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Adorni: “Lo que se vio hasta aquí ha sido un paquete de medidas urgentes”

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Manuel Adorni

El Gobierno reiteró sus cuestionamientos a la ley de Movilidad Jubilatoria por entender que genera una “pérdida del poder adquisitivo” para la clase pasiva, adelantó que “seguramente habrá novedades” en cuanto a la modificación de una ley de Alquileres que causó “mucho daño al mercado inmobiliario”, y criticó el “esquema absolutamente injusto” de los subsidios al transporte público de pasajeros.

Así lo señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina, en la que reiteró conceptos que había formulado la noche de este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, en cuanto a que las medidas anunciadas son “un paquete de emergencia” y que en el Gobierno no están “cómodos” ni “de acuerdo” con muchos de sus puntos.

En ese sentido, en referencia a la suba de alícuotas impositivas y la posible reversión de la modificación del impuesto a las Ganancias aprobada meses atrás, Adorni afirmó que “cualquier corrección al alza de un impuesto va a ser de cortísimo plazo” y formará parte del “telón de fondo para lo que viene”.

Luego de recalcar que “lo que se vio hasta aquí ha sido un paquete de medidas urgentes” para alcanzar el equilibrio fiscal, el portavoz del presidente Javier Milei indicó que una vez que se supere esa etapa inicial se encararán reformas en varios aspectos de la economía, entre los que destacó las jubilaciones, los alquileres y los subsidios al transporte.

Sobre sesto, el vocero admitió que el presidente Javier Milei, votó como diputado nacional la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que fue impulsada por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, pero aclaró que el actual mandatario “jamás dejó de decir que esa iniciativa tenía que ir acompañada por una reducción del gasto” público.

“El presidente Milei, en su calidad de diputado, efectivamente votó una rebaja o modificación del impuesto a las Ganancias. Jamás dejó de decir, de aclarar en su momento, que tenía que ir acompañada por una reducción del gasto y que eso tenía que ser ejecutada el Gobierno nacional. Él actuó en su calidad de legislador y perfectamente y en línea con su pensamiento”, remarcó esta mañana Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria.

Al respecto, el vocero presidencial insistió en que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, “es un paquete de emergencia y cualquier corrección será de primero de cortísimo plazo”, y sostuvo que el Ejecutivo “siempre hablará con la verdad”.

En septiembre pasado, la Cámara de Diputados votó la rebaja en Ganancias impulsada por el oficialismo de Unión por la Patria y Milei, al fundamentar su apoyo, señaló que acompañaba “esa baja de impuestos porque es más libertad y porque devolvía derechos a la ciudadanía”.
Ante la posibilidad de suspender la vigencia de la ley de Movilidad Jubilatoria, Adorni dijo que “en los cálculos técnicos” que realizó el Ministerio de Economía, se comprobó que con la actual normativa “se espera que el jubilado tenga una gran pérdida del poder adquisitivo”.

“La decisión está tomada, el subsidio a la oferta va a desaparecer”

“No podemos permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo, eso efectivamente hay que corregirlo”, sentenció, aunque prefirió no dar precisiones sobre qué modalidad se tomará como reemplazo de la ley vigente: “hablamos sobre verdades y hechos ciertos, no sobre especulaciones y deseos”, manifestó, para agregar que informará al respecto “cuando tengamos cada una de las precisiones”.

Respecto de la ley de Alquileres, advirtió que “ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que hace daño a la gente va a ser subsanado y corregido”.

Sobre el tema, remarcó que en el oficialismo se promueve “siempre la libertad de las partes en los contratos privados”, y que “seguramente haya novedades”.

Adorni tuvo una referencia extensa en su conferencia a los subsidios al transporte público de pasajeros, cuestionando tanto las inequidades regionales como las que existen entre usuarios de diferente poder adquisitivo dentro de una misma localidad.

“Hoy hay gente que paga mucho más de lo que se pagan en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires”, región a la que calificó como “la madre de todo el esquema de subsidios), que es absolutamente injusto”.

También se puso como ejemplo para dejar en evidencia una “inequidad” que, subrayó, “hay que pulverizarla: “Si salgo de la Casa Rosada y me subo a un colectivo, aquel niño que hoy no tiene para alimentarse como corresponde me está pagando parte del boleto de colectivo que yo sí puedo pagar”, planteó.

“La decisión está tomada, el subsidio a la oferta va a desaparecer”, sostuvo, luego de asegurar que “lo racional es que esté focalizado en la demanda”.

