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Política Nacional

Carta del presidente Alberto Fernández a los argentinos

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El presidente de la Nación escribió una carta a los argentinos en el marco de la cuarentena total.

Querido pueblo argentino,

El mundo atraviesa una amenaza. Y la Argentina también está en riesgo. La pandemia del Coronavirus se expande a gran velocidad en muchos países. Es el problema de salud más grave que hemos tenido en toda nuestra vida democrática.
Acabo de decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población.
Una decisión excepcional en un momento excepcional.
Nuestra máxima responsabilidad es proteger a la sociedad argentina. Por eso, después de escuchar a los expertos, las fuerzas políticas, a los gobernadores he decidido:
Restringir la circulación. Cada uno y cada una se quedará en su propia casa. Nadie tiene que entrar en pánico. Necesitamos serenidad. Pero todos deben asumir la responsabilidad de cumplir con la obligación de aislarse. Todos podrán proveerse en los comercios de cercanía de la alimentación, de los medicamentos y de los artículos de higiene y limpieza. Quienes concurran a esos establecimientos deben recordar guardar las distancias mínimas.
He decidido adelantar el feriado del 2 de abril, un día tan importante para nuestro país, al 31 de marzo. Ese día culminará un aislamiento temporario que comenzará a las 12 de la noche de hoy.
La circulación estará restringida tanto en las rutas nacionales como dentro de las ciudades de todo el país. Sólo se permitirán traslados por cuestiones excepcionales, además de toda la circulación que continuará para garantizar la producción imprescindible, el abastecimiento, los servicios de salud y todos los servicios esenciales. Se mantendrá el transporte público de pasajeros sólo para uso de quienes están exceptuados de cumplir el aislamiento. Se mantendrá el sistema de cajeros electrónicos y el traslado de caudales.
Desalentaremos que la gente se suba a automóviles y circule por la vía pública. Se harán verificaciones y constataciones sobre los motivos por los que cualquier persona o automóvil está transitando. Quien no pueda justificarlo será sancionado.
La evolución de la situación será evaluada por expertos, sociedades científicas y el gobierno de modo constante. Nos manejamos con la sabiduría de ese dicho popular que dice: “más vale prevenir que curar”.
Todas las medidas más temprano que tarde.

En los últimos diez días nos hemos anticipado tomando unas 30 medidas y acciones clave para abordar esta crisis, reducir la velocidad de los contagios, para reforzar el sistema de salud, atender a los trabajadores, jubilados y grupos más vulnerables, proteger a las Pequeñas y Medianas Empresas.
Todas estas medidas también han sido complementadas por disposiciones de intendentes, gobernadores, empresas privadas, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales y voluntariado en general, que apuntan a dos frentes prioritarios: garantizar al máximo posible la salud pública de la población. Y mitigar los efectos sociales y económicos adversos sobre la producción.

La lucha contra la expansión del Coronavirus tiene en todo el mundo a dos protagonistas: al Estado y a las poblaciones. El compromiso de los ciudadanos y ciudadanas es decisivo, ya que está científicamente comprobado que el seguimiento de las recomendaciones de higiene y aislamiento impactan significativamente en el crecimiento o no de la cantidad de contagios.
En esta pandemia cuidarnos es aislarnos. Reducir al máximo el contacto social y la circulación.
Es una lucha contra un enemigo invisible, para salvar vidas.
Si la sociedad fuera indiferente ante esta amenaza, según los científicos la mayoría de los argentinos se contagiaría de coronavirus.
Ante esta crisis no hay lugar para actitudes individualistas: necesitamos mantener el distanciamiento social evitando salir de nuestras casas. Ninguna medida logrará el impacto que deseamos si no se comprende la necesidad de cumplir las recomendaciones y esta nueva normativa. Ante esta amenaza somos co-responsables. Nuestro destino depende de cada uno. Y de todos.
Los estoy convocando a todos a extremar su propia responsabilidad. Mi propia responsabilidad es garantizar que el Estado cuide la salud y la vida de los argentinos.
Por eso, las fuerzas de seguridad harán cumplir estrictamente toda la normativa vigente para proteger a toda la población argentina. Con aquellos que pongan en riesgo la salud de los argentinos, el Estado será implacable. Haré cumplir la ley con rigor para salvar vidas. Seremos muy estrictos en asegurar que cuidamos a nuestra gente.

