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Axel Kicillof promulgó la ley que actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, promulgó la Ley 15.520 para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y su derecho a exigir el cumplimiento de la cuota alimentaria.

En la Provincia de Buenos Aires, siete de cada 10 mujeres no reciben aportes de parte del progenitor de sus hijos e hijas. Gracias a esta reforma se agilizan los procedimientos judiciales y podrán inscribirlos en el registro como deudores desde el primer incumplimiento.

“Esta ley garantiza equidad, fortalece el derecho de las mujeres y los niños y, como dijo el Gobernador, nos convierte en una provincia más justa”, expresó la Ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz.

“Promulgamos la ley que actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, un importante avance que es producto del esfuerzo y la articulación de todos los poderes del Estado para abordar una problemática que atenta contra los derechos de las mujeres y los chicos”, aseveró el Gobernador.

Durante el acto, llevado a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof señaló: “La Argentina está atravesando una situación muy difícil: el fracaso del Gobierno nacional llevó a que el FMI tome nuevamente el control de la política económica para impulsar, como ya hemos visto muchas veces, reformas previsionales y laborales”. Y añadió: “Ante esa situación, y aunque soplen vientos hacia otra dirección, en la provincia de Buenos Aires seguimos plantando la bandera de las políticas de cuidado y de lucha contra la desigualdad en todas sus formas”.

Por su parte, Estela Díaz remarcó: “Apuntamos a una provincia donde sea total el cumplimiento de las cuotas alimentarias porque trabajamos sobre el cuidado de los chicos, las chicas, y porque nos importa la independencia económica de las mujeres: cuando mejoran nuestras condiciones de vida y nuestros ingresos, logramos bienestar en las familias y en los ámbitos en los que nos desarrollamos”.

Esta actualización tiene como antecedente la promulgación de la Ley 15.513, en diciembre 2024, que permitió simplificar y agilizar los procedimientos judiciales en el reclamo de alimentos: estableció parámetros para determinar los montos, impulsó la reducción de litigios para lograr una resolución rápida y estipuló multas ante la ausencia sin justificación a audiencias judiciales.

Los cambios

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) tiene como objetivo registrar a todas las personas obligadas al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado que adeuden un determinado número de cuotas y establece las consecuencias derivadas de tal incumplimiento.

La legislación permitirá inscribir al deudor desde el primer incumplimiento, se trate de los alimentos definitivos o provisorios. Actualmente, solo pueden inscribirse a deudores desde el tercer incumplimiento consecutivo o quinto alternado y no se incluyen los alimentos provisorios.

Otra de las innovaciones incorporadas es que no sólo se podrá inscribir en el RDAM a los progenitores, sino que también serán alcanzados los empleadores o acreedores que hayan sido intimados previamente por orden judicial y sean responsables solidarios del pago como lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, se modifican algunas sanciones como la suspensión de trámites de habilitación de comercios y/o industrias contemplando que si el deudor alimentario no tuviese otra fuente de ingresos se le otorgará provisoriamente el permiso bajo la obligación de regularizar la situación. En este punto, se añade el impedimento de inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Por último, se incorpora como requisito presentar el certificado de libre deuda expedido por el RDAM para las designaciones de magistrados, funcionarios o empleados bajo cualquier modalidad y categoría en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipal, organismos descentralizados, como así también en las empresas y sociedades estatales y con participación del Estado provincial así como también para la diplomación de los candidatos electos para cualquier cargo provincial o municipal.

Este proyecto continúa la iniciativa presentada en el Poder Legislativo provincial y que fuera sancionada en diciembre de 2024: la ley que simplifica los procesos judiciales para el reclamo de alimentos.

Ambas iniciativas fueron redactadas en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” del año 2022, tomando también iniciativas de la senadora Sofía Vannelli y la diputada Lucía Iáñez. (DIB) ACR

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El 46% de los adultos mayores recibe ingresos insuficientes, según un estudio de la UCA

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El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió en su último informe que el 46% de los hogares integrados por personas de sesenta años o más atravesó problemas de ingresos insuficientes entre 2024 y 2025.

El trabajo, titulado señala que este registro marca el nivel más alto de la serie relevada desde 2017 y representa una suba de cinco puntos porcentuales en comparación con el bienio 2022-2023.“Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”,

Según el estudio, la falta de recursos golpea con mayor crudeza a los sectores de menores ingresos. Dentro del estrato socioeconómico muy bajo, el porcentaje de hogares con entradas insuficientes trepa al setenta y uno coma uno por ciento, mientras que en el sector bajo llega al cincuenta y cinco coma dos por ciento.

La inseguridad alimentaria en esta franja etaria pasó del doce coma tres por ciento registrado entre 2017 y 2019 al dieciocho coma cuatro por ciento en el período 2024-2025. El contraste entre clases sociales es profundo, ya que la afectación en el nivel medio alto se ubica en el uno coma uno por ciento frente al treinta y nueve coma uno por ciento del sector muy bajo, lo que implica que el riesgo alimentario en este último grupo multiplica por treinta y cinco al de los sectores más acomodados.

