Comenzaron las audiencias públicas para discutir la reforma del artículo que define las áreas periglaciares. Más de 100.000 personas intentaron inscribirse para participar de este proceso, que busca modificar el artículo que define la extensión y características de las áreas periglaciares. El Gobierno promueve este cambio con el objetivo de habilitar nuevas explotaciones mineras en regiones actualmente protegidas. La definición de estas áreas resulta central porque permitiría ampliar los sectores donde hoy está prohibida la actividad minera según la ley vigente.

El proceso legislativo contempla la presencia de 360 expositores seleccionados. Habrá 180 disertaciones presenciales y 180 remotas, distribuidas en dos jornadas. Esta limitación provocó reclamos de organizaciones ambientalistas y participantes que habían solicitado intervenir, ya que originalmente se anotaron más de 100.000 personas. Según explicaron autoridades legislativas, el criterio para acotar el cupo responde a la imposibilidad logística de dar lugar a todos los interesados.

Leonardo Grosso, expresidente de la Comisión de Recursos Naturales y referente peronista, se inscribió como expositor en el debate. “La expectativa es baja en realidad, porque se generó mucha expectativa con la posibilidad de hacer una audiencia pública genuina en los marcos de la Ley General de Ambiente y del Acuerdo de Escazú, que tiene rango constitucional en la Argentina”, dijo en Infobae en Vivo A las Nueve.

Y agregó: “En el camino a eso, vimos cómo fue cercenada la posibilidad de participar de 102.000 personas que se inscribieron en un lugar donde decía: ‘Inscribite si querés opinar para la ley de glaciares’. No decía: ‘Inscribite y vemos cuántos’, o ‘tenés que cumplir determinados requisitos’. Así que, en principio, hay una expectativa baja”.

Cuál es el punto más debatido de la reforma

El debate se centra en el artículo que define las áreas periglaciares. De acuerdo con Grosso, la reforma propuesta no reconoce el agua y los glaciares como recurso estratégico de la nación. “Todos los procedimientos institucionales y normativos que deberían llevarse adelante para modificar actividades permitidas o no en zonas declaradas de interés estratégico de la nación tendrían que ser mucho más apegados a derecho”, afirmó.

El expresidente de la comisión agregó: “Esta audiencia pública es más una farsa para tener una pantalla legal que proteja de posibles procesos judiciales a la modificación de esta ley. Y creo que no lo va a lograr por todas estas desprolijidades cometidas por las autoridades al llevar adelante esta ley”.

Al mismo tiempo sostuvo que “lo podrían haber hecho de otra manera, podrían haber anticipado que iban a tener determinados requisitos las personas que podían hablar, o podrían haber limitado el cupo de inscriptos desde el inicio. También podrían haber realizado más audiencias, como se evaluó en la primera comisión conjunta que estableció estas instancias”.

La rapidez en la convocatoria generó preocupación en los participantes. “Hay un apuro y una celeridad que no van de la mano de la necesidad de que el pueblo se exprese y escuchar a todos por igual. Son cuestiones que van a complicar judicialmente esta ley. Por eso estamos complicados”, destacó.

Riesgos ambientales y argumentación federal

Grosso sostuvo que no se garantizó el federalismo ni la participación libre, previa e informada. “No hay una audiencia, hay una simulación de audiencia viciada, que no garantiza la participación libre, previa, informada, que no consulta a las comunidades específicas que van a ser afectadas, ni explica el criterio de selección de quiénes hablan aquí”.

En la exposición, el referente peronista remarcó que los glaciares aseguran el caudal de agua de 39 cuencas que afectan a la mayoría de las provincias y a siete millones de personas.

“Hay un problema interjurisdiccional que está claramente presente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Villarino y Carmen de Patagones tienen la cuenca del río Colorado, con hectáreas productivas del sector agrícola que podrían resultar impactadas si se permite la minería a cielo abierto en glaciares y así se contamina ese río. El porcentaje de caudal asegurado por estos ambientes supera el 50% en épocas de sequía, y esa situación se extiende hace más de una década”, afirmó.