En Argentina todavía estamos a tiempo de evitar que esta pandemia sea incontrolable. Para eso necesitamos el compromiso de todos. El mensaje es claro: menos traslados, menos contagios. Menos contacto, menos contagio. Cuidémonos entre todos y todas. Vamos a ser extremadamente responsables.
El aislamiento implicará un cambio enorme en nuestra vida cotidiana. Desafiará nuestra capacidad de convivencia y permanencia en el hogar. Tenemos un desafío de comunicación y encuentro.

Esta decisión es fuertemente democrática. Es una democracia que apela a medidas de excepción en base a su propia legislación para estos casos. Es una democracia que une a fuerzas políticas, sociales, gremiales, productivas y religiosas. Es una democracia que une a las autoridades de todas las jurisdicciones. Es la Democracia que busca reducir el daño en el pueblo y salvar la mayor cantidad de vidas posibles.
Esta decisión no es una vacuna, ni una solución milagrosa. Quizás algunos esperan un milagro del estado de emergencia y que todo se resuelva en un minuto, un día, una semana, un mes.
Yo no vengo a hacer ninguna promesa imposible ante la emergencia. Nosotros nos apoyamos en el conocimiento de nuestros científicos, los expertos de todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud, la información que nos brindan todos los países.

Sabemos, como dije, que en las próximas semanas los casos aumentarán. Pero también sabemos que nuestro objetivo es que el contagio no se dispare de modo exponencial. Nuestro objetivo es que el daño sea el menor posible. Salvar la mayor cantidad de vidas. Y movilizaremos toda nuestra energía y nuestras capacidades para lograrlo.
Esta decisión no reemplaza a nuestra lucha diaria, al Sistema Nacional de Salud, a las capacidades de las familias para tratar de limitar el contagio.
Será una lucha de meses y estaremos evaluando permanentemente.
En el próximo mes hay mucho en juego respecto de cómo va a evolucionar el contagio en el país. Es una lucha desigual contra este enemigo invisible.
Hay un desafío logístico inmenso: tenemos que lograr la mayor cantidad de camas, respiradores, personal médico y paramédico, alimentación, higiene y lugares de albergue para tener los instrumentos que nos permitan combatir esta pandemia global.
Las vidas y la salud exigen también atender la economía. Por eso, hemos tomado medidas para apoyar a las empresas más afectadas, para proteger a los trabajadores y a las personas más vulnerables.
Vamos a seguir produciendo. Nadie debe entrar en pánico. Las medidas para reducir el contagio son compatibles con el mantener nuestro abastecimiento y nuestra economía.

Además del coronavirus, hay otros enemigos invisibles.
El desánimo social frente a una lucha larga. Puede haber desánimo cuando los casos detectados suban en los próximos días. Los expertos ya nos informaron que subirán. Pero debemos tener presente que las medidas que tomamos hoy tendrán efectos positivos más adelante. El objetivo es que la pandemia sea gobernable, que el incremento de los contagios sea compatible con nuestro sistema de salud.
En ciertos momentos, las batallas parecerán difíciles de ganar. Pueden estar seguros que hoy el Estado argentino asume un compromiso: nada podrá debilitar nuestra lucha colectiva. Nada.
Esta emergencia sanitaria nos exige a los argentinos reconocernos y valorarnos como comunidad. Valorar a los enfermeros, los médicos y todo el personal sanitario que ya está abordando la pandemia. Valorar a quienes con su trabajo construyen nuestros hospitales. Valorar a quienes producen alimentos y quienes trabajan para que haya viandas suficientes para los niños y las familias más necesitadas. Valorar a los miembros de las fuerzas militares y de seguridad que hacen cumplir la ley y cooperan con las tareas logísticas. Valorar a las organizaciones gremiales y empresarias que brindan soporte para incrementar la atención en el sistema de salud de emergencia. Valorar a los comunicadores sociales y a los emprendedores tecnológicos y científicos que están buscando maneras creativas de hacer frente a esta situación inesperada.
Valorar a cada uno y a cada una. Cada uno de nosotros depende del otro, del vecino, del comerciante, de los trabajadores del transporte, de quienes hacen trabajos domésticos remunerados y no remunerados.
Somos una sola comunidad.
Y vamos a dar esta lucha, vamos a movilizar todas nuestras fuerzas como comunidad argentina. Será una lucha que nos exija esfuerzos, templanza, tolerancia, solidaridad y cooperación. Y mucha responsabilidad.
Esta será la prueba más exigente que la Argentina haya tenido en lo que va del siglo. En esta lucha necesitamos producir cambios culturales. Tenemos que cambiar hábitos. Muchas cosas que disfrutamos, como el mate o el abrazo, las suspenderemos por un tiempo. Y otras cosas que en realidad sufrimos, quizás podemos cambiarlas para siempre. Ahora nos ponemos todas las fuerzas sociales, religiosas y políticas a trabajar juntos para el mismo lado.

