En un plenario de comisiones, el Senado continuó hoy con el debate del proyecto presentado por el Frente de Todos para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dólares de argentinos en el exterior no declarados.
La reunión se llevó a cabo con la participación de los invitados Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales; Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Jimena La Torre, abogada especialista en impuestos y consejera electa en el Consejo de la Magistratura; y Andrés Edelstein, contador público y vicepresidente de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo de Ciencias Económicas de CABA.
Existen dos proyectos kirchneristas analizados, uno de los cuales prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20 % de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, mientras que el otro es una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.
La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco.
Por su parte, los senadores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Luis Juez, Pablo Torello y Humberto Schiavoni solicitaron el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se expida sobre la constitucionalidad respecto de la Cámara de origen, toda vez que el art. 52 de la C.N. establece en forma taxativa que la creación de tributos debe ser iniciada exclusivamente por la Cámara de Diputados de la Nación.
El primero en exponer fue Pablo Manzanelli, quien hizo hincapié en “indagar sobre la crisis de la deuda que se heredó del gobierno anterior” y consideró que “calificarla como la crisis de la deuda no remite a un juicio personal, sino que es algo que se decretó en dos oportunidades durante el gobierno anterior”.
“Entre diciembre del 2015 donde teníamos una economía desendeudada desde el punto de vista del crédito en moneda extranjera y diciembre del 2019 en el que solo mediaron cuatro años, se produjo un ciclo de endeudamiento inédito que dinamitaron a la economía argentina y la solvencia financiera”, prosiguió.
Respecto al proyecto sostuvo que “busca dar respuesta a un problema viejo” y dijo que “esta montaña de deuda que incubó el gobierno anterior bajo ningún aspecto puede ser refinanciada por una economía como la argentina y más aún si nos atenemos a los vencimientos que dejó el gobierno de Macri”.
“El proyecto también vincula dos aspectos como la deuda y la fuga, aunque hasta acá una porción de la fuga de capitales”, destacó Manzanelli y aclaró: “La fuga de capitales conceptualmente es excedente económico que se extrae del circuito y sistema económico, que no se consume ni se invierte y tampoco se deposita en el sistema financiero local”.
En ese sentido, precisó que “este proyecto abarca una parte de eso, agarra solo o busca captar fuga de capitales ilegal radicada en el exterior”.
Andrés Edelstein se refirió a la finalidad para la que se constituye el Fondo a la que consideró “valida y tiene que ver con una decisión política que puede ser que tenga racionalidad financiera y económica en la medida que sea posible para cancelar deuda”.
En tanto señaló que se debe corregir el artículo 7 porque “hay una imprecisión elocuente en el que habla de bienes no declarados en el exterior porque no da fechas precisas ni de corte; la segunda cuestión tiene que ver con el artículo 8 que habla de bienes a la fecha de detección”.
En su exposición, el abogado Eduardo Barcesat abordó los aspectos jurídicos del proyecto fundamentalmente buscando los soportes constitucionales y convencionales sobre los cuales “puede apoyarse”.
“Corresponde nombrar al preámbulo cuando dice ‘promover al bienestar general’ creo que la idea es resolver la deuda y la fuga de capitales, son dos objetivos que están enlazados y cuanto se haga en pro de ello debe meritar nuestros consensos”, destacó.
Asimismo, Barcesat pidió a los senadores que piensen la posibilidad de que el proyecto sea entendido y se corresponda con el arreglo de la deuda externa de la Argentina y “no buscar calificativos o vocablos que excedan la semántica constitucional”.
Además, apeló a los tratados internacionales para fundamentar que son “la base de lo que propone el proyecto” porque “tienen el mismo texto, pero es el énfasis que pusieron los expertos de Naciones Unidas en afirmar el derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho de independencia económica y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas”.
Y cerró: “Hay que reducir el peso de la deuda externa que agobian a los países del continente americano”.
(NA)
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