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La CGT saldrá a la calle por la crisis de las obras sociales y definió cómo será su protesta sin paros en diciembre

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La CGT ya definió su calendario de protestas hasta fines de año: el jueves próximo realizará una marcha por la crisis de las obras sociales ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y, a mediados de diciembre, innovará al promover un cese de actividades de 2 o 4 horas, con asambleas en los lugares de trabajo.

Así lo definió este jueves la mesa chica cegetista, que se reunió en la sede del Sindicato del Seguro, Carlos Pellegrini 575, en donde se analizó la estrategia que seguirán en las próximas semanas, que incluye aquellas dos acciones, pero sus máximos líderes están a la espera de una posible convocatoria del Gobierno al diálogo, instancia que se reabrió durante la visita del Papa.

Al encuentro asistieron, además del anfitrión, Jorge Sola, titular del Sindicato del Seguro, los otros dos cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), más Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros. Ausentes con aviso: Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), quien está en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Suiza.

La medida más inminente es, como anticipó Infobae, la movilización del jueves 26 ante la sede de la SSS, en Bartolomé Mitre al 400, para reclamar al Gobierno una solución urgente a la aguda crisis financiera de las obras sociales, que los expertos de la CGT califican de “casi terminal” porque ocasiona cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

En los últimos meses, los jefes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, pero los dirigentes aseguran que el ministro sigue sin responder a las propuestas que efectuaron para superar la crisis.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes sindicales, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

La marcha ante la SSS será, además, una forma de no perder la iniciativa ante Luis Barrionuevo (gastronómicos), que le ganó de mano a la CGT y anunció que unos 50 gremios harán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, según denuncia, retiene unos $688 mil millones de pesos que corresponden al sistema de obras sociales.

En la reunión de este jueves, además, se avanzó en la organización del cese de actividades parcial (de 2 o 4 horas) que proyecta la CGT para mediados de diciembre. Aclaran que no será un paro porque en este caso contemplará la permanencia en los lugares de trabajo, donde se promoverá la realización de asambleas.

Será una medida de fuerza original para una CGT acostumbrada a concretar paros generales. Contra Javier Milei ya hizo cuatro y ahora definió que el eventual quinto paro general, si se hace, será el año próximo.

A fines de octubre, en la anterior reunión de la mesa chica cegetista, en su versión ampliada, se resolvió postergar otro paro general y concretar otra modalidad de protesta que permita visibilizar sus reclamos sin afectar a los trabajadores con la pérdida salarial del día o del presentismo para quienes adhieran a la medida.

“No se le puede joder la vida a la gente”, dijo ese día un líder sindical a sus pares al justificar la propuesta de efectuar acciones que no perjudiquen al trabajador.

Pero, además, la conclusión de algunos líderes cegetistas es que “el paro general no cambia nada” porque Milei no rectificará ninguna de sus medidas por una protesta sindical. Es más, creen que el paro general servirá para que ataque a la CGT y lo utilice como una herramienta electoral para apalancar su proyecto de reelección.

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El Senado sancionó el Tratado de Patentes y la ley de propiedad privada con tope a venta de tierras a extranjeros

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El Senado sancionó este jueves, con 47 votos -22 en contra-, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, y que Diputados devolvió en agosto pasado, en segunda revisión. Además, durante el convite en el recinto obtuvo luz verde -42 adhesiones y 26 rechazos- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con el 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y un 30% por nacionalidad, más el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo.

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Villarruel definió los nombres del Senado para el Consejo de la Magistratura: el PJ tendrá una silla más que LLA

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La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó esta tarde un decreto que eleva al Consejo de la Magistratura los cuatro representantes por la Cámara alta. Como anticipó Infobae semanas atrás, las previsiones numéricas que acompañaban al bloque kirchnerista/peronista derivaron en dos sillas para dicho espacio, una para La Libertad Avanza (LLA) y, la restante, para la Unión Cívica Radical (UCR). Esto implica una derrota para la secretaria general de Casa Rosada, Karina Milei, quien peleó sin éxito por dos butacas para el oficialismo.

De esta manera, por el PJ irán Florencia López (La Rioja) y Eduardo de Pedro (Buenos Aires); por LLA, la karinista Nadia Márquez (Neuquén); y, por la UCR, el bonaerense Maximiliano Abad. Como contó este medio tiempo atrás, la oficialista también estaba apalancada por Balcarce 50 para quedarse con la comisión de Acuerdos, algo a lo que se oponen en muchos despachos y ya dan como imposible que ocurra.

Para sellar el asunto, Villarruel se basó en un dictamen solicitado ayer, en la reunión de Labor -donde se coordinó la sesión de hoy-, al secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian. Apareció en las últimas horas y allí se especificó, con detalle, la diferencia que mantuvo el peronismo no sólo con el recambio legislativo de diciembre de 2025, sino también con los guarismos actuales.

En el decreto se argumenta: “Según las comunicaciones recibidas en Presidencia, a la fecha en que se produjeron las vacantes el Bloque Justicialista contaba con veintidós (22) integrantes, el Bloque La Libertad Avanza con veintiuno (21) y el Bloque Unión Cívica Radical con diez (10). El mismo orden resultaba de la composición de la H. Cámara al 10 de diciembre de 2025, fecha de incorporación de los senadores electos en la última renovación (22, 20 y 10, respectivamente)”.

Semanas atrás, los kirchneristas volvieron a realizar la picardía de elevar el número de su bancada con la reincorporación del riojano Fernando Rejal, que resultó ser un manoseo innecesario. La gran pregunta que todos se hacen en la Cámara alta es, en el fondo, quién fue la persona a la que se le ocurrió esa idea. Las versiones más sólidas apuntan a un despacho que no es peronista. Al parecer, el Ejecutivo aún no lo sabe, ya que prefiere gastar energía en limar a la única interlocutora que los aliados avalan, que es Patricia Bullrich (Capital Federal), hoy líder del espacio en el Senado.