Sólo la unidad permitirá vencer en este momento.
Somos una comunidad. El coronavirus nos ataca a todos, sin distinciones. Responderemos sin distinciones. Una Argentina unida para enfrentar este desafío.
Responsabilidad, solidaridad y comunidad son las consignas. Esta es la palabra del Presidente de todos los argentinos. Me eligieron para ser el primer responsable, en los momentos buenos y malos, de todos los argentinos.
Nos aislamos por un tiempo para salvar a cada uno, para salvar a nuestros hijos, a nuestros abuelos. Para salvar a otros.
Quiero confesarles algo. Cuando veo médicos, enfermeros, obreros, trabajadores, profesionales, personal administrativo haciendo esfuerzos para enfrentar esta situación, innumerables veces en estos días he sentido muchas ganas de abrazarlos. No sólo no pude hacerlo, tampoco podré hacerlo pronto. Enfrentemos esto como una sociedad responsable. Sabemos que nos va a golpear. Trabajemos para amortiguar y reducir los daños. Si lo logramos, podremos mirarnos a los ojos, estar orgullosos de nosotros como sociedad y entonces sí, darnos ese abrazo.
Somos la Argentina. Y superaremos este enorme desafío que nos impone la Historia.

Muchas gracias.

Fuente (casarosada.gob)

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AySA deberá esperar 60 días antes de cortar el agua por falta de pago

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El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó un nuevo Reglamento del Usuario para los servicios de agua potable y desagües cloacales de AySA, que establece nuevas condiciones para los cortespor falta de pago, amplía las instancias de atención y fija plazos para responder reclamos.

La normativa también incorpora mecanismos de protección para hogares con dificultades económicas y reconoce la intervención del organismo regulador ante incumplimientos de la empresa que brinda servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 26 partidos del conurbano bonaerense, alcanzando a unos 14 millones de habitantes.

Uno de los principales cambios está relacionado con la deuda de los usuarios residenciales. Antes de avanzar con el corte del suministro, AySA deberá aplicar una restricción temporal del servicio de agua potable durante un plazo mínimo de 60 días corridos. Esta medida consiste en limitar el caudal entregado a cada unidad funcional y busca darles tiempo a los hogares para gestionar su incorporación al Programa de Tarifa Social o acordar un plan de pagos con la empresa.

El reglamento también establece que AySA no podrá cortar el servicio de desagües cloacales a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS. Además, no podrá aplicar restricciones ni cortes cuando exista un acuerdo de pago vigente o una orden expresa del organismo regulador.

La protección alcanza también a hospitales, sanatorios y cárceles, considerados usuarios sensibles, y a quienes tengan vigente el beneficio de la Tarifa Social. En los casos en que se compruebe que una restricción o corte fue improcedente, la empresa deberá restablecer el servicio dentro de las 48 horas y compensar al usuario con una suma equivalente al 3% del importe de la última factura por cada día de demora.

