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El Gobierno ultima los detalles de la estrategia para blindar la reforma laboral ante la posible judicialización

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Con la media sanción en Senado de la Nación de la reforma laboral, el Gobierno ultima los detalles de la estretegia que desplegará para blindar la norma que obsesiona al presidente Javier Milei ante los potenciales embates judiciales que descartan que ocurrirán. Según confirmó a Infobae una fuente inobjetable involucrada en el diseño de la misma, vaticinan que el caso terminará de definirse en la instancia de la Corte Suprema.

De conquistarse la aprobación completa durante las sesiones extraordinarias y la posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, en Casa Rosada anticipan que se abrirá una instacia de presentaciones judiciales que, detectan, nacerán de la propia Justicia y de los gremios.

Para hacer frente al accionar judicial, un equipo de legales diseña desde hace meses la estrategia definitiva, que mantienen bajo llave, que utilizarán. En la tarea coordinan la Secretaria de Legal y Técnica, que lidera María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), que lleva al frente a Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, en cabeza del secretario, Sebastián Amerio. Todos del riñón del asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista”, precisó una voz con acceso al despacho presidencial en alusión al ministro del Máximo Tribunal, el constitucionalista Horacio Rosatti.

Con el antecedente del amparo judicial presentado por los gremios al capítulo laboral de la Ley de Bases, en el oficialismo descuentan que los puntos que mayor conflicto despertarán en el sindicalismo son la prelación de convenios de empresas, item que establece que los acuerdos de empresa de una provincia prevalecerá por sobre uno del ámbito nacional; la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo; la redefinición del cálculo de indemnizaciones; entre otras cuestiones.

Asimismo, detectan que el propio Poder Judicial cuestionará la determinación de Nación de transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del Decreto 95/2026, el Gobierno le otorgó la potestad al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para firmar acuerdos de traspaso. El conflicto reside en la disputa por el ejercicio del poder real sobre los tribunales laborales y se originó con la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.

Hasta entonces, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control Nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado, algo que la Corte Suprema sostuvo que debería ser una determinación temporaria. “No corresponde que la justifica intervenga porque está en la Constitución, los fallos de la Corte avalan esto y es el deber ser de un sistema federal”, argumentó una fuente judicial al tanto.

En los últimos años, tras la aprobación en la Legislatura porteña de las leyes que reorganiza la justicia laboral local y que fija un nuevo Código Procesal para el fuero del Trabajo, la Ciudad avanzó con la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por seis magistrados y diez juzgados de primera instancia.

En el ecosistema violeta denunciaron que la justicia laboral “ha sido cooptada”, y aseguran que se dedicó a “atentar” contra las pymes. “Estamos a favor de los derechos laborales, pero en contra que 5 jueces digan que la ley no les gusta y apliquen la suya propia”, arremetió un voz calificada.

Pese a que en la previa de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) solicitó una audiencia con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; la vicepresidenta Victoria Villarruel; y representantes de otros bloques, el oficialismo avanzó con su tratamiento en la sesión y obtuvo media sanción a la espera de su aprobación definitiva en Diputados hacia finales de febrero.

En paralelo, en la administración libertaria reafirman la vigencia de la proyecto de “Modernización”, mientras trabajan en los últimos retoques de la hermética estratégia judicial. “Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder”, sentenció ante Infobae uno de los involucrados.

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Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

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La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.

“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.

Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.

Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo. Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.

Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.

Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.

Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.

A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.

Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.

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El Gobierno busca potenciar la actividad legislativa: el semáforo de las reformas prioritarias para Milei

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“No podemos tener el Congreso paralizado por el tema”, se quejó semanas atrás un funcionario ante Infobae. El jefe de Gabinete seguía siendo Manuel Adorni y la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito complejizaba los planes del Gobierno. Tras su carta de renuncia, la administración libertaria parece haber retomado la iniciativa legislativa y advierte que la segunda etapa del año estará marcada por la actividad en el Congreso de la Nación.

Fue el propio Poder Ejecutivo el que fijó las claves y estableció que la hoja de ruta estará compuesta por la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. A la tríada, se suma además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la que trabajan el Presidente junto a Santiago Bausili y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

“La idea es intensificar la agenda legislativa para lo que resta del año”, afirmó un integrante del reducido círculo ante este medio.

Una muestra de esa decisión fueron las dos reuniones con diputados y senadores que convocó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas. En sintonía, la mesa política comenzó a reunirse semanalmente, una nueva dinámica establecida tras el reacomodamiento del Gabinete.

Para la tarea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acomodó las piezas y conformó un nuevo equipo con el que buscará impulsar la sanción de la mayor cantidad de proyectos enviados y de dar curso al “año más reformista de la historia” como anunció Milei en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.