Los suplentes de López y De Pedro serán los kirchneristas Sergio Uñac (San Juan) y Martín Soria (Río Negro); de Márquez, el salteño y titular de la comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita (Salta); y de Abad, el jefe de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes).

El desenlace aquí se contrapone a la compleja realidad por estas horas de Diputados. Allí, el karinista Martín Menem no definió aún y la trifulca por una de las cuatro butacas por la Cámara baja fue, en parte, motivo de la caída de la sesión de ayer por falta de quorum. Una derrota evitable y que impidió, por sobre todas las cosas, avanzar con el proyecto de soberanía de las Malvinas, que impone sanciones a empresas que exploten recursos petroleros.

La norma establece que “los presidentes de La Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de Los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación Legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”. El Consejo de la Magistratura es un organismo trascendental ya que, desde allí, se realizan los concursos para cargos judiciales. Lo comanda el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

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El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad con los cambios que pidió la oposición

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El Senado sancionó esta tarde una nueva ley de discapacidad que dejaría atrás la emergencia en el área, la cual vence a fin de año. La iniciativa, que obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra, sostiene la mayoría de los puntos del sistema actual que la Casa Rosada tuvo que conceder a la oposición en Diputados, como mantener la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otras cuestiones.

“La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación -de ese tipo- se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, señaló el libertario y titular de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (Capital Federal), quien ofició de miembro informante. “No es un proyecto de un solo sector”, intentó justificar el porteño para disfrazar lo ocurrido en la Cámara baja y que, de manera insólita, el Gobierno buscó modificar días atrás en el Senado, antes que se dictaminara el texto.

“Era imprescindible por el vencimiento, pero no quiere decir que no falten cosas por hacer”, respondió la opositora y presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien manifestó su “preocupación” por la ejecución de las decisiones a través de oficinas de la ANSeS. En ese sentido, planteó que hoy existen “427 centros para todo el país” y advirtió: “No creo que tengan la capacidad operativa. En la provincia de Buenos Aires está el 42,9% de ellos”.

Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), un médico siempre atento a las partidas involucradas y costos fiscales -semanas atrás quedó muy mal parada la gestión local que tanto vanagloria por el alto impacto allí de Ingresos Brutos, uno de los peores tributos provinciales-, mencionó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y un gasto estimado de $600.000 millones para el corriente año, mientras que Monteverde citó al mismo organismo y habló de 1,2 billones de pesos para 2027.

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en Diputados -el Gobierno cedió en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantiza que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallan partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se prevén compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclara que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo de la norma sancionada se introducen mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por su parte, la radical Mariana Juri (Mendoza) dejó en claro que los inconvenientes por fondos mencionados por kirchneristas no fueron “solamente desde el inicio de este gobierno”. “Se han ido perdiendo paulatinamente las partidas, si analizamos los presupuestos de años anteriores”, sentenció la experimentada legisladora.

Al final de su discurso, Juri enfatizó: “Deberíamos estar atentos a que el Presupuesto -2027, aún en Diputados- tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”. Seguido a ella, su colega bonaerense Maximiliano Abad direccionó la mira hacia la “operatividad” que los beneficiarios “no terminen en la justicia”.

Otra sección importante del articulado es que establece que, si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días. Sobre estos ítems alertó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien además resaltó la necesidad de seguir de cerca las próximas auditorías.

Durante la discusión hizo uso de la palabra la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), quien dijo: “La discapacidad no tiene color político. Podemos seguir de emergencia en emergencia o podemos construir un sistema que funcione de forma permanente, con reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que den confianza”.

Cierres

“La dignidad de una persona con discapacidad y la de su familia no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. La esperanza no puede tener fecha de vencimiento”, expresó el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones).

El macrista destacó que, en su provincia, que hay casi un 6% de habitantes que cobra, según datos oficiales, la pensión por invalidez. Más del doble del promedio nacional. Y destrozó al Frente Renovador -no es el massista- que maneja hace décadas el poder local -que defienden a rajatabla los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut–: habló de una estructura “clientelar” y puso el ejemplo de un municipio con cerca de 19% de certificados. Siete veces más la media en el país. Vergonzoso.

Desde el kirchnerismo, Juliana di Tullio (Buenos Aires) aseveró que el mileísmo, desde que comenzó su gestión, citó a auditoría al 91% del universo total y que sólo suspendió 141. “Dejen de decir que las personas con discapacidad mienten”, bramó. Y observó que se le “deben casi 80.000 palos -en referencia a millones de pesos- a los prestadores”. Y finalizó: “Es un estado inútil o cruel. O ambas cosas”.

La última palabra fue la de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). “Sin duda que detrás de esta ley hay familias que han tenido situaciones difíciles, pero ha habido situaciones de falsedad”, sostuvo.

Bullrich puso énfasis en el “acuerdo político y social”, y deslizó: “Todos hablan del Papa -León XIV-, pero nadie puede desarmar la violencia en el discurso”. La porteña apuntó a condiciones “mucho más adecuadas de las votadas en emergencias y parches”, y reconoció que “ambas partes tenían una parte de la verdad”.

Guiño a los hermanos Milei

Tras meses de incertidumbre y dilación, el pleno aprobó el pliego que promueve el ascenso del -polémico- General de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Es el jefe de la Casa Militar y persona de confianza de los hermanos Milei y, hace poco, tomó el control de la Quinta de Olivos. Logró 59 votos a favor, tres en contra -los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés– y la abstención de la salteña Flavia Royón.

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