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Círculo rojo: Milei encerrado en su sistema de toma de decisiones y los intereses cruzados en la casa matriz del PRO

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Según Javier Milei, todo se reduce a una conspiración en su contra: la investigación sobre el crecimiento patrimonial aún inexplicado de Manuel Adorni, el posicionamiento de Mauricio Macri, los números sobre la lenta y heterogénea recuperación de la actividad económica, las declaraciones de los consultores no alineados con el discurso oficial, los rechazos en el Congreso y las editoriales de los periodistas. También la guerra feroz y a cielo abierto entre Karina Milei, los primos Martín y Eduardo Menem, “Lule”, y Santiago Caputo y Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que creció gracias a los beneficios del consultor estrella del presidente, que esta semana alcanzó su máximo nivel de tensión por una disputa intrascendente en redes sociales que blanqueó por qué esa pelea no tiene retorno.

Pero la puja en torno a una cuenta atribuida al presidente de la Cámara baja, que alimentó el último capítulo de la interna, el más dañino, en una de las semanas con mejores noticias para el gobierno de los últimos meses -un par de victorias en Diputados, la publicación del EMAE con un crecimiento interanual en 14 de 15 sectores de la economía, el envío de una batería de proyectos al Parlamento y el casi seguro anuncio de la visita del Papa León XIV al país para noviembre próximo-, expuso además a un presidente incapaz de resolver una disputa entre sus dos principales colaboradores. La pregunta ya no es quién le miente a Milei, como deslizó públicamente el militante Daniel Parisini -una semana atrás se abrazó con el mandatario en los estudios del streaming Carajo-, si no quién cuida al Presidente.

El sistema de toma de decisiones de Milei arrastra desde hace tiempo serias deficiencias, y la guerra declarada de esta última semana terminó por desnudar esas falencias. El Presidente eligió la confabulación -dijo que la exposición del contenido de la cuenta Periodista Rufus con críticas durísimas sobre la gestión y, en particular, sobre Las Fuerzas del Cielo, había sido “algo prefabricado para generar un problema”– y la revalorización de la figura de Caputo -“es como un hermano para mí”, aseguró- para ocultar que no puede resolver la puja interna ni reconfigurar el triángulo de poder que diseñó a mediados del 2024 cuando echó a Nicolás Posse.

“Al menos se blanqueó la interna, ahora ya es un tema de ellos. Javier demostró que no puede hacer nada”, opinó un altísimo dirigente libertario que accede a la intimidad de los hermanos Milei y que sigue con preocupación la pelea, como el resto del gabinete. Este lunes volverán a verse las caras, tras el Tedeum en la Catedral.

Milei reformuló su esquema de toma de decisiones en mayo del 2024, cinco meses después de asumir, con la salida de Posse, que había desplegado un control casi total sobre la gestión. Hasta ese momento, Karina Milei se reservó para sí la estrategia política, la construcción de la estructura partidaria y la llave para acceder a la intimidad presidencial; Santiago Caputo, la comunicación y algunas gestiones especiales. Cuando salió eyectado Posse –¿intentó, sin éxito, volver a acercarse en los últimos tiempos a sus anteriores empleadores?-, el Presidente tuvo que reestructurar de urgencia la administración: con su hermana dedicada al partido, y ante la escasez de recursos humanos, delegó en su consultor principal buena parte de la gestión y, en especial, áreas muy sensibles de la administración, como ARCA, la SIDE, transporte y el control sobre empresas del Estado. Caputo se convirtió, durante todo el 2024 y parte del 2025, en un asesor todoterreno, concentró poder real, y se erigió, junto a un grupo selecto de colaboradores, como el interlocutor más sólido con el sindicalismo, el establishment empresario, los medios y el Congreso. También con la Justicia. Ese sistema colapsó el año pasado, en las elecciones de octubre, con el triunfo soberbio de La Libertad Avanza y el empoderamiento de la hermanísima, que se vio amenazada por el avance del consultor.

