El proyecto de modernización o reforma laboral que impulsa la Casa Rosada será, por las próximas semanas, el centro de todas las negociaciones políticas del oficialismo. Fue esa la motivación que impulsó a que se reuniera por primera vez en el año la Mesa Política, la reunión de estrategia política de los principales funcionarios del Gobierno.

Se trató de un encuentro que duró algo más de dos horas y que fue presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su despacho de la planta baja de la Casa de Gobierno. La composición de la mesa la completaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La novedad de este caso fue que estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo. El responsable del programa económico suele asistir en ocasiones puntuales y cuando la situación lo amerita. Este pareció ser el caso.

Y es que la reforma laboral tiene apartados que inciden sobre asuntos económicos como la recaudación tributaria. En ese caso particular, la baja de ciertos tramos del impuesto a las Ganancias para las sociedades incide en una baja de la recaudación que tiene efectos directos sobre la cantidad de dinero recaudado para la coparticipación. Esto es mirado de cerca por diversos gobernadores, quienes ya le hicieron saber a varios de los integrantes de la mesa chica que desearían poder acompañar la reforma, pero con ciertas concesiones en ese plano.

“Toto” estuvo la primera mitad de la reunión opinando principalmente sobre esa materia y fue el primero en irse. Los demás se quedaron repasando esa misma agenda y abordando otras medidas que no fueron reveladas a la prensa. Se supone que la Mesa Política fue creada para tratar asuntos y líneas de acción en estricta confidencialidad, y que de esos encuentros suele trascender poco y nada.

Uno de los integrantes que estuvo allí comentó a Infobae que se trató de una reunión “muy amena” y que la reforma laboral fue uno de los temas centrales que se abordaron.

Ante la consulta de este medio con tres fuentes que participaron de la mesa chica, se puede percibir que en el Gobierno todavía no hay un acuerdo generalizado sobre cómo proceder con las negociaciones para los próximos días. Es decir, hay posiciones que indican que el margen que tiene la Casa Rosada para satisfacer el pedido de las provincias es mayor, mientras que otros buscan mostrar más intransigencia.

Por tomar un caso, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le pidió ayer al ministro Santilli que considerara el reclamo de varias provincias de que, solo por el 2026, el Estado Nacional se haga cargo de la merma de la coparticipación que producirá la baja de recaudación de Ganancias para las sociedades. Alegan que sería un gesto para compensar el ajuste de la Casa Rosada a las provincias de los últimos dos años y que se comprometen a reanudar sus compromisos a partir del 2027.

Un importante integrante del Gobierno indicó a Infobae que trabajará para no ceder sobre esa cuestión. “Lo que ellos pierden por recaudación, lo van a terminar ganando por generación de empleo y crecimiento económico”, marcó.

En la misma línea declaró ayer Santilli en una conferencia de prensa posterior a su encuentro con Cornejo. “Es verdad que hay un 0,15% que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos. Pero cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15%”, marcó.

Al terminar la mesa política, otra fuente inobjetable opinó en sentido contrario sobre la intransigencia con los gobernadores. Indicó que “no hay que adelantarse” y que “es muy apresurado” dar definiciones contundentes sobre la estrategia libertaria.

Una de las principales justificaciones que utiliza el oficialismo para movilizar esta nueva legislación es que el sistema laboral actual está signado por una alta informalidad. Según datos oficiales, esta llegó al 43,2% en el segundo trimestre del 2025. El sector más golpeado es el que llega a los 29 años, con casi 6 de cada 10 personas sin un trabajo registrado.

Pero el Gobierno también indica que la aprobación de la Modernización Laboral es una de las señales clave que mira el mercado como para evaluar si la economía está avanzando o no hacia un sendero de reformas clave y que, según ellos, tienen amplias posibilidades de dinamizar la economía.

En la mesa chica del Gobierno no dudan: “No hay manera de que la reforma laboral no salga. Es necesario para Javier [Milei]. Sea un texto con mayor cantidad y calidad de artículos o con menos, tenemos que hacer ver que estamos en condiciones de aprobar medidas ambiciosas”.

Se trata de un pedido explícito del presidente Javier Milei a toda la cúpula del Ejecutivo para cumplir con la hoja de ruta económica y política que diagrama y revisa desde la Quinta de Olivos. El libertario quiere que salga lo antes posible, aunque sin poner en riesgo las principales medidas, para que se continúe con la progresión del resto de las reformas. Después de que se defina esta, es altamente probable que se siga con la tributaria.

Pero hay un componente adicional que hace que Milei busque que se tramite en primer lugar. “Para comenzar a tratar la reforma previsional te tienen que dar los tiempos del nuevo mercado laboral”, le ha explicado a interlocutores usuales. Considera que el 2026 no será suficiente y que recién desde 2027 habrá tiempo como para iniciar el debate de esa legislación: una como consecuencia de la otra.

