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Billeteras virtuales, licencias laborales y régimen penal juvenil: los próximos desafíos del oficialismo en el Congreso

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La agenda política argentina entró en una etapa de definiciones tras la media sanción de la reforma laboral. En Infobae en vivo, el equipo de Infobae a la Tarde desglosó las estrategias, conflictos y prioridades que enfrenta el Gobierno para encaminar tres leyes clave antes del inicio de las sesiones ordinarias.

La mesa conformada por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé puso el foco en el hito parlamentario: “Primera vez desde el regreso de la democracia que hay una legislación laboral integral que consigue aprobar un gobierno, entonces, en democracia”, subrayó Jove al abrir el análisis. De inmediato, advirtió sobre el carácter provisorio del avance: “Un éxito a medias todavía, porque falta, por supuesto, lo que pase en la Cámara de Diputados”.

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La reforma laboral, aprobada en el Senado, enfrenta ahora una etapa decisiva en Diputados. El oficialismo busca evitar cualquier modificación que obligue a devolver el texto a la cámara de origen. “Hay dos temas que pueden llegar a ser ruidosos, complejos para el Gobierno, que pretende que se apruebe tal y como salió del Senado. Si en Diputados se hace cualquier cambio, tiene que volver al Senado”, explicó Jove, remarcando la fragilidad de los consensos logrados.

El desafío de blindar la reforma laboral en Diputados

Uno de los puntos que genera inquietud es la nueva regulación sobre licencias por enfermedad. “En lo que se terminó modificando y se votó, el empleado tendrá derecho a cobrar el cincuenta por ciento en caso de una licencia por enfermedad, por supuesta enfermedad, o accidente fuera del horario laboral”, detalló Jove. La referencia a “supuestas enfermedades” y la reducción salarial encendió alarmas en sectores sindicales y de la oposición.

El panel alertó que modificar ese articulado podría trabar el proceso legislativo. Paula Guardia Bourdin sintetizó: “Sería una pesadilla que esto vuelva para atrás y que se empiecen a tocar estos temas que ya estaban saldados en algún punto”. Ante la consulta de Tomás Trapé sobre el posible recorrido parlamentario, Manu Jove precisó: “Se vuelve al Senado sobre las modificaciones exactas, no sobre el completo de la ley. Todo aquello que no se modifique queda como está, ya no se puede cambiar”.

La dinámica legislativa impone una carrera contrarreloj para el oficialismo: “El Gobierno pretende que ambas cosas se aprueben antes de marzo, es decir, antes del periodo ya de sesiones ordinarias”, reiteró Jove.

El régimen penal juvenil: consenso para la sanción exprés

El segundo gran frente del oficialismo es el régimen penal juvenil. El texto, que ya obtuvo respaldo en Diputados, espera tratamiento en el Senado con pronóstico favorable. “No va a sufrir modificaciones o no debería. Están los consensos para conseguir la aprobación también en el Senado, sobre todo con esta nueva mayoría que consiguió el Gobierno y que quedó explícita con reforma laboral”, planteó Jove.

La clave del acuerdo fue la fijación de la edad de imputabilidad en catorce años, un punto que sumó apoyos desde sectores inesperados. “Hasta un sector del peronismo termina acompañando puntualmente el tema de la edad de imputabilidad”, describió el conductor, y subrayó la importancia de mantener los pactos alcanzados para garantizar la sanción definitiva.

El staff coincidió en que el Gobierno busca mostrar capacidad de gestión y control parlamentario, logrando que ambas leyes estén listas para la apertura de sesiones de Javier Milei en el Congreso.

Billeteras virtuales, bancos y los intereses cruzados en Diputados

El tercer eje de tensión atraviesa la regulación de billeteras virtuales y su relación con el sistema bancario. Paula Guardia Bourdin sintetizó el escenario: “Conflicto banco-billeteras virtuales”. Tomás Trapé sumó: “Está esta especie de grieta entre las billeteras virtuales, los bancos, sobre todo los bancos provinciales, que pertenecen a varios gobernadores. Hay intereses de por medio”.

El avance sobre el sistema de pagos digitales involucra a actores con fuerte peso político y económico. Manu Jove remarcó: “Un aliado estratégico del Gobierno, desde lo discursivo, pero también desde el apoyo concreto, por ejemplo, Marcos Galperín, hablaba de Mercado Libre como la billetera virtual que no te digo monopoliza, pero sí concentra buena parte de los usuarios en el mercado argentino”.

La intención del oficialismo es sumar esta regulación a la agenda extraordinaria de febrero. El panel advirtió que cualquier reforma que afecte al negocio de los bancos provinciales podría enfrentar resistencia de legisladores alineados con los gobernadores. “Si en Diputados se hace cualquier cambio, tiene que volver al Senado”, insistió Jove, resaltando la dificultad de blindar el texto original.

La posibilidad de que los salarios puedan cobrarse también en billeteras virtuales es uno de los puntos de mayor disputa. Frente a la incertidumbre, el staff coincidió en que el oficialismo deberá negociar cada voto para evitar que la normativa se diluya en modificaciones sucesivas.

Milei prepara nuevas reformas y reabre el debate sobre el sistema electoral

Mientras avanza sobre las leyes clave, el Gobierno ya proyecta nuevas reformas: financiamiento universitario, reforma impositiva y cambios en el sistema electoral. “El Gobierno va a poner en agenda algunos temas como nueva ley de financiamiento universitario. Esto es más una estrategia que otra cosa, porque incluso con la intención de agregarlo la próxima semana en el periodo de la ventana, que queda abierta todavía hasta fin de febrero, de extraordinarias”, anticipó Jove.

El vínculo entre el secretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, y los rectores de universidades públicas suma tensión a la discusión. Jove describió: “No tiene la mejor relación en general con los dos rectores de universidades. Tiene, de hecho, públicamente se conoce, en particular, por ejemplo, con los referentes de la UBA, Emiliano Yacovitti, una enemistad declarada casi te diría y, a partir de eso, una relación bastante compleja”.

En materia tributaria, el oficialismo planea usar la sanción de la reforma laboral como plataforma para una reforma impositiva más amplia. “El planteo era reforma laboral primero para habilitar una reforma impositiva y que ese combo en algún momento, dicen, ya para el segundo mandato de Milei, si es que por supuesto se da, pero esto es en el marco y escenario optimista que ve el Gobierno, sobre todo por estos días, una reforma previsional”, explicó Jove.

También se reabre la discusión sobre el calendario electoral y la vigencia de las PASO. “El Gobierno ya propone, o por lo menos anticipa, que va a volver a poner en consideración la idea de suspender de vuelta, no eliminar, es decir, se vuelve a patear, a correr el arco, por lo menos por dos años más”, anticipó el panel. La estrategia oficialista apunta a introducir una reforma electoral más amplia, que incluya la boleta única a nivel nacional y una nueva ley de financiamiento de campañas.

El staff de Infobae a la Tarde concluyó que la agenda del Gobierno combina pragmatismo y ambición: “No tenemos algún tipo de especulación del año impar planteando esto, sino que lo hacemos ahora anticipándonos a todo lo que pueda ser visto de esa manera”, sintetizó Jove.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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