Fue en ese momento que Karina Milei ideó la contraofensiva, consolidó su relación con los Menem y decidió contrarrestar a su rival interno, primero en la estrategia política y el vínculo con el Congreso, después en el avance sobre la relación con la Justicia y más tarde en la supervisión de los gastos y el funcionamiento de la SIDE, con la jefatura de la comisión bicameral de fiscalización de ese organismo, ahora en manos de Sebastián Pareja. Antes de eso, obturó los intentos de Caputo de reservarse para su sector el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete con la elección de Diego Santilli Adorni, en este último caso, un experimento a todas luces fallido.

A Milei, esa guerra entre su hermana de sangre y su hermano de la vida lo sensibiliza: se dispara su propio índice de irascibilidad. Múltiples versiones dan cuenta de que, frente a la primera contraofensiva de su hermana, en Justicia –una jugada que dinamitó el statu quo del Poder Judicial y habilitó a un rediseño de los sectores en pugna con epicentro en la Corte Suprema y en Comodoro Py-, el Presidente volvió a reunirse con mayor frecuencia con su consultor estrella, y que incluso se declaró, puertas adentro, imposibilitado de frenar cualquier movimiento de su hermana.

Los motivos detrás de la incapacidad de Milei de frenar la sangría interna son múltiples, de acuerdo a las fuentes. Por fuera del costado emocional, el más recurrente es que necesita sí o sí de sus dos principales colaboradores. En el caso de Caputo pesan además, según las fuentes, los contactos que construyó con la administración republicana, y la capilaridad en un buen número de áreas de la gestión doméstica que incluyen, a las mencionadas, desde YPF y Salud a dependencias de Economía en las que ejerce una enorme influencia su hermano Francisco. Y licitaciones híper sensibles como la demoradísima del Belgrano Cargas o la hidrovía del río Paraná-Uruguay, la más importante de esta gestión. El reciente viaje a Washington estuvo teñido, como se contó en esta sección, con ese proceso: enviados de la administración norteamericana ya habían viajado al país el mes pasado, alertados por una posible injerencia china con una de las empresas oferentes.

Pero por fuera de esa interna descarnada que, contrario a lo que declaró Martín Menem, por ahora no se resolvió “en el vestuario”, Milei blanqueó con el tiempo un estilo de liderazgo muy particular, alejado de cualquier lógica conocida hasta el momento, atravesado por vaivenes emocionales y el contenido de sus relaciones personales. Ayer se confirmó, por ejemplo, que no se invitó a Victoria Villarruel al tedeum de este lunes. Milei privilegia afinidades a cualquier protocolo político e institucional. Existe un patrón común: no hay lugar para el disenso y, mejor aún, si se incluye una mimetización con el estilo presidencial. No importa si hay inexperiencia entre la dirigencia libertaria, o racionalidad. En una columna reciente publicada en el The New York Times, la abogada y periodista Amanda Taub analizó la influencia de lo que definió como “empleados mediocres” en los nuevos liderazgos globales y en procesos de pauperización de las democracias actuales. “Resulta que los aspirantes a autoritarios no necesitan dotar a sus regímenes de verdaderos creyentes ideológicos, ofrecer incentivos extremos ni imponer castigos draconianos para hacerse con el poder. Simplemente tienen que averiguar cómo captar a su mano de obra ideal: los frustrados y los mediocres”.

El Presidente, para colmo, evita involucrarse en áreas de la gestión que no le interesan. Alguna vez, en Olivos, frente a un grupo de interlocutores reconoció que, por fuera de las redes, solo le dedica tiempo a la economía, a la seguridad -en especial cuando Patricia Bullrich controlaba el ministerio- y a que Sandra Pettovello tenga todas las herramientas disponibles para llevar adelante la administración de Capital Humano. Es llamativo: hay rubros muy delicados por los que ni siquiera se interesa, como la SIDE. Es más: ni siquiera conoce al jefe de los espías, tampoco le llegan los reportes diarios. Está enfocado en la economía, que el jefe de Estado está seguro de que empezará a mostrar mejoras sostenidas en la diaria en los próximos meses. También su ministro de Economía, que, sin embargo, en la semana, en una entrevista televisiva, lanzó una frase muy sugestiva que pasó desapercibida: “Tenemos que recaudar más, seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, dijo. Traducido: ya tiene escaso margen para la motosierra. En abril, las partidas no indexadas dentro del gasto primario del Estado alcanzó el 30%, el nivel más bajo desde el 2008, según publicó el viernes la consultora Empiria, de Hernán Lacunza y Nicolás Gadano.

