El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. Mediante el Decreto 865/2025, suscripto por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación sesionará en forma extraordinaria desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la publicación del Boletín Oficial, la decisión contempla abordar un conjunto de iniciativas consideradas prioritarias para la administración nacional. El temario oficial incluye propuestas que van desde el Presupuesto 2026 hasta reformas laborales, tributarias y ambientales, generando expectativas y tensiones tanto en los bloques legislativos como en el sector privado.

El anuncio de la convocatoria consolida una agenda legislativa de gran trascendencia, con repercusiones sobre sectores clave de la economía y el régimen fiscal. La medida responde a la “necesidad de dotar de un marco normativo actualizado al ciclo político y económico en curso”, y busca “agilizar el tratamiento de políticas urgentes”.

Los proyectos en agenda

• Una de las iniciativas más relevantes será el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que establece los recursos y gastos del Estado para el año siguiente, siendo un punto determinante para la planificación financiera y de políticas públicas.
• El Congreso también deberá abocarse a la discusión de la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, impulsada como parte de los grandes lineamientos económicos trazados por la gestión de Milei.

• Otro de los puntos centrales es el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, cuyo texto será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. La reforma busca actualizar el marco regulatorio del empleo, generando debates sobre flexibilización y derechos laborales.
• En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.
• El paquete de temas incluye además el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.

El plazo de sesiones extraordinarias abarca desde el 10 de diciembre hasta el 30 del mismo mes, focalizando la actividad legislativa en proyectos “de urgente tratamiento”, de acuerdo con el anexo adjunto al Decreto 865/2025.

En ese sentido, alegaron que esta convocatoria supone una “oportunidad para avanzar con debates pendientes y reformas estructurales”, mientras que referentes de la oposición exigieron “diálogo y transparencia en la discusión parlamentaria”.

El Poder Ejecutivo instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Manuel Adorni, a coordinar la remisión de los proyectos de ley restantes, entre ellos los destinados a la reforma laboral y penal.

El oficialismo mira a los bloques de los gobernadores para sancionar las leyes en sesiones extraordinarias

La Libertad Avanza (LLA) busca asegurar la aprobación de estos proyectos antes del 31 de diciembre, en un Congreso donde no cuenta con mayoría propia y debe negociar con bloques provinciales y aliados para avanzar con su agenda legislativa.

La fragmentación política actual obliga al oficialismo a entablar negociaciones directas con los gobernadores provinciales, ya que muchos diputados responden a los mandatarios de sus provincias más que a las estructuras partidarias nacionales. Esta dinámica ha trasladado el centro de las conversaciones a la Casa Rosada, alejando el protagonismo de los despachos del Palacio Legislativo.

El bloque Provincias Unidas ejemplifica este escenario, integrando legisladores alineados con los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Jujuy (Carlos Sadir), Córdoba (Martín Llaryora) y Chubut (Ignacio Torres), además de figuras como Esteban Paulón, Martín Lousteau y Lourdes Arrieta. La conducción está a cargo de Gisela Scaglia, referente del sector de Pullaro.

En la Unión Cívica Radical (UCR), la presidencia recayó en Pamela Verasay, quien responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y conviven allí radicales de Corrientes y Chaco, priorizando intereses provinciales sobre los partidarios.

Otros espacios, como Innovación Federal, agrupan a diputados salteños vinculados a Gustavo Sáenz y misioneros de Hugo Passalacqua.

Dentro de Unión por la Patria también se observan divisiones, con los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los catamarqueños de Raúl Jalil conformando los bloques Independencia y Elijo Catamarca.

Con el presidente Javier Milei de viaje para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el Gobierno presentará este martes las reformas que busca aprobar en el Congreso y comienza a planificar la estrategia legislativa para conseguir ese objetivo.

En primer lugar, a primera hora, se publicó en el Boletín Oficial el llamado a extraordinarias, que ya fue firmado la semana pasada por el mandatario nacional.

