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A casi 200 años de la ocupación ilegal, la ONU exigió a Reino Unido que acepte negociar la soberanía de las Islas Malvinas con Argentina

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(Enviado especial a New York, Estados Unidos) El Comité de Descolonización de la ONU aprobó por consenso un proyecto de Resolución que exige al Reino Unido que negocie con Argentina la disputa soberana sobre las Islas Malvinas.

Desde hace décadas que las Naciones Unidas propone a Londres que resuelva por la vía diplomática la situación de ocupación ilegal en las islas del Atlántico Sur, pero las distintas administraciones británicas siempre soslayan un pedido constante del foro global.

La sesión inició pasadas las 11 AM, y dos horas más tarde el Comité aprobó por consenso un proyecto de Resolución que fue copresentado por Chile y respaldado formalmente por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El canciller Pablo Quirno estaba acompañado por Francisco Tropepi, embajador argentino en Naciones Unidas. Tropepi y su equipo hilvanaron una sucesión de negociaciones diplomáticas con los integrantes del Comité de Descolonización de la ONU, que al final permitió aprobar por consenso el proyecto de Resolución que presentaron Argentina y Chile.

“En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos. La población total de las islas ronda los tres mil habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”, describió Quirno durante su discurso.

Y añadió en clave militar y de negocios ilegales:

-“Se encuentran destacados aproximadamente mil doscientos soldados británicos. Esa proporción revela el carácter estratégico y militarizado de la ocupación”.

-““La Argentina ha denunciado esas acciones y continuará con todas las medidas legítimas a su alcance. El episodio más preocupante se vincula con el eventual inicio de actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa. En diciembre de 2025, las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited realizaron anuncios relativos al desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas Malvinas”.

El Proyecto de Resolución, copatrocinado por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, establece lo siguiente:

-“La manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands) es la solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;

-Lamenta que, a pesar del amplio respaldo internacional a una negociación entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido que incluya todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Malvinas (Falkland Islands), aún no hayan comenzado a aplicarse las resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión;

-“Pide a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido que afiancen el actual proceso de diálogo y cooperación mediante la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa”.

Antes de explicitar los argumentos jurídicos para ratificar los derechos soberanos de la Argentina en Malvinas, Quirno expresó las condolencias del Gobierno por la tragedia que sufre Venezuela como consecuencia de los terremotos ocurridos ayer en el país caribeño.

“La Argentina quiere expresar sus condolencias y su solidaridad al pueblo venezolano ante la tragedia ocurrida ayer con la sucesión de terremotos. El presidente Milei ha expresado ayer la disposición de la Argentina para brindar asistencia humanitaria a Venezuela en estos difíciles momentos que les toca atravesar”, sostuvo el canciller.

Quirno pronunció un minucioso discurso político que sirvió para defender la posición nacional y desnudar la estrategia que ejecuta Londres para tratar de defender la ocupación ilegal de un territorio que siempre perteneció a la Argentina.

En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó frente al Comité de Descolonización de la ONU:

-“La República Argentina sostiene con plena convicción histórica y jurídica su soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, territorios que se encuentran ilegalmente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1833″

-“Esta afirmación expresa una política de Estado y una convicción nacional que atraviesa generaciones. Malvinas pertenece a la historia profunda de la Argentina, a la integridad de su territorio y al mandato permanente de su Constitución Nacional”

–“En 1833 el Reino Unido ocupó las islas mediante un acto de fuerza nunca consentido por mi país. Quebró la integridad territorial argentina, expulsó a las autoridades y a la población legítimamente establecida, procedió a poblar el territorio con sus propios colonos e impidió la radicación de ciudadanos argentinos. Ese hecho fue el origen de una situación colonial que persiste hasta nuestros días”.

–“La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho”.

-“La comunidad internacional reconoció que la cuestión Malvinas no podía quedarse sepultada bajo el paso del tiempo y que la controversia exigía una solución pacífica fundada en el diálogo y el derecho internacional”.

-“El Reino Unido invoca de forma reiterada el principio de libre determinación de los pueblos para eludir el diálogo. La Argentina desea ser clara ante este comité. Este principio, esencial en tantos procesos de descolonización, no resulta aplicable a la cuestión Malvinas”.