El affaire Santiago Caputo-Martín Menem expuso también un proceso de devaluación de la palabra presidencial. El último indicio había tenido lugar más de dos semanas atrás, cuando Bullrich pidió públicamente que Adorni presentara de manera urgente su declaración jurada. Fue el 6 de mayo por la tarde. Esa noche, desde el avión, de regreso de Estados Unidos, Milei pidió salir por televisión para explicar que, efectivamente, su jefe de Gabinete cumpliría “inmediatamente” con aquello que horas antes había spoileado la ex ministra de Seguridad.

Hasta ayer, sábado 23, no hubo novedades en la Oficina Anticorrupción. Durante la semana, su hermano Francisco, denunciado en la Justicia, tuvo que rectificar su propia declaración jurada. Pero pasó algo aún peor: Bullrich presentó su rendición patrimonial, una manera poco elegante de volver a diferenciarse del jefe de Gabinete.

Intereses cruzados en la casa matriz. En tándem, un grupo de dirigentes cercanos a la jefa del bloque de LLA en el Senado también se presentó en la OA para declarar los bienes y el patrimonio correspondientes al 2025, y el jueves, el subsecretario de Intervención Federal del ministerio de Seguridad, Federico Angelini, del PRO, referenciado en la ex ministra, presentó su renuncia al cargo.

Los movimientos de Bullrich de los últimos meses, y la crisis en el sistema de toma de decisiones y, con ello, el quiebre con un sector del establishment, hicieron que el círculo rojo empezara a mirar a la senadora con mayor interés de cara al 2027. “Si dependiera de ella, en su escala de prioridades, primero es presidenta, después vicepresidente y si no, se queda como senadora”, resaltó un dirigente cercano. Dicen, en su entorno, que no quiere ser jefa de Gobierno porteño, y que esa posibilidad no figura hoy entre sus prioridades, más allá de que en las últimas semanas volvió a recorrer la capital e incluso se mostró con Karina Milei en una reunión partidaria. “Te das cuenta que a Patricia no le interesa la ciudad, es forzado”, se sinceró un legislador que participó de aquel encuentro.

Colaboradores de la ex ministra explicaron, sin embargo, que es difícil pronosticar una aventura presidencial por fuera del proyecto libertario. Sin embargo, esta semana corrieron versiones de un posible operativo clamor, posterior al Mundial, encabezado por legisladores, y hasta se mencionó a la posibilidad de algunos gobernadores que podrían empezar a insinuar un experimento con la senadora a la cabeza. Alimentó esas suspicacias el lanzamiento de fines del mes pasado del Partido Popular Federalista -con alcance nacional- en la capital, en un restorán del centro, en manos de Pedro Braillard Poccard, vicegobernador correntino, como plataforma ofrecida a Bullrich, que tiene una relación muy fluida con la familia Valdés, en especial con el ex gobernador. “Partidos sobran, pero no es el momento”, abundaron desde el bullrichismo.

Lo cierto es que el escándalo alrededor del patrimonio de Adorni, que ya había puesto reparos durante la campaña del año pasado cuando aún no habían estallados las denuncias judiciales y todavía gozaba de cierta popularidad, complicó los planes porteños de La Libertad Avanza en un distrito, como la capital, decisivo para la alianza con el PRO, en el que se negocian múltiples intereses cruzados.

Es que es la primera vez en 20 años, desde que Mauricio Macri desembarcó en la ciudad de Buenos Aires hasta convertirla en la casa matriz del PRO, que ese partido que hegemonizó el territorio por dos décadas tiene chances reales de perderlo. Esa desesperación hizo que el año pasado el jefe de Gobierno, Jorge Macri, adelantara el calendario y llevara al PRO a una derrota categórica que implosionó el vínculo entre los primos que ya de por sí históricamente fue oscilante. Esa decisión tuvo el sello del catalán Antoni Gutiérrez-Rubi, cuyo contrato fue rescindido insólitamente por redes sociales tras el tropiezo electoral de mayo el 2025: la estrategia ahora está centralizada en Facundo Calegari, con muy buen contacto con el expresidente, tanto que alguna vez intentó un acercamiento entre el jefe del PRO y Santiago Caputo, al que también conoce muy bien.

