Nadie, ni el Gobierno, ni las provincias ni los legisladores, discute en estas horas los temas gravitantes de la reforma laboral. El proyecto llegaría al recinto del Senado en apenas cinco días, el miércoles, según la cita impulsada por oficialistas, socios y dialoguistas. Eso mismo supone un acuerdo sobre buena parte del texto -con cambios poco difundidos- y la advertencia, al mismo tiempo, sobre la tensión final en torno del artículo tributario, es decir, el que proyecta una caída de fondos para las provincias. Resultado: una mezcla de confianza por la sanción en general e incertidumbre puntual, alimentada por la mala racha de la recaudación, que lleva seis meses y complica, bastante, los números nacionales y de cada distrito. De las cuestiones de fondo se habla poco y nada.

El cruce de especulaciones y suspicacias sobre la propuesta de rebaja en Ganancias para empresas es tal que van de la mano las alternativas -que las hay en conversaciones entre gobernadores y con operadores violetas- y la posibilidad de una caída de este tema. La ley es un objetivo de máxima para Olivos: la aprobación sería un mensaje fuerte por su sentido político antes que por los efectos prácticos, a medir en el tiempo. El interrogante es hasta qué punto podría llegar esa necesidad. ¿Soportaría Javier Milei un final que pueda ser interpretado como una cesión a los jefes provinciales?

El ejemplo más cercano es la sanción del Presupuesto 2026. El Gobierno celebró públicamente como un éxito el trámite de aprobación sobre el final de diciembre, en pleno vértigo de las Fiestas. Pero hacia adentro, lamentó dejar en el camino el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en el área de discapacidad y de financiamiento universitario. Ahora, hay quienes sostienen que Milei no aceptaría ceder con la baja de Ganancias para empresas incorporada al proyecto de reforma laboral.

Visto desde ese punto de vista, se trataría de una lectura sobre el mensaje político antes que tributario al mundo de las empresas. Entre los gobernadores, y en algunos contactos con Diego Santilli -dicen que también con Santiago Caputo-, se plantearon diversas salidas: postergar la aplicación de la baja de Ganancias, escalonarla o sujetarla a una mejora de ingresos que, según el Gobierno, provocaría la misma ley. Después, creció la sospecha de que tal vez Economía preferiría que directamente se caiga ese renglón del proyecto. Parece ilógico, pero para quienes siguen de cerca los números no lo sería.

El gobierno nacional, ante la ausencia de adversarios externos, parece buscar conflictos puertas adentro. Las tensiones que atraviesan el ala sur y el ala norte de la Casa Rosada se replican en otros despachos oficiales, y el triángulo de hierro a menudo muestra fisuras.

En los últimos días resurgió una nueva etapa de desconfianza. Una interna palaciega vinculada tanto al futuro como al pasado, más que al presente.

Durante el reciente encuentro de la mesa política del Gobierno, realizado el miércoles pasado en la Casa Rosada, comenzó a evidenciarse una situación que se gestaba en el interior y ya había sido tema central en conversaciones privadas. La relación entre los principales referentes del oficialismo en el Congreso de la Nación, el diputado y presidente de la Cámara Baja Martín Menem y la senadora Patricia Bullrich, figura destacada de la Cámara Alta, atraviesa un momento tenso.

Menem mantiene un alineamiento con la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, mientras que Bullrich cuenta con un fuerte respaldo del Presidente Milei, aunque desarrolla su propio espacio. Esta última situación reaviva las tensiones.

“Cuando Patricia hablaba, Martín hacía gestos y no ocultaba su malestar”, señaló una fuente que participó del encuentro y que observó sorprendido esos movimientos. “El mundo de Karina no le tiene toda la confianza a Patricia porque tiene juego propio”, agregó en referencia a la hermana del Presidente. “Con la reforma, ella —por la ex ministra— se anota un gol importante y la idea es que vuele, pero no tan alto”, explicó la misma fuente.

Cercanos a la senadora reconocen la existencia de esos recelos, vinculados a su autonomía, aunque minimizan el conflicto asegurando que Bullrich mantiene un buen trato con la Secretaría General de la Presidencia. Sostienen que esa interna es alimentada por antiguos aliados del PRO.

“Con Karina te diría que hay menos problemas que con Santiago y él es más cercano a los amarillos, es el que tiene mejor diálogo ahí”, dijo a Infobae la misma fuente bullrichista.

Y agregó: “Hay muchos que quedaron dolidos porque Patricia no solo se fue del PRO y se afilió a La Libertad Avanza, sino que se llevó legisladores de los bloques amarillos a los violetas, entonces en el macrismo persiste el recelo”.

En un clima de desconfianza, ayer algunos diputados manifestaron su malestar por los cambios que Bullrich afirma que se introducirán en el proyecto y que permanecen “bajo cuatro llaves”. Algunos legisladores expresaron preocupación por no saber con qué se encontrarán ni si tendrán posibilidades en la Cámara Baja. “Ese secretismo complica todo”.

Desde el despacho del presidente de Diputados también relativizaron el conflicto y aseguraron que “no hay problemas, se trabaja muy bien”. Además, subrayaron que la directiva de la Casa Rosada es “evitar” cualquier tipo de internas palaciegas.

En los pasillos del poder sorprende la cantidad de disputas internas que enfrenta hoy el Gobierno, atribuidas a la falta de confrontación externa —la oposición— y a la propia dinámica de búsqueda de poder de cada sector. En público hay fotos conjuntas, sonrisas y abrazos, pero en la intimidad de los despachos esas muestras de cordialidad desaparecen.

