La CGT desestimó este jueves la realización de un paro de 36 horas contra Javier Milei y, en cambio, decidió avanzar con un plan de lucha basado en paros sectoriales y rotativos en un período extenso que concluiría con una huelga general, en un esquema conocido como protestas “a la francesa”, y que será puesto a consideración en las próximas semanas en un plenario de secretarios generales.

Al mismo tiempo, se definió “la construcción de un programa político” para 2027 porque, según uno de los jefes sindicales, “muchos de los que llegaron a la política por el peronismo hoy nos están dando la espalda”.

Las decisiones surgieron de un encuentro del Consejo Directivo cegetista, que se realizó esta tarde en la sede de Azopardo 802, en medio de un clima de tensión por las diferencias internas entre los promotores del “modelo francés” de protestas (inspirado en el que se aplicó en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron) y quienes proponían un paro de 36 horas, impulsado por el barrionuevismo y aliados como La Fraternidad.

En la reunión no hubo consenso para la huelga de 36 horas (algunos aseguran que ni siquiera fue planteado) e incluso trascendió que el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) cruzó a dos dirigentes barrionuevistas que plantearon medidas más duras, mientras predominaron las opiniones en favor de “paros sostenidos en el tiempo”, basados en el esquema de Francia, como planteó el líder de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), apoyado por los gremios de aeronavegantes y televisión, entre otros.

¿Qué características tuvieron esas acciones francesas? En lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada. Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones callejeras diarias, hasta llegar a una medida nacional que abarcó a todos los gremios.

Ahora, la CGT abrirá un período de deliberación en el que una comisión organizativa buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país y de otros sectores, como el de las pymes, los jubilados y la educación, para resolver los detalles de las medidas y la fecha en que se llevarán adelante, aunque serán después de que finalice el Mundial de Fútbol, el 19 de julio, por lo que se estima que se concretarán recién en agosto.

Tras la reunión, el cotitular de la CGT Jorge Sola (seguros) anunció “la iniciación de la construcción de un plan de acción conjunto junto con las otras centrales de trabajadores para ir haciendo acciones y construyendo en el tiempo un paro nacional junto con una marcha federal que irá en conjunto con la convocatoria a las regionales y al plenario de secretarios generales que vamos a llevar adelante en reclamo de una revisión de todos los hechos que viene haciendo este gobierno”.

Detalló que la decisión es “terminar en una cantidad de acciones que serán desde asambleas hasta actividades en la calle y en los medios de comunicación para terminar en un paro, que, por cuestiones tácticas y estratégicas, lo haremos en el momento exacto para que sea lo más fortalecido posible”.

Otra resolución importante en la reunión fue el pedido expreso de los líderes de la CGT a cada sindicato para que impugnen en la Justicia las limitaciones que prevé la Ley 27.802 de Modernización Laboral sobre la ultraactividad, el principio jurídico que hasta ahora sostenía la vigencia de un convenio colectivo de trabajo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.

Tras la reglamentación de la Ley 27.802, el 1° de este mes, el Gobierno intimó a empresarios y sindicalistas para que renegocien unos 800 convenios con el fin de actualizarlos y adaptarlos a la nueva normativa. Ahora, la CGT pidió que cada sindicato se presente en la Justicia para tratar de que se restituya a pleno la ultraactividad.

Además, en la reunión se hizo un balance de las denuncias presentadas por la CGT en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estuvo a cargo del secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez.