En medio de la paz, al Gobierno le estalló un problema que no esperaba. Y nada tiene que ver con la reforma laboral. En Casa Rosada nadie anticipó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. Ni el ministro de Economía, Luis Caputo, quien pensó que el ahora ex titular se quedaría en el cargo a pesar de la injerencia del Poder Ejecutivo en la independencia del organismo. En Nueva York, grupos de inversores referenciados en asesores argentinos, además de no esperarlo, no lo podían entender. Por estas horas sigue la sorpresa, a lo que uno de ellos definió ante un lobbysta con sede en Manhattan como una “arrogancia innecesaria”, porque “el mercado ahora te la deja pasar y luego te la cobra”.

Las consecuencias en la credibilidad del instituto son impredecibles, sobre todo por los motivos de la salida de Lavagna a raíz de la fuerte discusión para publicar el nuevo método. Quien estuvo al tanto de esta discusión se sinceró ante Infobae: “No era cuestión de si daba más o menos, porque eso hace un año que iba arriba y abajo. Lo que se rompió fue la completa independencia del INDEC, sus planes de trabajo y la credibilidad”.

La frase se condice con el informe de diciembre del Banco Central. En su página 58, la entidad señalaba: “En febrero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comenzará a publicar la inflación nacional correspondiente al mes de enero utilizando un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización del índice busca reflejar las modificaciones de los patrones de consumo de los hogares en respuesta a las fluctuaciones de los precios relativos, así como los cambios de hábitos y la aparición o desaparición de bienes y/o servicios del mercado”.

En otro apartado, llegaba a este punto: “La primera conclusión que surge de estas estimaciones es que los servicios ganarán peso en forma significativa en detrimento de los bienes (aproximadamente 12 puntos porcentuales)”. El Gobierno, en consecuencia, le prohibió al INDEC reflejar los datos estadísticos. Por eso renunció Lavagna.

Ese tropezón evitable apareció en una semana intensa para el Gobierno en el Congreso. Por ahora, más allá de las declaraciones que buscan calma en el poroteo, los votos no están para aprobarlo en el Senado. Patricia Bullrich asegura que irán al recinto sí o sí el 11 de febrero. La discusión central con los gobernadores afines —tanto del PJ como radicales y del PRO— es por el ya trillado Impuesto a las Ganancias. El proyecto, en esta parte impositiva, busca reducir la alícuota máxima para sociedades del 35% al 31,5%, con escalas intermedias que bajan del 30% al 27%. Significan 1,7 billones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026. Los gobernadores estiman en 144 mil millones de pesos por mes lo que dejarían de percibir en concepto de coparticipación. Los mandatarios provinciales, como Gustavo Sáenz en Salta, no dudaron en sacarse la foto con Diego Santilli, ministro del Interior, pero por lo bajo aseguran que es imposible votar eso sin que haya una recomposición por otro carril. El presidente Javier Milei, por ahora, ordenó no cambiar de idea.

En ese sentido, el jueves habrá una reunión de todo el bloque de Fuerza Patria. Contará con presencia perfecta, salvo algún caso de viaje personal que pueda tener un senador. Allí se tocarán varios temas. El primero será la reforma laboral. Quienes responden a gobernadores “dialoguistas” plantearán la necesidad de acercar posiciones. Pero, como está pasando en la mayor parte de las estructuras políticas opositoras, el gran problema vendrá por planteos internos. El último pasó bajo el radar mediático, pero por estas horas es clave para evitar una ruptura que puede ser total.

Para entenderlo hay que repasar lo sucedido en Jujuy. Allí el PJ está intervenido y quienes llevan adelante la tarea son Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, ambos cercanos a Cristina Kirchner. En febrero habrá elecciones internas en esa provincia. Allí, la senadora Carolina Moisés planea enfrentar a La Cámpora. Pero ahora la legisladora fue suspendida por “inconducta partidaria” —la acusan de votar y favorecer al Gobierno—. Además, dieron de baja a 300 afiliados que le responden. “Los kirchneristas creen que fue la cabecilla de la rebelión y por eso saltaron así. Ella no quiere saber nada y está dispuesta a terminar de romper”, relató un compañero de banca. Desde San José 1111 negaron una interna partidaria y apuntaron a sus votos “como si fuera libertaria”.

