La Argentina rechazó hoy que el Reino Unido califique como un intento de “socavar” derechos su decisión de recurrir al arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y defendió el uso de los mecanismos legales previstos en el tratado para proteger sus derechos soberanos sobre los recursos naturales en disputa en torno a las Islas Malvinas.

A través de un comunicado, difundido este jueves, la Cancillería respondió a las críticas del gobierno británico sobre la legitimidad del proceso arbitral impulsado por Buenos Aires, en el marco del conflicto por el proyecto de extracción petrolera Sea Lion, en la Cuenca Norte de las Malvinas, descontento que la subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran le trasladó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, este miércoles.

Según el gobierno argentino, someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”, y remarcó la importancia de que los países comprometidos con el estado de derecho resuelvan sus diferencias “no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes aceptaron libremente”.

Ambos países son Estados partes en la CONVEMAR. Al ratificarla -recordó la Cancillería- ambos asumieron las obligaciones establecidas en la Parte XV de la Convención, que regula los mecanismos de solución de controversias. Bajo esa norma, cuando las preferencias de foro de las partes no coinciden —Argentina eligió el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) con sede en Hamburgo y el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia— el caso se dirige, por defecto, a un tribunal arbitral de cinco miembros conforme al Anexo VII del tratado.

En sus redes sociales, Kumaran caracterizó el recurso argentino como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”. La Cancillería rechazó esa descripción de plano: “Nada más alejado de la realidad”, se sostuvo en el texto.

El foco de la disputa es el proyecto Sea Lion, que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum planean desarrollar a unos 220 kilómetros (137 millas) al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte, con reservas estimadas de 1.700 millones de barriles y producción prevista para 2028.

El eje del comunicado fue una inversión del argumento británico. Si Londres sostiene que sus actividades hidrocarburíferas en el área se realizan “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Convemar”, entonces un tribunal internacional es precisamente el ámbito para demostrarlo, razonó la Cancillería. “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, señaló el texto. La Argentina, agregó, “ha puesto su caso en manos de jueces independientes, tal como la Convención faculta a hacerlo”.

El procedimiento judicial fue anunciado por Milei el pasado 28 de septiembre. El canciller Pablo Quirno notificó formalmente a Londres ese mismo día, y la Argentina otorgó al Reino Unido dos semanas para detener las actividades vinculadas a Sea Lion; de no hacerlo, Buenos Aires solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo.

Más allá de la disputa, Quirno aclaró que el objetivo del arbitraje es acotado: frenar la extracción unilateral de hidrocarburos en el área, no resolver la disputa de soberanía territorial. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a la explotación de hidrocarburos”, afirmó el canciller.

El comunicado también cuestionó la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos para fundamentar sus posiciones. Argentina señaló que las Naciones Unidas no han aplicado ese principio a los actuales habitantes de las islas en el contexto de la disputa de soberanía, y que el propio ordenamiento jurídico argentino reconoce el compromiso de respetar el modo de vida de los isleños, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

En materia de antecedentes normativos, el texto citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, que instó a ambos gobiernos a proseguir las negociaciones para encontrar una solución pacífica, y la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras ese proceso permanezca abierto. “La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo”, sostuvo la Cancillería.