Tarifa Social y atención al público

El nuevo reglamento incorpora expresamente el Programa de Tarifa Social, que contempla tres modalidades: Tarifa Social, Caso Social y Tarifa Comunitaria. Entre sus beneficios incluye descuentos en las facturas, planes de regularización de deudas sin intereses ni recargos y facilidades para pagar los cargos de conexión. La duración del beneficio será de 12 meses, con posibilidad de renovación.

En materia de atención, AySA deberá mantener su sede central y contar, como mínimo, con una oficina fija de atención presencial y una unidad móvil de rotación diaria en cada región y subdivisión operativa de la concesión: Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los casos de facturación incorrecta, el usuario tendrá garantizada la continuidad del servicio mientras se resuelve el reclamo, siempre que haya abonado la última factura consentida. Si se comprueba que pagó de más, AySA deberá ajustar la factura o compensar los importes, con los intereses correspondientes. Además, no podrá cobrar recargos ni intereses durante el período en que haya excedido el plazo establecido para responder.

Calidad y continuidad del servicio de AySA

En cuanto a la prestación, se establecen metas para atender problemas de infraestructura y funcionamiento. Entre ellas, se fija un plazo de 24 horas para resolver desbordes cloacales en la vía pública en tiempo seco y taponamientos cloacales. Para las interrupciones no programadas del servicio de agua potable, la concesionaria deberá alcanzar la resolución dentro de las 48 horas en al menos el 95% de los casos.

Cuando una interrupción del suministro de agua potable supere las 18 horas continuas desde que la empresa tomó conocimiento o recibió la denuncia de un usuario, deberá garantizar el abastecimiento de emergencia, con prioridad para los usuarios sensibles.

La aprobación del reglamento se produjo luego de un proceso de revisión que incluyó observaciones de la Sindicatura de Usuarios, la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Defensoría del Pueblo de la Nación y asociaciones de consumidores. La Sindicatura había cuestionado 23 artículos del proyecto original presentado por AySA por considerar que algunas disposiciones podían representar un retroceso en los derechos de los usuarios.

Fuente: Agencia DIB

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Martín Lousteau defendió el rol de los impuestos y advirtió: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”

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Martín Lousteau cuestionó la idea de que pagar impuestos sea equivalente a un robo y planteó que los tributos son necesarios para sostener los derechos y servicios de los que se beneficia una sociedad. Para explicar su posición, comparó el sistema tributario con la cuota de un club: un aporte que permite financiar instalaciones y servicios que utilizan todos sus integrantes, aunque no hayan participado de su construcción.

Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista puso en discusión el argumento que identifica a los impuestos con una pérdida individual y propuso centrar el debate en qué se financia con esos recursos, quién debe pagarlos y cómo los administra el Estado.

“Me gusta pensar que el impuesto es como la cuota de un club. Vos pagás una cuota porque pertenecés a un lugar, pertenecés a una comunidad, pero estás usando cosas de ese club”, explicó.

Como ejemplo, enumeró las instalaciones que utilizan los socios sin haberlas construido: “Vos no hiciste la pileta, no hiciste la cancha de fútbol, no hiciste la cancha de rugby, no hiciste el gimnasio. Estás usando algo que construyó otro en otro momento”.

A partir de esa comparación, sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuestionar el pago de impuestos, sino incluir el costo de los servicios y la calidad de su administración. “Cuando alguien va a la asamblea de un club, no dice: ‘La cuota es un robo’. En todo caso, discutirá si es cara o no, si se puede administrar mejor o si hay que arreglar tal o cual cosa”, señaló.

La reflexión surgió después de que en el programa se reprodujeran declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido al Estado como una “organización criminal” y a los impuestos como “un robo” y “una rémora de la esclavitud”. Lousteau cuestionó esa concepción y advirtió que el debate también debe contemplar los servicios y las instituciones que se sostienen mediante la recaudación.

El costo de garantizar los derechos individuales y sociales

Lousteau cuestionó la distinción entre los derechos individuales y los derechos sociales. Según explicó, las libertades vinculadas con la propiedad, la vida y la expresión también requieren recursos públicos para poder ejercerse.

“Para que vos puedas tener derecho a la vida tiene que haber policía, un sistema jurídico, un sistema penitenciario e infraestructura”, afirmó.