En un sector del círculo rojo, y en sectores cercanos al expresidente, azuzan una posible candidatura presidencial de Macri en el 2027 que, para él mismo, tiene un solo objetivo: generar el mayor músculo político para llegar a una eventual mesa de negociaciones con el gobierno en la que pueda resguardar a la capital, el distrito que le dio sustento político y económico en estas dos décadas a la maquinaria del PRO y que lo catapultó a la Presidencia. Para Macri, retener la ciudad es una obsesión que lo desvela.

Una mejora en la percepción de la gestión y mayor debilidad por parte de La Libertad Avanza fueron las razones que llevaron al jefe de Gobierno a pensar en que los hermanos Milei podrían necesitar un acuerdo con él y su primo el próximo año. Por eso el alcalde derechizó su discurso -los estudios focales pedían mayor “nitidez”-, en paralelo a un mayor orden en su administración que fue posible, en buena medida, gracias a la intervención de Daniel Angelici“El Tano”, desde hace meses el hombre más influyente de la gestión local, desde el Ejecutivo y la Legislatura al Poder Judicial, con relación directa con los principales actores del ecosistema porteño: desde los Macri, Juan Manuel Olmos y Víctor Santa María a Horacio Rodríguez Larreta, los jefes del radicalismo, dirigentes y operadores de LLA y hasta Nicolás Caputo, que en su momento impulsó al expulsado Carlos Frugoni, con un paso por la administración de la capital. A propósito, el vínculo entre “Nicky” y el expresidente sigue mucho más frío que en los mejores años de Macri. Angelici trabaja para la reelección del jefe de Gobierno, aunque fuentes cercanas no descartan una apertura a negociaciones amplificadas.

En La Libertad Avanza juran que, por ahora, la hermana del Presidente niega de cuajo un posible acuerdo con el PRO como sí propicia, por ejemplo, Bullrich. Es más: en una reunión reciente con militantes digitales en Olivos, el propio Presidente ratificó que no quiere un acuerdo en la capital. Recomiendan seguir, por caso, a la diputada Lilia Lemoine, que es la voz de Milei, que le dedica cada tanto posteos muy duros al jefe de Gobierno. “Si la economía mejora y el presidente hace campaña, al que pongas va a ganar”, aventuró un referente libertario. A pesar de que la constitución porteña exige el 50 más 1 de los votos para sortear la segunda vuelta.

En ese contexto, Jorge Macri se reserva la potestad de fijar el calendario electoral. En usinas de la política porteña comenzó a circular últimamente que el jefe de Gobierno podría inclinarse por impulsar un cronograma concurrente o, en todo caso, ensayar un “súper domingo” junto a varios distritos controlados por gobernadores de la zona media como Córdoba o Santa Fe si, llegado el caso, se avanza en un experimento de centro como en su momento fue la experiencia de Juntos por el Cambio. Es parte de una serie de conversaciones que el expresidente Macri empezó a tener con algunos jefes provinciales como Martín Llaryora, a pesar de que varios de ellos aún no le confían al jefe del PRO.

El peronismo sigue con especial atención esos movimientos. Análogamente a la construcción de una alternativa nacional, todavía muy incipiente por fuera del proyecto de Axel Kicillof, en la capital se propiciaron en los últimos tiempos ámbitos de debate cruzados e hipótesis pre-electorales entre las que se incorporó a la figura de Rodríguez Larreta, decidido a intentar volver a la Jefatura de Gobierno. Es tal el nivel de confusión que generó la experiencia libertaria y el desorden de las ofertas opositoras que recientemente hasta se llegó a discutir la posibilidad de sumar al ex jefe de Gobierno a una alternativa nacional más amplia del peronismo. Se trata, en definitiva, de los deseos de un sector del establishment que empuja a figuras como el banquero Jorge Brito. Existen, en paralelo, conversaciones entre Rodríguez Larreta y Sergio Massa, viejos amigos.

