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Aprueban el proyecto de una diputada bahiense para aumentar las indemnizaciones por despido

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En línea con el objetivo de ser la antítesis del modelo que propone Javier Milei en el ámbito nacional, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires logró obtener media sanción en la Legislatura para aumentar las indemnizaciones y encarecer los despidos, una medida que recibió fuerte rechazo de la oposición y alertas del sector empresario por el desincentivo a crear nuevos y más puestos de trabajo. Se trata de una iniciativa que va a contrapelo de la reforma laboral que incluyó el Presidente en la Ley Bases.

El proyecto había sido presentado por la diputada bahiense Maite Alvado (Unión por la Patria), junto a la diputada de extracción sindical Soledad Alonso. Fue aprobado por una mayoría amplia en la Cámara de Diputados y enviado al Senado bonaerense, que todavía no fijó fecha. En concreto, modifica el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agrega un carga del 6%

Esto genera, sobre todo, perjuicio a las pymes, que deberán hacerse cargo de indemnizaciones más altas, con el consiguiente problema para los trabajadores fuera del sistema de acceder a un empleo formal. A pesar del rechazo de la oposición a Kicillof, el proyecto se aprobó en Diputados y está en condiciones de ser tratado en el Senado.

Se trata de un cambio que -mientras el gobierno de Milei busca facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo, mediante la reducción de los costos laborales- fue recibido con críticas de un sector de los libertarios bonaerense, y la oposición del PRO, la UCR, y también con un duro comunicado de las cámaras empresarias y organizaciones patronales.

De aprobarse lo que propusieron las diputadas, que responden a la coalición que conduce el gobernador Axel Kicillof, el artículo 48 quedaría redactado del siguiente modo:

“Dictada la sentencia el Secretario del Tribunal practicará liquidación de capital, intereses y costas, notificando a las partes en la forma ordenada en el articulo 16, bajo apercibimiento de tenerla por consentida si dentro del quinto día no se formularen observaciones, cuyo trámite no interrumpirá el plazo para deducir los recursos correspondientes.

“El monto total por el que se condene a la demandada se deberá adecuar de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago”.

El proyecto tuvo media sanción en Diputados y ahora está en el Senado sin fecha para su debate y aprobación, pero contaría con la mayoría necesaria para su sanción. Por eso, días atrás un comunicado conjunto de los empresarios salió con dureza a cuestionar la iniciativa. Sobre todo lo que critican es que la medida busca aplicar en la provincia de Buenos Aires el sistema porteño que, lejos de promover la creación de empleo formal, aumentó la informalidad y no creó más puestos genuinos.

“El sistema de actualización, que ya se ha utilizado en los juicios laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha conllevado a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas”, indicaron en comunicado que firmaron la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco), la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG), la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y afines (Cebra). También criticaron la iniciativa la Cámara de la Recreación, la Cámara Textil de Mar del Plata, la Cámara de Permisionarios del Nuevo Centro Comercial del Puerto y el Centro de Constructores y Anexos.

Antecedentes

El proyecto para modificar el cálculo de los intereses en las indemnizaciones laborales había sido presentado originalmente en 2022 por Alvado, pero en aquel momento había sido rechazado por la oposición por su inconstitucionalidad, debido a que consideran que la legislación debería ser nacional.

En la sesión del 15 de mayo pasado, Alvado expresó: “Si están preocupados por las PyMES que hicieron para detener el RIGI o la feroz apertura de importaciones que está proponiendo el gobierno de Milei. Las pymes no quiebran por las indemnizaciones, quiebran por la política económica del gobierno que va en contra de ellas”.

A su turno, Agustín Forchieri (jefe del bloque PRO) replicó: “El Gobierno de Kicillof va en sentido contrario a lo que necesitan las Pymes y quienes dan trabajo en nuestra provincia. Si tenemos claro que hoy tenemos que generar trabajo para salir del atraso y la decadencia ¿por qué le hacemos la vida más difícil al sector privado?”.

Diego Garciarena (jefe del bloque UCR + Cambio Federal) : “La cuestión vinculada a los intereses y a la prescripción es una cuestión de derecho de fondo y no de derecho local. Esto quiere decir que es una competencia del Congreso Nacional y no de la Legislatura”.

Finalmente, Gustavo Cuervo (jefe de bloque Unión, Renovación y Fe) advirtió: “Los integrantes de este bloque venimos siendo atacados operados desde los medios. Nos han dicho bloque libertario Massista, Kicillofista, ahora nos dirán Camporista. Cada proyecto lo pasamos el bloque por el filtro del sentido de común. Todo proyecto que represente la reparación de una injusticia o genera algún beneficio para los bonaerenses lo vamos a acompañar venga del bloque que venga”.

En pleno gobierno de Alberto Fernández la iniciativa que encarece los despidos no había avanzado, pero con la llegada de Milei al poder y la intención de Kicillof de ser la contracara del modelo libertario, la iniciativa empezó a moverse al punto que hace dos semanas se aprobó en la Cámara baja con una multiplicidad de apoyos, incluso de algunos legisladores que llegaron de la mano de Milei.

Este año el proyecto volvió a ser presentado por Alvado y se trató en comisiones. El PRO lo rechazó junto a la UCR y otros bloques de la oposición. Pero finalmente el proyecto logró salir porque, de acuerdo con las crónicas parlamentarias de hace dos semanas, contó con el apoyo del bloque Unión Renovación y Fe -que entraron por La Libertad Avanza pero rompieron con Milei- que aportaron sus votos en las comisiones y en el recinto. (con información de Infobae)

Fuente: La Nueva.