Respecto a la judicialización, Grosso advirtió: “Lo que yo marco es que, más allá de la aprobación, a las pocas horas va a estar judicializado”.

Debate político y el rol de los gobernadores

Varios gobernadores peronistas manifestaron su adhesión a la reforma. Sin embargo, para Grosso, no se trata de una cuestión partidaria. “No todos los gobernadores peronistas apoyan, sino los que son pro mineros y están condicionados por esa actividad”, sostuvo. Agregó: “El federalismo no es que cada gobernador decida, sino priorizar los intereses del país entero. Cambiar un régimen de decisión científica por uno político implica riesgos para los intereses compartidos entre provincias”.

Al explicar su postura, afirmó: “No es una discusión del Gobierno de Milei contra la oposición. Muchos peronistas, radicales y de otros partidos apoyan la modificación, y muchos estamos en contra. Planteamos la necesidad de una participación real de los sectores sociales, porque, si no, habrá más inseguridad jurídica con estos proyectos llevándose adelante que la que reclaman las empresas mineras”.

El ex presidente de la comisión reiteró: “Nosotros planteamos: cuidemos el recurso hídrico, que es escaso, en un contexto de calentamiento global, que lo dice la comunidad científica internacional, no lo dice Leo Grosso”.

Perspectiva ambiental y proporcionalidad de la reforma

Grosso subrayó que la superficie donde se prohíbe la minería equivale al 0,4% del territorio nacional y al 1% de la cordillera. “No es una posición en contra de la minería en general, sino sobre el lugar donde puede realizarse. Lo que se plantea es establecer un ordenamiento: aquí no se puede hacer minería, aquí sí. Hay cuestiones que, como país, deberían estar definidas en función de la protección de actividades fundamentales, porque lo que está en juego es la disponibilidad de agua para el resto de las actividades productivas”.

“La vitivinicultura, el cultivo de olivos, la producción ganadera y agrícola pueden verse afectadas si no se garantiza ese recurso estratégico”, indicó Grosso. Concluyó: “Esto no es que no puedan hacer minería. Pongamos cuestiones sensatas y discutamos qué país queremos”.

El debate continuará en la Cámara de Diputados con la intervención de los distintos expositores registrados, mientras persiste la controversia sobre el alcance federal, los plazos del proceso y el futuro del agua y los glaciares en la Argentina.

El Gobierno informó  que prepara el envío de un paquete de reformas clave para que sean debatidas por el Congreso de la Nación. El encargado de comunicarlo fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa que dio hoy en la Casa Rosada, donde se defendió de las denuncias que apuntan a su viaje a Punta del Este y a un crecimiento patrimonial no justificado: “No tengo nada que esconder, está todo impecable”, afirmó.

En ese marco, el referente del gobierno de Javier Milei detalló que una de las iniciativas propone destinar un 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional.

Otra de las propuestas está orientada a fortalecer los derechos de propiedad privada, con el propósito de atraer inversiones y promover el crecimiento económico; con ese objetivo, se enviará al Congreso un proyecto que limita las expropiaciones a casos “estrictamente excepcionales” y eleva las indemnizaciones a quienes resulten afectados.

En su anuncio, Adorni cuestionó la “inseguridad jurídica” que, entiende, dificultó el arribo de inversiones durante décadas. Además sostuvo que la imprevisibilidad en la vigencia de contratos y derechos de propiedad fue un obstáculo para la creación de empleo y perjudicó tanto a propietarios como a inquilinos.

Cambios en la ley de tierras rurales e inversión

Dentro del paquete se anunció una reforma de la ley de tierras rurales, que eliminará las restricciones a la venta de campos a extranjeros. El objetivo es favorecer la llegada de capital global y estimular inversiones en sectores estratégicos como petróleo, minería y agroindustria.

“Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Algunas, como petróleo, minería o agro, requieren que se compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, argumentó el jefe de Gabinete.