Hasta ahora, el único proyecto que tiene fecha es el de Propiedad Privada, que podría tratarse el próximo jueves en la Cámara de Senadores si el oficialismo logra el quórum necesario para dar por iniciado el debate. También es el que genera mayor expectativa en las filas libertarias.

“No nos sobran los votos pero creemos que la sacamos el jueves”, planteó un integrante de la mesa política ante este medio. “Patricia (Bullrich) está semi confiada”, completó otro.

En segundo término, también se muestran expectantes ante las modificaciones que la administración libertaria aspira a implementar en la Ley de Inocencia Fiscal“No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo“Debería ser la más fácil de aprobar”, coincidió un legislador ante este medio.

Lo cierto es que el Gobierno debió postergar dos veces su tratamiento en el Senado por diversos motivos. Primero, en el marco de la sesión en la que se trató el pliego de María Verónica Michelli. La segunda, a raíz de los intentos de la senadora Patricia Bullrich por desarticular el tratamiento por la interpelación a Adorni que buscaba la oposición.

La situación es distinta respecto de los otros dos proyectos en carpeta y en el oficialismo lo saben. “Zonas Frías y Reforma Electoral es más complejo”, alertó un diputado libertario. Con algunos metros de distancia, en uno de los despachos de Balcarce 50, coincidieron en el planteo. “Zonas Frías está fría y la Reforma Electoral se está masajeando”, graficó un funcionario para revelar el estado de situación legislativa.

Una importante voz con acceso al despacho presidencial sostuvo que la reforma electoral solo se aprobará si La Libertad Avanza habilita la posibilidad de trazar un “acuerdo global” con los gobernadores que involucre además conversaciones de tinte electoral. Una alternativa de ese tipo se baraja en el campamento libertario que se muestra permeable a encadenar las necesidades.

“Los dos temas están para salir. Estamos en un buen momento del gobierno y en una buena relación con los aliados. Todos entienden la racionalidad en la modificación de zonas frías y del apoyo que hay en la reforma política, particularmente la eliminación del espacio, pero bueno, hay que terminar de generar las alianzas para que salgan los proyectos”, planteó un legislador ante este medio.

En paralelo, el diseño de las modificaciones del sistema electoral, incluso la propuesta de “colectoras” como alternativa, abre debate en torno al apoyo de los aliados. El PRO parece haber advertido que no tiene planes de acompañar la eliminación o suspensión de las primarias, lo que generó el malestar en los alfiles libertarios que detectan una movida del titular de la fuerza, Mauricio Macri, para sumar poder en las potenciales conversaciones electorales.

“No tienen nada. Cuando Macri andaba con la lengua afuera, hablaba de la necesidad de eliminar las PASO. Ahora parece que se olvidó”, sostuvo un funcionario con visible malestar. El libertario hace referencia a las expresiones del exmandatario en 2017, en el marco de las elecciones legislativas, cuando en declaraciones al Canal 9 de Salta rechazó el mecanismo. “No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad”, sostuvo en aquel entonces.

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Kicillof acordó con La Cámpora los representantes en el Consejo de la Magistratura y resta negociar por la Corte

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En medio de la discusión interna del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillofdecidió respetar los lugares que el kirchnerismo tiene en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Este martes, se publicó en el Boletín Oficial la designación de seis abogados como representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Allí hay leales al gobernador bonaerense, nombres del esquema del entramado judicial del kirchnerismo y referencias a los intendentes peronistas.

El decreto publicado en el Boletín Oficial da cuenta que Kicillof designó a su Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, como representante del Ejecutivo. Tal como había adelantado Infobae, el mandatario optó por un funcionario de su confianza que hasta el momento no formaba parte del organismo que se encarga de elegir candidatos para cubrir cargos judiciales en la provincia de Buenos Aires.

Pérez Teruel maneja los menesteres jurídicos de la Provincia y desde hace tiempo viene trabajando con Kicillof. Su nombre es uno de los que están sobre la mesa para la negociación por la Corte provincial. Sin embargo, hoy no hay garantías políticas de que ese objetivo prospere.

Entre los representantes por el Poder Ejecutivo para el Consejo de la Magistratura, también renovarán su mandato el subsecretario de Asuntos Municipales, Santiago Révora y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini. Révora es un exdiputado provincial que siempre estuvo cerca de la agenda judicial. Forma parte del esquema del senador nacional Eduardo de Pedrode hecho, son primos. Pellegrini es funcionario del Ministerio de Justicia de la provincia, que comanda Juan Martín Mena. Al igual que Révora, también forma parte de la esfera de De Pedro.