El temario que envió el Poder Ejecutivo incluye el Presupuesto 2026, la ley de inocencia fiscal, la modernización laboral, los cambios en de la norma de Glaciares, la reforma del Código Penal y un último proyecto que llamó la atención: el “Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”.

Se trata de una iniciativa que la gestión libertaria tenía en carpeta desde hacía tiempo y que, principalmente, establece un marco jurídico específico para prohibir que los funcionarios de alto rango emitan para cubrir el déficit.

Varias de estas medidas fueron discutidas por el Consejo de Mayo, que volverá a reunirse a las 13:30 en la Casa Rosada, justamente, para acordar los puntos que faltan de algunos de estos textos y elaborar el informe final.

El cuerpo está integrado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; Gerardo Martínez, por la CGT, y el titular de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

La expectativa está puesta fundamentalmente en la reforma laboral, que recientemente trascendió a los medios con diferentes cambios con respecto al borrador original y no cuenta con el apoyo de los sindicatos.

La propuesta definitiva, que se conocerá en las próximas horas, trata regímenes especiales y modifica procedimientos judiciales vinculados, además de actualizar distintas normativas como vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad y nuevas reglas para indemnizaciones. Asimismo, se suman capítulos dedicados a la regulación del trabajo en plataformas digitales.

“Todavía no conocemos los detalles. Solo sabemos que, según Federico (Sturzenegger), quiere una Argentina con salarios de un plato de arroz. Un país que solo beneficia las ganancias de los empresarios”, sostuvo a Infobae una fuente que pertenece a la cúpula de la CGT.

Tal como reveló este medio, todavía se estaba discutiendo la limitación de las cuotas solidarias y no había acuerdo ni siquiera dentro del Gobierno.

Este mecanismo es el más importante para el poder sindical, que no lo quiere perder, porque tiene que ver con la forma en que se financian los gremios.

Tras el encuentro del consejo, Adorni tiene previsto encabezar una conferencia de prensa para presentar oficialmente todas las iniciativas que impulsa el Gobierno para las sesiones extraordinarias, que se extenderán del 10 al 30 de diciembre.

Por su parte, Sturzenegger se trasladará al Congreso para encabezar, desde las 19:00, una reunión con diputados y senadores para explicarles en profundidad los proyectos que luego deberán defender en el recinto.

La exposición fue solicitada hace algunos días por el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, ante la inminencia del inicio del debate legislativo.

De todas formas, algunos de los funcionarios del ministro ya mantuvieron recientemente conversaciones con los parlamentarios, incluso para consultar aspectos técnicos de las leyes.

En tanto, los senadores también fueron invitados ya que muchas de las iniciativas entrarán por esa Cámara, como es el caso de las reformas laboral, de la ley de Glaciares y del Código Penal.

Estos serán los primeros desafíos de Patricia Bullrich al frente de la bancada libertaria. La ex ministra de Seguridad incluso quiere hacer una comisión bicameral especialmente para analizar el último de esos puntos.

Tal como adelantó este medio, hay una gran cantidad de penas y consideraciones que se fueron agregando al proyecto de Código Penal que se presentó en febrero. De esta manera, pasó de tener 540 artículos a un total de 912, según la última versión.

En diputados, el oficialismo se ilusiona con aprobar rápidamente el Presupuesto 2026 luego de haberse convertido en la primera minoría en el recinto, con 95 integrantes, tras varias incorporaciones propias provenientes de otros partidos y una fuga de miembros en el PJ a partir del quiebre de Unión por la Patria.

Además, se discutirá también el proyecto de inocencia fiscal, denominado coloquialmente como “dólares del colchón”, que busca que los argentinos puedan utilizar las divisas adquiridas en el mercado informal.

Entre otras novedades, según se anunció en junio pasado, cuando fue presentado, se subirán los mínimos de los que se consideran delitos penales tributarios, se bajan los plazos de prescripción tributaria y se crea el Régimen de declaración jurada de Ganancias.

“Es fundamental para cambiar el esquema de vigilancia excesiva que tenía el organismo sobre los contribuyentes y pasar a un esquema de libertad, donde cada uno puede hacer y disponer de sus fondos de la manera que quiera”, había explicado el titular de ARCA, Juan Pazo.

