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Alberto Fernández negó “arbitrariedades” en el reparto de obra pública

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Alberto Fernández negó este martes la existencia de “arbitrariedades” en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama “mucho la atención” lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo y responder preguntas de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El Presidente sostuvo que se trata de “decisiones políticas no judiciables”, al declarar bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

También destacó que el expresidente Néstor Kirchner “siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas” y remarcó que “tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como Presidente”.

Cuando le preguntaron cuál era el criterio para distribuir obra pública, el Presidente dijo que “son creterios discrecionales que tienen que ver con las necesidades que en cada jurisdicción se enfrentan. Eso no tiene una regla. Los criterios son criterios de lo que uno entiende de que lo que en ese momento está necesitando el país”.
Y agregó: “No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante”.

Le insistieron con la misma pregunta y Fernández profundizó: “todos nosotros creemos que la inversión pública es un gran motor para la economía y hay un principio rector que son cuestiones de naturaleza política. Algunos creemos esto, que el Estado tiene que estar presente y motorizar la obra pública y otros creen que deben hacerlo los privados. Hace un año hubo un terremoto en San Juan y decidimos que se construyen 1000 viviendas en San Juan. El criterio fue la necesidad. En el 2003 la Patagonia tenía un infradesarrollo y hubo que hacer mucha obra. Es muy importante porque está toda la producción petrolera y pesquera”.

“Nosotros en 2003 o en 2009 y como me pasa a mí ahora, la obra pública es un enorme motorizador de la economía”.
Maximiliano Rusconi, defensor del exministro de Planificación Julio de Vido, se quejó de que le hicieran varias veces la misma pregunta.
Y el Presidente agregó: “quiero que entiendan que una vez que el Presupuesto es aprobado es responsabilidad de cada ministro. Cada ministro es autónomo. No consulta al Presidente sobre cómo gasta el dinero de su ministerio”.

Le volvieron a preguntar sobre cómo asignaban los recursos en la Ley de Presupuesto y reiteró: “un presupuesto no es la decisión de un Presidente, todos los ministerios construyen sus números y eso es revisado por el Congreso nacional”.

“Una vez que el presupuesto llega para ser aprobado como proyecto de ley sigue el tratamiento de cualquier proyecto de ley. Lo que quiero enfatizar es que es la ley más compleja de todas y se tiene que modificar porque todas las provincias quieren defender sus intereses”, siguió Fernández.

Rusconi se quejó de que el Presidente haya contestado seis veces sobre lo mismo.

Luego, el fiscal Luciani un anexo a la ley de presupuesto, le preguntaron sobre una en particular.

“Me da la impresión de que no me está escuchando bien”, le dijo el Presidente al fiscal. El fiscal le respondió que lo había escuchado bien. Entonces Fernández le dijo que tal vez tuviera un problema de comprensión de texto.

Luciani le pidió a Fernández que no le faltara el respeto, el Presidente le dijo que no había sido su intención. Luciani siguió haciendo preguntas que el tribunal consideró improcedentes, e insistió para hacer consultas sobre una obra en particular. El tribunal deliberó y por mayoría hizo lugar a la pregunta de Luciani, que la volvió a formular: “en la planilla del presupuesto 2008 se informa un importe a devengar de 150 millones de pesos y la adjudicación fue de 225 mil persones de pesos. Hay 75 millones de pesos que faltan”.

“Como le dije antes no tenía presente ninguna de las obras, mi memoria es buena, pero no tanto, puede haber habido muchas explicaciones, pero no puedo arriesgar la explicación sobre algo que no conozco”, reiteró Fernández.

Consultado nuevamente por el criterio para reasignar fondos, ya cansado de contestar lo mismo, el primer mandatario dijo nuevamente que la necesidad marcaba el rumbo.
Luego una pregunta concreta sobre reasignación de partidas del Presupuesto.

“Si entiendo bien la pregunta es si los ministerios podían reasignar los recursos que yo les reasignaba. Eso se llama reasignación presupuestaria y va a ver cuánto pasa y cuánto pasó en la pandemia. Ahora una vez que los recursos son reasignados, los ministros no reasignan, los ministro ejecutan”, dijo Fernández.

El Presidente había arribado a las 9.36 a los tribunales de Comodoro Py, donde declarará como testigo en el juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa denominada como “Vialidad” y en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El mandatario ya se encuentra en los tribunales federales de Retiro para la audiencia que comenzará en minutos ante el Tribunal Oral Federal Número 2, en un debate que se realiza de manera semipresencial, con los jueces, testigos y un secretario en la sala y las restantes partes conectadas a través de la plataforma Zoom, a raíz de la pandemia de coronavirus.