-“De hecho, en 1985, la Asamblea General rechazó por amplia mayoría dos intentos británicos de incorporar ese principio en la resolución correspondiente. La libre determinación requiere la existencia de un pueblo sujeto a dominación colonial con identidad étnica y cultural distinta de la potencia ocupante, conforme a la Resolución mil quinientos cuarenta y uno de la Asamblea General”.

-“En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos. La población total de las islas ronda los tres mil habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”.

-“A la vez, se encuentran destacados aproximadamente mil doscientos soldados británicos. Esa proporción revela el carácter estratégico y militarizado de la ocupación. Reconocer a los habitantes de las islas, a quienes el Reino Unido considera ciudadanos británicos plenos, la potestad de decidir sobre la condición jurídica del territorio que ocupan implicaría una interpretación errónea del principio de libre determinación”

-“La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar una cuestión central: exige hablar de soberanía. Ese deber se vuelve más urgente ante actos unilaterales británicos en el área bajo disputa contrarios a la Resolución 31 barra cuarenta y nueve de la Asamblea General”.

–“El Reino Unido mantiene una presencia militar desproporcionada en el Atlántico Sur, con aproximadamente mil doscientos efectivos destacados en las islas. Se trata de una fuerza equivalente a cerca del cuarenta por ciento de la población del territorio. Ese dato revela la magnitud de una militarización difícil de conciliar con el llamado permanente de las Naciones Unidas al diálogo y a la solución pacífica de esta controversia”.

–“El Reino Unido también otorga de manera unilateral, ilegal e ilegítima licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa”.

-“La Argentina ha denunciado esas acciones y continuará con todas las medidas legítimas a su alcance. El episodio más preocupante se vincula con el eventual inicio de actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa. En diciembre de 2025, las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited realizaron anuncios relativos al desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas Malvinas. Ante la gravedad de esos anuncios, el presidente de la Nación, Javier Milei, me instruyó a expresar el más enérgico rechazo de la República Argentina”.

-“Por ello, en cumplimiento de ese mandato, reitero ante este comité la determinación argentina de adoptar conforme al derecho internacional todas las medidas que estime necesarias para la plena salvaguarda de sus derechos e intereses soberanos”.

Junto a los argumentos ofrecidos por Quirno al Comité de Descolonización se sumaron las presentaciones de Paula Vernet y Guillermo Clifton, que tienen una historia familiar que fortalecen la soberanía nacional en las Islas.

“Una vez más ante este honorable comité como argentina y como descendiente directa de Luis Vernet, designado en 1829 como primer comandante político y militar de las Islas Malvinas por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mi presencia aquí no es solo un acto individual [tos], es la continuidad de una historia, la historia de mi familia en las islas. Mi tataratatarabuelo, Luis Vernet, y María Sáenz se establecieron en las islas y no llegaron a las islas como una presencia transitoria. Viajaron para quedarse. Fueron con sus hijos y llevaron consigo los objetos de una vida entera: sus muebles, su piano, sus plantas”, reveló Paula Vernet.

A su turno, Guillermo Clifton cerró el circulo con su propia historia familiar.

“Agradezco profundamente permitirme dirigirles la palabra en calidad de nieto de un habitante de las islas Malvinas que se radicó en la Patagonia argentina después de la Primera Guerra Mundial. Señora presidente, mi nombre es Guillermo Raimundo Clifton. Mi abuelo, Guillermo Clifton, nació en las Malvinas en 1902. Hijo de una familia numerosa compuesta por once hermanos que se había establecido en las islas en 1880. Guillermo, que comenzó a trabajar desde muy joven, buscó trabajo en la Patagonia argentino-chilena, guiado por su espíritu aventurero y la semejanza de los ambientes naturales de estas regiones con aquellas en donde él había nacido. A los pocos años formó una familia junto a Ella Mackenzie, una escocesa proveniente de la zona de Glasgow, que también arribó a la Argentina después de la Primera Guerra Mundial”.