Además, se refirió al índice de pobreza en el país y dijo que sobre “sorprende que quienes guardaron silencio ante el incremento de la pobreza y que acompañaron políticas que generaron inflación cuestionen hoy las medidas económicas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Estamos enfocados a evitar un desastre y siempre vamos a ser sinceros sobre la situación que heredamos”.

Indicó que se trata de un “sector de la política con un grado de “responsabilidad” en el gobierno anterior y lo acusó de “guardar silencio ante la inflación “descontrolada” y los salarios “magros” que dejó la administración de Alberto Fernández.

De esa manera, hizo referencia a un comunicado emitido por el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) que afirma que “hay una profundización en el rumbo tomado de los históricos planes de ajuste en Argentina”.

Los legisladores peronistas criticaron de esta forma las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre “paralización” de obras públicas y “eliminación de los subsidios”, al tiempo que evaluaron que a causa de esas iniciativas, el “tejido social se verá profundamente dañado”.

Adorni, al responder a ese “comunicado”, subrayó que la “decisión” del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) es “hacer todo lo necesario” para “no apelar a los parches que dañaron” a Argentina.

El funcionario apeló a la “honestidad intelectual particularmente de quienes critican habiendo pertenecido” al anterior gobierno y “apelaron al silencio”.

“Esto de cuestionarnos preventivamente nos llama la atención cuando tiene que entenderse que creemos que efectivamente estamos haciendo lo correcto en virtud de lo que tenemos, en virtud de lo que nos dejaron y en virtud de evitar catástrofe mayor”, remarcó.

Al ser consultado sobre si se refería a los pronunciamientos que formularon el pasado miércoles los sectores sindicales sobre las iniciativas anunciadas por Caputo, el vocero presidencial aclaró que se refería a “críticas lanzadas por un grupo de diputados” que acompañaron las políticas que implementó el exministro de Economía Sergio Massa.

“No me refiero a los sindicatos, con quienes aspiramos a tener la mejor relación. Queremos que las paritarias sigan siendo libres”, remarcó Adorni en el encuentro diario que mantiene con los medios de prensa acreditados en Casa Rosada.

Al respecto, dijo que se “sabe que los trabajadores están mal y no se puede seguir en esta Argentina de decadencia con estos niveles inflacionarios descontrolados”.

Por otro lado, en línea con lo asegurado en la noche del pasado miércoles por Caputo en una entrevista con la señal de cable TN, Adorni confirmó la intención del Gobierno de dar marcha atrás con la ley de movilidad jubilatoria, según la cual -indicó- “los jubilados pueden perder un 40%”.

“No podemos admitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo y esto hay que corregirlo”, puntualizó.

Fuente: Telam.

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Nación endurece su negativa a autorizar deuda a Axel Kicillof, pero en Provincia creen que finalmente habrá OK

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Manuel Adorni

El gobierno de Javier Milei lanzó una nueva advertencia al de Axel Kicillof en el sensible tema de la autorización de la toma de deuda que la Legislatura -con amplio apoyo opositor- le aprobó al gobernador: “le recordamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sin déficit, no hay nueva deuda”, lanzó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La controversia por la autorización del endeudamiento apareció no bien la legislatura le dio el OK a la solicitud de Kicillof, con apoyo de la UCR, el PRO y los bloques libertarios disidentes. El primero el deslizar que Nación podría no convalidar lo actuado por el parlamento fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Y ahora se sumó Adorni.

La ley de financiamiento autoriza a Kicillof a tomar deuda por 3.680 millones de dólares, pero la operación, como la de cualquier provincia, debe ser autorizada por Nación, ya que la garantía última es la coparticipación de impuestos. Y ese resorte está en el centro de la controversia con Nación: Milei -vía Caputo- amaga usarlo para autorizar solo 1.446 millones de dólares.

El argumento de Nación es que esa sería la deuda que Provincia emitiría para refinanciar (la operación se llama rollover en jerga financiera) deuda emitida durante el gobierno de María Eugenia Vidal y que el resto es “nueva” y por lo tanto no tendrá autorización. Provincia lo niega de plano: “ todo es refinanciación, excepto un pequeño tramo para obras ”, dijeron a DIB altas fuente del gobierno provincial.

El propio Kicillof señaló ayer en una entrevista televisiva el volumen de endeudamiento “está estrictamente asociada con los vencimientos que tiene la Provincia. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes”. Incluso lo contrastó con la toma de deuda nacional: “son endeudadores seriales”, disparó.

Está estrictamente asociada con los vencimientos que tiene la Provincia. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes

Adorni pareció responderle esta mañana: “hemos vuelto a la normalidad. La deuda pública consolidada disminuyó 50 mil millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas”, dijo durante una conferencia de prensa en la que evaluó los resultados de los dos primeros años del gobierno de Javier Milei.