El economista extendió el argumento al derecho de propiedad. “Para que tengas derecho a la propiedad tiene que haber jueces y leyes. Para que tu propiedad valga lo que vale, tiene que haber iluminación pública, una calle y gas”, enumeró.

También señaló que la libertad de expresión necesita instituciones que protejan a quienes la ejercen y que la libertad religiosa requiere mecanismos para evitar persecuciones y agresiones.

Para ilustrar su planteo, recordó el incendio de Westhampton, ocurrido en agosto de 1995 en el estado de Nueva York. Según relató, el fuego permaneció fuera de control durante 36 horas y demandó un operativo que involucró a fuerzas locales, estaduales y federales, además de bomberos voluntarios y equipos militares y civiles.

“Fuerzas locales, estaduales, federales, 1.500 bomberos voluntarios, equipos militares y civiles gastaron millones y millones de dólares. No se murió nadie y no se perdieron propiedades”, recordó.

Para Lousteau, el episodio demuestra el costo que implica proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de las personas. También comparó esa respuesta con la actuación ante catástrofes en la Argentina y mencionó el caso de Bahía Blanca.

Su cuestionamiento apuntó a lo que considera una contradicción: mientras se discute cuánto cuestan las jubilaciones, la educación o las pensiones por discapacidad, no suele ponerse el mismo énfasis en los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la justicia y la propiedad privada.

“Parece que lo otro no cuesta, pero los derechos sociales sí cuestan”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que reducir impuestos no elimina el costo de las prestaciones públicas, sino que puede trasladarlo a otros sectores de la sociedad. “Cuando vos lo que hacés es bajarle impuestos al que más tiene, no es que el costo de proveer derechos desaparece, sino que empieza a haber desfinanciamiento”, planteó.

El economista también cuestionó algunas decisiones tributarias del Gobierno. Como ejemplo, mencionó el aumento del impuesto a las Ganancias y lo contrastó con las reducciones aplicadas a los vehículos de alta gama, los yates y Bienes Personales, además del blanqueo de capitales.

De todos modos, aclaró que su posición no implica defender cualquier impuesto ni cualquier nivel de recaudación. Para Lousteau, también es necesario discutir cómo se distribuyen los recursos y qué gastos deben tener prioridad.

La gestión del Estado y las prioridades del gasto público

Otro de los puntos de la columna estuvo centrado en la administración de los recursos. Lousteau sostuvo que el Estado no solo necesita financiamiento, sino también capacidad para prestar servicios de calidad.

Para explicar el problema, recuperó una comparación atribuida al jurista Carlos Nino: si una institución debe entregar leche a diez niños y de repente tiene que atender a cien, necesita producir las 90 porciones adicionales. Si no consigue los recursos para hacerlo, la alternativa es diluir la leche y reducir su calidad.

El economista utilizó ese ejemplo para cuestionar el funcionamiento de los servicios públicos y la falta de planificación para responder a una mayor demanda.

“Nuestro Estado parece que, en lugar de gestionarse bien y garantizar esos derechos, diluyó la calidad de los bienes que brindamos”, sostuvo.

También recordó un discurso del expresidente uruguayo José Mujica, quien al asumir había señalado que la educación sería la primera, segunda y tercera prioridad de su administración. Lousteau destacó especialmente otra parte de aquella intervención: la necesidad de definir a qué políticas se les debe decir que no para poder financiar las que se consideran prioritarias.

El planteo apuntó a que la discusión presupuestaria no puede limitarse a enumerar derechos o prometer prestaciones. También requiere establecer prioridades y garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.

En ese contexto, cuestionó la interpretación del superávit fiscal como un resultado que necesariamente representa una mejora para todos los sectores. “Cuando el Estado dice que pasó a superávit, en el fondo le pasó el déficit a las familias”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a los hogares que deben endeudarse cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y a las pequeñas y medianas empresas que recurren al crédito cuando caen sus ventas.

La informalidad laboral y el financiamiento de las jubilaciones

Lousteau también advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de empleo registrado para el sistema previsional. Al referirse a la discusión sobre cómo incrementar los recursos destinados a las jubilaciones, explicó que los trabajadores en relación de dependencia realizan aportes diferentes de los correspondientes al monotributo.