Y agregó:

“El Reino Unido ha mantenido una estricta política colonial ideada para mantener el territorio bajo la administración ilegal británica. Los actuales habitantes de las islas son descendientes o integrantes de la colonización llevada a cabo por el Reino Unido. No se trata de una población que haya padecido el colonialismo, sino de una población predominantemente británica que se benefició de él. Nunca las Naciones Unidas ha admitido que se aplique a la cuestión de islas Malvinas el principio de autodeterminación, porque no existe allí un pueblo colonizado, sino un puñado de ciudadanos británicos asentados en territorio argentino”.

A su turno, el isleño Michael Goss intentó defender la posición del Reino Unido frente a la apropiación ilegal de las Islas Malvinas.

“A este comité se le pide año tras año que apoye las negociaciones entre el Reino Unido y Argentina sobre el futuro de las Islas Malvinas (Falkland Islands) sin la inclusión de nuestro pueblo, a quien Argentina no reconoce. Bueno, aquí estoy hoy frente a ustedes. Nosotros sí existimos. Somos una realidad que ha existido por generaciones. La propia constitución de Argentina establece la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas como un objetivo permanente e irrenunciable. El único resultado permitido para ellos de cualquier negociación es la obtención de la soberanía sobre las islas. Eso no es una negociación. Eso es una transferencia de propiedad disfrazada de diplomacia”, dijo Goss.

Argentina se presenta todos los años para ratificar su voluntad política de abrir una vía de negociación que permita terminar con la ocupación ilegal de Londres en las Malvinas.

En esta oportunidad, el apoyo fue abrumador.

Quirno escribió a Javier Milei que el proyecto de Resolución había sido aprobado por un fuerte consenso. Al instante, el presidente contestó al canciller con su meme preferido.

Mañana, Milei y Quirno se encontrarán en Madrid.

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El nuevo dato de pobreza debilita la posición del Gobierno frente a la Iglesia antes de la llegada del Papa

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Para enfrentar los previsibles dardos de la oposición y de la Iglesia por la gestión social en la previa -o durante- la llegada del Papa, en la Casa Rosada estaban decididos a apelar al argumento de la disminución de la pobreza durante la administración de Javier Milei. Ayer, cuando se conoció la importante suba en la cifra oficial, más de un funcionario se lamentó.

El grave retroceso porcentual en la cifra más sensible que mide el INDEC debilita al Gobierno, en términos discursivos, en plena recta final antes de la visita de León XIV al país. Es la principal bandera que Milei esgrime ante las críticas por las repercusiones sociales de su política económica, junto con las erogaciones destinadas a los sectores más vulnerables a través del sostenimiento y la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El nuevo dato del INDEC le quita fuerza a ese argumento cuando cobran cada vez mayor relevancia las voces (usualmente críticas con el mileismo) de la jerarquía eclesiástica, a menos de siete semanas de que el Papa pise suelo argentino.

El INDEC confirmó que la pobreza alcanzó a 32,3% de la población —unos 15,5 millones de personas—, 4 puntos por encima del 28,2% del semestre anterior, cortando de manera definitiva la racha descendente que el índice venía mostrando desde el pico de 52,9% del primer semestre de 2024.

La indigencia también empeoró: subió 1,2 puntos porcentuales y afectó a unos 2,2 millones de personas en los aglomerados relevados —cerca de 3,6 millones si se proyecta al total del país—. El deterioro social se completó con otro dato oficial conocido el mismo día: la actividad económica (EMAE) cayó 2,9% en julio frente a junio, en términos desestacionalizados, y 1,4% en la comparación interanual.

La mayor parte de la plana principal del Gobierno evitó referirse puntualmente al número de pobreza, que quedó prácticamente de manera exclusiva en manos del ministro de Economía. A través de su cuenta de X, Luis Caputo reconoció la suba pero eligió relativizarla comparándola con el punto de partida de la gestión: “Ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, escribió, remarcando que la pobreza bajó de 52,9% a 32,3% y la indigencia de 18,1% a 7,5% en esa comparación de dos años.

Fue la misma lógica de “ciclo” con la que el ministro había explicado, horas antes, la caída de la actividad de julio, atribuida a “shocks transitorios” y a la menor cantidad de horas trabajadas por el Mundial.