El temor es que lo sucedido en Jujuy pueda reproducirse en otros ámbitos. “Es cierto que los sellos no le importan a nadie salvo a nosotros. Pero ahí se juega el armado para lo que viene”, explicaron. Puede dar fe de eso el gobernador Axel Kicillof, que tiene las horas contadas para aceptar o declinar la oferta que lanzaron desde La Cámpora para ser el presidente del PJ bonaerense. El mandatario quería imponer a Verónica Magario, pero no generó consenso. Máximo Kirchner contraatacó y dijo que debería ser él quien se ponga al frente. El armado de las listas vence el 8 de febrero. Por ahora, todos —por las dudas— juntan avales, aunque nadie quiere llegar a la instancia de votación.

“No van a financiar una interna. Es una discusión sin sentido para los que están en el territorio”, se animó a plantear un dirigente del PJ que busca acercar posiciones. Por las dudas, hubo paz en un punto clave: los veedores partidarios. En la práctica, son quienes aceptan o desestiman las listas. A los cuatro que ya estaban confirmados —Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises “Coco” Giménez— se sumaron dos más para el “axelismo”. De fondo quedó otra discusión latente: las reelecciones indefinidas de los intendentes.

Más allá de la alternativa legislativa, hay quienes insisten en una definición judicial que les permita seguir de la misma manera. Por fuera de la rosca partidaria, la preocupación en las filas del gobernador pasa por el déficit fiscal, que no baja de 1,5 billones de pesos. Proveedores del Estado bonaerense repiten por estas horas una pregunta clave: “¿Está el dinero para pagar las deudas con las empresas que le prestan servicios a la administración de Kicillof?”. Solo en alimentos, para citar un ejemplo, el gobierno bonaerense gasta más de 60 mil millones de pesos por mes. “Estamos financiando todo lo que Nación cortó”, explicó uno de sus funcionarios.

Sin déficit pero con movimientos sin freno, en la Ciudad de Buenos Aires hay que poner la lupa. Quizás el cambio más importante, en términos de poder y relaciones con empresarios clave, fue el que se produjo en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Desde esa silla se habilitan los permisos para proyectos inmobiliarios. El ganador, como de costumbre en los últimos meses, fue Daniel “Tano” Angelici. El empresario del juego y hombre fuerte del radicalismo porteño se quedó con el área.

Allí estaba Karina Burijson, funcionaria de confianza del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Había ocupado ese cargo en Vicente López y asumió cuando el primo del expresidente ganó la elección en 2023. Ahora al frente estará Agustina Olivero Majdalani. “Fue un movimiento del ‘Tano’, que ahora va a manejar un área clave para la Ciudad”, relató a Infobae un dirigente del PRO.

Angelici ya había obtenido un premio a fines del año pasado cuando se aprobó el Presupuesto. Como parte del acuerdo con Macri, puso a Christian Gribaudo, ex senador bonaerense del PRO, como secretario administrativo de la Cámara. Desde allí maneja los gastos y contrataciones del Parlamento, con una billetera que envidia cualquier distrito por el volumen y la opacidad de los manejos. En ese puesto estaba Ignacio Pérez Lorgueilleux, que responde a Santilli. Pocas semanas después saltó a Nación para ser titular del RENAPER. Quienes siguen de cerca estos movimientos creen que Macri está entregando parte de su poder para no tener mayores problemas con una Legislatura que puede jugarle en contra —tiene menos de siete legisladores que le responden—. Algunos piensan que demasiado.

Días atrás, otro que encontró trabajo rápido fue el exlegislador Yamil Santoro. En diciembre dejó la Legislatura y hasta posteó en LinkedIn que buscaba empleo. La Ciudad lo volvió a cobijar: asumió como CEO del Parque de la Innovación. “Se animan varios cuando parece una estructura endeble. Y la Ciudad tiene lugares infinitos”, sentenciaron.