El ex jefe de Gobierno necesita llegar a fin de año con una intención de voto por encima de los 15 puntos para meterse en la conversación y conformar una alianza con otros actores del centro hacia la izquierda si es que el PRO termina concentrado desde el centro hacia bien la derecha. El legisaldor abrió, en medio, una ronda de diálogos con el peronismo, en particular con Olmos, que se posicionó como una figura central en el PJ. Se especula, en esa línea, con el balotaje como objetivo, y conformar para eso una coalición más amplia que apunte a derrotar a la centroderecha. ¿Puede el peronismo ir en la capital detrás de la figura del ex jefe de Gobierno, o volverá a apostar por un dirigente propio como en estos años? ¿Es negocio pactar con Rodríguez Larreta? Y si lo es, ¿para quién? Hoy suena a una quimera, en especial cuando faltan definir una serie de cuestiones antes de fin de año, con foco en el mes de noviembre: mientras todo el sistema político esté atento a las elecciones intermedias de Estados Unidos, cuyo resultado puede tener una incidencia directa en el último tramo de la gestión de Milei, deberá definirse la renovación del PJ de la capital -si es que no se prorroga la conducción actual- y a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura nacional. Dos instancias en las que el peronismo porteño tendrá que decidir si hay acuerdo o si, por el contrario, se abre el escenario para una disputa con el kirchnerismo. Es clave, en ese sentido, el rol de Olmos, de Mariano Recalde y de Paula Penacca, cada vez más cercana a Máximo Kirchner, el jefe de La Cámpora que sigue enfrascado en su pelea con Kicillof. El gobernador está cansado de las internas, pero no va a responder públicamente, a pesar de la insistencia de un sector y de las ofertas que le acercaron algunos consultores para cambiar de estrategia. En la provincia de Buenos Aires dejó de reunirse la mesa política que aglutinaba a todos los sectores del peronismo por la fricción entre las facciones. Habrá que ver si sucede algo similar a principios de semana, pero en La Libertad Avanza.

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El secretario de Discapacidad debuta en el Congreso para frenar el intento opositor de prorrogar la Emergencia

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La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.

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Senado: el Súper RIGI tendría cambios y podría regresar a Diputados tras una negociación entre libertarios y radicales

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En un enroque de proyectos contado por Infobae días atrás, La Libertad Avanza y los radicales del Senado intentarán avanzar con la firma de dictámenes de dos iniciativas: el Súper RIGI, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”; y la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas, respectivamente.

La primera ley es la que genera la mayor expectativa en el Ejecutivo, que se debatirá desde las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General. El texto en cuestión ya fue aprobado por Diputados, pero este mediodía se confirmaría lo que fue comentado días atrás por este medio: el articulado sufriría modificaciones de cara al recinto, lo que forzaría un regreso a la Cámara baja, en segunda revisión.

Son dos los cambios que se comentan. El primero es claro e innegociable y tomó forma días atrás cuando el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, expuso en el plenario y afirmó: “Una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina”.

“Esta corrección no solo podría ser incluida reglamentariamente en el RIGI, sino que también se podría aprovechar en el debate parlamentario que nos convoca sobre la creación del llamado Súper RIGI. Si bien valoramos que se incorpore ese porcentaje de contratación local, creemos que habría que precisar ese concepto. Entendemos que sumar servicio y obra al compromiso puede diluir ese 20%, porque, como dijimos, de todas maneras, esto se da naturalmente con la mano de obra”, sostuvo el disertante.

Reforzó estos conceptos el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal. “Lo que queremos destacar –como dijo el colega– es que este proyecto destina el 20% de la inversión a bienes, obras o servicios. Es obvio que la obra civil, el movimiento de tierra y demás, sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Pero, en este contexto internacional, nuestra propuesta es que ese 20% se destine –y que así se aclare– exclusivamente para bienes producidos en el país”, enfatizó.