En el corto plazo, este viernes comenzará a funcionar en el Senado una comisión técnica, la cual liderará la asesora bullrichista Josefina Tajes, que trabajará con los bloques que acompañan al oficialismo y analizará las objeciones a la reforma laboral de la CGT y entidades empresariales. Tal como le dijo Bullrich a Infobae, hay disposición política para negociar con la central obrera aspectos nodales del proyecto para facilitar la sanción.

Tal y como publicó Infobae, el Gobierno se resistirá a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleados sean agentes de retención de la cuota de afiliación. Sí están abiertos a liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes, a suavizar la reglamentación del derecho de huelga y, como mínimo, a debatir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió el año político ante un grupo de intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con una reunión en el distrito costero de Villa Gesell. Allí, bajo el agobiante calor propio de mediados de enero, el mandatario provincial delimitó los desafíos de su espacio político para el corto y mediano plazo. Planteó la necesidad de modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes; auguró que quien comande el Partido Justicialista bonaerense —que el 15 de marzo debería renovar sus autoridades— debe respaldar al gobierno que conduce y enfatizó en que 2026 hay que ir hacia la construcción de una alternativa de oposición al gobierno de Javier Milei que trascienda a la provincia de Buenos Aires.
Sobre la reinstauración de las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, el mandatario ratificó lo dicho por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a fines del 2025: que en este año, el gobierno bonaerense insistiría por la modificación la norma que limita la reelección de intendentes a solo un período más y que luego de completado el segundo mandato queden imposibilitados para ir por un tercer mandato. Según reconstruyó Infobae, el gobernador argumentó que tal como está la ley le “facilita el camino a la fuerza de Milei y nos deja a nosotros con el mejor candidato afuera” en los distritos. Fue en referencia al intendente o intendenta en cuestión, que en 2027 no podrá presentarse por otro período si no se cambia la ley en la Legislatura bonaerense. Hoy, solo con los votos del peronismo no alcanza.
Son 82 jefes comunales que en las próximas elecciones cumplirán los dos mandatos consecutivos al frente de la intendencia y no podrán ser reelectos. La gran mayoría del peronismo; pero también los hay de la UCR, el PRO y hasta La Libertad Avanza, como es el caso de Diego Valenzuela —hoy en uso de licencia en la intendencia de Tres de Febrero—, pero que gobierna ese distrito desde 2015.
En la reunión que organizó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, escuchaban algunos de sus pares de distritos grandes como Fernando Espinoza de La Matanza o Mariano Cascallares (hoy diputado provincial y en licencia como jefe comunal de Almirante Brown); la vicegobernadora Verónica Magario, intendentes de la Quinta sección electoral y parte del gabinete más leal políticamente al gobernador como Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno), Estela Díaz (Mujeres y Diversidad) o Walter Correa (Trabajo). Además de funcionarios del riñón kicillofista: Cristian Girard (ARBA), Juan Cuattromo (Banco Provincia), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Augusto Costa (Producción). Todos los que un rato antes habían acompañado a Kicillof en la Conferencia de Verano. De hecho, antes de finalizar la reunión, Kicillof le cedió la palabra a Espinoza, que optó por no agregar nada. Interpretó que todo lo importante en materia política ya lo había dicho Kicillof.

Conforme, el matancero también había escuchado de parte de Kicillof y Magario que era relevante el proceso de renovación de autoridades que en semanas se llevará adelante el PJ bonaerense que hoy preside Máximo Kirchner. Hubo escasas referencias a la expresidenta, Cristina Kirchner; aunque el gobernador sí hizo hincapié en las diferencias con las que convive el peronismo en la provincia que gobierna. “Pensé que se iba a hablar de la reforma laboral. En la última reunión del Consejo, Máximo invitó a Cristian Gerónimo de la CGT y la reforma laboral estuvo como tema central. En la agenda del MDF brilló por su ausencia. Acá veo que hicieron un internismo bobo. Más casta no se consigue”, planteó un referente cristinista a este medio.
En otro tramo del encuentro, Magario fue quien detalló cómo viene la carrera por la renovación de autoridades del PJ bonaerense. Allí, Kicillof planteó que quien vaya a conducir el partido tiene que respaldar explícitamente las políticas del gobierno bonaerense. Es decir, el mandatario buscará intervenir en esa discusión. La opción que el MDF pone sobre la mesa es la vicegobernadora. Otro tema atendible es la situación de los PJ locales. En el encuentro en Villa Gesell se acordó que la posición del espacio es que donde haya intendentes peronistas, los mismos tengan injerencia, peso en la definición para que no haya internas. Sucede que la renovación de autoridades del PJ que preside Máximo también alcanzará a los peronismos locales. En 2021 hubo internas en algunos distritos en donde sí se llevaron adelante algunas compulsas por la conducción del peronismo.
Como viene relatando este medio, la vicegobernadora trabaja por presidir el PJ bonaerense a partir del 15 de marzo. En los últimos días, recepcionó en el Senado afiliaciones físicas de distintos distritos que, esperan, se sumen al padrón que se exhibirá el próximo 22 de enero. Sin embargo, la junta electoral del partido —que la propia vicegobernadora integra— explicitó que las afiliaciones válidas serán las que fueron cargadas hasta el 30 de diciembre del 2025 y que cuentan con soporte papel; con lo cual el traslado de afiliaciones que distintos referentes territoriales realizaron esta semana puede haber sido inocuo a los efectos buscados.

