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Axel Kicillof promulgó la ley que actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, promulgó la Ley 15.520 para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y su derecho a exigir el cumplimiento de la cuota alimentaria.

En la Provincia de Buenos Aires, siete de cada 10 mujeres no reciben aportes de parte del progenitor de sus hijos e hijas. Gracias a esta reforma se agilizan los procedimientos judiciales y podrán inscribirlos en el registro como deudores desde el primer incumplimiento.

“Esta ley garantiza equidad, fortalece el derecho de las mujeres y los niños y, como dijo el Gobernador, nos convierte en una provincia más justa”, expresó la Ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz.

“Promulgamos la ley que actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, un importante avance que es producto del esfuerzo y la articulación de todos los poderes del Estado para abordar una problemática que atenta contra los derechos de las mujeres y los chicos”, aseveró el Gobernador.

Durante el acto, llevado a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof señaló: “La Argentina está atravesando una situación muy difícil: el fracaso del Gobierno nacional llevó a que el FMI tome nuevamente el control de la política económica para impulsar, como ya hemos visto muchas veces, reformas previsionales y laborales”. Y añadió: “Ante esa situación, y aunque soplen vientos hacia otra dirección, en la provincia de Buenos Aires seguimos plantando la bandera de las políticas de cuidado y de lucha contra la desigualdad en todas sus formas”.

Por su parte, Estela Díaz remarcó: “Apuntamos a una provincia donde sea total el cumplimiento de las cuotas alimentarias porque trabajamos sobre el cuidado de los chicos, las chicas, y porque nos importa la independencia económica de las mujeres: cuando mejoran nuestras condiciones de vida y nuestros ingresos, logramos bienestar en las familias y en los ámbitos en los que nos desarrollamos”.

Esta actualización tiene como antecedente la promulgación de la Ley 15.513, en diciembre 2024, que permitió simplificar y agilizar los procedimientos judiciales en el reclamo de alimentos: estableció parámetros para determinar los montos, impulsó la reducción de litigios para lograr una resolución rápida y estipuló multas ante la ausencia sin justificación a audiencias judiciales.

Los cambios

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) tiene como objetivo registrar a todas las personas obligadas al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado que adeuden un determinado número de cuotas y establece las consecuencias derivadas de tal incumplimiento.

La legislación permitirá inscribir al deudor desde el primer incumplimiento, se trate de los alimentos definitivos o provisorios. Actualmente, solo pueden inscribirse a deudores desde el tercer incumplimiento consecutivo o quinto alternado y no se incluyen los alimentos provisorios.

Otra de las innovaciones incorporadas es que no sólo se podrá inscribir en el RDAM a los progenitores, sino que también serán alcanzados los empleadores o acreedores que hayan sido intimados previamente por orden judicial y sean responsables solidarios del pago como lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, se modifican algunas sanciones como la suspensión de trámites de habilitación de comercios y/o industrias contemplando que si el deudor alimentario no tuviese otra fuente de ingresos se le otorgará provisoriamente el permiso bajo la obligación de regularizar la situación. En este punto, se añade el impedimento de inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Por último, se incorpora como requisito presentar el certificado de libre deuda expedido por el RDAM para las designaciones de magistrados, funcionarios o empleados bajo cualquier modalidad y categoría en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipal, organismos descentralizados, como así también en las empresas y sociedades estatales y con participación del Estado provincial así como también para la diplomación de los candidatos electos para cualquier cargo provincial o municipal.

Este proyecto continúa la iniciativa presentada en el Poder Legislativo provincial y que fuera sancionada en diciembre de 2024: la ley que simplifica los procesos judiciales para el reclamo de alimentos.

Ambas iniciativas fueron redactadas en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” del año 2022, tomando también iniciativas de la senadora Sofía Vannelli y la diputada Lucía Iáñez. (DIB) ACR

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Tensión entre Kicillof y Milei por la política audiovisual: el INCAA bonaerense reabre la disputa

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La aprobación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de la ley que crea un organismo provincial de fomento audiovisual, popularmente bautizado como el “INCAA bonaerense”, dejó en la madrugada del jueves una postal nítida de contraste con la política de repliegue histórico y achicamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que impulsa Javier Milei.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual impulsada por el gobernador Axel Kicillof declara la actividad audiovisual como “estratégica y productiva”; crea un Fondo de Fomento inicial de $675 millones; instituye un Servicio Audiovisual Provincial, un Consejo asesor con representación sectorial y una red de salas y programas de profesionalización.

La norma fue aprobada con amplio consenso político, incluso en un contexto de fuerte tensión legislativa por el paquete de leyes que envió el oficialismo, que incluye el Presupuesto y la Ley Fiscal, ya aprobados por el parlamento provincial, y el proyecto de financiamiento, que se cayó el viernes por falta de quórum.

Para el gobierno provincial, el objetivo es claro: blindar una política cultural considerada motor productivo, fortalecer el empleo audiovisual y compensar el vacío federal por parte de la administración libertaria.

Dos modelos sobre el rol del Estado en la cultura

El contraste aparece al observar la política nacional: desde el inicio de la gestión, el gobierno de Milei aplicó una combinación de recortes presupuestarios, reordenamientos administrativos y cambios regulatorios sobre el INCAA.

Entre las medidas dispuestas se registraron la reducción práctica del financiamiento a proyectos, la paralización o ralentización de convocatorias y ajustes que afectaron áreas técnicas y de fomento.