En el oficialismo apuntarían a una segunda modificación sobre generaciones de redes eléctricas propias que, por ahora, no queda del todo claro. Un detalle no menor para este tema y también el de las 11: son tres comisiones en cada reunión y todas tendrán que tener quorum para dictaminar. Para una semana sin sesión y no tantos legisladores vistos ayer, será un desafío.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo de la iniciativa del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes), y de la mendocina Mariana Juri, entre otros.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

Para este proyecto están involucradas las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales. En tanto, para las 17 de hoy se consumará un tercer cónclave por la regulación del mercado de carbono, aunque en la convocatoria aparecen invitados y, en principio, no se rubricaría un despacho. Algunos dialoguistas pujan por ello.

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¿Qué pasa si EEUU cambia su histórica posición sobre las Islas Malvinas? La opinión de los analistas y la expectativa del Gobierno

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Una frase, breve, pronunciada el lunes por Donald Trump en el Salón Oval puso en movimiento la maquinaria diplomática argentina sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”, sostuvo el presidente de Estados Unidos cuando fue consultado sobre si su gobierno reconsideraría su postura histórica sobre la soberanía del archipiélago. En Buenos Aires, el impacto fue inmediatoEl gobierno anunció una cadena nacional de Javier Milei sobre el tema y analistas consultados por Infobae dividen su opinión entre quienes ven una oportunidad histórica y quienes advierten que no hay nada concreto detrás de este movimiento.

Para el mandatario, la declaración de Trump es “algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”. Así lo afirmó en la radio El Observador este martes. El tema dominó la reunión de Gabinete, donde el canciller Pablo Quirno expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas.

Tras las palabras de Trump, y entrevistado en Infobae en Vivo, el funcionario eligió un tono medido: “Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, señaló, pero al mismo tiempo fue cuidadoso al delimitar los alcances del movimiento del líder republicano: “Sobre lo que no tenemos control, no operamos”, señaló, y agregó: “Tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”.

Diplomáticos de la Cancillería argentina, consultados por Infobae, trazaron una distinción entre el plano discursivo y el plano práctico de que efectivamente haya un movimiento por parte de EEUU. “Lo que cambia en lo discursivo y en lo declarativo de manera pública es muy fuerte, porque inclina definitivamente la balanza sobre el tema”, señalaron. “Un eventual voto abierto a favor de Argentina en la ONU -graficaron- sería muy fuerte; es más simbólico que político, aunque a efectos prácticos, en lo concreto no cambia en nada”.

No es la primera vez que Trump utiliza la carta “Malvinas” en el tablero geopolítico. Ya hubo un episodio similar en abril, cuando se filtró un correo electrónico interno del Pentágono que contemplaba revisar el apoyo estadounidense al Reino Unido como represalia por la negativa de Londres a acompañar a Washington en operaciones militares contra Irán. En aquella ocasión, el secretario de Estado Marco Rubio y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ratificaron la posición de neutralidad. El propio Rubio descalificó el correo filtrado definiéndolo como “solo un email”.

En las antípodas de esa cautela oficial, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó en sus redes sociales otra visión: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico”.

La reacción británica no se hizo esperar. John Healey, ministro de Hacienda del Reino Unido y primer funcionario en tomar la palabra, fue taxativo en declaraciones a The Times: “Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen”. El funcionario aclaró además que no recibió “ninguna sugerencia” de funcionarios estadounidenses al respecto. El portavoz oficial del primer ministro, Andy Burnham, sostuvo que la posición de su gobierno “no ha cambiado” y que el compromiso de Londres con los isleños es “inquebrantable”.

¿Una maniobra de presión a Londres o gesto político a un aliado?

Lejos del entusiasmo del Gobierno, varios analistas consultados por Infobae coincidieron en que la declaración de Trump debe leerse en clave de política interna británica y de las tensiones con la OTAN, no como un giro genuino sobre la soberanía del archipiélago.