El testimonio del primer mandatario fue pedido por la defensa de la expresidenta y de otros dos acusados, el empresario Lázaro Báez y el exministro de Planificación Julio De Vido a raíz de su condición de ex Jefe de Gabinete en el kirchnerismo.

El Presidente anunció que concurrirá a Comodoro Py 2002 pese a que por su investidura podía optar por responder un cuestionario escrito a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

Los testimonios fueron pedidos por el abogado de la ex Presidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018.

El Presidente responderá preguntas de las defensas de los acusados que pidieron su testimonio y luego de las restantes partes.

Para el lunes próximo está citado el presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien declararía por videoconferencia.

Fuente: Télam.

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Se lanzó “Líderes en Red”, programa de fortalecimiento de organizaciones sociales a nivel local

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Pampa Energía, Fundación TGS, la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) y la Municipalidad de Bahía Blanca realizaron el lanzamiento de “Líderes en Red”, un programa de fortalecimiento de liderazgos y organizaciones para el desarrollo local.

El primer encuentro tuvo lugar hoy en la Bolsa de Cereales y contó con la participación de más de 20 líderes de organizaciones sociales de la ciudad.

El encuentro, facilitado por el líder de Potenciar Solidario, Juan Thomas, brindó herramientas para fortalecer las capacidades de liderazgo, gestión y articulación de los participantes, con foco en la mirada integral para el impacto social.

“Líderes en Red” busca generar una comunidad de aprendizaje y acción que permita potenciar las iniciativas existentes, desarrollar nuevos proyectos y construir una agenda compartida para Bahía Blanca.

La propuesta apunta a que las organizaciones comunitarias fortalezcan su capacidad de impacto y consoliden vínculos de cooperación que contribuyan a una ciudad más integrada, participativa y con mayores oportunidades. El programa, se dijo, es resultado de diferentes acciones de formación que se implementaron entre abril de 2024 y diciembre de 2025, y que convocaron a más de 60 instituciones.

A partir de esa experiencia y del diagnóstico compartido con organizaciones sociales y referentes comunitarios, “Líderes en Red”, se aclaró, avanza hacia una nueva etapa centrada en la consolidación de liderazgos, el trabajo colaborativo y la generación de proyectos de impacto comunitario.

Bahía Blanca cuenta con una extensa red de organizaciones sociales, comunitarias, educativas y culturales que sostienen iniciativas fundamentales para el bienestar de la comunidad. Desde la convicción de que el desarrollo sostenible de la ciudad requiere del compromiso articulado entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, se indicó que “Líderes en Red” busca que esas experiencias dejen de trabajar de manera aislada y construyan soluciones colectivas frente a los desafíos comunes.

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Por la rotura de un caño, hay problemas con el suministro de agua en el macrocentro

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La rotura de un caño de importantes dimensiones generó problemas en el suministro de agua en un sector del macrocentro.

ABSA informó que la avería se produjo en una cañería de 450 milímetros en Undiano y Brown. Aclaró que las tareas están a cargo de una contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), que trabaja en la obra del Acueducto Brandsen.

“Hasta tanto sea posible resolver el incidente, se solicita a las personas usuarias que limiten el uso del agua de red disponible a tareas esenciales evitando usos no prioritarios del recurso”, pidieron desde ABSA.

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Protestas “a la francesa” o paro de 36 horas: la interna de la CGT se agitará hoy con un debate clave sobre el nuevo plan de lucha

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Todos están de acuerdo en que deben pasar a la ofensiva contra el Gobierno, pero hay diferencias sobre cómo hacerlo para que la medida de fuerza por aplicarse sea contundente. La CGT tendrá este jueves a la tarde un debate clave sobre el nuevo plan de lucha, en medio de inesperadas tensiones entre quienes impulsan protestas “a la francesa” o un paro general de 36 horas.

En ese escenario de internas permanentes que es el sindicalismo, habrá dos propuestas sobre la mesa cuando, a las 14, delibere el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802 en un punto del temario que promete fuertes discusiones: las “acciones gremiales” que se llevarán adelante contra Javier Milei.