Mientras la respuesta al dato social recaía en Caputo, Milei eligió resaltar, en primera persona, otra noticia del mismo día, la aprobación en el Senado de la su proyecto estrella, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Desde Estados Unidos, el Presidente celebró en redes: “Comienza el fin de la inflación. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Las críticas de la iglesia se arrastran desde el inicio del Gobierno, que arrancó la relación con el pie izquierdo, con las críticas de Milei a Francisco durante la campaña que lo llevó a la Presidencia. Y la cúpula eclesiástica le marca la cancha al oficialismo desde entonces con los ya clásicos, repetidos señalamientos públicos sobre la cuestión social, las formas y la necesidad de diálogo.

Sin ir más lejos, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, uno de los más críticos con el Gobierno, cuestionó semanas atrás los anuncios oficiales sobre la baja de la pobreza, con ironía. Rossi estuvo sentado junto al entonces cardenal Robert Prevost durante el cónclave que lo consagró como León XIV. Y Córdoba será una de las paradas de la gira papal.

La crítica se sumó al documento difundido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social al cierre de la Semana Social 2026, bajo el lema “Puentes hacia el Bien Común”, que reivindicó el acceso al alimento, la vivienda, el trabajo digno, la educación y la salud como exigencias concretas de la dignidad humana. Meses antes, en el último tedeum con el Presidente presente, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había advertido sobre “el camino de la crueldad hacia los más débiles”.

Hasta ahora, los libertarios respondieron a esos cuestionamientos apelando a la caída sostenida de la pobreza y a la asistencia social sostenida a través de la AUH. Pero el combo de pobreza en alza, indigencia en alza y actividad económica en baja le quita apoyo a ese argumento justo cuando más lo necesitaban: a las puertas de una visita papal que, reconocen en la propia Casa Rosada, tendrá un fuerte componente pastoral pero inevitablemente estará atravesada por la lectura social del país.

Con la visita confirmada para noviembre, cada dato social o económico que se conozca entre ahora y esa fecha se va a leer en la clave que fijó la propia Iglesia: la distancia entre los indicadores que exhibe el Gobierno y lo que, según los obispos, efectivamente llega “al plato” de las familias. La pregunta que queda abierta es si Balcarce 50 ajusta el tono de su discurso social antes de la llegada de León XIV, o si sostiene la apuesta a explicar los números como una excepción dentro de una tendencia que, aseguran, sigue siendo favorable. Por ahora parece que primara lo segundo. De hecho, el combo de datos del INDEC se conoció horas después de que Milei, ante empresarios e inversores en el Economic Club de Nueva York, afirmara que si es reelecto en 2027, “el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”.

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El Gobierno creó programas para combatir la ciberdelincuencia e implementar el régimen juvenil

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El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

A partir de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Asimismo, indicó que su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y que el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de la coordinación bajo modalidad ad honorem.

“Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, aseguraron en el documento oficial.

Entre los desafíos a abordar, enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.

En este sentido, las autoridades advirtieron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.

El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.

Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. Ambas habían sido firmadas por Mahiques y publicadas en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial.

Por otro lado, en la Resolución 484/2026, se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. De esta manera, el área actuará como instrumento marco para organizar sus tareas como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.

“El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, señalaron.

En línea con esto, comunicaron que la asesora Débora Eliana Di Girolamo fue nombrada coordinadora del programa sin remuneración. Entre sus funciones figuran la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.

Uno de los ejes será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Por esto, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Así, esos profesionales deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.

También se incorporaron normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. De este modo, el programa coordinará esa tarea con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.

Por otro lado, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.

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El kirchnerismo muestra encuestas que dan a CFK competitiva para condicionar a Kicillof en el armado del PJ

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“Queremos que Cristina sea candidata. Ya no hay encuesta, provenga de donde provenga, que no marque la preponderancia de la figura de Cristina. Pese a los ataques recibidos y después de once años de haber sido presidenta. Si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de ella, y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones, iríamos a una fusta democrática, que enfrente a Milei y Cristina para que los argentinos decidan”.