El desacuerdo entre ambas administraciones es total. Adorni habló de no tener déficit, lo que parece un criterio unilateralmente impuesto por la Casa Rosada, que considera esa política la base de su plan económica y busca que todos los gobernadores la incorporen, ajuste mediante. Pero Caputo había hablado de otra cosa: había diho, apenas horas después de la autorización legislativa, que Kicillof no puede pedir deuda nueva porque no cumple con un requerimiento contenido en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2004: aumentar el gasto primario por encima del nivel de la inflación. En provincia sostienen que no existe deuda nueva, pero además argumentan que, si eso fuese cierto, estarían autorizados a tomarla porque el requerimiento del pacto es otro: que los servicios de deuda sean menores al 15% de la coparticipación municipal, lo que el estado bonaerense, dicen, “sobre cumple” al rondar el 7%.

Teléfono roto

Aunque las discrepancias como se ve son totales, no hay por ahora chances de que se habrá una conversación para intentar una conciliación. A ser consultado sobre las reuniones con Milei que Kicillof viene solicitando, dijo que “no tiene mucho sentido ”, una convocatoria, en la misma línea de rechazo duro que también expresó el ministro del Interior, Diego Santilli.

Adorni no dio explicaciones sobre los motivos de la negativa, sino que apeló a una evaluación política sobre las intenciones que se atribuye al gobierno de Kicillof: “Lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal y a los bonaerenses les vaya mal. No hay mucho para dialogar porque no hay muestras de buena voluntad”, dijo.

Confianza en Provincia

Pese a la relación política rota, en el gobierno provincia creen que finalmente Caputo autorizará la emisión de deuda, tal como adelantó este medio el sábado. Aducen, además del argumento de que no hay toma de deuda “nueva”, el echo de que complicar una salida a los mercados de la Provincia podría derivar en una crisis de deuda en la provincia más grande del país, lo que sería un inconveniente serio para el programa financiero y, finalmente, para el plan económico nacional.

Fuente: Agencia DIB.

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El Gobierno postergó la privatización del Belgrano Cargas: la letra chica del pliego y las obras que se harán

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El Gobierno decidió pasar la fecha de privatización del Belgrano Cargas para el primer trimestre del año próximo con el objetivo posterior de finalizar el procedimiento para mitad de año. En este último tramo de la confección del pliego se están haciendo las valuaciones de cada uno de los activos de la compañía, a la vez que se está pasando por las últimas revisaciones legales y de consultas de empresas interesadas en aplicar al proceso.

Se trata de una ligera demora de los plazos que se preveían un mes atrás, cuando el objetivo era publicar los términos y condiciones antes de fin de año. Aun así, en el Gobierno esperan que durante el primer trimestre se inicie este proceso y que meses después comiencen los traspasos formales a las compañías que ganen las respectivas adjudicaciones.

El modelo de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. aprobado por el Decreto 67/2025, establece una privatización total de la empresa mediante un proceso de desintegración vertical y open access.

A diferencia de la privatización que se hizo en la década de los 90, no habrá un único pliego que venda todo a una compañía. Serán varios según los activos o actividades: el material rodante -las locomotoras y vagones- será vendido a través de remate público; las vías férreas y los inmuebles aledaños serán concesionados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública; y los talleres ferroviarios también serán concesionados para su uso a través de licitaciones.

“Una empresa puede querer aplicar a todas las licitaciones o solo a algunas. Es indistinto para nosotros. Existen modelos de control absoluto de una compañía o la connivencia de varias en cada una de las diferentes áreas. Con este esquema no se obliga a que si una empresa quiere manejar los talleres deba, además, ser administradora de la traza ferroviaria, por ejemplo”, explicaron fuentes del Gobierno que trabajan en la licitación.

El esquema de open access permite que múltiples operadores privados usen la misma red pagando un canon. En rigor, la empresa operadora debe dar una ventana de paso de manera obligatoria a los privados que deseen hacer uso de las vías y cumplan con las condiciones legales.

En principio, se espera que para mediados del próximo año se pueda arribar a la conclusión de la privatización.

En lo que refiere a la subasta del material rodante, el Gobierno hará un fideicomiso que servirá para financiar por única vez la renovación de vías y la mejora estructural en aquellos tramos en donde haya volumen y demanda. Es decir, los trazos donde más interés hay puesto de parte de las compañías que buscan aplicar a la privatización.