 

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La Provincia ya confecciona su propio presupuesto y le contesta a Milei: “No va a ser de ajuste”

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El presidente de la Nación, Javier Milei, le dejó un mensaje a los gobernadores provinciales durante la presentación de su presupuesto para el año que viene. Concretamente, les pidió un “ajuste adicional” de 60 mil millones de dólares. La provincia de Buenos Aires ya le respondió.

A la espera de los detalles, Bianco anticipó que “no va a ser un presupuesto de ajuste como nos pide el presidente”. Retomando la idea de Milei, el funcionario indicó que “la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado“. “A dónde vas te piden más patrulleros, más medicamentos, más hospitales, que agrandes la escuela. Eso es más Estado”, consignó.

Al igual que Nación, la provincia de Buenos Aires atraviesa el 2024 con el presupuesto de 2023 prorrogado. El proyecto venía avanzando en la Legislatura, pero la falta de acuerdos y la sorpresiva victoria electoral de Milei impidieron su aprobación.

La idea de este año es llevar el trámite legislativo hasta el final. Según Bianco, “una vez que lo valide el gobernador lo vamos a trabajar con nuestro bloque y con las autoridades de la Legislatura“. Posteriormente, será presentado y defendido por funcionarios como Pablo López o el titular de ARBA, Cristian Girard. Habrá que ver si las internas del oficialismo frenan el expediente o no.

Fuente: Infocielo.

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Recambio de cañerías: ABSA afirmó que ya repararon el 60% de las veredas intervenidas

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ABSA detalló cómo avanza la obra de recambio de cañerías y, en particular, qué porcentaje de veredas y calles intervenidas han sido reparadas.

La prestataria aseguró que el 61% ya fue arreglado. Se trata de 42.278 metros lineales de obra civil realizada luego del paso de 69.000 metros de cañerías ya instaladas.

El avance general de la obra es del 58%, sin embargo, algunos trabajos como la instalación de cañerías, ya alcanza el 82%.

Se trata de nuevos conductos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) en diámetros desde 90 a 250 milímetros para las áreas con cañerías más antiguas de la ciudad, como el macrocentro y los barrios Universitario, Kilómetro 5, Pedro Pico, Villa Mitre, Tiro Federal y Villa Harding Green.

La obra comprende la instalación de las cañerías, la fusión de piezas, la instalación de cada uno de los servicios domiciliarios y de accesorios.

Además, la empresa aclaró que deben realizarse pruebas hidráulicas sobre los tramos instalados para comprobar la hermeticidad, sometiendo todo el conjunto de piezas a altas presiones para verificar que no haya fugas.

Antes de la reconstrucción de veredas y pavimentos también se concreta una desinfección de la cañería, se ejecutan los empalmes a la red existente y la anulación de la cañería anterior.

El paso final, en ese sentido, es la ejecución de la obra civil. “Esto es, la reconstrucción de veredas y pavimentos tal como estaban antes de iniciar la intervención. Sin los pasos previos cumplidos es imposible llevar adelante esta última tarea. Para cumplimentarla, se utiliza un registro fotográfico previo realizado bajo escribano público que permite cotejar que la obra civil sea coincidente con el aspecto anterior a la intervención”, enumeraron.

Fuente: Frente al Cano.

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Ofrecerán capacitación jurídica en los PEC municipales

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Un convenio para implementar un Taller de Promotores Jurídicos en los Puntos de Encuentro Comunitario (PEC) se firmó recientemente entre la Universidad Nacional del Sur y el Municipio.

El taller tiene como propósito capacitar a líderes comunitarios para identificar y canalizar problemáticas legales dentro de sus comunidades, según se indicó desde la casa de estudios.

Este año participarán 20 estudiantes y 16 referentes comunitarios y atenderán temas como derecho de familia, seguridad social, laboral, reclamos administrativos, acceso a tierras y cuestiones ambientales, junto a otros, para garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos.

Los PEC son espacios de capacitación y encuentro para los vecinos, que fueron diseñados este año por la cartera social de la comuna y están distribuidos en diferentes barrios.

En la firma participaron la directora decana del Departamento de Derecho de la UNS, Pamela Tolosa, junto a los profesores Guillermo Garay Semper y Nora Alaggio, y por el ejecutivo comunal el jefe de Gabinete, Luis Alberto Calderaro y la secretaria de Políticas Sociales, Romina Pires.

El curso es presencial y consta de 14 encuentros de 2 horas cada uno. Para poder obtener el certificado de haber participado se requiere un mínimo del 70% de asistencia.

“El Taller es un proyecto de la Clínica Jurídica del Departamento de Derecho que comenzó en 2021, cuando la clínica se presentó a un concurso nacional llamado Pro Bono”, explicó Garay Semper.

“Busca trabajar con referentes territoriales para mejorar sus destrezas en términos de identificación de un problema como un problema legal, reconocer el derecho vulnerado y la oficina que tendría la responsabilidad de solucionar ese problema”, dijo.

Agregó: “No pensamos esto como una transferencia de conocimientos desde quienes saben Derecho hacia quienes no, sino que son espacios donde estudiantes y docentes conversan con las personas para construir un diagnóstico concreto y realista, y se co-construye una posible vía de solución”.

“Estamos muy contentos con este convenio que nos va a permitir dar herramientas y conocimientos a los referentes comunitarios, a quienes a veces les llegan dificultades y problemas y es necesario que estén capacitados para acompañar a los vecinos en los canales correctos para derivar o los espacios para reclamar”, dijo Pires.

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