La semana pasada, cuando el triunvirato de la CGT encabezó una reunión con las confederaciones sindicales de la industria, el transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones, quedó instalada con más nitidez la idea de un plan de lucha “sectorial y a largo plazo” basado en las protestas en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, como anticipó Infobae.

Sus impulsores proyectan desde volanteadas en estaciones de trenes, aeropuertos y universidades hasta paros alternados y rotativos en el transporte y la industria, asambleas en fábricas y movilizaciones a varios ministerios hasta terminar en una “gran protesta nacional”, como aluden al quinto paro general de la CGT desde el 10 de diciembre de 2023.

El “modelo francés” de protestas fue sugerido varias veces por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), a quien apuntala otro referente del sector como Juan Pablo Brey (aeronavegantes), convencidos de que hacer un paro general cada tanto perdía eficacia y que tendría un impacto significativo ir alternando los paros en cada sector, día tras día, semana tras semana. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”. De esa forma se podría mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario.

La propuesta terminó entusiasmando a los cotitulares de la CGT Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes dudaban de hacer otro paro general exponiéndose al riesgo de que no tuviera un alto acatamiento o que, ante un Milei decidido a no cambiar sus políticas, se convirtiera en una forma de protesta inofensiva o, en última instancia, perjudicial para el trabajador que no cobra el día de huelga o pierde el presentismo.

En una entrevista radial, Cristian Jerónimo fue explícito en ese sentido: “Ya tenemos claro el diagnóstico y el rumbo que persigue este gobierno. No hay margen para hacerse el distraído y es con pelea, con lucha, con resistencia, y siendo muy inteligentes también porque en alguna medida tenemos que cuidar el bolsillo de nuestros compañeros y nuestras compañeras y tampoco golpear a los que no tenemos que golpear”.

“Para hacer una medida de fuerza tenemos que tener claro que muchas veces tiene que ir destinada a los que realmente representan el proceso de desguace que está sufriendo la Argentina, y en este caso es Balcarce 50″, dijo el líder de los empleados del vidrio.

Acerca de las dos modalidades de protesta que serán analizadas esta tarde, Jerónimo admitió: “Todo el mundo sabe que en la CGT conviven distintos sectores, distintos puntos de vista, y hay que lograr lo más importante: la unidad del conjunto, el consenso y los acuerdos necesarios para que cualquier medida que se apruebe tenga la contundencia necesaria”.

El paro general de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo surgió de Luis Barrionuevo (gastronómicos) y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA), con el objetivo de lograr la paralización total de actividades en el país y, de esa manera, forzar a la administración libertaria a replantear sus medidas.

En el fondo, esta diferenciación esconde una obvia disputa por el control de la CGT, donde el sector dialoguista, mayoritario en la conducción de la central obrera, mantiene una estrategia moderada mientras otros dirigentes, que perdieron espacio en la cúpula cegetista, critican la pasividad de la central obrera y adoptan una postura ultracombativa contra el Gobierno.

Los rebeldes de la CGT acordaron este martes no sólo proponer al Consejo Directivo un paro general de 36 horas sino también una audaz jugada: entregarle las obras sociales al Gobierno para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” oficiales.

Este grupo de sindicalistas va radicalizando cada vez más sus posturas: Maturano propuso la semana pasada en la CGT hacer un paro por tiempo indeterminado y ahora, en la reunión realizada en Gastronómicos, llegó a proponer “ocupar las vías” el día en que se haga el paro general para garantizar que no circule ni un solo tren.

Esa medida extrema, digna del trotskismo, expondrá a los bloqueadores ferroviarios a duras sanciones: la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios.

Este condicionamiento potencia lo establecido en la Ley de Bases 27.742, que considera como una grave injuria laboral “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.

Curiosamente, un dirigente sindical que participó activamente del encuentro piloteado por Barrionuevo, Maturano y Calegari llamó hace 24 horas a un líder del sector dialoguista de la CGT para aclararle que él no compartía lo que se había acordado allí.

¿Los sindicalistas más duros son realmente intransigentes o se trata de una sobreactuación para diferenciarse del resto, para posicionarse en la interna de la CGT o para negociar en otros términos con el Gobierno o con referentes del PJ o de la oposición?

Es difícil saberlo. Hoy, toda la atención estará puesta en el crucial debate que habrá en el Consejo Directivo cegetista, donde lo único claro es que, “a la francesa” o “a la criolla”, la central obrera volverá a las protestas. Sin garantías sobre su acatamiento y, mucho menos, de que sirvan para que Milei cambie de rumbo.

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