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El Gobierno giró a Diputados la reforma laboral y acelera para aprobarla antes del discurso de Milei el 1 de marzo

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El oficialismo aprieta el acelerador en el Congreso de la Nación. A los libertarios ya no solo les alcanza con tener la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur – Unión Europea aprobados sino que los quieren para antes del 1 de marzo, para que formen parte central del discurso del presidente Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.

En la Casa Rosada entienden que el efecto político de ambas medidas se lograría en su totalidad si Milei las puede nombrar en su discurso. Por eso hoy giraron el texto de la reforma laboral a Diputados y aceleran al máximo para cumplir con la fecha de cierre de las sesiones extraordinarias el próximo 27 de febrero.

Los libertarios ya están dejando trascender cómo quieren establecer el cronograma para las próximas dos semanas. Tanto en el Senado para darle sanción definitiva al tratado con el Viejo Continente y a la baja de edad de imputabilidad, como en la Cámara de Diputados, en donde buscará convertir en ley la reforma laboral.

En el caso de esta última, la primera intención que barajó el oficialismo era citar a las comisiones durante los feriados de carnaval pero desistieron. “Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar”, reconoció una alta fuente libertaria. En este esquema, la intención del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del titular del bloque de LLAGabriel Bornoroni, es citar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para el próximo miércoles 18 de febrero con la intención de dictaminar e ir rápidamente al recinto.

Sin embargo, para que esto suceda necesita resolver varios puntos. El reglamento establece que en extraordinarias se debe obtener dictamen 10 días antes de que finalice el período establecido por lo que se espera la publicación de un nuevo decreto del Presidente que estire las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.

Además, suponiendo que logran citar al plenario para el miércoles porque cuentan con los números para tener un dictamen de mayoría, tiene que sumar el quórum para ir al recinto, y la intención es que sea el jueves 19 de febrero.

En la Comisión de Presupuesto el oficialismo tiene 18 diputados y se suman los aliados con 2 del PRO, y se le suman el MIDEncuentro FederalProducción y TrabajoIndependenciaInnovación FederalUCR y Elijo Catamarca con un miembro cada uno, lo que le da un total de 27 firmas sobre un total de 45 miembros. En el caso de Legislación del Trabajo tiene 11 propios más 2 del PRO y 1 de la UCR sobre un total de 28 miembros. Para poder tener el dictamen de mayoría necesita 37 firmas, algo que alcanzaría si lo acompañan todos los socios.

Pero el problema que deberá resolver es la intención de ir al recinto el jueves 19 de febrero porque desde los sectores de la oposición se muestran reacios a que una ley de este peso tenga un tratamiento exprés. “En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo”, explicó un diputado de la oposición. “Más escribanía no se consigue si hacen eso, los que se llenaban la boca de republicanismo están cada vez más selectivos”, agregó en referencia a los sectores del PRO y del radicalismo que se quejaban del kirchnerismo y de su tratamiento express de los temas cuando el peronismo era mayoría.

Pero LLA no sólo enfrenta la negativa de los opositores de ir a un tratamiento tan simplificado de la reforma laboral sino que también encuentra resistencia de los socios que, además, proponen modificaciones. Así lo dejó en claro Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, quien adelantó que van a pedir cambios en el proyecto de ley que llegó con media sanción del Senado.

“Lo quieren apurar porque tienen miedo que el PRO les meta un cambio y tenga que volver al Senado, por eso quieren sesionar la semana que viene así le dejan una semana a Patricia Bullrich para poder ir al recinto antes del 1 de marzo”, explicó un diputado K.

En paralelo, Patricia Bullrich también impone su ritmo en el Senado de la Nación y tiene la intención de llamar a las comisiones el miércoles a Relaciones Exterior y el jueves Acuerdos para el pliego de Fernando Iglesias y a la tarde la de Justicia para el régimen penal juvenil.

La Libertad Avanza necesita dictaminar la semana que viene si quiere tener esas leyes el 1 de marzo ya que necesita 7 días de plazo entre el dictamen e ir al recinto, por lo que Bullrich y su bloque está acelerando los pasos para poder contar con los textos ingresados en la Cámara Alta y citar a las comisiones.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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