Compensación salarial

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, saldará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1º de diciembre de 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

El debate

El debate por el proyecto comenzó alrededor de las 18 y se votó a las 21, luego de que el cuerpo legislativo rechazara decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia dictados por Milei y los dejara sin efecto, ya que corrieron la misma suerte en la Cámara de Diputados.

Para la senadora Alejandra Vigo la universidad pública “argentina es parte” de la “propia identidad nacional y defenderla es una decisión de futuro”. “Acompañamos este proyecto como parte de una estrategia mayor y garantizando que nunca más se discuta la educación en términos de ajuste”, destacó.

El radical Martín Lousteau afirmó que no “hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto la “vida” de una familia “como la educación universitaria”. “Hoy, los docentes buscan otra actividad para complementar, dejan la docencia o se van a universidades privadas”, agregó.

A pesar de votar a favor, el senador Juan Carlos Romero, de buen vínculo con el oficialismo, dijo que el proyecto “está sesgado, en medio de una campaña electoral” y consideró que fue un “problema que se podría resolver o con un presupuesto o con una paritaria”.

Maximiliano Abad, de la UCR, subrayó: “Es un error monumental creer que la Argentina crecerá sola gracias al campo, Vaca Muerta o la minería. El desarrollo integral de una nación descansa en el nivel de calificación de su sociedad”.

El senador del kirchnerismo Daniel Bensusán expresó: “De qué manera se va a desarrollar un país si no hay profesionales que a través de su actividad desarrollen las economías regionales, el comercio, la industria, la ciencia y la tecnología. Las universidades tienen un rol trascendental”. (DIB con información de Noticias Argentinas)

Medidas de la Agencia de Recaudación

También habrá medidas tributarias impulsadas por ARBA, que actualmente lidera Cristian Girard. En principio, se suspenderán los embargos en juicios por deudas impositivas hasta fin de año.

También se pondrá en práctica un régimen que permitirá a pymes y micropymes evitar la acumulación de Saldos a Favor (SAF), mediante un ajuste de las alícuotas para que las retenciones y percepciones no excedan el impuesto a pagar por cada empresa. En los casos en que igualmente se genere un SAF, se aplicará de oficio una reducción automática de alícuotas.

El monto máximo para acceder al trámite automático se eleva de $1 millón a $3,5 millones, lo que representa un incremento del 250%.

La medida abarca a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores, y se devuelven en un plazo de hasta 72 horas hábiles, que se en la cuenta bancaria declarada por CBU.

Según la información suministrada por el Senado, hasta junio último habían renunciado a percibir los aumentos la totalidad de los bloques de La Libertad Avanza, de la UCR y de Pro y del interbloque de Las Provincias Unidas. A ellos deben sumarse los provinciales de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y el santacruceño José María Carambia.

Los que si verán mejoradas sus dietas en los próximos meses serán 32 de los 34 senadores de Unión por la Patria, a quienes debe sumarse a la neuquiina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas).

La dieta de los senadores pasó a convertirse en eje de una polémica en abril del año pasado, cuando un grupo de legisladores impulsó y consiguió la aprobación del cuerpo de una resolución que enganchó sus dietas con los sueldos del personal legislativo.

Lo hizo al establecer el valor de sus ingresos en 4000 módulos, que es la unidad de medida que se usa para el cálculo de los salarios legislativos. Así, c ada vez que hay un acuerdo paritario, en la que se discute y se actualiza el valor del módulo, los senadores veían incrementado sus ingresos.

La última vez que se activó la polémica por las dietas en el Senado fue a finales de mayo, cuando se conoció el anterior acuerdo paritario en el Congreso, en el que se les concedió un aumento retroactivo del 3,9% para los empleados legislativos.

Aquella mejora había llevado 9,5 millones de pesos brutos el ingreso de los miembros de la Cámara alta. Fue tras la polémica generada por ese aumento que Villarruel decidió habilitar la posibilidad de que quienes así lo quisieran, puedan renunciar a percibir esos incrementos, presentando una nota ante la presidencia de la Cámara alta.

La propuesta generó malestar entre varios legisladores, que acusaron a Villarruel de hacer política con el tema tratando de diferenciarse de los senadores.

Desde el entorno de la vicepresidenta se defendieron argumentando que estaban cansados de que Villarruel terminara como blanco de las críticas, sobre todo en redes sociales, por una decisión en la que no tuvo participación, ya que no es senadora.