La estrategia que desplegó el actual presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, para que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sea quien lo suceda al frente de la estructura partidaria agitó las conversaciones que hasta el momento se venían dando. Ahora la negociación entró en un deadline que llegará este domingo cuando venza el plazo para presentar candidatos o candidatas para la renovación de autoridades, fechada el 15 de marzo. El gobernador podría aceptar siempre y cuando se respeten acuerdos y conducción.

La jugada de Kirchner pone como argumento el deseo del propio Kicillof. El gobernador ha remarcado semanas atrás frente a intendnetes propios que quien conduzca el partido tenía que ser del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y responder a los intereses políticos y de gestión de su gobierno. Con esa tesis, Kirchner movió. “Que mejor que sea el gobernador entonces”, planteaban en La Cámpora la semana pasada.

Las conversaciones llegaron hasta cierto punto desde ese momento hasta este lunes. Con el inicio de semana se espera que Kicillof defina qué rumbo elegir. Como cada inicio de semana, el mandatario recibió este mediodía en la gobernación en La Plata a intendentes del MDF y ministros. La novedad fue la presencia del jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk. El resto caras conocidas a la habitualidad futurista: los ministros Andrés Larroque, Agustina Vila, Carlos Bianco, Walter Correa, Javier Rodríguez, Pablo López, Cristina Álvarez Rodríguez sumados a los intendentes Mario Secco (Ensenada), Lucas Ghi (Morón), Julio Alak (La Plata), Pablo y Alberto Descalzo (Ituzaingó).

El kirchnerismo apuesta a que el mandatario acuda -en última instancia- a la expresidenta Cristina Kirchner. Así como sucedió en la antesala de las elecciones legislativas de octubre del año pasado, el cristinismo busca que, llegado el caso, el mandatario asista a San José 1111 donde la titular del PJ nacional transita su prisión domiciliaria. Referentes de ese espacio no conciben que quien quede al mando del PJ bonaerense no pongan en agenda institucional desde el Partido Justicialista de la provincia de mayor peso político, el pedido de libertad para la ex presidenta, quien cumple prisión domiciliaria en el marco de la causas de Vialidad.

La determinación que vaya a tomar Kicillof -es decir si acepta ser el nuevo titular del PJ en la provincia que gobierna- genera distintas reacciones al interior del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). “Todavía falta mucho”, consideró un ministro al salir de la reunión en gobernación.

Una de las cuestiones que se debatió este lunes es conseguir aunar criterios puertas adentro y que los distintos espacios del kicillofismo tengan injerencia en lo que será el nuevo consejo del partido. En el MDF hay representantes sindicales y vínculos que Kicillof ha aceitado en el último tiempo como su alianza con parte de la CGT; intendentes -del conurbano y el interior- una alianza con un sector del Movimiento Evita y otras agrupaciones, solo para citar un ejemplo.

Esa distribución del Consejo del partido también también debe incluir al kirchnerismo. Otro tema a resolver es en qué proporción se da.

Otra de las personas que participó del encuentro de este lunes dejó entrever ante Infobae: “Si es Axel -el futuro presidente- ordena. Nadie le va a hacer una interna al gobernador, quiero creer”.

Con la presidencia a su cargo, en el entorno del mandatario provincial también admiten que las vicepresidencias del partido -al menos la que hoy ocupa Magario- debería ser para alguien del MDF.

Este lunes, la mesa política del MDF, también hizo un repaso por las secciones y lo que implica la junta de avales, firmas de apoderados en los distritos y para una futura lista propia a nivel provincial. Ese proceso continúa a la par de las conversaciones que se activarán en las próximas horas. Si no hay acuerdo, en el MDF están terminando de cerrar a los opederaodos para todas posibles las listas.

El 8 de febrero, además de ser el límite para presentar candidatos, también será la instancia última para definir apoderados.

Según se informó desde el PJ bonaerense, la normativa electoral establece que la designación de apoderados debe certificarse exclusivamente ante escribano público. Esta certificación debe incluir la firma tanto de la persona que realiza la designación como de cada uno de los apoderados.