El dinero de las subastas no irá a reactivar algunos tramos de los casi 18.000 kilómetros de vías inactivas que hay en el país. Eso se lo dejará a consideración de la futura operaria si es que consigue clientes y demanda en esos sectores abandonados que hoy en día no tienen rentabilidad económica.

Por otro lado, hay 17.700 kilómetros de vías que sí están operativas. De aquellas, el Gobierno quiere invertir con el dinero subastado en dos líneas en particular: se van a hacer mejoras en el ramal San Martín a través de la renovación de cerca de 300 kilómetros de vías y se hará una inversión de capital sobre las vías del ramal Belgrano.

La empresa que gane el control y el mantenimiento de las vías tendrá que cumplir con un aspecto que estará expresamente mencionado en la licitación: la finalización de la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe. Esta obra ya tiene un grado de avance del 50% y fue anunciada en 2019, pero las autoridades habían decidido supeditar la continuación de la misma a que se termine la privatización del Belgrano Cargas.

Esta obra de infraestructura es considerada como una de las más importantes para las autoridades a los fines de poder incrementar el volumen de carga. “Con ese avance ya se va a estar logrando un incremento enorme en el transporte, que buscamos que para los próximos 18 meses se duplique”, indicó a Infobae un funcionario libertario. El objetivo es que para dentro de cuatro años el volumen de carga se cuadruplique.

Hay varios grandes grupos empresarios que están interesados en aplicar en los segmentos más importantes del manejo de la Línea Belgrano y la San Martín. El primero es un pool de compañías cerealeras que está liderada por Aceitera General Deheza (AGD) y acompañan ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus.

Otro de los players interesados en aplicar es Grupo México Transportes, que en Argentina se presentará como Grupo GMXT. Opera los ferrocarriles más grandes de México y de Florida. Buscan promocionarse como la única de los tres oferentes capaces con experiencia en todos los aspectos del rubro ferroviario. Estiman desembolsar una inversión de 3.000 millones de dólares en el país. Se habla de que también hubo sondeos de compañías de Chile y de España.

En los últimos meses, hubo interés de parte de diferentes compañías mineras como la británica Río Tinto. También hubo otras multinacionales más, algunas de ellas que tienen producciones que están esperando a que haya modificaciones en la Ley de Glaciares o que el Gobierno les autorice su inversión a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Este último aspecto es clave. Algunas de las compañías interesadas en aplicar piden que el Gobierno les asegure que su inversión ferroviaria en el país pueda encuadrarse bajo el esquema RIGI. Tal y como lo contó Infobae, Bernardo Ayala, el CEO de GMXT USA, parte del Grupo México Transportes, visitó la Argentina para mostrar su interés en el mercado local.

Las inversiones que se quieran hacer para este caso aplican perfectamente al RIGI”, aseguró un hombre autorizado del Gobierno. Lo que sucede es que las compañías buscan que la ratificación sea exante y en el Gobierno marcan que eso, a priori, no se puede hacer porque está establecido de manera procedimental que todo proyecto de inversión que quiere encuadrarse en el RIGI debe pasar primero por un comité de evaluación.

“Lo que no podemos hacer es garantizar sí o sí que se va a aprobar. Pero no hay motivos como para que no aplique”, agrega este funcionario. La lógica es que varias mineras, petroleras y la posibilidad de extender la frontera agrícola dependen de que se mejore el cuello de botella del transporte que hay hoy en día en la Argentina. “Sería contraintuitivo que ese RIGI no se apruebe, porque frenaría muchísimas oportunidades de inversión de otros sectores”, concluyeron.

La privatización del Belgrano Cargas y Logística fue anunciada hace más de un año y es la que más avanzada está. No hay previsiones para que en el largo plazo logre concretarse la de Trenes Argentinos Operaciones (SOF S.A.), que tiene la operación de los servicios de líneas urbanas (como el Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento), regionales y de larga distancia.

Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión y venta, se procederá a la disolución y liquidación de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. El Ministerio de Economía, asistido por la ATEP, será la autoridad encargada de llevar adelante todo el proceso, dictando las normas operativas y complementarias necesarias. La letra chica del pliego está siendo diseñada por Chaher y el presidente del Belgrano Cargas, Alejandro Núñez, un hombre ligado al asesor presidencial, Santiago Caputo.

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La CGT debatirá un plan de acción para bloquear la reforma laboral, con movilizaciones y lobby político

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Con la reforma laboral de Javier Milei a punto de ser presentada en el Congreso, la CGT reunirá este mediodía por primera vez al nuevo Consejo Directivo elegido en octubre pasado para analizar cómo bloquear la sanción del proyecto oficial: algunos dirigentes propondrán una movilización de protesta, mientras que otros apuntan a reforzar las presiones sobre los gobernadores y los legisladores.