El politólogo Claudio Fantini planteó que hay que leer las palabras de Trump “como una advertencia, no como un anuncio”. Según su análisis, la verdadera motivación no es el debate sobre el gasto en defensa de la OTAN sino la indignación de Trump con Londres por haberle negado el uso de bases militares estadounidenses en territorio británico para operaciones vinculadas a la guerra contra Irán. “No es algo que sale de una convicción de lo que considera lo justo y lo adecuado respecto al tema de Malvinas, sino que tiene que ver con un castigo que Trump quiere hacerle a los gobiernos británicos”, afirmó Fantini, quien añadió que el componente ideológico también cuenta: se trata, en ambos casos, de gobiernos del Partido Laborista.

Para graficar la inconsistencia del mandatario, el analista político trazó una analogía con Corea del Sur. “Cuando Seúl también rechazó colaborar en el conflicto con Irán, Trump pasó a elogiar a Kim Jong-un y amenazó con reducir los ejercicios militares conjuntos, claves para mantener el equilibrio en la península coreana”, recordó. Y amplió: “Un tipo que a la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra. Un día escribe con la mano lo que al otro día borra con el codo sin hacerse mucho problema”.

Sin embargo, Fantini fue enfático sobre qué debería hacer el gobierno argentino: “Argentina tiene que salir a subrayar esta frase y no dejarla pasar”, afirmó, y señaló que si el cambio llegara a consolidarse como política de Estado, más allá de quién gobierne en EEUU, sería “una gran noticia” para Buenos Aires.

Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, fue más directo sobre el rol de Argentina en este tablero. Para el analista político, Malvinas es el pretexto más a mano que tiene Trump para presionar al gobierno laborista de Burnham y forzarlo a elevar el gasto en defensa al 3% del PBI. El timing, aseguró, no es casual: “Coincide con los trascendidos de que el propio Healey planeaba abandonar ese compromiso para 2030, con un anuncio presupuestario previsto para el 28 de octubre”.

La motivación de fondo, según Puricelli, va más allá de la OTAN: “Hacer ganar a la extrema derecha en todos los países en los que pueda es la meta primordial de Trump.” Forzar a Burnham a recortar salud, educación y bienes públicos para financiar el gasto militar, indicó a este medio, “alimentaría el malestar del que se nutren el demagogo Nigel Farage y el partido Reform”. “Los intereses de Argentina no entran en absoluto en consideración (de Trump) en su posible revisión de la postura sobre el estatuto legal de las islas del Atlántico Sur”, concluyó.

El politólogo Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, resumió su pronóstico en una línea: “Va a pasar lo mismo que con Groenlandia, nada”. La referencia no es arbitraria: a comienzos de 2025, Trump anunció con insistencia que Estados Unidos adquiriría Groenlandia -territorio autónomo bajo soberanía danesa- por razones de seguridad nacional, llegó a hablar de una “necesidad absoluta” y no descartó el uso de la fuerza. Dinamarca rechazó cualquier negociación, la comunidad internacional reaccionó con alarma y Washington no avanzó más allá de la retórica.

Más matizado en su análisis, el exembajador Diego Guelar, con pasado en las embajadas de Estados UnidosBrasil y China, consideró que un eventual giro de Washington sería positivo para Buenos Aires, pero advirtió que las palabras de Trump están lejos de constituir una decisión de Estado. “Un cambio de posición estratégica de este tipo requeriría consulta del Congreso. Debe haber una decisión de otro tipo. No alcanza con su opinión”, explicó. Y fue más específico: “Si llegara a ocurrir, cosa que dudo, Milei se lo atribuiría como un logro de su administración, y tendría razón. Sin lugar debilita la posición británica”.

En los organismos multilaterales, la posición de Estados Unidos sobre Malvinas siempre fue más compleja que la neutralidad que declara en público. En junio de 2026, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó por consenso una resolución que exige al Reino Unido negociar con Argentina la soberanía del archipiélago -la misma que Londres sistemáticamente ignora desde 1965-.

El debate se da, además, en un contexto de creciente presión económica sobre el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum —con el 65% del proyecto— y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La Fase 1 del proyecto, con una inversión de 1.800 millones de dólares, apunta a producir 50.000 barriles diarios con primer petróleo previsto para 2028.

Es precisamente esa explotación la que el Gobierno, a través de la Cancillería, calificó de “unilateral” por parte de los británicos, algo “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”.

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