También volvió a plantear que hay que trabajar en la construcción de una alternativa nacional para llegar con un programa propio a la elección del 2027. En el encuentro, el concejal de Mar del Plata, Gustavo Pulti, le pidió que empiece a nacionalizar su discurso.

El Poder Ejecutivo Nacional publicó este viernes a la madrugada un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual autorizan al presidente Javier Milei a ausentarse del país para cumplir con actividades oficiales relevantes, aun sin la ley específica del Congreso para 2026 que exige la Constitución Nacional.
La decisión, adoptada “en acuerdo general de ministros”, aparece pocos días antes de dos compromisos internacionales centrales para el mandatario: la esperada firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que se celebrará el 17 de enero en Asunción, Paraguay, y su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, entre el 19 y el 23 de este mes.
La medida se encuadra en el artículo 99, inciso 18 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente solo puede abandonar el territorio nacional con autorización del Congreso, salvo en casos justificados de servicio público y cuando el Parlamento no se halle en sesiones. Según lo expuesto en los considerandos del decreto, “los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación han finalizado el 30 de noviembre de 2025 y el 30 de diciembre de 2025, respectivamente”. No existe a la fecha una norma que habilite el permiso correspondiente para que el titular del Ejecutivo se ausente del país, una situación que ya motivó medidas similares en años previos (decretos 162/2023, 50/2024 y 17/2025).
De esta manera, en el considerando de la norma, remarcaron la “imperiosa necesidad de representar al Estado nacional en el ámbito internacional”, lo que, afirman, “resulta impostergable e imprescindible para el mejor posicionamiento de nuestro país dentro del concierto de las naciones”. El decreto enfatiza la centralidad de los compromisos que debe asumir el presidente en su carácter de jefe de Estado.

El decreto lleva las firmas de Milei y de todos sus ministros Manuel Adorni, Diego César Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti, Luis Andrés Caputo, Alejandra Susana Monteoliva, Mario Iván Lugones y Sandra Pettovello, establece en su artículo 1: “Autorízase al titular del Poder Ejecutivo Nacional a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026”. La autorización entró en vigencia desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial.
El decreto aclara que se comunicará a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, de acuerdo con la Ley N.° 26.122, que regula la intervención legislativa respecto de los decretos de necesidad y urgencia sancionados por el Ejecutivo.
Mercosur y UE: las claves del acuerdo de libre comercio
La próxima firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur marca el desenlace de uno de los procesos diplomáticos más extensos entre bloques regionales. Este acuerdo, calificado por Pablo Quirno como el “más ambicioso” en la historia de ambos bloques, abrirá un acceso privilegiado de los países suramericanos a la UE, que es la tercera economía mundial y abarca un mercado superior a los 450 millones de personas, lo que implica cerca del 15 % del producto bruto global.
El respaldo definitivo llegó cuando el Consejo de la Unión Europea, entidad donde participan los Gobiernos de los 27 países miembros, adoptó por mayoría la decisión de autorizar la firma. En este contexto, Quirno subrayó el impacto inmediato para los países fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, ya que el acuerdo contempla la eliminación de aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur a Europa y la concesión de acceso preferente para otro 7,5 % de los envíos. De este modo, el 99 % de las exportaciones agrícolas del bloque obtendrán ventajas directas.

El proceso hacia este consenso se originó con la firma de un acuerdo marco de cooperación en 1995, que entró en vigor en 1999. Sin embargo, las negociaciones técnicas para un tratado de libre comercio se inauguraron formalmente en Buenos Aires en abril del año 2000. Durante más de 30 años, el diálogo atravesó etapas marcadas por desacuerdos notables, especialmente en torno a los sectores agrícolas e industriales, así como a cuestiones ambientales y las denominaciones de origen, que postergaron consecutivamente el cierre definitivo.

A través de la red social X, Quirno describió el pacto como “histórico” y enfatizó que “los miembros del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global”.