El proyecto de modernización o reforma laboral que impulsa la Casa Rosada será, por las próximas semanas, el centro de todas las negociaciones políticas del oficialismo. Fue esa la motivación que impulsó a que se reuniera por primera vez en el año la Mesa Política, la reunión de estrategia política de los principales funcionarios del Gobierno.

Se trató de un encuentro que duró algo más de dos horas y que fue presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su despacho de la planta baja de la Casa de Gobierno. La composición de la mesa la completaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La novedad de este caso fue que estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo. El responsable del programa económico suele asistir en ocasiones puntuales y cuando la situación lo amerita. Este pareció ser el caso.

Y es que la reforma laboral tiene apartados que inciden sobre asuntos económicos como la recaudación tributaria. En ese caso particular, la baja de ciertos tramos del impuesto a las Ganancias para las sociedades incide en una baja de la recaudación que tiene efectos directos sobre la cantidad de dinero recaudado para la coparticipación. Esto es mirado de cerca por diversos gobernadores, quienes ya le hicieron saber a varios de los integrantes de la mesa chica que desearían poder acompañar la reforma, pero con ciertas concesiones en ese plano.

“Toto” estuvo la primera mitad de la reunión opinando principalmente sobre esa materia y fue el primero en irse. Los demás se quedaron repasando esa misma agenda y abordando otras medidas que no fueron reveladas a la prensa. Se supone que la Mesa Política fue creada para tratar asuntos y líneas de acción en estricta confidencialidad, y que de esos encuentros suele trascender poco y nada.

Uno de los integrantes que estuvo allí comentó a Infobae que se trató de una reunión “muy amena” y que la reforma laboral fue uno de los temas centrales que se abordaron.

Ante la consulta de este medio con tres fuentes que participaron de la mesa chica, se puede percibir que en el Gobierno todavía no hay un acuerdo generalizado sobre cómo proceder con las negociaciones para los próximos días. Es decir, hay posiciones que indican que el margen que tiene la Casa Rosada para satisfacer el pedido de las provincias es mayor, mientras que otros buscan mostrar más intransigencia.

Por tomar un caso, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le pidió ayer al ministro Santilli que considerara el reclamo de varias provincias de que, solo por el 2026, el Estado Nacional se haga cargo de la merma de la coparticipación que producirá la baja de recaudación de Ganancias para las sociedades. Alegan que sería un gesto para compensar el ajuste de la Casa Rosada a las provincias de los últimos dos años y que se comprometen a reanudar sus compromisos a partir del 2027.

Un importante integrante del Gobierno indicó a Infobae que trabajará para no ceder sobre esa cuestión. “Lo que ellos pierden por recaudación, lo van a terminar ganando por generación de empleo y crecimiento económico”, marcó.

En la misma línea declaró ayer Santilli en una conferencia de prensa posterior a su encuentro con Cornejo. “Es verdad que hay un 0,15% que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos. Pero cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15%”, marcó.

Al terminar la mesa política, otra fuente inobjetable opinó en sentido contrario sobre la intransigencia con los gobernadores. Indicó que “no hay que adelantarse” y que “es muy apresurado” dar definiciones contundentes sobre la estrategia libertaria.

Una de las principales justificaciones que utiliza el oficialismo para movilizar esta nueva legislación es que el sistema laboral actual está signado por una alta informalidad. Según datos oficiales, esta llegó al 43,2% en el segundo trimestre del 2025. El sector más golpeado es el que llega a los 29 años, con casi 6 de cada 10 personas sin un trabajo registrado.

Pero el Gobierno también indica que la aprobación de la Modernización Laboral es una de las señales clave que mira el mercado como para evaluar si la economía está avanzando o no hacia un sendero de reformas clave y que, según ellos, tienen amplias posibilidades de dinamizar la economía.

En la mesa chica del Gobierno no dudan: “No hay manera de que la reforma laboral no salga. Es necesario para Javier [Milei]. Sea un texto con mayor cantidad y calidad de artículos o con menos, tenemos que hacer ver que estamos en condiciones de aprobar medidas ambiciosas”.

Se trata de un pedido explícito del presidente Javier Milei a toda la cúpula del Ejecutivo para cumplir con la hoja de ruta económica y política que diagrama y revisa desde la Quinta de Olivos. El libertario quiere que salga lo antes posible, aunque sin poner en riesgo las principales medidas, para que se continúe con la progresión del resto de las reformas. Después de que se defina esta, es altamente probable que se siga con la tributaria.

Pero hay un componente adicional que hace que Milei busque que se tramite en primer lugar. “Para comenzar a tratar la reforma previsional te tienen que dar los tiempos del nuevo mercado laboral”, le ha explicado a interlocutores usuales. Considera que el 2026 no será suficiente y que recién desde 2027 habrá tiempo como para iniciar el debate de esa legislación: una como consecuencia de la otra.

En el corto plazo, este viernes comenzará a funcionar en el Senado una comisión técnica, la cual liderará la asesora bullrichista Josefina Tajes, que trabajará con los bloques que acompañan al oficialismo y analizará las objeciones a la reforma laboral de la CGT y entidades empresariales. Tal como le dijo Bullrich a Infobae, hay disposición política para negociar con la central obrera aspectos nodales del proyecto para facilitar la sanción.

Tal y como publicó Infobae, el Gobierno se resistirá a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleados sean agentes de retención de la cuota de afiliación. Sí están abiertos a liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes, a suavizar la reglamentación del derecho de huelga y, como mínimo, a debatir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).