“El trabajo en relación de dependencia es el que más aporta a la jubilación”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la reducción de los puestos registrados compromete los ingresos futuros del sistema. “A medida que perdés trabajadores en relación de dependencia, más problemas vas a tener a futuro para pagar las jubilaciones”, advirtió.

El economista remarcó que el traslado de trabajadores hacia modalidades de menor contribución o directamente hacia la informalidad representa un problema fiscal. “Estás generando un problema fiscal muy grande con el principal gasto que tiene cualquier Estado moderno, que es el sistema previsional”, afirmó.

También rechazó que ese cambio responda necesariamente a una elección de los trabajadores. “No es que hay un deseo profundo de decir: ‘Quiero ir a ser Rappi’”, sostuvo.

Para ilustrar esa situación, contó el caso de una persona que evaluaba cerrar su emprendimiento de venta de ropa y debía buscar otra actividad para sostener sus ingresos. Según planteó, la pérdida de empleos y el cierre de pequeños negocios pueden empujar a más personas hacia ocupaciones informales, con consecuencias sobre los aportes al sistema jubilatorio.

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La CGT saldrá a la calle por la crisis de las obras sociales y definió cómo será su protesta sin paros en diciembre

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La CGT ya definió su calendario de protestas hasta fines de año: el jueves próximo realizará una marcha por la crisis de las obras sociales ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y, a mediados de diciembre, innovará al promover un cese de actividades de 2 o 4 horas, con asambleas en los lugares de trabajo.

Así lo definió este jueves la mesa chica cegetista, que se reunió en la sede del Sindicato del Seguro, Carlos Pellegrini 575, en donde se analizó la estrategia que seguirán en las próximas semanas, que incluye aquellas dos acciones, pero sus máximos líderes están a la espera de una posible convocatoria del Gobierno al diálogo, instancia que se reabrió durante la visita del Papa.

Al encuentro asistieron, además del anfitrión, Jorge Sola, titular del Sindicato del Seguro, los otros dos cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), más Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros. Ausentes con aviso: Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), quien está en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Suiza.

La medida más inminente es, como anticipó Infobae, la movilización del jueves 26 ante la sede de la SSS, en Bartolomé Mitre al 400, para reclamar al Gobierno una solución urgente a la aguda crisis financiera de las obras sociales, que los expertos de la CGT califican de “casi terminal” porque ocasiona cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

En los últimos meses, los jefes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, pero los dirigentes aseguran que el ministro sigue sin responder a las propuestas que efectuaron para superar la crisis.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes sindicales, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

La marcha ante la SSS será, además, una forma de no perder la iniciativa ante Luis Barrionuevo (gastronómicos), que le ganó de mano a la CGT y anunció que unos 50 gremios harán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, según denuncia, retiene unos $688 mil millones de pesos que corresponden al sistema de obras sociales.

En la reunión de este jueves, además, se avanzó en la organización del cese de actividades parcial (de 2 o 4 horas) que proyecta la CGT para mediados de diciembre. Aclaran que no será un paro porque en este caso contemplará la permanencia en los lugares de trabajo, donde se promoverá la realización de asambleas.

Será una medida de fuerza original para una CGT acostumbrada a concretar paros generales. Contra Javier Milei ya hizo cuatro y ahora definió que el eventual quinto paro general, si se hace, será el año próximo.

A fines de octubre, en la anterior reunión de la mesa chica cegetista, en su versión ampliada, se resolvió postergar otro paro general y concretar otra modalidad de protesta que permita visibilizar sus reclamos sin afectar a los trabajadores con la pérdida salarial del día o del presentismo para quienes adhieran a la medida.

“No se le puede joder la vida a la gente”, dijo ese día un líder sindical a sus pares al justificar la propuesta de efectuar acciones que no perjudiquen al trabajador.

Pero, además, la conclusión de algunos líderes cegetistas es que “el paro general no cambia nada” porque Milei no rectificará ninguna de sus medidas por una protesta sindical. Es más, creen que el paro general servirá para que ataque a la CGT y lo utilice como una herramienta electoral para apalancar su proyecto de reelección.

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