Quizás tenga razón un hombre de confianza de Patricia Bullrich quien, frente a esta nueva interna, señaló: “No entienden nada, vamos a meter un golazo ahora, en febrero, y todo pasa. En abril estamos todos durmiendo la siesta y no pasa nada en el Congreso”.

A cuatro días de haber comenzado las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno se debate internamente si realizar una ligera modificación a este período para poder lograr una aprobación parlamentaria antes del comienzo de la Apertura de Sesiones Ordinarias, las cuales se hacen religiosamente todos los 1 de marzo.

Dos integrantes de la mesa política confirmaron a Infobae que se puso sobre la mesa atrasar un día más la finalización de las sesiones extraordinarias. Es decir, que esta fecha sea el 28 de febrero en vez del 27.

“Es muy probable que se pueda dar. Depende de lo que pase en el Senado”, admitió un altísimo integrante del círculo presidencial. Otra fuente admitió: “Lo propusimos y estamos esperando respuesta. Hacemos números para ver si llegamos. Es un escenario probable”.

Es que el oficialismo enfrenta dificultades para emitir dictamen antes del 18 debido a los feriados de carnaval, que mantendrán cerrado el Congreso el lunes 16 y martes 17, complicando el traslado de los diputados nacionales, que prevén viajar a sus provincias para aprovechar a estar por fin de semana largo.

Una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados explicó que sería ideal lograr un dictamen el viernes 13 de febrero, pero que esto sería prácticamente imposible: y es que existe un plazo obligatorio de 48 horas para terminar de enviar la media sanción de una cámara a la otra.

“Los senadores terminan de sesionar el miércoles y se van a ir a casa. Los diputados lo van a hacer el jueves y van a tener más prisa para irse”, reflexiona un coordinador del bloque libertario, donde se percataron de estas dificultades algunos días atrás, cuando ya se había consumado el Decreto en el que Javier Milei indicó que Extraordinarias sería del 2 al 27 de febrero.

¿Pero por qué el Gobierno tendría problema en dictaminar el 18 de febrero? Porque el reglamento de la Cámara dice que no se pueden sacar dictámenes 10 días (o menos) antes de que finalicen las sesiones. “Estuvimos muy verdes”, se reían en un importante despacho oficial.

El Gobierno tiene tiempo para definir una estrategia y decidirlo. En rigor, puede resolver la prórroga sin inconvenientes la semana próxima. Resta que salga un decreto que reformula el período para que después quede vigente.

Algo así se había pensado en diciembre del año pasado, cuando se estaba tratando el Presupuesto 2026 y algunos integrantes del oficialismo querían impulsar una extensión de las extraordinarias para poder movilizar la reforma laboral con mayor rapidez. Esto no tuvo éxito: a quienes adoptaban esta postura les hicieron entrar en razón de que no iban a poder convencer a los legisladores nacionales de que se suspendieran las vacaciones, ya que hasta los mismos miembros del Poder Ejecutivo querían tomarse unos días.

Este caso es diferente. Es solo un día y responde a la búsqueda de algunos integrantes del Gobierno de poder finalizar la extenuante discusión por la reforma laboral, la cual viene siendo debatida con funcionarios técnicos desde hace casi un año y ahora está pasando por sus últimos debates técnicos para que el mismo proyecto que se apruebe en el Senado también sea convalidado en Diputados, sin posibilidad de incorporar otros articulados.

La urgencia del oficialismo también responde a que el temario de proyectos que pretende movilizar el Presidente está cada vez más cargado. Cuando Milei convocó a extraordinarias, el paquete estaba compuesto por la reforma laboral, la ley de glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. A partir de diferentes casos de inseguridad que marcaron la agenda pública y en la que estaban involucrados menores, el Gobierno publicó un decreto para oficializar la inclusión de la baja de imputabilidad en menores.

En los últimos días se coló sobre la agenda si el acuerdo comercial con los Estados Unidos iba a colocarse en la agenda de extraordinarias. Todo indica que no, pero en la Casa Rosada indican que los apartados que precisan tratamiento legislativo deben tratarse con rapidez para terminar de quedar efectivos.

Hay proyectos de las extraordinarias que no se abarcaron en la dimensión de lo que se pensaba. El Gobierno postergó el tratamiento en el Congreso de la nueva Ley de Glaciares, que beneficiaría a la industria minera.

“La patearon para más adelante porque no tienen los votos para aprobarla”, sostuvo a Infobae una fuente cercana a uno de los gobernadores cuyanos que sí apoya desde el inicio esta medida. Por el contrario, las autoridades nacionales aseguran que cuentan con el respaldo suficiente tanto en el Senado como en Diputados como para que la ley sea sancionada, pero explican que no se avanzó todavía “por una cuestión de tiempos”.

Distinto es lo que sucedió con el Régimen Penal Juvenil. El oficialismo llegó a un acuerdo con sectores de la oposición y convocó a sesión el jueves de la semana que viene en la Cámara de Diputados. El proyecto tiene como punto principal la baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años.

Un día antes, el miércoles, será el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto para firmar el dictamen. El despacho que el oficialismo había conseguido el año pasado perdió estado parlamentario, por lo que el trámite formal debe realizarse otra vez, pero fuentes al tanto de las negociaciones aseguraron que se “respetarán los consensos”.