También hubo disposiciones para trasladar plataformas como CINE.AR fuera del organismo, luego parcialmente revertidas, y un proceso de reducción estructural que funcionarios libertarios justificaron como parte de un “sinceramiento” de un sector, según señalaron, sobredimensionado.

Para los sectores de la industria, festivales y asociaciones de realizadores, esas decisiones configuraron un proceso de desfinanciamiento que afecta la producción independiente, el circuito federal de festivales y la exhibición de cine nacional.

La diferencia ideológica entre ambos modelos es explícita: para Kicillof, el audiovisual es parte de la economía del conocimiento, genera empleo calificado y exportaciones, y necesita política pública estable.

Mientras que para Milei, la cultura debe sostenerse con mecanismos de mercado y aportes privados. En esa lógica, el INCAA es un organismo que debe “reducir su tamaño”, “ordenar gastos” y limitar su participación en la financiación de contenidos.

Un capítulo más en la puja Kicillof–Milei

El contraste audiovisual funciona como espejo de una disputa más amplia entre ambos modelos políticos: el peronismo bonaerense apuesta a una presencia activa del Estado, especialmente en sectores estratégicos; los libertarios, a una reducción al mínimo de la intervención pública.

Para el ecosistema audiovisual, el escenario que se abre es doble: un polo provincial que busca reforzar producción, identidad y empleo; y un Gobierno cuyo repliegue obliga a replantear la sostenibilidad de la actividad en el resto del país.

En este escenario, la verdadera “batalla cultural” sumó un nuevo capítulo y promete seguir escalando. Más allá de los discursos vacíos, las diferencias entre la oposición peronista y el oficialismo liberal empiezan a plasmarse en cuestiones concretas.

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Por la puja con la AFA, Milei sacrificó una posible foto con Messi en Washington

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El presidente Javier Milei dejó pasar la chance que tenía de una posible foto con el astro Lionel Messi y un nuevo encuentro con su par Donald Trump, al decidir cancelar su viaje a Washington para el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 del próximo viernes.

Si bien no estaba claro si Milei y Messiiban a cruzarse -de hecho el futbolista rosarino siempre hace todo lo posible para evitar contactos con políticos-, con su decisión de cancelar el viaje el mandatario ya echó por tierra con la probabilidad de una foto con su “ídolo futbolístico”, a quien suele ubicar por encima de Diego Maradona en sus preferencias.

Tampoco está confirmado oficialmente que Messi vaya a asistir al sorteo en Washington. Quien sí va a estar siguiendo in situ el sorteo será el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni.

A su vez, el Presidente se quedó sin un nueva imagen con su principal aliado internacional, Donald Trump, aunque el libertario tiene pautado un próximo viaje a los Estados Unidos para marzo del año próximo.

Milei, en cambio, decidió seguir apostando por su enfrentamiento con el cuestionado presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y canceló el viaje para no cruzarse con el mandamás del fútbol argentino.

En ese marco, el mandatario viene publicando posteos y fotos suyas manifestado su respaldo a Estudiantes de La Plata, el equipo sancionado duramente por la AFA por no haber hecho el pasillo de frente a los jugadores de Rosario Central.

De hecho, subió a sus redes una foto del emblema “pincharrata” Carlos Bilardo, uno de sus ídolos, ya que siempre se califica como “bilardista”.

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El gasto social evitó que 2,6 millones cayeran en la indigencia, revela informe

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Las políticas de transferencia de ingresos destinadas a la niñez y adolescencia resultaron ser un anclaje fundamental contra la pobreza extrema en Argentina. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que, sin los programas de asistencia, la indigencia sería un 82% más alta, afectando a 2,6 millones de personas adicionales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el análisis de las prestaciones (Asignación Universal por Hijo, Prestación Alimentar y Plan 1.000 Días) confirma que el conjunto de ayudas actúa como un “piso de ingresos” que evita que los sectores vulnerables caigan por debajo de la línea de pobreza extrema.

Ganadores y Perdedores ante la inflación

El estudio analizó la evolución del poder de compra de las prestaciones, encontrando un fuerte contraste en la capacidad de respuesta ante la inflación:

  • AUH (Ganadora): El poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo se recuperó drásticamente a partir de finales de 2023 (gracias a un aumento inicial del 100%). Desde entonces, su valor real se ha mantenido estable debido a un mecanismo de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • Prestación Alimentar (Perdedora): Este beneficio muestra un deterioro sostenido. Al depender de actualizaciones de carácter discrecional y no de una fórmula de movilidad automática, sus aumentos han sido insuficientes para compensar el avance de la inflación.
  • Plan 1.000 Días: Luego de un aumento nominal del 500% en 2024, su valor real se ha mantenido robusto y estable.

La expansión del andamiaje social

El informe destaca que, en los últimos 15 años, la cantidad de beneficios otorgados pasó de 4,7 millones en 2009 a más de 7,4 millones en 2025. Esta expansión del andamiaje social se consolidó con una inversión pública constante de alrededor del 1% del PBI.

Sin embargo, el informe concluye que la ampliación de la cobertura responde más a la necesidad de contener a una población creciente en situación de vulnerabilidad que a la consolidación de un sistema universal, subrayando que el éxito de esta estrategia paliativa depende de la generación de crecimiento económico que reduzca la dependencia de la asistencia estatal.

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