En la misma línea, se propuso también una reforma del régimen de desalojos para agilizar la recuperación de inmuebles, buscando desalentar ocupaciones y mejorar la certidumbre sobre el mercado de alquileres: “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”.

Revisión de pensiones por discapacidad y sistema de beneficios sociales

Otra propuesta que será sometida a debate es la revisión de las leyes sobre discapacidad y el acceso a beneficios sociales. La idea es transparentar el otorgamiento de pensiones en personas incapaces de trabajar, endureciendo los requisitos y diferenciando entre beneficiarios legítimos y quienes, según el discurso oficial, habrían accedido al beneficio en forma irregular.

“Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”, recordó Adorni en su exposición, en la que enfatizó que la administración anterior ´recurrió a la emisión y generó mayor presión fiscal, lo que derivó en consecuencias como la inflación y el déficit.

Concesión de Chapadmalal y transformación estatal

El Poder Ejecutivo confirmó además su intención de promover la concesión por 30 años del complejo hotelero de Chapadmalal. La iniciativa apunta a captar inversión privada para restaurar y mejorar el establecimiento.

Esta medida, aduce el oficialismo, aliviará la carga financiera estatal vinculada al mantenimiento del predio y priorizará la promoción de nuevos proyectos de desarrollo económico local. El plan prevé dejar el complejo completamente disponible para el uso público.

Finalmente, Adorni apuntó que “el Ministerio de Justicia enviará hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación”.

El Intendente Municipal, Federico Susbielles, recorrió esta mañana junto a parte de su Gabinete la nueva Unidad Residencial para el Abordaje de Consumos Problemáticos, que fue formalmente inaugurada la semana pasada y funciona en un sector trasero del Hospital Penna. 

Desde la Comuna informaron que se trata de un dispositivo de mediana complejidad que ofrece contención y asistencia a través de internación y atención interdisciplinaria, seguimiento ambulatorio, grupos terapéuticos, y abordajes individuales y comunitarios.

La Unidad tiene una capacidad para 12 personas y este miércoles ingresó el primer paciente. 

“Somos el único Municipio de la Provincia de Buenos Aires que tiene una política integral en la materia de Salud Mental. Esta Unidad era un pedido de muchísimos familiares y de personas que muchas veces tenían que tratarse y no contaban con un lugar en la ciudad. La verdad es que tenemos mucha satisfacción por poder inaugurarlo”, dijo Susbielles. 

A su vez, resaltó que en la ciudad hemos logrado bajar en tres puntos la tasa de suicidio y recordó: “no hay que tener miedo de hablar de salud mental. Cuando uno tiene alguna problemática, sea depresión o no encontrar las fuerzas necesarias para salir adelante o cuando uno tiene algún tema de consumo problemático, hay que verbalizarlo, hay que pedir ayuda”.

Durante su recorrida, estuvo acompañado por el titular de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo; el secretario de Salud, Federico Bugatti; la subsecretaria de Cuidado de la Salud, Paula Echeverría; y el coordinador de la Unidad, Leandro Santori. 

Este último aclaró que “el trabajo es amplio con cada usuario paciente que llega, pero también con toda la red que acompaña de familiares, de instituciones barriales, de equipos territoriales”.

El dispositivo cuenta con un equipo de salud conformado por psicólogas, psiquiatras, trabajadoras sociales, técnicas en acompañamiento terapéutico, operadores, enfermeras, personal de trabajo en el territorio, administrativos y promotores de salud. “Se trabaja tanto en los espacios individuales como también en talleres socioproductivos, en multifamiliares, en un programa diario de hábitos sanos y saludables, en desayunos saludables, en grupos terapéuticos”, mencionó.

Para acceder al Programa Integral de Salud Mental y sus dispositivos de consulta la comunidad puede acercarse a los Centros de Salud o Unidades Sanitarias. Además, se encuentra disponible la línea del Departamento de Salud Mental (ubicado en Zelarrayán 850): 291-4261642.