Los problemas económicos también se tradujeron en la imposibilidad de afrontar gastos cotidianos como las tarifas de los servicios públicos. Un 21,3% de los hogares con adultos mayores debió interrumpir el pago de algún servicio básico por falta de dinero, una cifra que asciende al 39,4% en los sectores de menor poder adquisitivo.

Pese a este panorama de vulnerabilidad, las estadísticas del relevamiento indican que la cobertura estatal mediante programas de transferencia o asistencia alimentaria descendió del 30% durante la pandemia al 26,8% en la actualidad, abarcando solo al 42,4% de los hogares del estrato más castigado.

Las carencias habitacionales completan el mapa de la situación social de los mayores. El 11,8 habita inmuebles con deficiencias estructurales, un porcentaje que escala al 27,5% en los sectores vulnerables.En paralelo, el 25,2% de la población mayor sufre privaciones vinculadas al acceso a agua corriente, gas o saneamiento, una falencia que afecta a cerca de la mitad de los hogares del estrato muy bajo.

El acceso a la salud pública y privada experimentó un retroceso evidente. El 35,2% de estos hogares postergó o directamente suspendió consultas médicas y la compra de fármacos por motivos presupuestarios, marcando el pico histórico de la serie con un incremento de casi diez puntos respecto al período previo.

Esta situación afecta al 55% de las familias del sector muy bajo. En cuanto al uso de PAMI durante 2025, el 74% de los afiliados lo empleó para la atención médica y el 70% para adquirir medicamentos, aunque las opiniones sobre las prestaciones mostraron divisiones: 61,7% aprobó la atención médica, en tanto que la cobertura de remedios cosechó una valoración positiva inferior al 50%, con valoraciones aún más reticentes entre los sectores de menores recursos.

Fuente: Agencia DIB.

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Municipales bonaerenses iniciaron plan de lucha con cortes en rutas

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La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo)comenzó este lunes con su plan de lucha provincial que incluyócortes en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, dos vías estratégicas para el traslado de la producción dentro del territorio.

La primera medida de este lunes fue impulsada por sindicatos pertenecientes a una de las regionales Centro y a la Regional Conurbano Oeste de la organización. La movilización forma parte del programa de acciones anunciado por el secretario general de Fesimubo, Hernán Doval, durante las reuniones regionales desarrolladas en distintos distritos.

Si bien el sector negocia con los intendentes los salarios, que parten desde los $150.000 por mes en algunos municipios, la protesta involucra a la administración de Axel Kicillof, a quien le piden que convoque al Consejo del Empleo Municipal para discutir sus pedidos en un marco “institucional”. Este organismo existe hace una década pero nunca se lo convocó.

A ese reclamo se suma la denuncia por el crecimiento de modalidades que, según el gremio, profundizan la precarización dentro de los municipios, principalmente mediante contrataciones bajo monotributo y becas.

La Federación plantea que el problema excede las negociaciones salariales de cada municipio y reclama una discusión a nivel provincial que permita abordar las condiciones laborales del sector.

Fuente: Agencia DIB

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Senado provincial y Municipio aportarán los fondos para asistir a la totalidad de los inscriptos

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Esta mañana en conferencia de prensa el intendente Federico Susbielles confirmó que la totalidad de los comerciantes bahienses que se inscribió  al Fondo de Asistencia Económica recibirá la ayuda.

Ese fondo en principio se conformaba de los $300 millones aportados por la Cámara de Diputados bonaerense. Ahora se sumarán $150 millones que garantizó la Cámara de Senadores y lo que reste para cubrir toda la demanda será aportado por la Municipalidad.

El programa otorgará una ayuda económica de $1.000.000, no reintegrable, a comercios, pequeñas y medianas empresas del partido de Bahía Blanca que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad fiscal.

Durante el anuncio estuvieron presentes además del jefe comunal, el senador provincial Marcelo Feliú; el Jefe de Gabinete, Luis Calderaro; el secretario de Economía, Carlos De Vadillo; y representantes de la Cámara de Comercio y de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios.

El pasado viernes cerró la inscripción al fondo: hubo 668 comercios inscriptos, 460 con documentación completa y 208 que deben cargar información.

“Teníamos en claro que teníamos que estar al lado de nuestros vecinos y también de los comerciantes que son quienes generan mano de obra y empleo en la ciudad”, enfatizó Susbielles.

Además, aseguró que en el marco de “una situación compleja para todos” desde la comuna seguirán acompañando y gestionando para el comercio bahiense.

Feliú, por su parte, expuso que la cantidad de comerciantes que solicitaron el subsidio de $1.000.000 “no es más que un síntoma de algo que es mucho más importante como es la causa: una enorme retracción de la demanda porque no hay poder de compra; se ha perdido el poder adquisitivo“.

Fuente: Frente al cano.

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