Durante el encuentro, que comenzará a las 12 en la sede de Azopardo 802, los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) presentarán un informe sobre las negociaciones entabladas con el Gobierno para atenuar la reforma laboral, que será apuntalado por Gerardo Martínez (UOCRA), representante cegetista en el Consejo de Mayo.

Toda la CGT está encolumnada en el rechazo a los cambios laborales que promueve Milei, aunque el ala política del Gobierno accedió a algunos pedidos sindicales y moderó la versión final de la reforma: por eso no tocarán la cuotas sindicales, que clave para el financiamiento de los sindicatos, y aceptó que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa que el Gobierno quiere priorizar a partir de la sanción de la ley, entre otros puntos que fueron modificados.

Aun así, los líderes cegetistas mantienen su oposición a la reforma laboral en su totalidad porque “sólo plantea una quita de derechos”, como advirtió Cristian Jerónimo en declaraciones radiales.

Este jueves se redactará un documento en el que se fundamentará la postura de la CGT, pero se espera un intenso debate sobre la estrategia que se elegirá para frenar el proyecto oficial. Los sectores más duros, como los del sector del transporte, impulsan una movilización ante el Congreso el día en que comience el tratamiento legislativo de la reforma laboral.

Es la alternativa que tiene más adherentes, aunque hay dirigentes de impronta dialoguista que prefieren poner en marcha un plan de acción que comience con la intensificación de las presiones sobre gobernadores y legisladores para que el proyecto oficial no tenga los votos para ser convertido en ley.

Este bloque sindical cree que será difícil concretar una movilización multitudinaria en pleno verano, con muchos trabajadores de vacaciones, y que así podría fracasar esa marcha como demostración de fuerza.

En una postura intermedia, también existen sindicalistas partidarios de impulsar un combo de medidas que incluya tanto asambleas informativas y movilizaciones callejeras como un fuerte lobby político para tratar de que se trabe la sanción de la ley.

La discusión de este tema decisivo se dará en medio del malestar de algunos dirigentes de sindicatos importantes que se sienten marginados en la nueva estructura de poder de la CGT y reclaman participar de manera activa en la toma de decisiones.

Son los mismos que critican a la nueva cúpula cegetista porque demoró dos meses en convocar al Consejo Directivo elegido el 5 de octubre pasado y eligió una actitud muy moderada ante el Gobierno durante la elaboración de la reforma laboral.

Mientras, miembros de la mesa chica de la CGT se reunieron este miércoles con el interbloque kirchnerista del Senado, que encabeza el formoseño José Mayans, para analizar una estrategia dirigida a cerrarle el paso a la reforma laboral en el Congreso.

Se habló también de la sugestiva demora en publicar oficialmente el proyecto de ley y enviarlo al Senado, donde comenzará su debate, algo que pospondría su tratamiento en las sesiones extraordinarias. Y compartieron el temor de que el oficialismo avance con un trámite express para aprobar la iniciativa.

Si bien tienen una postura más dura, los gremios agrupados en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) decidieron esperar a lo que resulte de la reunión de Consejo Directivo de la CGT antes de tomar una decisión fuerte contra la reforma laboral.

Sin embargo, la posición de los gremios del transporte ya tuvo una expresión concreta durante el 3° Congreso Federal de la Juventud de la CATT, realizado este martes, donde se definió una “fuerte postura en contra de la reforma laboral” y se destacó el valor de los convenios colectivos de trabajo como una “herramienta transformadora, actualizadora y ampliadora de derechos”.

En el encuentro, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), sostuvo que esta “brutalidad” que el Gobierno llama reforma laboral se produjo por el resultado negativo del peronismo en las últimas elecciones. En este sentido, resaltó “la falta de discusión critica” y la necesidad de “lograr el mayor grado de unidad para confrontar con este proyecto”, mientras admitió: “Estamos en desventaja porque hay gran parte de la sociedad argentina que cree que esto le va a favorecer”.

Por su parte, el secretario de Prensa de la CATT, Horacio Calculli (aeronavegantes), señaló: “Es importante ser reconocidos como actores sociales en la discusión pública política en la Argentina. Tenemos representantes dentro del Congreso que llevan adelante la voz de los trabajadores, pero es muy necesario que el movimiento obrero siga incrementando la cantidad de trabajadores adentro de las cámaras porque tenemos a los compañeros formados para llevar adelante esas discusiones”.

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