras por medio de hipotecas fueron 13.776, lo que marca un retroceso de 30,2% con respecto al mismo período del año pasado.

“La evolución del mercado sigue dependiendo de factores centrales como el acceso al crédito, la estabilidad de las condiciones económicas y la confianza de quienes buscan concretar una operación inmobiliaria”, agregó Longhi.

Fuente: Agencia DIB

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