En el decreto que lleva la firma de Kicillof, del ministro Mena y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también se designó a Gabriela Demaría como consejera suplente; al igual que a Ana Laura Ramos y Gustavo Gamino. En esas designaciones también hay un pie de los intendentes de los distintos sectores del peronismo. Demaría, ex senadora provincial, forma parte del esquema que viene tejiendo el llamado Grupo AFA. Cuando era legisladora, respondía directamente al hoy diputado provincial y exintendente del Partido de La Costa, Juan Pablo De Jesús. Ramos es una leal al intendente de La Plata, Julio Alak, que despliega sus influencias por distintos ámbitos como el Partido Justicialista bonaerense o el armado político de Kicillof en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), además de sus intenciones de pelear por una candidatura provincial en 2027.

También el esquema político de La Matanza retiene presencia en el Consejo de la Magistratura, ya que Gustavo Gamino es un abogado de La Matanza, donde gobierna Fernando Espinoza. Gamino fue uno de los que impulsaron la creación del Colegio de Abogados de La Matanza, entidad que hoy está alineada al intendente y a la vicegobernadora, Verónica Magario. Formó parte del Estudio Jurídico del entonces intendente de La Matanza, Alberto Balestrini. Su llegada al Consejo de la Magistratura fue impulsada por el Secretario Legislativo del Senado, Mariano Díaz Ordoñez, uno de los apoderados del PJ bonaerense por la línea de Magario y yerno de Balestrini. En 2022, Gamino había llegado al Consejo de la Magistratura para reemplazar a Gustavo Dutto, otro matancero del espacio Espinoza-Magario.

Estos nombres se sumarán al resto de los representantes del Poder Ejecutivo. Hasta el momento los únicos consejeros eran el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, como titular, y el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar, quien responde al intendente de La Plata y ocupa uno de los cargos suplentes.

Las designaciones se pliegan a las que se acordaron este martes en la Cámara de Diputados bonaerense. En sesión ordinaria, la Cámara baja provincial votó a Mariano Cascallares y a Sofía Vanelli como consejero titular y suplente, respectivamente, en representación del Poder Legislativo. Son parte de las designaciones que venían demoradas por la interna del peronismo. Cascallares también renueva credenciales, ya que ocupaba una silla como consejero. El intendente, en uso de licencia de Almirante Brown, era uno de los apellidos por los que empujaba Kicillof, al punto de que se intentó que su designación fuera vía Senado y no por la Cámara de Diputados, ya que el bloque de Fuerza Patria en el Senado —al que le corresponden cuatro lugares— tenía solo tres abogados, condición excluyente para formar parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, una de las alternativas que contaba con el aval del gobernador era garantizar las cuatro plazas de esta manera.

Vanelli, es una diputada que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Las conversaciones entre el ex ministro de Economía y el gobernador bonaerense se aceitaron en las últimas semanas.

Por lo pronto, en el Senado solo se resolvió nombrar a los senadores Sergio Berni y Fernando Coronel como representantes por el oficialismo -Berni titular y Coronel suplente- y a la libertaria María Luz Bombaci por la oposición. El sector no oficialista no muestra acuerdo aún para la designación restante. Esta semana habrá sesión en la Cámara alta y podría haber novedades.

Tras el acuerdo por los lugares en el Consejo de la Magistratura —de los pocos en el marco de la interna peronista— , lo que sigue es una negociación más compleja por el carácter perpetuo que representan las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

Hoy la Corte funciona con tres de sus siete miembros originales. Las vacancias son una preocupación para los cortesanos vigentes. Meses atrás, el presidente de la Corte, Sergio Torres, hizo una demostración de poder interna cuando presentó un proyecto de ley para ir hacia la autarquía del Poder Judicial. En ese evento, le reclamó al Poder Ejecutivo y Judicial que manden los nombres para cubir las vacantes. “Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete”, fue lo primero que dijo Torres en aquella oportunidad. “Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, prosiguió. “Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años”, planteaba en otro pasaje.

La negociación por las vacantes en la Corte bonaerense está en punto muerto y no incluye solo al peronismo. Primero se necesitarán los votos en la Legislatura. Esos votos, admiten distintas terminales; se deberán conseguir puertas afuera de la Legislatura y forman parte de un acuerdo político. La Libertad Avanza, que ya colocó una representante en el Consejo de la Magistratura, busca tener representación en el máximo tribunal, al igual que la UCR y el PRO.

Hoy el peronismo se visualiza en tres sectores: el MDF, el Frente Renovador y el kirchnerismo. Sin embargo, en el ámbito bonaerense, quienes quieren sumarse como un bloque homogéneo y autónomo son los intendentes del Grupo AFA. No solo para las candidaturas del año que viene, sino también para acelerar el proceso de ocupación de lugares estratégicos en la botonera del poder político y judicial bonaerense. De momento, los votos no están.

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