El próximo llamado a sesiones extraordinarias está previsto que se produzca en la segunda quincena de enero y que se extienda hasta finales de febrero, unos días antes de la apertura del periodo ordinario.

Comenzó la cuenta regresiva para las sesiones extraordinarias que el Congreso tendrá entre el 10 y 30 de diciembre, con el tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados y la reforma laboral en el Senado, como el grueso de una agenda ambiciosa para un oficialismo recargado, pero sin mayoría propia. En la Cámara alta, la flamante ex ministra de Seguridad y futura jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, quiere ponerse el hombro la norma y hasta analizaría pujar por la titularidad de la comisión de Trabajo, donde se iniciará la discusión de la ley en cuestión.

Bullrich aún no comenzó su mandato como legisladora y, no obstante, ya dejó más que claro, semanas atrás, que será la única interlocutora válida en el Senado. Tiene la venia de la Casa Rosada, que prefiere evitar cualquier intromisión de Victoria Villarruel, quien días atrás no tuvo mejor estrategia política y comunicacional que organizar un acto junto a enemigos libertarios de la Secretaria General de Presidencia de la Nación, Karina Milei, frente a desafíos que precisarán a una LLA en modo de reloj suizo. En paralelo a lo que ocurra allí, con el plan de gastos para el año próximo estará ocupado en Diputados Martín Menem. El mandatario vio desde un palco del recinto la ratificación de Menem, como líder de la Cámara baja. Hace dos meses, el riojano era velado por políticos que hoy le acarician las orejas, junto a infaltables operadores extraoficiales más vigentes que nunca.

En una nueva reunión que el oficialismo consumó en el anexo del Senado -en la oficina de la puntana Ivanna Arrascaeta– los citados oyeron de Bullrich su intención de presidir la comisión de Trabajo. Así confiaron desde dos despachos a Infobae el jueves pasado. Por ahora, la titularidad está en manos de la reciente violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que se quitó lo que restaba de acuarela PRO en su anatomía. Sin embargo, el entorno de Bullrich dijo ayer a este medio no haber “oído nada” en relación con esa jugada. Otros fueron más allá y remarcaron que la exministra habría solicitado eso sólo para la ley y nada más. Esto sería -de mínima- descabellado, pero no imposible.

Más allá de lo que suceda con el comando de la comisión, será trascendental el inicio del debate para que se blanquee, tras un sinfín de promociones sin sustento real, el cronograma que pretende el Gobierno. Es decir, cuándo se estimaría la firma de un dictamen para ir al recinto, si es que se arriba a dicha instancia antes de fin de año. Allí se verá, balanza en mano, si rindió frutos la labor ejecutada en las últimas dos semanas con legisladores, gobernadores y cúpulas partidarias.

El apuro para acelerar el proyecto no choca, pero ya roza con incomodidad a un puñado de dialoguistas, que no encuentra una razón clara para semejante inmediatez. Tiempo atrás, delegados de Balcarce 50 sentenciaron, en visitas al Congreso, que la votación de leyes en diciembre ayudaría a una disminución del riesgo país hacia los 500 puntos, una zona que sueña el Gobierno para poner el moño al lema “generar confianza”, que le pide el mercado.

También será interesante ver a cuántas comisiones irán direccionados las normas que el Ejecutivo incluyó en las sesiones extraordinarias, cuyo temario es resuelto por el primer mandatario. Con mayor volumen en ambas Cámaras, la ecuación cambiaría y se apuntaría a involucrar a las menos posibles. Esto implica, por ejemplo, que para un texto que toque la interpretación de la Carta Magna deba intervenir la de Asuntos Constitucionales, que el último trimestre casi se dedicó a querer modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Por suerte, el equipo parlamentario del Senado -salvó a la Casa Rosada de algunos dramas legislativos en estos dos años- es un gran activo que Villarruel tiene -y aún no devaluó- para acompañar y aportar.