Mientras el Gobierno avanza con la reforma laboral que Javier Milei busca aprobar en el Senado el próximo 11 de febrero, organizaciones piqueteras de izquierda, sectores del sindicalismo combativo y agrupaciones afines votaron un plan de lucha que tendrá su primer punto alto este miércoles 4, con una movilización al Congreso Nacional. La protesta comenzará a las 17 horas y finalizará con un acto en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se realizará una “radio abierta a todos los sectores que quieren apoyar la lucha contra la reforma laboral”.

La protesta se da en el marco del inicio del período de sesiones extraordinarias, convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 27 de febrero, con la reforma laboral como uno de los proyectos centrales de la agenda oficial. Según anticiparon distintas organizaciones, la jornada del miércoles será parte de una secuencia de acciones que apunta a confluir en una movilización masiva y un paro nacional el día en que la iniciativa sea tratada en la Cámara alta.

En ese escenario, trabajadores de la empresa Lustramax, que mantienen un conflicto abierto por despidos en la planta de Tortuguitas, se convirtieron en uno de los ejes de articulación de la protesta. Desde allí, junto a la Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte, impulsaron plenarios abiertos durante el último fin de semana en distintos puntos del país para discutir cómo enfrentar la reforma.

“Con la exigencia a la CGT de paro activo y movilización masiva el día que se trate la reforma laboral, estamos preparando una lucha en serio contra un proyecto que pretende seguir recortando derechos y conquistas. No es modernización laboral, quieren más esclavitud”, señalaron los delegados que se reunieron para votar el plan de lucha.

Leandro Gómez, delegado de Lustramax, apuntó directamente contra la dirigencia sindical tradicional. “Frente a la inacción de gran parte de la conducción sindical, que mira para otro lado o directamente negocia nuestros derechos, decidimos empezar a autoorganizarnos. Nuestro futuro y el de nuestras familias está en juego y no vamos a esperar pasivamente”, afirmó.

Los plenarios se realizaron en Lomas de Zamora (ATE Sur), Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con la participación de cientos de activistas, delegados y dirigentes de sindicatos recuperados y comisiones internas combativas. También asistieron referentes de la izquierda como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Christian Castillo, quienes respaldaron la iniciativa.

Según coincidieron los participantes, uno de los puntos centrales fue la caracterización de que la CGT y las principales centrales sindicales no sólo no están organizando una respuesta contra la reforma laboral, sino que algunos sectores estarían negociando con el Gobierno y los gobernadores. En ese marco, se votó exigir un paro nacional activo el día de la sesión en el Congreso y organizar columnas para “rodear el Parlamento”, además de medidas regionales como cortes y protestas en las provincias.

El encuentro también resolvió reforzar la solidaridad con los conflictos en curso en diversas empresas, a los que los organizadores definieron como un intento de “quebrar por hambre” a los trabajadores. Para ello, propusieron la creación de un fondo nacional de lucha.

La movilización del miércoles 4 de febrero fue convocada en conjunto con organizaciones piqueteras y agrupaciones de jubilados, que este lunes realizarán un plenario autoconvocado para ultimar detalles de la protesta. Desde esos sectores advirtieron que la reforma laboral también impactará directamente sobre el sistema previsional, al redirigir aportes patronales a un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despidos.

“Vamos por el paro, la movilización y un plan de lucha. A los jubilados nos afecta de lleno esta ley”, señalaron en un comunicado, en el que también invitaron a periodistas a acompañar las actividades “ante la amenaza de perder su propio estatuto”.

Es muy probable que el día que se trate el proyecto de “modernización laboral” —como lo llama el Gobierno— en el Senado, los piqueteros confluyan con los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con algunos sectores del sindicalismo como las CTA y gremios como la UOM y Bancarios.

Mientras el oficialismo apuesta a reunir los votos necesarios en el Senado, desde el sindicalismo combativo y las organizaciones piqueteras de izquierda anticipan que la conflictividad aumentará en las próximas semanas. El objetivo declarado es llegar al 11 de febrero con una movilización masiva y sostener medidas de fuerza si el proyecto avanza, en un clima de creciente tensión entre el Gobierno libertario y los sectores que se sienten directamente amenazados por la reforma.