La explicación que Máximo Kirchner brindó ayer en una entrevista con la AM 750 expone dos ideas que transitan dentro kirchnerismo en esta etapa de internas profundas y dañinas: existe un sector del peronismo, especialmente referenciado en Axel Kicillof, que prefiere desprenderse de la figura de la ex presidenta, y hay algunas vertientes del justicialismo que no cerraron filas ni jugaron a fondo para llevar adelante la lucha por la libertad de la ex mandataria.

Además, surge una tercera idea que tiene que ver con las encuestas que llegan a la mesa de CFK, su aprobación en la sociedad y su rol en el tiempo que viene. Su valoración positiva crece en el electorado a nivel nacional. La mantiene lejos del piso y cerca del techo que nunca ha podido atravesar. Pero, sobre todo, la pone dentro de la discusión clave que se desarrollará el año que viene cuando haya que definir las candidaturas. Desde el presidente y los gobernadores, hasta los intendentes y los legisladores.

En el kirchnerismo volvió a sonar el lema que identificó el proceso de unificación del peronismo en el 2019. Sin Cristina no alcanza y con Cristina sola no se puede. Lo que tienen en claro en el sector más duro del mundo K es que la ex presidenta mantiene una influencia determinante de cara al proceso electoral. En la gran mayoría de las encuestas que se hicieron en las últimas semanas, la ex presidenta logra tener una intención de voto cercana al 40% en los escenarios de balotaje y una imagen positiva que ronda entre el 40 y el 45%.

Esos números marcan una tendencia clara respecto a la negociación que viene. Aquel que quiere ser candidato a presidente dentro del peronismo, va a tener que negociar, acordar y contener con la ex mandataria. Y si no, en el caso de que se mantengan las PASO, tendrán que ganarle al candidato que ella respalde. Que, a esta altura de la novela del PJ Bonaerense, no será Kicillof. Sea como sea, pese a estar presa e inhabilitada para ejercer cargos públicos, CFK va a tener influencia en la discusión electoral que se aproxima.

En esos números y en la estructura política que aún conserva, reside parte de su fortaleza para tener peso específico en la organización política y electoral del año que viene. Sin embargo, el poder para digitar la estrategia y los nombres propios que la encarnen ya no es el de antes. Hay limitaciones marcadas. Tal vez la cara de la principal limitación sea Axel Kicillof que, a esta altura, es el candidato mejor posicionado que tiene el peronismo para las elecciones del 2027. El Gobernador se desalineó de la conducción de su mentora y empezó a jugar su propio juego, lo que exasperó al universo cristinista.

Kicillof tiene en su hoja de ruta un plan bastante claro. Quiere acumular adhesiones y estructura política, moldear su perfil nacional y en el primer semestre del 2027, cuando llegue el momento de las definiciones, sentarse a negociar con todo lo que tenga sobre su espalda. Así, creen algunos, y en el caso de que no haya PASO, obligará al kirchnerismo a aceptar su candidatura – porque es el que mejor mide y puede competir – o los expondrá a que rompan el peronismo y acompañen a otro candidato. Hipótesis de este tiempo. Lecturas de una rosca de interpretaciones inagotables.

En el cristinismo mantienen firme la idea de que deben hacer todo lo posible para que Cristina Kirchner sea la candidata. Es, sobre todo, una declaración de principios. La posibilidad de que realmente lo sea son muy bajas. Tampoco es una posibilidad que vaya como candidata en una boleta a afrontar unas eventuales PASO. Esa teoría, que salió de la boca de uno de los abogados de la ex presidenta, no es considerada con seriedad adentro del esquema ultra K.

La potencial candidatura de CFK, repetida por los principales dirigentes del entorno de la ex presidenta, irrita a algunos nombres propios del peronismo, que ven en el cristinismo a un grupo de políticos enfrascados en sus necesidades y en sus visiones estratégicas. Lo único claro a esta altura del calendario es que CFK va a jugar electoralmente el año que viene. El silencio en el que está sumida no tiene que confundir a los que miran sus movimientos políticos. Cuando llegue la hora, va a poner sus cartas sobre la mesa. Como es de esperarse, nadie sabe cuáles son y cuándo las jugará.

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